Dayani Abril Lavielle Olvera

Expediente 594/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
594/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Dayani Abril Lavielle Olvera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución de veinte de julio de dos mil veintitrés, dictada en la queja civil 196/2023 de su índice, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por NORMA JASMIN HERNANDEZ CATALÁN, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por la quejosa DAYANI ABRIL LAVIELLE OLVERA, contra el auto dictado el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; en el expediente de amparo indirecto 594/2023-VII, de su índice." De lo anterior se toma debido conocimiento para los efectos legales conducentes. Acúsese recibo. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas; archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV de esa normatividad. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio con evidencia criptográfica de la Actuaria Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el que informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa Dayani Abril..., contra el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, mismo que radicó con el número 196/2023; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito con evidencia criptográfica de Norma Jasmín Hernández..., autorizada en términos amplios por la parte quejosa Dayani Abril Lavielle..., mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto dictado el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, rindo informe expresando que es cierto que este Juzgado Federal dictó el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda. En ese tenor, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común respectiva la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, remítase a la Superioridad tal oficio y boleta de turno de manera digitalizada. En el entendido que se pone a su disposición el expediente electrónico del presente sumario a fin de que esté en posibilidades de substanciar el recurso en cuestión; por tanto, una vez que se cuente con dicha papeleta de turno relativa al medio de impugnación, sin ulterior acuerdo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 3 y 26 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", adicionado por el diverso "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo", aprobado el trece de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, se instruye al oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado Federal, así como a la sección de actuaría para que así se pueda visualizar la totalidad de las constancias que lo integran, garantizando tanto la vinculación del expediente electrónico, como la actualización de los datos de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en observancia al referido Acuerdo General. No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento que en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00, extensión 1238. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. DESAHOGO Agréguese a los autos el escrito signado por Dayani Abril Lavielle Olvera, por derecho propio y quien se ostenta como representante del menor de iniciales reservadas A.D.C.L., por medio del cual desahoga la prevención formulada por auto de diecisiete de mayo del año en curso. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: -La resolución de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado Tercero Familiar con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, al resolver el recurso de revocación, que confirmó el auto de veintisiete de marzo de este año, emitido en el expediente 608/2020 de su índice. DESECHAMIENTO Por tanto, respecto al acto reclamado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Lo anterior, debido a que, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio constitucional indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado tutelados por la Constitución Federal, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Ahora, como quedó apuntado, la parte agraviada reclama la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado Tercero Familiar con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, al resolver el recurso de revocación que confirmó el auto de veintisiete de marzo de este año, emitido en el expediente 608/2020 de su índice; acuerdo en el que determinó dejar de recibir en perjuicio de Dayani Abril Lavielle Olvera, la valoración psicológica de la abuela materna del menor (Perla Mireya Olvera González), como red de apoyo de la progenitora, al hacer efectivo el apercibimiento de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, al no tener por justificada su inasistencia, para la práctica de los estudios pertinentes. Sin embargo, pese a lo sostenido por la promovente, con la emisión del auto impugnado no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo, en razón que las consecuencias de éste, no tienen injerencia sobre de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la intimidad, la libertad, la propiedad, etcétera; por el contrario, la única consecuencia que conlleva la actuación de la responsable radica en la continuación de la controversia, así como en prescindir de la valoración psicológica de Perla Mireya Olvera González, aspecto que no genera de manera inmediata y actual la transgresión de algún derecho fundamental, ni mucho menos, interfiere en el desahogo de las pruebas que fueron admitidas en la contienda principal y que serán materia de estudio de fondo. Además, los perjuicios que pudiera irrogar la determinación combatida podrán ser reparados en la sentencia que llegue a dictarse en el procedimiento de origen, en el cual se pondrá de manifiesto, en todo caso, si las infracciones que ahora argumenta la parte impetrante le deparan o no algún perjuicio, pues pudiera darse el caso que el juzgado responsable dictara fallo a su favor, o en su defecto, podrá hacer valer como conceptos de violación los actos procesales que aquí reclama al momento de impugnar dicha resolución en amparo directo, conforme lo establecido por el artículo 172 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." Igualmente, se invoca por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia P./J. 38/2001 (9a.) del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio." En lo conducente, la jurisprudencia P./J. 24/92, emita por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, agosto de 1992, página 11, octava época, de rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Así como a contrario sensu, la jurisprudencia 1a./J. 17/2003, registro 184431, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA." De modo que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente. No se inadvierte que en la resolución del recurso de revocación el juzgado responsable haya apuntado ".sin que esto equivalga como lo pretende hacer valer DAYANI ABRIL LAVIELLE OLVERA, a un desechamiento de la prueba pericial en psicología, pues finalmente se ha cumplido en cuanto a su desahogo en lo concerniente a las partes y a las redes de apoyo que pudieron comparecer para ser valoradas.y sin que equivalga a prejuzgar, la abuela materna PERLA MIREYA OLVERA GONZÁLEZ, tenga una salud disminuida, no sería propicia para el cuidado.sino el hecho de retraso donde están involucrados los derechos de los niños.lo cierto es que la impugnante, en reiteradas ocasiones se abstiene de presentar a su red de apoyo por circunstancias de salud."; pues también en dicha resolución mencionó que la valoración de las partes (progenitores) es para conocer el perfil psicológico de personalidad y con ello establecer cuál de los progenitores es el más apto para determinar la guarda y custodia de su hijo, y qué ambiente es el más propicio para su sano desarrollo integral, por lo que se insiste, el hecho de que no se valore psicológicamente, en este momento, a la abuela materna del menor, no genera desde luego, una afectación de imposible reparación. Máxime que la cuestión atinente a la guarda y custodia en su caso, será motivo de análisis en la determinación que resuelva el controvertido de origen pues incluso, en el auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado responsable, precisó que se debe continuar con el procedimiento en sus subsecuentes etapas procedimentales. Esto, si se tiene en cuenta que en el procedimiento de origen es tal tópico el que se dilucida, pues la progenitora es quien detenta la guardia y custodia provisional del menor, lo que se desprende al tener como hecho notorio la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 1337/2022-VII de este índice, en la que se tuvieron a la vista las actuaciones del controvertido de origen. Por lo anterior, se concluye que al haberse determinado que el presente juicio de amparo es improcedente, se desecha de plano la demanda en estudio, por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia al que se ha hecho alusión con anterioridad, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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