Dayani Vargas Hilerio
Expediente 542/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 542/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/05/2017
Partes del expediente
- Dayani Vargas Hilerio
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez. Atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante informando que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto, registrándolo con el número 845/2017-II-B; asimismo, acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes. Por tanto, al no existir acuerdo pendiente que proveer, ni diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo, del citado Acuerdo General conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de abril de dos mil diecisiete. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 542/2017-1-B. INCOMPETENCIA Atento a lo anterior, agréguese a los autos la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, contra actos de la siguiente autoridad responsable:1. Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Tonalá, Chiapas. Ahora bien, este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal . Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b) La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 3a. XLIX/93 , sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión 'a prevención' que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto." Así, para determinar la competencia en el caso concreto, hay que atender estos aspectos: i. Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. ii. Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. iii. Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la negativa de dictar la resolución interlocutoria correspondiente al incidente de nulidad de actuaciones que fue presentado por la demandada en el juicio laboral J/O/105/2016, del índice de la responsable. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Tonalá, Chiapas, si bien es denominado por la parte quejosa como una omisión, lo cierto es que tiene repercusión dentro del propio expediente relativo al juicio laboral que entabló ante dicha autoridad responsable, y por consiguiente, tiene efectos positivos que se materializan en el ámbito de su actuación al tener consecuencias dentro del propio juicio, siendo que se encuentra domiciliada en aquélla jurisdicción; luego, la competencia recae en el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde la autoridad laboral responsable se ubica, pues las consecuencias de los actos omisivos que se reclaman solo tendrán verificativo en aquélla demarcación, lo que enmarca en la hipótesis que prevé el primer párrafo del mencionado dispositivo 37 de la ley de la materia, al establecer que es competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución. Es decir, en el caso, la quejosa acude a esta potestad federal a reclamar de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Tonalá, Chiapas, la omisión de dictar la resolución interlocutoria relativa al incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada en el juicio de origen; lo que implica que se trate de actos que traen consigo efectos positivos y que se materializarán dentro de las actuaciones que se desahogan en el expediente en materia laboral condigno. Para reafirmar que corresponde conocer de la demanda de amparo al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deban ejecutarse aquéllos actos, debe decirse que, se debe armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, cuando resulta insuficiente una interpretación estrictamente literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior porque, el párrafo tercero del dispositivo 37 en cita, establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al emanar de un procedimiento -como en la especie, dentro de un juicio en materia laboral- aunque no contengan una ejecución material de manera directa e inmediata, sí tienen efectos positivos, ya que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad a quien se atribuye dicho acto y lleva el indicado asunto. Además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por lo tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se encuentre paralizado el procedimiento de origen, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta, debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cuál dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución. Esto lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento que no requieran ejecución material. Se reitera, la omisión reclamada tiene efectos positivos dentro del propio juicio laboral entablado por la aquí quejosa, pues si bien es verdad que el acto no deriva propiamente en la continuación del procedimiento de mérito, también lo es que la actuación omisa de la autoridad en materia del trabajo señalada como responsable, la parte quejosa seguirá resintiendo en su esfera jurídica la incertidumbre a su derecho de una pronta impartición de justicia, ya que corresponde a la autoridad responsable dar cumplimiento a lo reclamado, en su caso, a los términos legalmente previstos para la continuación del juicio puesto a su consideración, lo que indefectiblemente tiene obvias repercusiones en el indicado expediente; en consecuencia, corresponde conocer de la demanda de amparo al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deban ejecutarse aquéllos, acorde con la regla que en materia de competencia prevé el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Apoya esta conclusión, por analogía de circunstancias, la tesis VII.1o.C.2 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, página 1107, que dice: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMEN ACTOS NEGATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE NO REQUIERAN EJECUCIÓN MATERIAL. Para armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, resulta insuficiente una interpretación literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emitió y lleva el juicio; además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material. En tales condiciones, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa al Juez de Distrito en turno en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, a quien se considera competente para conocer del asunto, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, a fin de que se tramite hasta su resolución. Asimismo, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada, solicitando de no existir inconveniente legal alguno, remita el mismo, vía fax al número telefónico 01-961-61-7-02-07, extensión 1170, o bien, al correo electrónico institucional 7jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx; fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, para los mismos efectos, con fundamento en el artículo 24 segundo párrafo de la ley de la materia, se tiene por autorizados de la parte quejosa a ***, por así haberlo solicitado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de abril de dos mil diecisiete. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 542/2017-1-B. INCOMPETENCIA Atento a lo anterior, agréguese a los autos la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, contra actos de la siguiente autoridad responsable:1. Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Tonalá, Chiapas. Ahora bien, este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal . Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b) La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 3a. XLIX/93 , sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión 'a prevención' que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto." Así, para determinar la competencia en el caso concreto, hay que atender estos aspectos: i. Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. ii. Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. iii. Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la negativa de dictar la resolución interlocutoria correspondiente al incidente de nulidad de actuaciones que fue presentado por la demandada en el juicio laboral J/O/105/2016, del índice de la responsable. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Tonalá, Chiapas, si bien es denominado por la parte quejosa como una omisión, lo cierto es que tiene repercusión dentro del propio expediente relativo al juicio laboral que entabló ante dicha autoridad responsable, y por consiguiente, tiene efectos positivos que se materializan en el ámbito de su actuación al tener consecuencias dentro del propio juicio, siendo que se encuentra domiciliada en aquélla jurisdicción; luego, la competencia recae en el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde la autoridad laboral responsable se ubica, pues las consecuencias de los actos omisivos que se reclaman solo tendrán verificativo en aquélla demarcación, lo que enmarca en la hipótesis que prevé el primer párrafo del mencionado dispositivo 37 de la ley de la materia, al establecer que es competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución. Es decir, en el caso, la quejosa acude a esta potestad federal a reclamar de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Tonalá, Chiapas, la omisión de dictar la resolución interlocutoria relativa al incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada en el juicio de origen; lo que implica que se trate de actos que traen consigo efectos positivos y que se materializarán dentro de las actuaciones que se desahogan en el expediente en materia laboral condigno. Para reafirmar que corresponde conocer de la demanda de amparo al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deban ejecutarse aquéllos actos, debe decirse que, se debe armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, cuando resulta insuficiente una interpretación estrictamente literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior porque, el párrafo tercero del dispositivo 37 en cita, establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al emanar de un procedimiento -como en la especie, dentro de un juicio en materia laboral- aunque no contengan una ejecución material de manera directa e inmediata, sí tienen efectos positivos, ya que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad a quien se atribuye dicho acto y lleva el indicado asunto. Además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por lo tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se encuentre paralizado el procedimiento de origen, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta, debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cuál dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución. Esto lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento que no requieran ejecución material. Se reitera, la omisión reclamada tiene efectos positivos dentro del propio juicio laboral entablado por la aquí quejosa, pues si bien es verdad que el acto no deriva propiamente en la continuación del procedimiento de mérito, también lo es que la actuación omisa de la autoridad en materia del trabajo señalada como responsable, la parte quejosa seguirá resintiendo en su esfera jurídica la incertidumbre a su derecho de una pronta impartición de justicia, ya que corresponde a la autoridad responsable dar cumplimiento a lo reclamado, en su caso, a los términos legalmente previstos para la continuación del juicio puesto a su consideración, lo que indefectiblemente tiene obvias repercusiones en el indicado expediente; en consecuencia, corresponde conocer de la demanda de amparo al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deban ejecutarse aquéllos, acorde con la regla que en materia de competencia prevé el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Apoya esta conclusión, por analogía de circunstancias, la tesis VII.1o.C.2 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, página 1107, que dice: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMEN ACTOS NEGATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE NO REQUIERAN EJECUCIÓN MATERIAL. Para armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, resulta insuficiente una interpretación literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emitió y lleva el juicio; además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material. En tales condiciones, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa al Juez de Distrito en turno en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, a quien se considera competente para conocer del asunto, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, a fin de que se tramite hasta su resolución. Asimismo, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada, solicitando de no existir inconveniente legal alguno, remita el mismo, vía fax al número telefónico 01-961-61-7-02-07, extensión 1170, o bien, al correo electrónico institucional 7jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx; fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, para los mismos efectos, con fundamento en el artículo 24 segundo párrafo de la ley de la materia, se tiene por autorizados de la parte quejosa a ***, por así haberlo solicitado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
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