Daysi Yulied Calderon Zapata

Expediente 1098/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1098/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
06/12/2023

Partes del expediente

  • Daysi Yulied Calderon Zapata

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para su verificativo. Lo anterior, porque el secretario encargado del despacho, licenciado ..., actúa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, esto es, únicamente con facultades para proveer cuestiones de mero trámite o urgentes; luego, la celebración de la audiencia señalada para el día de hoy no podría calificarse como un acto con las características apuntadas, dada su naturaleza y trascendencia en el proceso constitucional. Al respecto se cita la tesis I.7o.C.63 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, de octubre de 2010, novena época, en materia común, cuyo rubro y texto son: "SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SIN AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CARECE DE FACULTADES PARA PROVEER SOBRE EL ESCRITO DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. Doctrinariamente se ha considerado que un acuerdo de mero trámite es aquel que no implica un pronunciamiento de derecho con relación a las cuestiones planteadas, esto es, decisiones que no establecen o definen una situación particular de las partes dentro del procedimiento o que reconozcan a favor de ellas un derecho, ya sea procesal o sustantivo. Ahora bien, la persona que suple al Juez de Distrito en sus funciones de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tiene limitadas sus atribuciones para únicamente practicar diligencias urgentes y dictar providencias de mero trámite; en este sentido debe concluirse que el secretario encargado del despacho no está facultado para resolver sobre el escrito de ofrecimiento de pruebas, en virtud de que no se trata de una diligencia de carácter urgente y tampoco de una providencia de mero trámite puesto que tal acuerdo contiene una posición que decide la situación procesal planteada y trasciende al resultado del fallo; además, de acuerdo con los artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo, es en la audiencia constitucional donde debe proveerse sobre la admisión y, en su caso desahogo de las pruebas; acto que el secretario encargado del despacho en términos del artículo 43 de la ley orgánica invocada no puede llevar a cabo, si no cuenta con la correspondiente autorización del Consejo de la Judicatura Federal. Hipótesis diferente a lo que acontece respecto a los alegatos cuya determinación sí es de mero trámite." Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vistos los informes con justificación del Congreso y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el suscrito acuerda: Ténganse por rendidos y dese vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por señalados los domicilios para oír y recibir notificaciones y con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegadas a las personas que indican. Como lo solicita la Jefa de Gobierno, se ordena realizar la autorización electrónica correspondiente, con el nombre de usuario proporcionado, para la consulta del expediente electrónico. Además, se tienen por invocadas las causas de improcedencia para sobreseer el juicio que invoca y por anunciadas las pruebas que ofrece el Congreso responsable, con lo que se ordena hacer relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Finalmente, como lo solicita este último, se faculta el uso de medios electrónicos en términos de la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    (AVISO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL AVISO QUE SE DEJÓ EL 11 DE OCTUBRE DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA DE 9 DE OCTUBRE DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 775/2023, promovido por ****, contra actos del Juzgado Tercero Civil de Proceso Escrito, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, ambos de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Este Juzgado Federal admitió la demanda, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló parte tercera interesada; y requirió informe justificado. La representante social de la Federación adscrita formuló intervención; se tuvieron por rendidos los informes justificados; se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza mercantil, tramitado ante un Juzgado dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo. Orden de arresto por **** horas decretada en contra de la parte quejosa, determinada en el auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***** del índice del Juzgado Tercero Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México. Su ejecución. TERCERO. Existencia. El juez responsable aceptó la existencia de los actos reclamados. Lo cual se corrobora con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, ambos de la Ciudad de México, negaron los actos que se le atribuyen, sin embargo, en su carácter de ejecutoras, están en posibilidades de materializar la ejecución de aquello sobre lo cual el juez responsable se condujo en sentido afirmativo; por esto, se desvirtúa la negativa y en su lugar se tiene por cierto el reclamo que se les imputa. Atento a lo anterior, es infundada la causal de inexistencia que hacen valer. Sirve de apoyo, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO.". CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron a los actos reclamados: I. El veinte de agosto de dos mil dieciocho, ... inició juicio ejecutivo mercantil contra ****; proceso que se admitió, previo desahogo, el veintiocho de ese mes y año, ordenándose la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. II. Derivado de diversos requerimientos y diligencias infructuosas, el quince de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó realizar el llamamiento aludido bajo apercibimiento de un arresto por ***** horas en caso de oposición, así como el uso de la fuerza pública. III. El veintisiete de abril de dos mil veintidós, se intentó practicar la diligencia, sin embargo hubo oposición para ello. IV. En auto de veinticinco de mayo posterior, se apercibió a la parte quejosa con una medida de apremio consistente en un arresto de ***** horas. V. El trece de diciembre siguiente, se intentó practicar nuevamente la diligencia, sin embargo otra vez hubo oposición para ello. VI. En acuerdo de dos de febrero posterior, se ordenó imponer a la parte quejosa como medida de apremio un arresto de ***** *horas. Esta actuación constituye el acto reclamado. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta Ciudad, invoca la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; bajo el argumento de que no se ha alterado la esfera jurídica de la quejosa por parte de la autoridad. La causal de improcedencia debe desestimarse, atento a lo siguiente: Se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad ordenadora en el cual el Juzgado Tercero Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México aceptó el acto reclamado consistente en una orden de arresto emitida en el juicio ejecutivo mercantil de origen, por **** horas. Luego, de los autos del juicio de origen, se advierte que en dicho auto el juez responsable ordenó girar oficio a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para ejecutar la medida de apremio consistente en el arresto por ***** horas. Entonces, ante la aceptación por la autoridad ordenadora y la existencia en autos del acto reclamado, es patente que éste puede ejecutarse en perjuicio de la parte quejosa, lo que claramente incide en su esfera de derechos, ya que la orden está emitida en un proceso donde es demandada, y se dirige expresamente a su persona para sancionarla por medio de una privación de la libertad; de ahí que sí tenga interés jurídico para reclamar en la presente instancia dicho mandamiento y su ejecución. Al no existir diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes, ni este Juzgador advierte de oficio su actualización en términos del numeral invocado, procede entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se violaron los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en razón de que se emitió un acuerdo que ordena el arresto sin haber sido emplazado a juicio. Los conceptos de violación son fundados, suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, y en observancia a la jurisprudencia P./J. 16/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado diversos criterios procesales y sustantivos en torno a la imposición del arresto como medida de apremio, cuando se impugna en el juicio de garantías, bajo la consideración fundamental de que si bien dicho acto es de naturaleza formalmente civil, de conformidad con la autoridad jurisdiccional que lo ordena, también ha atendido, de manera preponderante, al estado de privación de la libertad personal del gobernado a que se expone con su ejecución, privación que se ha estimado como de protección superior, jurídica y axiológicamente. Por tanto, como la suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del quejoso, siendo su finalidad proteger la libertad personal y otorgar seguridad jurídica a los gobernados, a través del dictado de una resolución de amparo que examine, de manera completa y acuciosa, el acto mediante el cual se ha ordenado dicha privación de la libertad, debe concluirse que en los juicios de amparo en que aparezca como acto reclamado la imposición del referido arresto como medida de apremio, deberá suplirse la queja deficiente aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del afectado, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VI del invocado precepto legal, que resulta aplicable a los actos reclamados en materia civil." Las medidas de apremio tienen como finalidad que las partes en el proceso cumplan las determinaciones que dicte la autoridad instructora, a fin de que no se entorpezca su debido curso, como lo establece el artículo 17 constitucional y no quede a su arbitrio la pronta y expedita impartición de justicia. El Código de Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de México faculta al Juzgador para que utilice diversas medidas de apremio y así obligue al contumaz a dar cumplimiento al mandato judicial. El artículo 1067 Bis del Código de Comercio, vigente en la época en la que se impuso la medida reclamada, en la parte relativa dispone: "Art. 1,067 Bis. Para hacer cumplir sus determinaciones el juez puede emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio que estime pertinentes, sin que para ello sea necesario que el juzgador se ciña al orden que a continuación se señala: I. Amonestación; II. Multa hasta de $9,797.28 (Nueve mil setecientos noventa y siete pesos 28/100 M.N.), monto que se actualizará en términos del artículo 1253, fracción VI; III. El uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras si fuere necesaria, y IV. Arresto hasta por **** horas; Si el juez estima que el caso puede ser constitutivo de delito, dará parte al Ministerio Público." El precepto anterior faculta al juzgador para que imponga cualquiera de las medidas de apremio que éste considere adecuadas y así logre cumplir sus determinaciones dictadas en un procedimiento judicial. Situación que debe ser acorde al artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, dispone: "Artículo. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]" De este numeral deviene la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica con la finalidad de que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Conforme a reiterados criterios jurídicos, por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad. Por otra parte, la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de fundamentación y motivación, que deben coexistir y se presuponen mutuamente, ya que no es dable citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. Al respecto se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Esto es, para que se cumpla el imperativo constitucional de la fundamentación y motivación, los actos de la autoridad deben cumplir los siguientes requisitos: a) Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). b) Señalar con exactitud las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación). c) Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). En la especie, el auto de dos de febrero del año en curso, emitido en el juicio de ejecutivo mercantil **** * en el cual el Juez Tercero Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, hizo efectivo el apercibimiento de arresto por **** horas; se observa adolece de una fundamentación y motivación suficiente, acorde al sentido del artículo 16 de la Constitución Federal, pues omite abordar las particularidades del sujeto a quien va dirigida la orden, así como lo atinente a la justificación del término por el que se decretó. En efecto, de la fracción IV, del artículo 1067 Bis del Código de Comercio, el Juzgador para hacer cumplir sus determinaciones, se encuentra facultado para imponer un arresto hasta por ***** *horas; el término "hasta" se emplea para expresar el término de tiempo del arresto, en las que el límite mínimo debe entenderse como el de una hora. Tiene aplicación por su contenido el criterio sustentado en la novena época por Tribunales Colegiados de Circuito, en la jurisprudencia VI.2o.C. J/265 que dice: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO HASTA POR 36 HORAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El hecho de que en el artículo 79, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, redactado en similares términos al artículo 91, fracción III, del vigente ordenamiento, se establezca que los Jueces o tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones pueden emplear como medio de apremio el arresto hasta por 36 horas, permite conceptuar a dicho lapso como el límite máximo que puede imponerse, pues la preposición "hasta" se emplea para expresar la duración de un periodo lo que deja abierta la posibilidad de que la duración de ese medida, pudiera ser menor a ese lapso. Así, para determinar el tiempo de arresto que corresponde imponer al sujeto sancionado, la autoridad jurisdiccional debe cumplir con los principios de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos que le permitan fijar la duración de tal medida, tomando en cuenta para ello los elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los de naturaleza subjetiva que se refieran a las circunstancias personales del infractor." Así, la autoridad debe decretar la medida considerando el término entre un mínimo y un máximo, y se dejó a su arbitrio para que en atención a las circunstancias particulares, como son la naturaleza del caso, la gravedad y consecuencias, determine la duración del arresto, siempre y cuando no exceda de los máximos señalados. En este sentido, en los casos de arresto decretado como medida de apremio, no basta que se desprenda de autos la rebeldía u oposición del sancionado, o bien que se manifieste por el juez en el mismo auto que lo apercibe o que lo impone, sino que el juzgador o autoridad que lo decreta, debe observar y valorar una serie de requisitos necesarios para cumplir cabalmente con el deber de fundamentación y motivación en cuanto a tal acto que implica como consecuencia una sanción privativa de libertad. Debe entenderse que el artículo 1067 bis del Código de Comercio faculta a los jueces para imponer medidas de apremio, lo cual implica discrecionalidad para el juzgador al tener que decidir sobre el apercibimiento o la imposición de la medida entre mínimos y máximos, lo que se traduce en la imperativa necesidad del cumplimiento cabal del deber de fundamentación y motivación, puesto que la ley no da medidas específicas para decidir sobre el monto de una multa o la temporalidad del arresto. Por tanto, ante la ausencia de reglas fijas para el gobernado sobre cuáles pueden ser las consecuencias de sus actos ante un desacato judicial, dicha indeterminación debe ser suplida por el juzgador, quien debe precisar las circunstancias que permitan al gobernado comprender la gravedad de la sanción, y por otro, estar en aptitud de defenderse en caso de que considere al acto como desapegado a derecho. Estas circunstancias que el juez debe tomar en cuenta para poder valorar e individualizar una medida de apremio, sobre todo cuando no se imponen los mínimos autorizados por la ley, son los siguientes. 1) Se deben considerar las circunstancias procesales generales que rodean al hecho, esto es, que debe entenderse la etapa donde se encuentra el juicio, el tipo de procedimiento, las partes involucradas, los intereses que se ventilan en el mismo, si ya hubo condena en la sentencia definitiva, etcétera. 2) Hay que tomar en cuenta las circunstancias procesales particulares, como la finalidad que se persigue con el requerimiento que no se ha cumplido; es decir, si se trata de situaciones que tienen que ver con el cumplimiento de medidas precautorias, el de la sentencia misma o bien, cuestiones meramente accidentales. Lo que lleva a tener que analizar la gravedad de la infracción, su reincidencia, el retraso o la imposibilidad del cumplimiento y las consecuencias, estableciendo la trascendencia que tiene la conducta del infractor en el procedimiento. Una vez que se han valorado las circunstancias anteriores que tienen que ver con el hecho, se debe también dar valor a los elementos que se encuentran relacionados con la persona que comete la infracción. Esto es, se debe considerar las particularidades del infractor, del rebelde o contumaz ante las órdenes del juzgador, con el afán de poder medir el grado de comprensión del hecho que implica la desobediencia y, por tanto, el grado de rebeldía y consecuentemente lo reprochable de su conducta. Entonces, para poder determinar la sanción, según lo ya expuesto sobre el hecho, se debe también valorar al infractor y considerar básicamente con los elementos que obren en autos: la persona a quien va dirigida, su edad, grado de escolaridad, posición económica, ocupación y todas aquellas circunstancias culturales y sociales, es decir; las objetivas y subjetivas que el juez pueda advertir para determinar individualizadamente la gravedad de la conducta, su reprochabilidad y, por consiguiente, la magnitud de la medida, esto es la duración del arresto, para así determinar en forma individualizada la temporalidad del arresto que le corresponde. Sólo así puede considerarse que el juez cumple con lo ordenado por la Constitución ante la discrecionalidad de la ley. Ahora, según se advierte de las constancias procesales, a la parte quejosa se le han impuesto una serie de sanciones económicas por oponerse al requerimiento inicial decretado por la autoridad; sin embargo, la medida que aquí se reclama es una privativa de la libertad y según los eventos procesales, se trata de la primera de esta naturaleza y la autoridad la dictó sin abordar el aspecto del mínimo y máximo legal (ya que inmediatamente impuso una de ***** horas). Y es que desde el momento en que se decretó el apercibimiento que se hizo efectivo en el acto reclamado, la autoridad se limitó a establecer lo siguiente: "Ahora bien, de constancia de autos se observa que con fecha quince de octubre del año dos mil diecinueve, a petición de la parte actora se apercibió a la demandada ***** , que en caso de nueva oposición a la práctica de la diligencia de fecha veintisiete de abril de dos mil veintidós, se le impondría una medida de apremio consistente en un ARRESTO ADMINISTRATIVO DE ***** . Asimismo el Juzgador se encuentra a su arbitrio el orden de la aplicación de las medidas de apremio, resultando aplicable el siguiente criterio jurisprudencial: 'MEDIOS DE APREMIO. SI EL LEGISLADOR NO ESTABLECE EL ORDEN PARA SU APLICACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL ARBITRIO DEL JUZGADOR.' (.) En consecuencia y como lo solicita la parte ocursante, que para el caso de nueva oposición de la parte demandada por sí o por interpósita persona a la práctica de la diligencia ordenada en proveído de fecha quince de octubre del año dos mil diecinueve, se le impondrá una medida de apremio consistente en un ARRESTO ADMINISTRATIVO DE ***** por su desacato reiterado y contumaz para dar cumplimiento al mandato judicial que ha quedado manifestado en las actuaciones que obran en autos y que previamente realizó el fedatario público, atento a lo dispuesto por el artículo 1067 bis, del Código de Comercio, en efecto la ley faculta a los juzgadores para imponer medidas de apremio con el propósito de que se cumplan sus determinaciones, tomando en cuenta que el interés social radica esencialmente en que sean pronta y debidamente cumplidas a efecto de permitir la actuación y el buen desenvolvimiento de la administración de justicia, máxime si el demandado guarda una conducta rebelde y contumaz para dar cumplimiento a un mandato de autoridad judicial. Por consiguiente, las medidas de apremio no resultan violatorias de las garantías individuales, ya que como quedó establecido sólo constituye una medida de apremio cuya aplicación deriva del desacato de un mandamiento judicial emitido por autoridad competente, con el objeto de vencer la contumacia del obligado a cumplir una determinación judicial, la cual encuentra su apoyo en lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: (se trascribe precepto). Ahora bien, proceda la Secretaria de Acuerdos de la Adscripción a través del personal de apoyo previamente asignado a elaborar la cedula de notificación, para el efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en proveído dictado con fecha veintiocho de agosto del año dos mil dieciocho, quince de octubre del año dos mil diecinueve, así como al presente proveído, hecho que sea túrnese al Ciudadano Secretario de este Juzgado para que por su conducto proceda a dar cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución, sustentando lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial: 'MEDIOS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN Y LA OBLIGACIÓN A CUMPLIMENTAR DEBEN NOTIFICARSE PERSONALMENTE. ' (.)" Y al dictar el auto que aquí se reclama, solo se determinó: En la Ciudad de México a dos de febrero del año dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos del expediente número *****, el escrito presentado por *****, en su carácter de parte actora, mediante el cual se le tiene efectuando sus manifestaciones, toda vez como se aprecia de constancia de autos y en especial a la diligencia actuarial practica el día TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, se desprende que se ha procedido a notificar personalmente a la parte demandada el proveído de fecha veinticinco de mayo del año próximo pasado, en especial a que en caso de oposición a la práctica de la diligencia ordenada en autos se le impondría a la parte demandada una medida de apremio consistente en un arresto administrativo de **** horas, en consecuencia se impone a la demandada ***** *un ARRESTO ADMINISTRATIVO DE **** , atento a lo dispuesto por el artículo 1067 bis, Fracción IV, del Código de Comercio, en consecuencia proceda la Secretaría de Acuerdos a través del personal de apoyo que integra este Juzgado y que por turno asignado le corresponde a elaborar atento oficio dirigido al Ciudadano Secretario de Seguridad Ciudadana, Subdirección de Cumplimiento de Mandatos Judiciales de esta Entidad, para que de no tener inconveniente legal alguno se sirva ordenar a quien corresponda proceda a hacer efectiva la medida de apremio antes indicada. Se previene a la demandada para que realice las gestiones pertinentes con el fin de que permita y ordene permitir por sí o por interpósita persona la práctica de la diligencia ordenada en auto fecha veintiocho de agosto del año dos mil dieciocho, quince de octubre del año dos mil diecinueve, así como el presente proveído, con el apercibimiento que de nueva oposición se dará INTERVENCIÓN AL CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO de la adscripción para que se imponga de las presentes actuaciones a fin de que manifieste lo que a su Representación Social competa, atento a lo dispuesto por el 1067 bis, fracción IV, parte final del Código de Comercio. La aplicación de la medida de apremio decretada obedece en que la ley faculta a los juzgadores para imponer cualquiera de ellas, con el propósito de que se cumplan sus determinaciones, es decir, las medidas de apremio son instrumento coercitivo para hacer cumplir las determinaciones judiciales, tomando en cuenta que el interés social radica esencialmente en que sean pronta y debidamente cumplidas a efecto de permitir la actuación y el buen desenvolvimiento de la administración de justicia, máxime la conducta rebelde y contumaz del demandado, para dar cumplimiento a un mandato de autoridad judicial, por tanto, dicha medida no resulta violatoria de las garantías individuales, ya que como quedó establecido sólo constituye una medida de apremio cuya aplicación deriva del desacato de un mandamiento judicial emitido por autoridad competente, con el objeto de vencer la contumacia del obligado a cumplir una determinación judicial, la cual encuentra su apoyo en lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuyo párrafo tercero establece que: Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones" Situación que revela que aun cuando la parte quejosa pudo haber opuesto a la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento; también lo es que en la resolución combatida fue omisa en exponer porqué consideró que es procedente aplicar dicha medida privativa de libertad durante ese periodo y no uno menor, siendo que está obligada a cumplir con la garantía consagrada en el artículo 16 Constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número IX.1o.60 C del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que dice: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. SU DURACIÓN DEBE DETERMINARSE DE MANERA RAZONADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). El artículo 71 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí establece que los Jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualquiera de los medios de apremio como multa, auxilio de la fuerza pública, cateo y arresto. Sin embargo, cualquiera de las medidas que se imponga debe ser razonada y debidamente motivada, pues no es suficiente que se diga, como en la especie, que el arresto es por un determinado lapso, sino que es necesario que se expongan los motivos y las circunstancias particulares por los que así se determine, a efecto de cumplir con lo establecido por el artículo 16 constitucional, en el sentido de que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado." Mientras que la única excluyente de la falta de señalamiento pormenorizado de los elementos que lleven a la autoridad a determinar la sanción es cuando la medida es por los mínimos señalados por la ley, lo que en el caso no aconteció, pues siendo la primera ocasión en dictar una orden privativa de la libertad, se dictó inmediatamente por ***** horas. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia de la Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, con el número de tesis VI. 3o. J/14, en la página 383, que menciona: "PENA MÍNIMA, NO ES NECESARIO QUE SE RAZONE SU IMPOSICIÓN. Cuando el juzgador, haciendo uso de su arbitrio, estima justo imponer como pena la mínima que contempla la ley para el delito que corresponda, es evidente que tal proceder no es violatorio de garantías, ya que en este caso ni siquiera es necesario razonar la imposición de la misma en base al grado de peligrosidad o circunstancias en que se efectuó el delito, en virtud de que estos elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una sanción mayor, pero no cuando se aplica la mínima, pues es inconcuso que no podría aplicarse una menor a ésta." También, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 50 del Semanario Judicial de la Federación, 31 Segunda Parte, cuyo rubro y texto es: "PENA MÍNIMA QUE NO VIOLA GARANTÍAS. No se violan garantías individuales cuando el juzgador impone la pena mínima al sentenciado, sin atender al completo análisis de las circunstancias legales exigibles para la individualización de la sanción." En consecuencia, ante lo fundado de los conceptos de violación, es inconcuso que se violan los derechos fundamentales de la parte quejosa, por lo que es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que el Juez responsable: a) Deje sin efectos el proveído reclamado de dos de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil de origen. b) Y dicte otro con plenitud de jurisdicción, en el que de estimar procedente la imposición de un arresto en contra de la parte quejosa, funde y motive en forma exhaustiva la causa de su proceder, conforme lo establecido en este fallo. La concesión del amparo se hace extensiva a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras, conforme a la jurisprudencia II.3o. J/12 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo cincuenta y cinco, julio de mil novecientos noventa y dos, página cuarenta y uno de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a ****, contra actos del Juzgado Tercero Civil de Proceso Escrito, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, ambos de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones y para los efectos indicados en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ... Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy nueve de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe."

  4. Incidental

    Agréguese el oficio del Juez responsable, mediante el cual informa el acato a la medida suspensional, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales que haya a lugar. NOTIFÍQUESE.

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