Dayro Daniel Díaz Jiménez

Expediente 766/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
766/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/07/2022

Partes del expediente

  • Dayro Daniel Díaz Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    "...CAUSA ESTADO Y SE ORDENA ARCHIVO DEFINITIVO..." .

  2. Principal

    SE RECIBE OFICIO Y ANEXO EXPEDIENTE... SE ORDENA NOTIFICACION POR LISTA...

  3. Principal

    Se da cuenta con razón actuarial y se requiere a autoridad por copia certificada de constancias...

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION III, DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA EN VIA DE NOTIFICACION PERSONAL A LOS QUEJOSOS, EL SIGUIENTE: Auto. Hermosillo, Sonora, diez de junio de dos mil veintidós. Personería: Se tiene por recibido el escrito presentado por Dayro Daniel Díaz Jiménez, Aramis Calderin Ruenes y Dayro Ortelio Díaz Ruenes, por su propio derecho, a través del cual promueven juicio de amparo contra actos del Titular del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Formación y registro del expediente: En consecuencia, se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 766/2022, y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento: Ahora bien, en el caso que nos ocupa procede desechar la demanda de amparo con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los artículos 5 fracción I y 6 de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 5 y 6 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", el cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión, que a su consideración vulnere los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, el principio de "instancia de parte agraviada" que impera en el juicio de amparo significa que sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo, por lo que únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. Ahora, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo es improcedente cuando tal causa derive de alguna disposición constitucional o de la propia ley. En relación con lo anterior, de los artículos 5 y 6 de la Ley de la materia, se aprecia en lo que interesa que es parte en el juicio de amparo la parte quejosa, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y con ello se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, el cual señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, por su apoderado o cualquier persona en los casos previstos por la ley. Lo anterior es así, pues el artículo 107, fracción I, Constitucional, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por lo que, debe relacionarse con el artículo 3° de la Ley de Amparo, pues dispone que en el juicio constitucional, por regla general, las promociones deberán hacerse por escrito y será optativo para el promovente presentarlo en forma impresa o electrónicamente, asimismo que cuando decide presentarla en forma electrónica, deberá hacerlo mediante el empleo de la firma electrónica, el cual se considera conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Asimismo, el referido numeral dispone que no se requerirá de la firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Además, conforme al artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, por su apoderado o, en los casos previstos en propia ley de la materia, como son los contemplados en su artículo 15, podrá promoverse por cualquier persona. El artículo 109 de la Ley de Amparo establece que en aquellos casos en que se promueva el amparo en términos del artículo 15 del ordenamiento legal en cita, por medios electrónicos no se requerirá de firma electrónica. Por su parte, el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite el expediente electrónico, y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de doce de junio de dos mil veinte, regula las reglas y mecánicas de los servicios electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal, para la presentación de las demandas, solicitudes y escritos iniciales, envío de promociones y recursos, acceso y consulta de expediente electrónico, esto es, regula, entre otros, la operatividad del artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con el sistema electrónico para la presentación de las demandas. Luego, de la interpretación sistemática de lo previsto en los numerales 9, 14, 16, 17, 42 y 45 del citado Acuerdo General 12/2020, en relación con la Ley de Amparo, se advierte que la regla general para la promoción del juicio de amparo realizada a través del Portal de Servicios en Línea electrónicamente, será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad para el Control de Certificación de Firmas del Consejo de la Judicatura Federal. Que el Portal de Servicios en línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar entre otros, las demandas de amparo. Esto porque se visualiza como excepción para el registro en el Portal de Servicios en Línea tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como actos reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, los promoventes que estén en dicho supuesto, no se les exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo se firme electrónicamente, para lo cual, dentro del Portal de Servicios en Línea existe una opción especial para ingresar las demandas de este tipo. Es decir, para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica que no estén en los supuestos de excepción antes señalados los promoventes ya registrados conforme a las reglas establecidas en el propio Acuerdo General 12/2020, deberán ingresar al Portal de Servicios en Línea, con su nombre de usuario y contraseña, o con su firma electrónica vigente. De lo anterior se puede concluir que la demanda de amparo puede ser presentada por una persona diversa al quejoso, aun ante la falta de firma electrónica, cuando se encuentre imposibilitado para presentarla, siempre y cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales), así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Por ende, en el caso, también resulta necesario establecer la naturaleza del acto reclamado, para determinar si el promovente se encuentra o no en el supuesto de excepción para que su demanda de amparo pueda ser promovida sin la firma electrónica de este último, en términos de lo dispuesto en los artículos 3 y 109, de la Ley de Amparo, así como el 17 del Acuerdo General 12/020, antes transcritos. En el caso, el escrito de demanda no contiene firma autógrafa ni electrónica y del mismo se desprende que el acto reclamado es el siguiente: "Que el día miércoles 1° de junio del año 2022, aproximadamente en horario de las 9 de la mañana de fuimos detenidos de manera ilegal, por elementos del Instituto Nacional de Migración, en un Reten del estado de Sonora y luego trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración la ciudad de Hermosillo, Sonora, ESTAMOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD, SOLICITAMOS QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE NOS DEJE EN INMEDIATA LIBERTAD, TODA VEZ QUE ESTAMOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SIN HABER COMETIDO UN DELITO Y QUE EL ARRESTO O DETENCIÓN NO DEBERÁ EXCEDER MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS." Como se advierte el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, pues se trata de una detención con motivo del procedimiento administrativo migratorio instaurado a los quejosos en virtud de la presunta ilegalidad de su estado migratorio. Asimismo, de la redacción de la demanda tampoco se advierte que los quejosos tengan alguna imposibilidad para firmar el escrito de demanda, pues no manifiestan que se encuentren incomunicados en las instalaciones de la Estación Migratoria donde se encuentran detenidos. Aunado a que, es un hecho notorio para este juzgador que el día siete de junio de dos mil veintidós, se presentó ante este Juzgado, vía electrónica, diversa demanda de amparo por el mismo acto reclamado y otros, en representación de los aquí quejosos en virtud de la supuesta incomunicación de la que estaban siendo objeto, sin embargo, no ratificaron dicho escrito de demanda ante la presencia judicial. Sin que en el caso el suscrito juzgador considere procedente prevenir a la parte quejosa en términos del precepto 114 de la Ley de Amparo, pues la posibilidad de presentar una demanda por la vía electrónica, no implica soslayar el principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción 1 Constitucional y 6 de la Ley de Amparo, pues con cómo se asentó, el acto reclamado no corresponde a aquellos establecidos en los artículos 15 de la ley de la materia y 22 de la Carta Magna. Consecuentemente, tal como se adelantó, en el caso, se desecha de plano la demanda de amparo al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 3, 5, 6, de la ley de amparo, y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aquella no contiene firma electrónica de los directos quejosos. Sirve de apoyo la jurisprudencia por contradicción P/J.8/2019, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del tenor: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una , cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Autorizados: Se autoriza únicamente para recibir notificaciones y consultar el expediente en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo a Maglio Obed Pérez Velázquez, Pedro Hernández Salvador, Manuel Antonio Magaña Jiménez, Lázaro Torruco Guzmán y Jesús Gabriel Landero Cruz, hasta en tanto acrediten que cuenta con cedula profesional que los faculte para ejercer la abogacía. Del mismo modo, en términos del artículo 22 fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-192, se tiene por señalado el correo electrónico juridicoprdtab@hotmail.com, así como el número telefónico 55 87 27 65 92, a fin de entablar comunicaciones no procesales dentro del presente juicio. Habilitación de días y horas: De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. Transparencia: En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Se exhorta a las partes: De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, dado que el presente juicio fue promovido de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se les invita a que, de estimarlo pertinente, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Digitalización del expediente: En cumplimiento artículo 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de forma tal que el expediente físico y el electrónico deberán contener las mismas constancias y documentos, guardando idéntico orden cronológico. Finalmente, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que realice las notificaciones ordenadas, conforme al capítulo IV de la Ley de Amparo, así como del numeral 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar donde se encuentran detenidos.

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