Dayana Ramos Carballeira

Expediente 1456/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1456/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Dayana Ramos Carballeira

Actuaciones

  1. Principal

    AVISO DE NOTIFICACIÓN).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, INCISO C), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en proveídos de treinta y uno de octubre y nueve de noviembre de dos mil veintitrés (fojas 175-177 y 190-191), la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos 10, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, remitió diversas constancias relativas a los actos reclamados. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora, los quejosos ****, promovieron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las siguientes autoridades responsables: 1. Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad. 2. Encargado de la Oficina de Representación en el Estado de Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. De quienes reclamó: a) La dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impedía tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP), y, b) La posible detención con fines de presentación, alojamiento, deportación, retorno asistido, expulsión fuera de procedimiento, así como su ejecución. Asimismo, en virtud de que el acto indicado bajo el inciso b), no correspondía ejecutarlo a las referidas autoridades responsables dependientes de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en proveído de veintiocho de agosto del presente año (fojas 23-41), se vinculó como autoridad responsable al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la suspensión de plano decretada en favor de la parte quejosa, respecto al citado acto impugnado. Así, el primero de los actos lleva aparejado, que se regularice la situación migratoria de los quejosos, se les otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y gocen plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Se afirma de esa manera, porque el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población , en la cual fueron establecidos nuevos supuestos jurídicos para que los extranjeros puedan adquirir una Clave Única de Registro de Población de carácter temporal , con la finalidad de que accedan a estos sistemas integrados de registro e identificación. En este sentido, se ha añadido como supuesto de asignación de la Clave Única de Registro de Población a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria bajo las siguientes consideraciones: "La CURP se asignará a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y de protección complementaria, que se encuentren en territorio nacional, posterior a la obtención del documento correspondiente expedido por la COMAR, el cual debe contener una CURP por cada persona que se inscriba en dicho documento y debe estar asociada a la CUR (Clave única de refugiado). La CURP asignada tendrá carácter temporal, por un periodo no mayor a los 180 días naturales, hasta en tanto la COMAR resuelva, a través de la expedición del documento correspondiente, que se reconoce la condición de refugiado o protección complementaria. En este caso, se establecerá el carácter permanente de la CURP una vez que el INM emita el documento migratorio que corresponda." En ese sentido el otorgamiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal ha sido destacado por el Estado Mexicano en el Informe Anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, como un logro del gobierno en los compromisos adquiridos, ya que, con este documento, "se facilita el acceso a servicios públicos a las personas solicitantes de la condición de refugiado" . Sin embargo, el mismo gobierno reconoció que para maximizar el impacto positivo de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal , todavía se busca mejorar su expedición a los solicitantes de asilo y extender su cobertura. De esta manera, como parte de los compromisos nacionales del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones en el dos mil diecinueve, el Estado mexicano asumió que, el Registro Nacional de Población facilitará la expedición de la Clave Única de Registro de Población temporal a los solicitantes de la condición de refugiado para permitirles el acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros . Argumentos que se sostienen con las consideraciones llevadas a cabo en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, consultable en el Libro 14, junio de 2022, Tomo V, página 4170, registro digital 2024808, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: "PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. (...)." Ahora bien, por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, las causales de improcedencia y de sobreseimiento que aleguen las partes o se adviertan de oficio deben ser analizadas, por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En cuanto al acto reclamado consistente en b)la posible detención con fines de presentación, alojamiento, deportación, retorno asistido, expulsión fuera de procedimiento, así como su ejecución, compete su ejecución al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad. No obstante, en auto admisorio de siete de septiembre de la presente anualidad (fojas 85-91), se requirió a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifestara si señalaba al citado Titular de la Oficina de Representación como autoridad responsable, apercibiéndola que de no hacerlo, no se consideraría a ésta como responsable y se resolvería con las autoridades que indicó en su escrito inicial de demanda; por tanto, al haber transcurrido dicho plazo, sin que hubiera realizado alguna manifestación, en diverso proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 102-103), se le hizo efectivo el apercibimiento decretado, y se ordenó continuar el trámite únicamente respecto a las señaladas como responsables en su escrito inicial de demanda, es decir, se dejó de tener como autoridad responsable al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, para efecto de resolver el presente juicio de amparo. En consecuencia, únicamente se requirió para rendir informe justificado a las autoridades Titular y Encargado, ambos de la Oficina de Representación en el Estado de Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, quienes al rendir dicho informe, omitieron pronunciarse en cuanto al referido acto reclamado (fojas 110-119). Sin embargo, no es el caso de estimarse presuntivamente cierto el acto que se les reclama, consistentes en la b)posible detención con fines de presentación, alojamiento, deportación, retorno asistido, expulsión fuera de procedimiento, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, en virtud de que, en términos del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, dichas autoridades no tienen atribuciones para ejecutar ese tipo de actos; de ahí que se tenga por inexistente el acto en mención. Ahora bien, con independencia de lo establecido con antelación, la certeza del referido acto puede ser demostrada por las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, o incluso apreciada directamente de las constancias de autos; en el caso concreto, no obra medio de convicción del que se advierta la existencia del acto reclamado en comento, atribuido a esas autoridades. Por lo que, si en efecto, la demostración de las violaciones constitucionales corresponde a la parte quejosa, ya que el que promueve una demanda de amparo, está obligado a establecer mediante el informe de la autoridad, la existencia del acto que reclama y a justificar con pruebas su inconstitucionalidad, de modo que cuando la autoridad responsable lo acepta, la carga de la prueba que corresponde a la parte quejosa, se centrará en la inconstitucionalidad del acto, por el contrario, si se estableció la inexistencia del mismo, la carga de la prueba que recae en el quejoso, versará sobre la existencia de los actos reclamados, esto es, desacreditar dicha inexistencia y enseguida, demostrar la inconstitucionalidad del mismo; y en el caso que nos ocupa, la parte quejosa fue omisa en realizarlo, pues no proporcionó al órgano jurisdiccional materia sobre la cual versa la instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , de rubro y texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. (...)." Por otra parte, respecto del acto consistente en la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impedía tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP), esta Juzgadora de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)". Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección constitucional pedida. Respecto de esta causa de improcedencia, se tiene que existen dos hipótesis: a) por revocación y b) por sustitución. La primera se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial, mientras que el segundo supuesto consiste en que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto del primero de los supuestos citados el amparo resulta improcedente. Resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, registro digital 193758, del rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. (...).". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En el caso concreto, la parte quejosa, como se mencionó, se duele de la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo cual lleva aparejado que se regularice la situación migratoria de la parte quejosa, para que se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y goce plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Ahora, como se estableció con antelación, la autoridad responsable, en lo que interesa, exhibió las siguientes documentales: 1. Acuerdo de trece de octubre dos mil veintitrés, en el que se admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados de los quejosos ***, y les asignó la Clave Única de Refugiados número 400664, lo cual les fue notificado personalmente (fojas 156-157). 2. Constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados de los quejosos ***. (foja 158). 3. Clave Única de Registro de Población para Extranjeros (CURP) a favor de los quejosos ***. (fojas 167-168, y 184-188). De lo anterior, se aprecia que mediante acuerdo de trece de octubre dos mil veintitrés (fojas 156-157), se admitió a trámite la solicitud de la condición de refugiados; de igual manera, las autoridades responsables emitieron en favor de los referidos quejosos ***, las constancias de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de condición de refugiados, con las que se les garantiza la no devolución a su país de origen fuera de procedimiento y, además, les generó la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros; documentales a las que se les otorgó valor probatorio pleno en párrafos que anteceden. Además, de las aludidas constancias se desprende que se encuentra transcurriendo el plazo de cuarenta y cinco días hábiles para que la responsable emita la resolución con la que culmine el procedimiento de determinación de reconocimiento o no de la condición de refugiado, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como en los diversos 45 y 47 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. De lo expuesto con antelación, se advierte, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya descrita, en consideración que se dio el trámite correspondiente a la solicitud de la parte quejosa, y emitió la constancias de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados (CUR), y la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población, en favor de la parte quejosa, circunstancia que se realizó el trece de octubre y siete de noviembre de este año; es decir, en fechas posteriores a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto (veinticinco de agosto de dos mil veintitrés); por tanto, es evidente que han cesado los efectos de los referidos actos reclamados, toda vez que se admitió a trámite la solicitud de la parte quejosa, misma que culminó. En ese contexto, con el contenido de las documentales anteriormente reseñadas, es dable sostener que con las acciones desplegadas por la autoridad responsable desaparecieron total e incondicionalmente los actos cuya constitucionalidad se combate, en tanto que se admitió a trámite su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados y se expidieron las constancias cuya falta de emisión reclamó la parte quejosa, mismas que les fueron entregadas en forma personal. De ese modo, quien hoy resuelve, concluye que lo actuado por la autoridad responsable se equipara a los efectos que produce la concesión de la protección constitucional, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, de las precisiones realizadas con antelación se concluyó que los actos reclamados relativos a la omisión de expedirles sus constancias de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados (CUR), y la negativa de otorgarles sus respectivas claves únicas de registro de población (CURP), han cesado en sus efectos. En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto, por lo que hace al primero de los actos reclamados, sobreviene la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de amparo, y respecto del segundo de los actos que se reclaman, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 63, fracción IV, del citado ordenamiento legal; por tanto, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.9/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 196820, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Así como la diversa jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 184572, Novena Época, localizable en el Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- (...)". Robustece lo anterior, la jurisprudencia I.16o.T.7 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2646, con registro digital 2019142, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. (...)." Por otra parte, debe decirse que la aplicación de las tesis citadas en el presente proveído, se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en dichas tesis de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente y por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las catorce horas con veinticuatro minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Lo anterior, pues a nada práctico conduciría continuar con la tramitación del presente asunto, pues la causal de improcedencia antes invocada resulta insuperable y la parte quejosa obtuvo lo que pretendía con la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; por tanto, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, en términos de lo que establecen los artículos 30, 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias y resoluciones de órganos jurisdiccionales en sistemas electrónicos de gestión" emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a los actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, comuníquesele a las autoridades responsables, que en caso de que con anterioridad a la presente determinación, se les hubieran requerido constancias relacionadas con los actos reclamados, se deja sin efecto tal requerimiento, en virtud de que se trajeron como hecho notorio las precisadas en párrafos que anteceden, mismas que sirvieron para decretar el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia; por tanto, resulta innecesario que dichas autoridades las remitan a este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a las partes, y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy, sin que sea posible celebrarla, ya que se encuentra trascurriendo el plazo de quince días, otorgado a las autoridades responsables Titular, Jefe de Departamento de Registros y Responsable de la Unidad de Registro de Solicitudes todos de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas; así como, el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, todos con residencia en esta ciudad, en auto de seis de octubre del año en curso (fojas 18 a 41), para que rindan su respectivo informe justificado; el cual les fue notificado en ocho y nueve del presente mes y año, según acuse de recibo que obra en autos (fojas 54 y 60). Atento a lo anterior, se fijan nuevamente las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, del estado de autos se advierte que la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, fue recibida directamente ante este juzgado federal (foja 2); en tal virtud, gírese oficio, con copia del auto de siete de octubre del año en curso, a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para los efectos de compensación y estadística, a fin de que la tome en cuenta, en el turno respectivo para este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

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