Daysi Chacón Gutiérrez
Expediente 465/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 30 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 465/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Daysi Chacón Gutiérrez
- Daysi Chacón Gutiérrez y Otros.
- A. L. C. a través de la asesora jurídica Nelly Quiroz Tecpanecatl (23/08/2023)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Incidental
INC 465/2023 MESA 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, por auto de esta misma fecha causó ejecutoria la sentencia y se ordenó el archivo definitivo del expediente. 2. Se deja sin efectos la medida cautelar. En consecuencia, deja de surtir efectos la suspensión definitiva que se concedió a la parte quejosa mediante interlocutoria dictada el catorce de junio de dos mil veintitrés. 3. Archivo del expediente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 17 de este último Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el ARCHIVO de este incidente como definitivamente concluido. 4. Destino del original del expediente (conservable). Se comunica a las partes que, por haberse concedido la suspensión definitiva a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), de ese Acuerdo General, este incidente es CONSERVABLE; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en primer párrafo del artículo 17 del acuerdo mencionado. 4.1. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 17 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es CONSERVABLE. 5. Instrucción al actuario(a). Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la(s) carátula(s) obre la leyenda referida en párrafos precedentes (conservable) y b) que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 465/2023 MESA 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia engrosada el treinta y uno de octubre del año en curso, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Plazo de diversas autoridades. Resulta innecesario jurídicamente hacer pronunciamiento y esperar a que transcurra el plazo respectivo para las autoridades responsables, parte tercera interesada y para la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. 3. Devolución de documentos. En este juicio de amparo la parte quejosa exhibió el acuse original del escrito de dos de junio del año en curso, dirigido a la secretaria de acuerdos del Juzgado Tercero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca; en tanto que el tercero interesado ********************exhibió una memoria USB. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones, se deja a disposición de la parte quejosa y tercera interesada, respectivamente, la documental y memoria USB de referencia, para que, dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acudan a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recogerlas; apercibidas que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, serán destruidas en su momento junto con el expediente. 4. Devolución de tomos anexos. Devuélvase a la autoridad responsable, secretaria de acuerdos del Juzgado Tercero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, la copia certificada del expediente familiar ********************, que obran en los tomos anexo I, II y III. 5. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; por tanto, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la resolución respectiva sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 6. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 20 y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 7. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14 y 17 de este último Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 8. Destino (conservable). Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), de ese Acuerdo General, este expediente es CONSERVABLE; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en primer párrafo del artículo 17 del acuerdo mencionado. 8.1. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 17 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es conservable. 9. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que en el expediente electrónico se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 10. Incidente de suspensión. Además, como se advierte que este juicio se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo conducente en dicho cuaderno incidental. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 465/2023 MESA 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Se agrega escrito. Agréguese el escrito firmado por el tercero interesado ********************, por el cual ofrece diversas pruebas y formula alegatos; en su atención, se acuerda: Dígasele que no es procedente la admisión de las diversas pruebas que ofrece ni los alegatos que formula; lo anterior, toda vez que fue recibido con posterioridad al trece de octubre del año en curso, fecha en que fue celebrada la audiencia constitucional. Es aplicable, la tesis IV.2o.C.48 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1678, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 170855, del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU CELEBRACIÓN PONE FIN A LA SECUELA PROCESAL DEL JUICIO DE AMPARO Y EL JUEZ QUEDA IMPEDIDO PARA ACORDAR PROMOCIONES ALLEGADAS CON POSTERIORIDAD, AUNQUE SE REFIERAN A CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE EN LOS ESCRITOS RESPECTIVOS SE OFREZCAN PRUEBAS QUE LAS JUSTIFIQUEN". Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 465/2023 MESA 6 Vistos para resolver el juicio de amparo *****, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, PRAL. 747/2021. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y remitido a este Juzgado por razón de turno, en la misma fecha, *****, por propio derecho y en representación del menor de iniciales *****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la secretaria encargada del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, e invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 2, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés se registró la demanda de amparo con el expediente ***** y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. Previo cumplimiento a la prevención efectuada, en auto de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En ese mismo acuerdo (veintidós de mayo del año en curso) se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, *****, mediante despacho enviado al juez Segundo de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca; quien quedó emplazado el diecinueve de junio pasado y se apersonó mediante escrito recibido en este juzgado el diecisiete de julio de este año. En auto de once de julio de este año se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo, respecto del acto reclamado que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Y en diverso proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés se solicitó al Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en este municipio, designara a un asesor jurídico a fin de que fungiera como representante especial del menor ***** en este juicio de amparo; así en acuerdo de veintitrés de agosto de este año se tuvo por designado y discernido del cargo a la asesora jurídica, licenciada *****, como representante especial de ese menor. Previo los diferimientos respectivos, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , por tratarse de un asunto de naturaleza civil y los actos se reclama a una autoridad residente en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, escrito aclaratorio, ampliación de demanda; así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: De la secretaria encargada del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca. I. El auto de veinticinco de abril del año en curso, en el que se admitió el incidente de modificación de cláusulas del convenio de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, celebrado en el expediente familiar *****, de su índice. II. La determinación adoptada en auto de veinticinco de abril del año en curso en el cual se decretó el resguardo del menor de edad de iniciales ***** a favor de su progenitor *****. III. La audiencia de carácter familiar de diecinueve de junio de dos mil veintitrés celebrado en el expediente ***** de su índice, en el cual se reiteró el resguardo del menor de edad de iniciales ***** a favor de su progenitor ***** y estableció como medida de convivencia de ese menor y su progenitora ***** cada fin de semana, iniciando el viernes a partir de cada semana a partir de las dieciséis horas hasta las dieciocho horas del día domingo. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado, la autoridad responsable, secretaria encargada del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, negó categóricamente los actos reclamados; sin embargo, del contenido de los informes relativos a la demanda de amparo y ampliación de la misma, se desvirtúa la negativa, toda vez que, agregó, en acuerdo de veinticinco de abril del año en curso, dictado en el expediente *****, se admitió a trámite el incidente de modificación de cláusulas del convenio de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, celebrado en el referido expediente; en tanto que, mediante audiencia celebrada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés en el incidente de modificación derivado del expediente ***** se reiteró la medida de resguardo del menor de edad a favor de su progenitor ***** como se estableció mediante auto de veinticinco de abril último. Por ello, se tiene por cierto los actos que se le reclaman. Resulta ilustrativa, por las razones que la integran y en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, julio de 1994, página 391, registro 211004, del texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para una mejor compresión del asunto, resulta procedente precisar los antecedentes de los actos reclamados conforme a las constancias que integran este juicio de amparo y las remitidas por la autoridad responsable, secretaria encargada del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, consistente en las copias certificadas del expediente familiar *****, así como del incidente de modificación de convenio de dicho expediente (tomos anexos I, II y III), de los que se advierte lo siguiente: 1. Mediante auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós se admitió la demanda familiar promovida por ***** en el que demandó diversas prestaciones a ***** entre ellas, la guarda y custodia provisional del menor *****, misma que se registró con el expediente familiar ***** del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca. 2. Por audiencia de carácter familiar con convenio de veintitrés de mayo de dos mil veintidós dichas partes procesales, acordaron, en lo que interesa, que la guarda y custodia definitiva del menor *****, fuera compartida y que el régimen de convivencias se llevaría a cabo para ***** de lunes a viernes hasta las catorce horas con treinta minutos del viernes y para el progenitor de viernes a partir de las catorce horas con treinta minutos hasta las dieciocho horas del día domingo. 3. Por comparecencia espontanea de dieciocho de abril de dos mil veintitrés ***** manifestó que su padre, el señor ***** denunció hechos probablemente constitutivos del delito de violencia familiar en agravio del menor *****, pues precisó que el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés la maestra de su hijo, de nombre ***** del Preescolar *****, le manifestó que su hijo ha llegado golpeado, que había faltado a la escuela y que cuando asistió ella lo quiso abrazar y él se quejó de dolor, que al revisarlo le encontró un moretón en su vientre. También le manifestó que no le mandan de comer (lunch) y que se ha orinado incluso en el salón. y que esto le ha preocupado a ella, ya que, al hablar con el padrastro de su hijo, el señor *****, él le manifestó que ese menor debía tener una educación militar por lo que ella no aguanto más y le comunicó todo esto ya que incluso el señor *****, funge como tutor de su menor hijo en la escuela, por lo que ante estos hechos se alarmó. Con motivo de lo anterior, solicitó se dictara las medidas necesarias a fin de salvaguardar la integridad de su menor hijo, puesto que actualmente existe en la Fiscalía el legajo de investigación *****, en el cual se certificaron las lesiones de su menor hijo. En esa misma diligencia, compareció minutos después la progenitora ***** quien manifestó, en lo conducente: "En mi domicilio hemos acordado llevar una disciplina positiva y crianza positiva, la cual busqué en internet, para apoyarme en la educación de mi menor hijo, la cual se basa en limites no violentos, meditación, entre otros métodos los cuales utilizo con mi hijo, como por ejemplo que diferencie entre el juego y cuando ya estamos hablando serio. respecto a lo que manifiesta de que sufrió golpes, puedo decir que si es verdad que le impuse un correctivo y esto fue porque tomó dinero en la escuela y fue la primera y última vez que utilicé ese correctivo. también hago saber que el padre de mi hijo tenía conocimiento de este método, ya que se lo comuniqué y no dijo nada, de hecho estuvo de acuerdo, no sé porque ahora le resulta ajeno el método que utilizo para mi hijo, desde que hicimos el convenio al salir le comuniqué de dicho método ya que mi hijo es un poco inquieto e indisciplinado, asimismo, hago de su conocimiento que después de haber platicado con la maestra de mi hijo, y al saber la inconformidad porque fuera mi esposo, yo empecé a hacerme más presente, aun y cuando trabajo, pedía permiso e iba a todas las actividades, mi esposo siempre fue un extra de apoyo con mi hijo, porque yo trabajo." (Transcripción literal) En un diverso uso de la voz, ***** precisó que la vecina donde vive su hijo le manifestó ser testigo del maltrato de su hijo; que en ocasiones lo sacan al sol y lo dejan en una silla sentado por un lapso de tiempo y luego ya lo meten, que en ocasiones lo dejan afuera y que se la pasa sentado llorando por treinta minutos. Además, que el veintidós de marzo pasado habló con la maestra de su hijo y le precisó que dicho infante ha llegado con marcas y golpeado y que en diversas ocasiones el padrastro de esa menor iba a buscarlo y le gritaba enfrente de todos. Con motivo de lo anterior, en dicha diligencia la autoridad responsable decretó como medida provisional el resguardo del menor de edad de iniciales ***** a favor de su progenitor *****, la cual estaría subsistente hasta en tanto, este último promoviera el incidente de modificación de convenio dentro del plazo de tres días, con apercibimiento que de no hacerlo las cosas volverían al estado en que se encontraba antes. 4. Mediante auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés se tuvo a ***** promoviendo incidente de modificación de convenio, específicamente de las cláusulas segunda, tercera y cuarta del convenio de veintitrés de mayo de dos mil veintidós en contra de ***** anexo al expediente principal ***** y precisó que la medida decretada en el expediente principal del resguardo del menor de edad de iniciales ***** a favor de su progenitor ***** quedaba subsistente en el cuaderno incidental hasta en tanto se tuviera el resultado de las valoraciones psicológicas a las partes o subsistan situaciones que pongan en peligro al menor de edad ya referido. Determinación que constituye el primer acto reclamado. 5. Por audiencia de carácter familiar de diecinueve de junio de dos mil veintitrés celebrado en el expediente ***** previa ponderación de la autoridad responsable se reiteró el resguardo del menor de edad de iniciales ***** a favor de su progenitor *****; además, se estableció como medida de convivencia de ese menor y su progenitora ***** cada fin de semana, iniciando el viernes a partir de cada semana a partir de las dieciséis horas hasta las dieciocho horas del día domingo. Determinación que constituye el segundo acto reclamado. Hasta aquí los antecedentes de los actos reclamados. QUINTO. Causal de improcedencia respecto del acto reclamado identificado con el inciso I del considerando segundo de esta sentencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, del análisis de las constancias que integran este asunto se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". (Transcripción) Ahora, de conformidad con el principio de procedencia a que se refieren los preceptos legales antes transcritos, el juicio constitucional indirecto únicamente procede cuando los actos en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio: a) Constituyan la resolución definitiva, es decir, aquélla que ponga fin al asunto; y, b) Tengan una ejecución de imposible reparación al afectar materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o tratados internacionales en el que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución definitiva favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. En este último aspecto, debe entenderse como derechos sustantivos, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad; en tanto que los derechos procesales o adjetivos son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo, que no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.8º. C. J/2, emitida por el Pleno del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 17 de marzo de 2017, registro 2013976, de datos de localización, rubro y texto siguientes: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida". Ahora, de los antecedentes de los actos reclamados se advierte que previa demanda familiar entablada y registrada con el expediente familiar ***** del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, por audiencia de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, ***** y ***** acordaron, en lo que interesa, que la guarda y custodia definitiva del menor ***** fuera compartida y que el régimen de convivencias se llevaría a cabo para ***** de lunes a viernes hasta las catorce horas con treinta minutos del viernes y para el progenitor de viernes a partir de las catorce horas con treinta minutos hasta las dieciocho horas del día domingo. Sin embargo, por comparecencia espontánea de dieciocho de abril de dos mil veintitrés ***** solicitó se dictaran las medidas necesarias a fin de salvaguardar la integridad de su menor hijo, por los hechos de violencia que precisó presentaba el menor ***** Por ello, en dicha diligencia la autoridad responsable decretó como medida provisional el resguardo del menor de edad de iniciales ***** a favor de su progenitor *****, la cual estaría subsistente hasta en tanto este último promoviera el incidente de modificación de convenio dentro del plazo de tres días, con apercibimiento que de no hacerlo las cosas volverían al estado en que se encontraba antes. Así, mediante auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés se tuvo a ***** promoviendo incidente de modificación de convenio, específicamente de las cláusulas segunda, tercera y cuarta del convenio de veintitrés de mayo de dos mil veintidós en contra de ***** anexo al expediente principal *****; misma que constituye el acto reclamado. Como se ve, la admisión del incidente de modificación de convenio promovido por *****, específicamente de las cláusulas segunda, tercera y cuarta del convenio de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, contra *****, anexo al expediente principal *****, no afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, para que sean considerados como actos de imposible reparación, pues, en su caso, sólo producen efectos intraprocesales. Lo anterior es así, pues en los autos del expediente ***** se advierte que aún no se resuelve en definitiva tal incidente y el juicio de amparo sería procedente únicamente contra la resolución definitiva que en el mismo se dicte, en el que se harían valer las violaciones que se hubieren cometido durante dicho procedimiento, si es que trascienden al resultado del fallo. Además, el acto reclamado sólo produce infracción a derechos adjetivos o procesales relativo a cuestiones atinentes que pueden ser reparadas, como ya se refirió, si la parte quejosa obtiene una resolución favorable a sus intereses. En consecuencia, como el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, contra el cual proceda la vía constitucional indirecta; lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto a dicho acto reclamado. SEXTO. Causal de improcedencia respecto del acto reclamado identificado con el inciso II del considerando segundo de esta sentencia. Del análisis de las constancias que integran este juicio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado a la secretaria encargada del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, consistente en la determinación adoptada en auto de veinticinco de abril del año en curso dictada en el expediente familiar *****, en el cual se decretó el resguardo del menor de edad de iniciales ***** a favor de su progenitor *****. El referido precepto es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". De la porción normativa transcrita se desprende que el juicio de amparo será improcedente contra aquellos actos cuyos efectos ya hubieren cesado. Así, respecto de esta causa de improcedencia, que coincide en sus términos con la prevista en la fracción XVI del artículo 73, de la Ley de Amparo abrogada, se ha sostenido que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que, con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación). En ese orden de ideas, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que, debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Mientras que el segundo supuesto, se actualiza cuando se da la sustitución de actos procesales, que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el caso, se considera que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en su vertiente de sustitución procesal, por lo siguiente: Como ya se precisó, mediante auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés se tuvo a ***** promoviendo incidente de modificación de convenio, específicamente de las cláusulas segunda, tercera y cuarta del convenio de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, contra *****, anexo al expediente principal *****, y en dicho auto se precisó que la medida decretada en el expediente principal del resguardo del menor de edad de iniciales ***** a favor de su progenitor ***** quedaba subsistente en el cuaderno incidental hasta en tanto se tuviera el resultado de las valoraciones psicológicas a las partes o subsistan situaciones que pongan en peligro al menor de edad ya referido. Ahora, previa valoración psicológica realizada y constancias recabadas, por audiencia de carácter familiar de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, celebrada en el expediente ***** y previa ponderación de la autoridad responsable, se reiteró el resguardo del menor de edad de iniciales ***** a favor de su progenitor *****; además, se estableció como medida de convivencia de ese menor y su progenitora ***** cada fin de semana, iniciando el viernes, de cada semana, a partir de las dieciséis horas hasta las dieciocho horas del día domingo. Como se ve, inicialmente la autoridad responsable, secretaria encargada del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, por auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente principal *****, entre otras cuestiones, decretó el resguardo del menor de edad de iniciales ***** a favor de su progenitor ***** con motivo de los hechos de violencia que dijo este último sufrió el menor; lo anterior, hasta en tanto se tuviera el resultado de las valoraciones psicológicas a las partes o subsistieran situaciones que pusieran en peligro al menor de edad ya referido; aspecto que fue superado por audiencia de carácter familiar de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, celebrada en dicho expediente, en el cual, previa ponderación de las constancias, se reiteró el resguardo del menor de edad de iniciales ***** a favor de su progenitor *****; además, se estableció como medida de convivencia de ese menor y su progenitora ***** cada fin de semana, iniciando el viernes a partir de las dieciséis horas hasta las dieciocho horas del día domingo. Por tanto, el auto reclamado de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el que se decretó el resguardo del menor de edad de iniciales ***** a favor de su progenitor ***** fue sustituido procesalmente por la audiencia de carácter familiar de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, lo que imposibilita su estudio, pues será en esta última en donde se establecerá si aun con las actuaciones y constancias recabadas hasta esa fecha fue correcto lo determinado por la autoridad responsable. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer en este juicio, en torno al acto reclamado consistente en la determinación adoptada en auto de veinticinco de abril del año en curso, dictada en el expediente familiar *****, en el cual se decretó el resguardo del menor de edad de iniciales ***** a favor de su progenitor *****. Precisión respecto al estudio de diversa causa de improcedencia. Cabe precisar que no pasa desapercibido la causa de improcedencia invocada por la asesora jurídica y representante especial de ese menor *****, consistente en el cambio de situación jurídica de la determinación veinticinco de abril de dos mil veintitrés; sin embargo, no se procede a realizar el análisis sobre su actualización con motivo del sobreseimiento ya decretado; máxime que su estudio no producirá un diverso sentido a la determinación ya pronunciada. Al no advertirse de forma oficiosa la actualización de diversa causal de improcedencia, o distinta hipótesis de sobreseimiento de las contenidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, resulta idóneo proceder al estudio de los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo. SÉPTIMO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía; máxime que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello; como así lo ilustra la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". OCTAVO. Estudio de fondo. La parte quejosa formula como concepto de violación, esencialmente, que la autoridad responsable mediante diligencia de diecinueve de junio de dos mil veintitrés no fundó ni motivó su determinación de conceder únicamente la convivencia de la quejosa con el menor *****, los fines de semana y que su progenitor continúe con el resguardo de ese infante sin considerar que su padre trabaja catorce días continuos por catorce días de descanso: reiterando los conceptos de violación antes anunciados. Como cuestión previa, se hace la precisión de que en razón de que los actos reclamados en este juicio de amparo afectan derechos de menor de edad, opera la suplencia de la queja deficiente, de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el interés superior del menor; lo cual implica que cualquier norma que se deba interpretar o aplicar debe tener en cuenta la amplia gama de derechos que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes relativas prevén con el propósito de proteger a los niños, pues éstos, por su falta de madurez física y mental, necesitan de una protección legal especial a fin de hacer efectivos tales derechos. Ante esa obligación, aun sin queja específica de su parte, cuando en un juicio de amparo se advierta que una norma o acto pueda transgredir o contrariar dicho interés, se debe realizar el análisis respectivo, pues, al dejar de hacerlo, no se atendería al interés superior de la infancia. Por tal motivo, existe la obligación en todo momento a velar por el interés superior del niño, el cual está relacionado con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses; lo que conlleva a la realización de una interpretación sistemática que le dé sentido, y tome en cuenta los deberes de protección que están establecidos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez, acorde a la jurisprudencia 1ª./J. 18/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la décima época, con registro 2006011, de rubro y contenido siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión." Precisado lo anterior, se estima infundado el referido concepto de violación hecho valer por la parte quejosa. Para evidenciar tal aserto, primeramente es importante destacar que el principio de "interés superior del niño" se define como una obligación del Estado que se traduce en que, cuando una autoridad tome una decisión que pueda involucrar a las y los menores o adolescentes, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no los que los conculquen. Tal principio no se circunscribe a "inspirar" a las autoridades sino que es una limitación, obligación o prescripción de carácter imperativo a todas las autoridades, el cual se encuentra reconocido por el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada en Nueva York el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, ratificada por México el diez de agosto de mil novecientos noventa y publicada en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, que dice: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.(.)." Tal convención también contempla una serie de derechos específicos para los menores, entre los cuales destaca el derecho a conocer a sus padres y, en lo posible, a ser cuidado por éstos, a no ser separado de sus progenitores; que en caso de que ambos vivan en sitios distintos, deberá adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño y procurar que esté en contacto con ambos de modo regular, incluida la familia ampliada, salvo cuando esto sea contrario a su interés superior. Así se advierte en los siguientes artículos: "Artículo 5 Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención." "Artículo 7 1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. (...)" "Artículo 8 1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. (..) "Artículo 9 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. (.)" "Artículo 12 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional." "Artículo 16 1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques." "Artículo 18 1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. 2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. (.)" Por su parte, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 4o. (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. (.)" De las transcripciones anteriores, se sigue que la separación respecto a su núcleo familiar debe encontrarse debidamente justificada y preferentemente tener una duración temporal, de manera que cuando hubieran cesado las circunstancias que la motivaron sea devuelto a sus padres; esto es, la separación deberá ser excepcional y preferentemente temporal. Todavía más, de la interpretación armónica del pacto internacional y la Carta Magna se concluye que en caso de la separación del menor con alguno de sus padres, ante todo debe prevalecer el interés superior del niño y observarse las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo psicológico y emocional, para cuyo efecto, por lo general, resulta necesaria la convivencia con ambos ascendientes, siempre que no exista algún factor grave que ponga en riesgo su seguridad y adecuado desarrollo. Al respecto, se advierte además el derecho del menor a la convivencia no sólo con sus progenitores, sino con los demás parientes que formen parte de su entorno familiar, es decir, se prevé la existencia de la familia ampliada, en la que debe comprenderse al padre, la madre, los hermanos, los abuelos, etcétera. Entonces, en virtud a que los menores tienen derecho a tener relaciones familiares, las cuales solo pueden ser restringidas de manera justificada, se debe examinar la manera de generar situaciones o circunstancias que afiancen su desarrollo, dignidad y respeto a sus derechos, de modo que se garantice un entorno de seguridad, afecto y salud, que les permita realizarse como personas. Justamente, por tratarse de un derecho humano, dirigido principalmente a los menores, aunque también favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes conforman dicho grupo, cuando éstos lo pretenden ejercer, a través de la vía judicial, el interés que debe privilegiarse es el del menor, sobre la base de que se aseguren su desarrollo y dignidad, por lo que se justifica el dictado de las medidas judiciales que correspondan para que su goce no sea ilusorio, insuficiente o ineficaz cuando se llegue a decidir la litis en definitiva. Por tal motivo, el Estado y en específico los órganos jurisdiccionales de cualquier materia, están obligados a dictar todas las medidas necesarias, a fin de garantizar el real disfrute de ese derecho, ya que la familia es el grupo fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños. En efecto, corresponde a todos los órganos jurisdiccionales del Estado garantizar que los derechos relacionados con la salud física y de autonomía, como los referidos a la vinculación afectiva, interacción con adultos y niños y educación no formal no se restrinjan, desconozcan o se impida su realización, por lo que deben tomar todo tipo de medidas que garanticen el interés superior del menor, como las relativas a asegurar el derecho de los niños y las niñas a la convivencia y vinculación afectiva con sus padres, o bien, con los miembros de la familia. Así, las autoridades deben privilegiar el derecho de los menores a convivir con ambos progenitores, pues de acuerdo con el pacto internacional aludido, los Estados Partes deberán respetar el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres, a mantener relaciones personales y el contacto directo con ellos e incluso con la familia extensa de modo regular, salvo si ello, se insiste, es contrario al interés superior del niño. En ese orden de ideas, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reitera esencialmente los principios reconocidos en la convención: "Artículo 18. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio." "Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio de las medidas cautelares y de protección que se dicten por las autoridades competentes en los procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y adolescentes." "Artículo 73. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan, en los términos señalados por el Capítulo Décimo Octavo." "Artículo 74. Niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a que las diferentes instancias gubernamentales, en los tres órdenes de gobierno, les informen de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta su solicitud." Luego, en la jurisprudencia 1a./J.44/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que para determinar cuál es el interés superior del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las posibles circunstancias que lo envuelven. Además, que es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) Se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales. b) Se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento. c) Se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Tal criterio es visible en la página 270, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006593 de rubro y texto: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS ". En las condiciones apuntadas, debe concluirse que toda contienda judicial en la que se vean involucrados derechos inherentes a menores de edad, debe resolverse sin desatender un principio básico: el interés superior del niño, conforme lo disponen la Constitución Federal, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Caso en particular. Como ya se precisó, inicialmente ***** demandó diversas prestaciones a *****, entre ellas, la guarda y custodia provisional del menor *****; sin embargo, en audiencia de veintitrés de mayo de dos mil veintidós dichas partes procesales, acordaron, en lo que interesa, que la guarda y custodia definitiva del menor ***** fuera compartida y que el régimen de convivencias se llevaría a cabo para ***** de lunes a viernes hasta las catorce horas con treinta minutos del viernes, en tanto que para el progenitor de viernes a partir de las catorce horas con treinta minutos hasta las dieciocho horas del día domingo. Con posterioridad, el dieciocho de abril de dos mil veintitrés ***** compareció espontáneamente ante la autoridad responsable a fin de solicitar se dictaran las medidas necesarias a fin de salvaguardar la integridad de su menor hijo, por los hechos relativos a la violencia que sufrió, ya que dijo que: - Su padre, el señor ***** (abuelo del menor) denunció hechos probablemente constitutivos del delito de violencia familiar en agravio del menor ***** - El veintiuno de marzo de dos mil veintitrés la maestra de su hijo, de nombre ***** del Preescolar *****, le manifestó que su hijo ha llegado golpeado, que había faltado a la escuela y que cuando asistió ella lo quiso abrazar y ese menor se quejó de dolor; al revisarlo le encontró un moretón en su vientre. También, le manifestó que no le mandan de comer (lunch) y que se ha orinado incluso en el salón. - Precisó que la maestra al hablar con el padrastro de su hijo, el señor *****, él le manifestó que ese menor debía tener una educación militar, por lo que ella no aguantó más y le comunicó todo esto, ya que, incluso, el señor ***** funge como tutor de su menor hijo en la escuela, por lo que ante estos hechos se alarmó. - Refirió que la vecina donde vive su hijo le manifestó ser testigo del maltrato de su hijo; que en ocasiones lo sacan al sol y lo dejan en una silla sentado por un lapso de tiempo y luego ya lo meten; en ocasiones lo dejan afuera y que se la pasa sentado llorando por treinta minutos. Por otro lado, de la diligencia ya referida la progenitora ***** manifestó, en lo conducente: - En su domicilio han acordado llevar una disciplina positiva y crianza positiva, la cual buscó en Internet, para apoyarse en la educación de su menor hijo, la cual se basa en límites no violentos, meditación, entre otros métodos. - Dijo que respecto a que el menor ***** sufrió golpes, era verdad que le impuso un correctivo con motivo que tomó dinero en la escuela y fue la primera y última vez que utilizó ese correctivo. - Que después de haber platicado con la maestra de su hijo, y al saber la inconformidad porque fuera su esposo, empezó a ir por él. Ahora, en la audiencia de carácter familiar de diecinueve de junio de dos mil veintitrés celebrado en el expediente *****: - Se presentó el licenciado *****, perito en materia de psicología, quien, previa intervención y discernimiento del cargo, y entrevista del menor ***** (con edad aproximada de cinco años, como se aprecia del acta de nacimiento digitalizada), concluyó que por la edad cronológica del niño y su desarrollo era posible que dicha escucha no tenga el alcance pretendido a fin de que manifestara su dinámica familiar y su interacción con sus figuras. - Por lo anterior, se realizó una plática con las partes en donde se les hizo saber la posibilidad de dirimir dicho conflicto mediante convenio sin advertir ese resultado. - Por ese motivo, la responsable determinó de manera oficiosa dictar las medidas pertinentes para proteger el interés superior del menor *****, y ponderó la opinión del perito en psicología emitida en la diligencia reclamada, así como el análisis judicial del expediente. -Citó los fundamentos legales y criterios relevantes a fin de justificar su actuar conforme al interés superior del niño. - Así, reiteró el resguardo del menor de edad de iniciales ***** a favor de su progenitor *****; además, estableció como medida de convivencia de ese menor y su progenitora ***** cada fin de semana, iniciando el viernes a partir de cada semana a partir de las dieciséis horas hasta las dieciocho horas del día domingo. Como se puede apreciar, la autoridad responsable determinó el cambio de resguardo del menor de edad de iniciales ***** a favor de su progenitor *****, con base en la narrativa contenida en su opinión, en relación con lo determinado por el perito en psicología y las manifestaciones de *****, esencialmente, relativa a los hechos violentos a manera de correctivos, propinados al menor ***** Al respecto, es verdad que la labor de educar a los menores de edad implica que los padres o cuidadores tienen el deber de corregir a los hijos, en un marco de respeto a la dignidad y derechos de la niñez, de manera que no puede utilizarse como medio de disciplina, actos de violencia en cualquiera de sus clases, física, psicoemocional, económica y sexual, porque no se justifican como forma de educación o formación hacia los menores de edad, ya que cualquier acto de violencia atenta contra la dignidad humana e integridad personal del niño, niña o adolescente. Cabe destacar que, conforme a la Observación General No. 8 del Comité de Derechos de los Niños, el principio de protección de los niños contra la agresión, incluida la que tiene lugar en la familia, no significa que en todos los casos en que salga a la luz el castigo corporal de los infantes por sus padres, ello tenga que traducirse necesariamente en el enjuiciamiento de éstos, o en la intervención oficial de la familia, pues, conforme al principio de "minimis", las agresiones de menor cuantía no conducirán a esos resultados de enjuiciamiento o intervención, ya que el objetivo es poner fin al empleo de la violencia por parte de los padres hacia los hijos, mediante intervenciones de apoyo y educativas, no punitivas, y en la mayoría de los casos, no es probable que el enjuiciamiento de los padres o la intervención oficial de la familia, redunde en el interés superior de los menores de edad. Es decir, las medidas deben tener lugar sólo cuando se considere necesario para proteger al niño contra algún daño importante y cuando vaya en el interés superior del menor de edad afectado. En ese mismo contexto, en la Observación General No. 13 dicho Comité señaló que "la frecuencia", "la gravedad del daño" y "la intención de causar daño", no son elementos exigibles para poder considerar que se actualicen actos de violencia contra el menor de edad, pero pueden ser tenidos en cuenta como factores para establecer cuál debe ser la estrategia de intervención más eficaz, a fin de dar respuestas proporcionales que tengan en cuenta el interés superior del menor de edad. A partir de lo anterior, el máximo Tribunal del país consideró que ante situaciones familiares que involucren actos de violencia física contra los menores de edad, los juzgadores están constreñidos a ponderar todas las circunstancias y elementos del caso, para decidir de qué manera esos eventos de violencia pueden incidir en la decisión sobre la asignación de la guarda y custodia, sin perder de vista que en todo momento se debe buscar el mayor beneficio de los menores de edad, conforme a su interés superior. Apoya dichas consideraciones, la tesis 1a. L/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con digital 2022437, que dice: "CASTIGOS CORPORALES. SU INCIDENCIA EN LA ASIGNACION DE LA GUARDA Y CUSTODIA, SE DEBE DETERMINAR EN CADA CASO, EN FUNCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DE EDAD ". Así, se estima que la juzgadora de origen estableció una medida correcta en beneficio del menor, al haber determinado que provisionalmente el progenitor debería ostentar su custodia provisional, ya que se guió de las actuaciones y manifestaciones que obran en el juicio natural. Más aún que de la narrativa del menor realizada ante el agente del Ministerio adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, asistido de la psicóloga adscrita a la misma y de su progenitor manifestó hechos relativos a la violencia física con el esposo actual de su progenitora; aspecto que será dilucidado sobre su veracidad únicamente a través del trámite incidental de la modificación del convenio, y con las pruebas que aporten las partes procesales. Por tanto, se considera apegada a derecho la determinación que optó de manera provisional la autoridad responsable, por reiterar el resguardo del menor de edad de iniciales ***** a favor de su progenitor *****; pues en apego al principio del interés superior del menor, y a fin de no afectar su sano desarrollo, estableció como medida de convivencia de ese menor y su progenitora ***** cada fin de semana, iniciando el viernes a partir de las dieciséis horas hasta las dieciocho horas del día domingo, haciendo uso de un estándar de riesgo, según el cual debe tomarse la decisión que genere la menor probabilidad de que los menores sufran daños. Así, es válido concluir que la autoridad responsable ponderó el interés superior de la infancia, pues provisionalmente autorizó el resguardo del menor antes citado a favor de su progenitor *****; sin embargo, determinó una medida de convivencia entre el menor y su progenitora. Sin que pase desapercibido que la quejosa refiera que no se consideró que el padre del menor trabaja catorce días continuo por catorce días de descanso, pues, como ya se dijo, la medida otorgada en la audiencia combatida es de carácter provisional, ya que tal aspecto será materia de estudio en la resolución definitiva, en la cual la autoridad responsable deberá ponderar esa circunstancia concatenado con las demás probanzas a la que se allegue. Por todo lo expuesto, se estima infundado el concepto de violación formulado por la parte quejosa; por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita. NOVENO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, por propio derecho y en representación del menor de iniciales *****, contra los actos reclamados a la secretaria encargada del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, consistentes en: I. El auto de veinticinco de abril del año en curso, en el que se admitió el incidente de modificación de cláusulas del convenio de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, celebrado en el expediente familiar ***** de su índice. II. La determinación adoptada en auto de veinticinco de abril del año en curso, en el cual se decretó el resguardo del menor de edad de iniciales ***** a favor de su progenitor *****. Por los motivos expuestos en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a *****, por propio derecho y en representación del menor de iniciales *****, contra el acto reclamado a la secretaria encargada del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, consistente en: III. La audiencia de carácter familiar de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, celebrada en el expediente *****, de su índice, en el cual se reiteró el resguardo del menor de edad de iniciales ***** a favor de su progenitor ***** y estableció como medida de convivencia de ese menor y su progenitora ***** cada fin de semana, iniciando el viernes a partir de las dieciséis horas hasta las dieciocho horas del día domingo. Por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando octavo de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Dos firmas ilegibles".
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