Daysi Lorena García Hernández
Expediente 692/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 692/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Coordinadora de la Unidad Especializa de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, Zona Norte
- Daysi Lorena García Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otro parte, al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo, el presente expediente es susceptible de destrucción, conforme lo establece el numeral 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del dos mil veintitrés. Atendiendo que no existente documentos originales, una vez cumplido el plazo de tres años de haberse dictado el presente auto, este órgano jurisdiccional, destruirá este expediente y dentro de los treinta días naturales siguientes a su destrucción, se deberá remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 34, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación o destrucción del cuaderno que para el efecto se formó. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. En atención a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno el original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional y negado la definitiva, acorde a lo contemplado en el artículo 20, fracción III, y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el mismo es susceptible de destrucción, una vez cumplido el término de tres años de la fecha en que se dicta el presente proveído. Asimismo, se hace la precisión de que en este expediente no existen documentos originales. Acorde a lo dispuesto en el artículo 9, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por el término de tres años, transcurridos los cuales, se reitera, deberá destruirse el presente expediente y dentro de los treinta días siguientes, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, conforme a lo ordenado en el numeral 34, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del expediente, la anotación de la fecha de archivo y que es destruible. CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito con el que da cuenta la Secretaría, agréguese a sus autos, para que obre como corresponda. En atención al mismo se tiene al Subprocurador de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, remitiendo copia certificada de la resolución emitida el doce de septiembre del dos mil veintitrés, en el expediente 968/2013 DTC, de su índice, y haciendo las manifestaciones que alude en el citado oficio. Cabe puntualizar que en las constancias que remite la autoridad, se tiene la resolución de doce de septiembre el dos mil veintitrés, en la cual se advierte que emitió el siguiente acuerdo: "ACUERDO. PRIMERO, se considera procedente REVOCAR EL RESGUARDO PROVISIONAL a la C. María Del Refugio Hernández Guzmán, quien ostentaba la custodia provisional de la adolescente Michelle Adilene Rojas García, desde el pasado doce de julio del dos mil veintitrés. SEGUNDO.- En razón de los resultados positivos obtenidos, esta Subprocuraduría determina que será la C. Daisy Lorena García Hernández, en carácter de madre, quien ostente a partir de esta fecha doce de septiembre del dos mil veintitrés, el resguardo físico y legal de su hija la adolescente Michelle Adilene Rojas García, comprometiéndose en este acto a brindarle un hogar adecuado para su sano desarrollo, otorgando las atenciones y cuidados necesario de acuerdo a su edad y circunstancias, brindándole seguridad, jurídica y social de manera integral, garantizando su derecho de audiencia, prevaleciendo en todo momento su derecho a la salud. TERCERO. La C. Daisy Lorena García Hernández, en carácter de madre en este acto queda condicionada y se compromete a lo siguiente: Ejercer la custodia de la adolescente velando en todo momento por su bienestar general, a no permitir que se vulnere ninguno de sus derechos, brindarles toda su atención que requiere para su sano desarrollo, para lo cual podrá beneficiarse de las redes de apoyo familiar o institucional que considere más adecuada y benéficas. Así mismo se compromete a notificar en esta institución, cualquier cambio de domicilio, teniendo en consideración que el que actualmente habita se encuentra ubicado en calle Henequén, número 9920-15,fraccionamiento Infonavit Solidaridad, con número telefónico 656 279-54-58, así como a presentarse en esta Subprocuraduría cuando sea requerida para efectos de seguimiento. Se compromete y obliga a colaborar con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua garantizando el derecho de audiencia de su hija, la adolescente Michelle Adilene Rojas García, asumiendo a partir de este momento la Representación Legal de la adolescente en torno a la Causa Penal 2142/2022, número único de caso 37-2022-0005634. Se compromete y obliga a darle cabal seguimiento médico a la adolescente Michelle Adilene Rojas García. Se compromete y obliga a dar cumplimiento al acuerdo de convivencia realizado con el C. Abraham Rojas, en su carácter de padre, el cual se compromete y obliga a velar en todo momento por el interés superior de su hija la adolescente Michelle Adilene Rojas García. CUARTO.- Se apercibe a la C. Daisy Lorena García Hernández, en carácter de madre, que en caso de incumplimiento del presente acuerdo, así como de alguna de las disposiciones del Ordenamiento Legal de la materia, se procederá a implementar las medidas de Apremio y/o Sanciones necesarias conforme a lo dispuesto por los artículos 190, 193, 197, 198 y 199 del Capítulo Noveno de las Infracciones y Sanciones Administrativas, establecidos en la Ley de Los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua y demás ordenamientos relativos y aplicables a la materia. QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo a las partes interesadas, explicándole la fuerza y alcance legal del contenido del presente documento SEXTO.- Notifíquese el Departamento de Seguimiento para que procedan a la reintegración en comento. Así lo acordó y firma el licenciado Jesús Rodolfo Villa Rivera, Subprocurador de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos, con la intervención de la licenciada Lorena Susana Córdova Ponce, abogada adscrita a la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos. (firma) LIC. JESÚS RODOLFO VILLA RIVERA. SUBPROCURADOR DE PROTECCCIÓN AUXILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS. (firma) LIC. LORENA SUSANA CÓRDOVA PONCE, ABOGADA ADSCRITA A LA SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AUXILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS (firma) C. DAYSI LORENA GARCÍA HERNANDEZ FAMILIAR DE ORIGEN (MADRE) (firma) C. MARIA DEL REFURIO HERNANDEZ GUZMAN FAMILIA EXTERNA (TIA MATERNA) (sin firma) C. ABRAHAM ROJAS FAMILIA DE ORIGEN (PADRE)" Por otra parte, cabe mencionar que la impetrante del amparo en la demanda de amparo, precisó como actos reclamados los siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. De todas las autoridades responsables reclamo: La ilegal sustracción y retención de mi menor hija de iniciales M.A.R.G. La negativa de devolverme a mi menor hija y de tenerme incomunicada con ella, sin causa justificada, no obstante, las peticiones que he realizado." En la especie, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Al respecto, la causal de improcedencia indicada, establece que el juicio de amparo resulta inviable, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, se estima que han cesado los efectos de los actos controvertidos por la impetrante del amparo, por las razones siguientes: La parte quejosa considera vulnerados sus derechos fundamentales, ante la omisión por parte de la autoridad responsable de devolverle a su menor hija de iniciales M.A.R.G., y de mantenerla sustraída, retenida e incomunicada, con la quejosa, sin causa justificada, no obstante las múltiples peticiones que le realizó. Al respecto, la autoridad, el Subprocurador de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, remitió las copias certificadas de la resolución emitida el doce de septiembre del dos mil veintitrés, en el expediente 968/2013 DTC, de su índice, en la cual se advierte que desde la citada fecha se dejó el resguardo físico y legal de la menor de iniciales M.A.R.G., a la aquí quejosa Daisy Lorena García Hernández, quien firmó en dicha resolución, así como María Del Refugió Hernández Guzmán, quien ostentaba la guarda provisional de la referida menor, cargo que le fue revocado en dicha determinación. En ese contexto se aprecia que, los actos materia de reclamo, ya se decretaron, y por ende, es evidente que han cesado los efectos de los mismos, actualizándose así, la causa de improcedencia del juicio de amparo, contemplada en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por ende, ya no existe materia sobre la cual resolver en este juicio de amparo, razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la invocada ley, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Es aplicable al particular tratado, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que desde luego no se opone a la Nueva ley de Amparo, la cual fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispone "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tal razón, se determina que al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, que considerar lo contrario, sería tanto como retardar la impartición de justicia, en detrimento de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Es sustento a lo dicho, la jurisprudencia por contradicción número 2ª/J. 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que de Novena Época, es del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional que habría de tener verificativo el nueve de octubre del dos mil veintitrés, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
quejoso: Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito con el que da cuenta la Secretaría, agréguese a sus autos, para que obre como corresponda. En atención al mismo se tiene al Subprocurador de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, remitiendo copia certificada de la resolución emitida el doce de septiembre del dos mil veintitrés, en el expediente 968/2013 DTC, de su índice, y haciendo las manifestaciones que alude en el citado oficio. Cabe puntualizar que en las constancias que remite la autoridad, se tiene la resolución de doce de septiembre el dos mil veintitrés, en la cual se advierte que emitió el siguiente acuerdo: "ACUERDO. PRIMERO, se considera procedente REVOCAR EL RESGUARDO PROVISIONAL a la C. María Del Refugio Hernández Guzmán, quien ostentaba la custodia provisional de la adolescente Michelle Adilene Rojas García, desde el pasado doce de julio del dos mil veintitrés. SEGUNDO.- En razón de los resultados positivos obtenidos, esta Subprocuraduría determina que será la C. Daisy Lorena García Hernández, en carácter de madre, quien ostente a partir de esta fecha doce de septiembre del dos mil veintitrés, el resguardo físico y legal de su hija la adolescente Michelle Adilene Rojas García, comprometiéndose en este acto a brindarle un hogar adecuado para su sano desarrollo, otorgando las atenciones y cuidados necesario de acuerdo a su edad y circunstancias, brindándole seguridad, jurídica y social de manera integral, garantizando su derecho de audiencia, prevaleciendo en todo momento su derecho a la salud. TERCERO. La C. Daisy Lorena García Hernández, en carácter de madre en este acto queda condicionada y se compromete a lo siguiente: Ejercer la custodia de la adolescente velando en todo momento por su bienestar general, a no permitir que se vulnere ninguno de sus derechos, brindarles toda su atención que requiere para su sano desarrollo, para lo cual podrá beneficiarse de las redes de apoyo familiar o institucional que considere más adecuada y benéficas. Así mismo se compromete a notificar en esta institución, cualquier cambio de domicilio, teniendo en consideración que el que actualmente habita se encuentra ubicado en calle Henequén, número 9920-15,fraccionamiento Infonavit Solidaridad, con número telefónico 656 279-54-58, así como a presentarse en esta Subprocuraduría cuando sea requerida para efectos de seguimiento. Se compromete y obliga a colaborar con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua garantizando el derecho de audiencia de su hija, la adolescente Michelle Adilene Rojas García, asumiendo a partir de este momento la Representación Legal de la adolescente en torno a la Causa Penal 2142/2022, número único de caso 37-2022-0005634. Se compromete y obliga a darle cabal seguimiento médico a la adolescente Michelle Adilene Rojas García. Se compromete y obliga a dar cumplimiento al acuerdo de convivencia realizado con el C. Abraham Rojas, en su carácter de padre, el cual se compromete y obliga a velar en todo momento por el interés superior de su hija la adolescente Michelle Adilene Rojas García. CUARTO.- Se apercibe a la C. Daisy Lorena García Hernández, en carácter de madre, que en caso de incumplimiento del presente acuerdo, así como de alguna de las disposiciones del Ordenamiento Legal de la materia, se procederá a implementar las medidas de Apremio y/o Sanciones necesarias conforme a lo dispuesto por los artículos 190, 193, 197, 198 y 199 del Capítulo Noveno de las Infracciones y Sanciones Administrativas, establecidos en la Ley de Los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua y demás ordenamientos relativos y aplicables a la materia. QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo a las partes interesadas, explicándole la fuerza y alcance legal del contenido del presente documento SEXTO.- Notifíquese el Departamento de Seguimiento para que procedan a la reintegración en comento. Así lo acordó y firma el licenciado Jesús Rodolfo Villa Rivera, Subprocurador de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos, con la intervención de la licenciada Lorena Susana Córdova Ponce, abogada adscrita a la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos. (firma) LIC. JESÚS RODOLFO VILLA RIVERA. SUBPROCURADOR DE PROTECCCIÓN AUXILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS. (firma) LIC. LORENA SUSANA CÓRDOVA PONCE, ABOGADA ADSCRITA A LA SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AUXILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS (firma) C. DAYSI LORENA GARCÍA HERNANDEZ FAMILIAR DE ORIGEN (MADRE) (firma) C. MARIA DEL REFURIO HERNANDEZ GUZMAN FAMILIA EXTERNA (TIA MATERNA) (sin firma) C. ABRAHAM ROJAS FAMILIA DE ORIGEN (PADRE)" Por otra parte, cabe mencionar que la impetrante del amparo en la demanda de amparo, precisó como actos reclamados los siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. De todas las autoridades responsables reclamo: La ilegal sustracción y retención de mi menor hija de iniciales M.A.R.G. La negativa de devolverme a mi menor hija y de tenerme incomunicada con ella, sin causa justificada, no obstante, las peticiones que he realizado." En la especie, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Al respecto, la causal de improcedencia indicada, establece que el juicio de amparo resulta inviable, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, se estima que han cesado los efectos de los actos controvertidos por la impetrante del amparo, por las razones siguientes: La parte quejosa considera vulnerados sus derechos fundamentales, ante la omisión por parte de la autoridad responsable de devolverle a su menor hija de iniciales M.A.R.G., y de mantenerla sustraída, retenida e incomunicada, con la quejosa, sin causa justificada, no obstante las múltiples peticiones que le realizó. Al respecto, la autoridad, el Subprocurador de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, remitió las copias certificadas de la resolución emitida el doce de septiembre del dos mil veintitrés, en el expediente 968/2013 DTC, de su índice, en la cual se advierte que desde la citada fecha se dejó el resguardo físico y legal de la menor de iniciales M.A.R.G., a la aquí quejosa Daisy Lorena García Hernández, quien firmó en dicha resolución, así como María Del Refugió Hernández Guzmán, quien ostentaba la guarda provisional de la referida menor, cargo que le fue revocado en dicha determinación. En ese contexto se aprecia que, los actos materia de reclamo, ya se decretaron, y por ende, es evidente que han cesado los efectos de los mismos, actualizándose así, la causa de improcedencia del juicio de amparo, contemplada en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por ende, ya no existe materia sobre la cual resolver en este juicio de amparo, razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la invocada ley, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Es aplicable al particular tratado, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que desde luego no se opone a la Nueva ley de Amparo, la cual fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispone "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tal razón, se determina que al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, que considerar lo contrario, sería tanto como retardar la impartición de justicia, en detrimento de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Es sustento a lo dicho, la jurisprudencia por contradicción número 2ª/J. 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que de Novena Época, es del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional que habría de tener verificativo el nueve de octubre del dos mil veintitrés, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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