Dayanna Arias Fonseca
Expediente 843/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Dayanna Arias Fonseca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
1. Razón actuarial. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad del actuario judicial adscrito para llevar a cabo la notificación de la quejosa ..., del auto de veintidós de julio del año en curso, por las causas ahí expuestas. 1.2 Acuerdo. De lo informado al actuario por parte de la Representante Local del Instituto Nacional de Migración, se advierte que la quejosa Dayanna Arias Fonseca fue puesta en libertad desde el veintidós de julio de dos mil veintidós. Lo anterior permite considerar válidamente la presunción de que la aquí quejosa ya no se encuentra retenida o alojada a disposición de las autoridades migratorias de este país, lo que implica que no continúa restringida en su libertad, indicativo de que pudo haber retornado a su país de origen por así haberlo solicitado, o bien, se haya dirigido a otro destino en su ruta migratoria. 2. Improcedencia de oficio. En mérito de lo expuesto, este órgano de justicia advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado por la quejosa, consistente en su privación de la libertad con fines de deportación. 2.1 Premisas argumentativas. El citado precepto legal establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, que se configura cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no dejó huella alguna. Lo que en el caso acontece, en virtud de que el aseguramiento migratorio que regía en contra de la quejosa dejó de existir, en virtud de que la quejosa Dayanna Arias Fonseca fue puesta en libertad por la autoridad migratoria desde el veintidós de julio de dos mil veintidós. 3. Sobreseimiento fuera de audiencia. Al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente conforme a derecho es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. 3.1 Anotaciones. Por lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Las anotaciones correspondientes en el libro electrónico e impreso deberán realizarse de inmediato. 4. Firmeza del proveído. Ahora bien, resulta claro que la parte quejosa no recurrirá esta determinación; por ello, se declara firme el presente acuerdo que decreta el sobreseimiento del juicio. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que el asunto se sobreseyó fuera de audiencia ante el desistimiento de la parte quejosa, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL
- Principal
1. Informe de suspensión de plano. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, mediante el cual rinde informe de suspensión de plano. 1.1 Acuerdo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido informe, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes.
- Principal
. 1. Constancia de notificación. Vista la constancia de notificación de cuenta, se advierte que la quejosa ...tificó la demanda de amparo que se promovió a su favor. 1.1 Inexistencia de actos crueles e inhumanos. Asimismo, el Actuario adscrito hizo constar que la quejosa manifestó que no fue golpeada ni maltratada y no se advierten huellas de violencia en su persona; por tal motivo, al manifestar expresamente que no existieron los citados actos, desde este momento los mismos quedan fuera de la litis constitucional planteada, siguiéndose el trámite únicamente por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la detención con fines de deportación. 2. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo que se promovió a favor de Dayanna Arias Fonseca, contra actos del Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza. 3. Exhorto a las partes de tramitar el juicio en línea. En atención a lo dispuesto por los artículos 22, fracción I, y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas, brindadas por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de juicio en línea, hasta su conclusión. 4. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Asimismo, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II del citado Acuerdo General. 5. Ministerio Público. En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 6. Señalamiento de autoridad. Se tiene como autoridad responsable al Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza. 7. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del momento en que reciba la notificación del presente proveído y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. En caso de que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asiente la razón en sentido de no poder entregar el oficio de emplazamiento respectivo, se ordenará que la parte quejosa manifieste la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, con el apercibimiento que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. 7.1 Correo electrónico oficial. A fin de respetar los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia, así como del acceso a la misma, con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable se sirva proporcionar correo electrónico oficial al momento de rendir su informe justificado, con la finalidad de establecer comunicación entre la dependencia que representa y este órgano jurisdiccional, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, simplificando y agilizando los juicios en beneficio de las personas justiciables. 8. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 9. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y el Secretario hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará a la parte promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 10. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI, y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos. 11. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. No habrá necesidad de emitir oficios a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576].
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