Dayana Patricia Valdovinos Manzano
Expediente 110/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 110/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Dayana Patricia Valdovinos Manzano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA VII. Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el diez de marzo de dos mil veintitrés, en este juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución en la que la Justicia de la Unión no amparó ni protegió a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no existen documentos originales y que es DEPURABLE, una vez transcurrido el término de tres años señalado en el penúltimo párrafo del citado artículo, toda vez que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Asimismo, en virtud del sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese las constancias indicadas en el Acuerdo de referencia y las que se estimen conducentes, debiendo depurarse las restantes. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio, y que se trata de un asunto depurable. Finalmente, se hace notar que en el presente asunto, la parte quejosa no solicitó el trámite del incidente de suspensión. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con siete minutos del diez de marzo de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo dentro del juicio de amparo indirecto 110/2023-VII, promovido por Dayana Patricia Valdovinos Manzano, por su propio derecho, contra un acto de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Por tanto, la Jueza procede a declarar abierta la audiencia. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Proveído mediante el cual se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario procede a dar cuenta con la documental exhibida por la Juez responsable. Atento a lo antes señalado, la Jueza acuerda: Téngase por ofrecida la prueba con la que dio cuenta la Secretaría, la cual conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y desahoga para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario da cuenta con las manifestaciones vertidas por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las alegaciones de cuenta; con lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 110/2023-VII; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Demanda de amparo. Dayana Patricia Valdovinos Manzano, por su propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, que hizo consistir en la determinación de nueve de enero de dos mil veintitrés, emitida en el expedientillo 520/2022, en la que declaró concluida la intervención judicial requerida en relación con la carpeta de investigación V2/02/2022. La parte quejosa señaló como vulnerados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 19 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia penal, turnada a este órgano de control constitucional, promovida contra el acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Pues bien, se puntualiza que del examen integral de las constancias de autos, se obtiene el siguiente acto reclamado de la Juez responsable: ° La determinación de nueve de enero de dos mil veintitrés, emitida en el expedientillo 520/2022, en la que se declaró concluida la intervención judicial requerida en relación con la carpeta de investigación V2/02/2022. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, porque al rendir su informe justificado, aceptó su certeza y expuso argumentos para defender su constitucionalidad. Certeza que se corrobora con las constancias relativas al expedientillo natural, mismas que fueron remitidas en copia certificada por la Juez responsable. Instrumento al cual se concede valor probatorio pleno, por haberse expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, mismos que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse esta Resolutora Federal obligada a la transcripción de los mismos. Ahora bien, a fin de otorgar mayor claridad a la presente resolución, y estar en aptitud de dar cabal contestación al concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, se estima necesario reseñar el preámbulo del acto reclamado, el cual se obtiene de las constancias que remitió la Juez responsable. Así, ante el titular de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Trata de Personas de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, se integra la carpeta de investigación V2/02/2022. En la misma, Dayana Patricia Valdovinos Manzano, persona completamente ajena a dicha indagatoria, mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, solicitó al Fiscal Investigador el levantamiento del aseguramiento decretado sobre el automotor marca "Nissan", tipo "March Sense T/Man", color blanco, modelo dos mil dieciocho, con placas de circulación YWR-063-E del Estado de Yucatán. Ante la omisión de dar respuesta a su petición, la citada Valdovinos Manzano solicitó el control judicial, reclamando la omisión del Fiscal Investigador de proveer respecto del escrito de trece de octubre de dos mil veintidós, presentado el dieciocho siguiente. Por proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós, la Juez de Control responsable registró la solicitud de la ahora quejosa, con el número de expedientillo 520/2022; siendo que en esa propia data, solicitó al Fiscal Investigador, diversa información en relación a lo instado por la impetrante. En auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, una vez recibido el informe del Fiscal Investigador, la Juez de Control declaró el archivo de ese asunto, como totalmente concluido, al estimar que la promovente carece de legitimación para solicitar el control judicial en cuestión, ya que ello es exclusivo de las partes intervinientes en el proceso penal relativo, conforme a lo dispuesto por el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sentado lo anterior, debe decirse que en su demanda de amparo, la parte quejosa aduce, como único concepto de violación, de manera medular, que la determinación impugnada, en la que se concluyó la intervención judicial instada en relación a una omisión atribuida al Ministerio Público, vulnera sus derechos humanos, cuenta habida que ella es propietaria del automotor cuyo aseguramiento se decretó en la carpeta de investigación natural, por lo que cuenta con interés para solicitar el levantamiento del mismo, ya que se encuentra afectada por dicha traba. Ahora bien, una vez sentado lo anterior, debe decirse que resultan infundados los motivos de inconformidad esgrimidos por la parte quejosa, aún suplidos en su deficiencia, como se verá a continuación. En principio, se estima pertinente indicar que en el recurso innominado previsto en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece lo siguiente: "Artículo 105. Sujetos del procedimiento penal. Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: I. La víctima u ofendido; II. El asesor jurídico; III. El imputado; IV. El defensor; V. El Ministerio Público; VI. La policía; VII. El órgano jurisdiccional, y; VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico." De lo anterior, se advierte que las únicos sujetos que pueden ser considerados como partes en el procedimiento penal, lo son el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. En esa virtud, es notorio que a fin de estar en aptitud de solicitar el control judicial, en relación con una abstención atribuida al Ministerio Público, es indispensable que el solicitante tenga la calidad de parte reconocida en el proceso penal relativo. Lo que incluso encuentra soporte en lo preceptuado por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a los sujetos legitimados para interponer el medio de impugnación que prevé, señalando únicamente a la víctima u ofendido como la parte que tiene acceso a dicho medio de impugnación. En ese sentido, se reitera, es claro que la quejosa, quien es completamente ajena al proceso penal de origen, no cuenta con legitimación para promover el control judicial, precisamente porque el legislador fue claro al prever que solamente tienen intervención en el aludido proceso, las partes reconocidas en el mismo e, incluso, de manera restrictiva, se prevé que únicamente son la víctima u ofendido quienes pueden interponer el medio de impugnación a que hace alusión el numeral 258 de la codificación que nos ocupa. En ese contexto, si en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales se indica quiénes son las partes intervinientes en el proceso penal, entre las que no se ubica la quejosa, por no tener reconocida calidad alguna en la carpeta de investigación de origen, es evidente que no se encuentra legitimada para solicitar el control judicial relativo, como acertadamente concluyó la Juez de Control responsable. Por tanto, es notorio que el control judicial solicitado por la parte quejosa, deviene notoriamente improcedente, precisamente porque el numeral 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales únicamente prevé la intervención de las partes reconocidas en el proceso penal respectivo, entre las que no se ubica la directa quejosa. Es dable citar en apoyo a lo anterior, por las razones en ella contenidas, la tesis visible en la página 3068, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto disponen: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD DE ALGUNA DE LAS PARTES EN EL SISTEMA ACUSATORIO ORAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN DICTADA EN ÉSTE, CONSISTENTE EN NO RECONOCER EL CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDO, NO PROCEDE RECURSO ALGUNO, POR NO ESTAR PREVISTO EXPRESAMENTE EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, prevé dos causas de excepción al principio de definitividad; la primera, se actualiza cuando el recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional y, la segunda, cuando el fundamento resulta insuficiente para determinar la procedencia del recurso. Ahora bien, de conformidad con el artículo 456 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el proceso penal acusatorio sólo son admisibles los recursos de revocación y apelación. Por ello, si se advierte que en la audiencia intermedia el Juez de control responsable, después de la exposición de la acusación del Ministerio Público y de escuchar a la defensa exponer las correcciones formales que advirtió, considerando lo señalado por esta última, abrió una incidencia en relación con la falta de personalidad del quejoso como víctima del delito en la carpeta judicial, dando intervención a la representación social, asesor jurídico, defensa y al propio quejoso, y determinó finalmente conceder la petición formulada por la defensa de los imputados y, en consecuencia, resolvió que el ahora recurrente no tenía el carácter de víctima en la carpeta de investigación, resulta innegable que, en el caso, contra dicha determinación, consistente en no reconocer la calidad del ahora recurrente como víctima u ofendido en el proceso penal, no procede recurso alguno, al no ser procedentes en su contra los recursos de apelación ni de revocación y, en ese tenor, en su contra procede el juicio de amparo indirecto; además, la resolución reclamada no es de mero trámite, al tener trascendencia dentro del proceso, como lo son los derechos fundamentales de la víctima u ofendido. Así pues, para determinar si los recursos de revocación o apelación proceden contra el auto reclamado, existe la necesidad de realizar un ejercicio de justificación adicional de la interpretación a partir de la cual se obtiene esa regla. De ahí que en el caso se esté frente al supuesto de excepción por necesidad de interpretación adicional. Asimismo, se actualiza un caso de fundamento insuficiente, en tanto que como también deriva de lo expuesto en la fracción I del artículo 459, en relación con los diversos 465 y 467, del propio código, interpretados como sistema, se advierte que no dan lugar a una regla de procedencia expresa del recurso, puesto que para ello se necesita ser obtenida a partir de normas implícitas que la complementen o fundamenten." De igual forma, se estima pertinente citar la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 1841, del Libro 5, Septiembre de 2021, de la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "MEDIO DE DEFENSA INNOMINADO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL INCULPADO O QUIEN SE OSTENTE COMO TAL, NO ESTÁ OBLIGADO A INTERPONERLO, PREVIAMENTE A PROMOVER JUICIO DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar si era necesario que el imputado o quien se ostentara como tal, agotara el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a promover el juicio de amparo, ello con el objeto de cumplir con el principio de definitividad, o bien, si sólo resulta exigible su interposición para el ofendido o víctima de algún delito. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, atendiendo al espíritu del legislador federal en la creación del recurso innominado a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ante la redacción restrictiva del mismo, en el que sólo se señala a la víctima u ofendido del delito; debe prevalecer como criterio que el inculpado o quien se ostente como tal no está obligado a interponerlo, previamente a promover el juicio de amparo. Justificación: Ello, porque el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se conceptualiza como una forma de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la víctima u ofendido; por dos razones: primero, porque dicho artículo emerge dentro del nuevo paradigma del sistema acusatorio penal, cuya reforma debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, con el fin de armonizar un sistema en el cual, entre otras cuestiones, se priorice la protección de los derechos de la víctima u ofendido, asignándole un papel preponderante dentro del proceso penal; y, segundo, porque de una interpretación teleológica del artículo en estudio, se advierte que las determinaciones impugnables en términos del referido artículo 258, son aquellas que afectan principalmente a la víctima u ofendido, atendiéndose a su papel activo dentro del proceso. Además, porque conforme al principio de definitividad, se exige a la parte quejosa que previo a la interposición del juicio, agote los recursos contemplados en la ley, mediante los cuales se pueda modificar, revocar o nulificar el acto impugnado, porque de no hacerlo así, se podría declarar su improcedencia, con base en las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, esa improcedencia debe ser manifiesta e indudable, esto es, el juzgador no debe acudir a mayor interpretación, sino que se debe advertir claramente de la ley, o del análisis de las constancias que se estimen conducentes. En ese contexto, si en el artículo multicitado se precisa en forma clara que la interposición del recurso innominado a que se refiere, únicamente corresponde interponerlo a la víctima u ofendido, no ha lugar a hacer mayor interpretación, porque ése fue el espíritu del legislador y de otra forma no se estaría dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 133 de la Ley de Amparo, porque la causa de improcedencia no sería notoria ni manifiesta." Sin que con ello se vede el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa, precisamente porque respecto del aseguramiento decretado en la carpeta de investigación en relación al automotor del que se ostenta propietaria, se encuentra facultada a promover el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar el precitado control judicial, al no estar autorizada por el texto expreso de la ley para solicitar dicho medio de impugnación. En consecuencia, ante lo infundado de los motivos de inconformidad esgrimidos por la parte quejosa, lo procedente es negarle el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra el acto que reclamó de la Juez de Control responsable, por los motivos expresados a lo largo de esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, esta Juzgadora, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Dayana Patricia Valdovinos Manzano, por su propio derecho, contra el acto que reclamó de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida; precisado en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos indicados en el último subsecuente. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 122/2023, firmado por la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, mediante el cual, por los motivos que expone, solicita se sobresea por una parte y se niegue por otra en el presente juicio de amparo; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 124 de la Ley de Amparo, relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, no ha lugar a acceder a su solicitud de expedir copias certificadas de la resolución que solicita; toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III, del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente consta únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, por lo que ésta actuación al ser emitida posterior a dicha fecha, no obra en el expediente impreso y sólo obra en el electrónico. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 se hace saber a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requiera y las que cuenten con evidencia criptográfica, tendrán el mismo valor probatorio que el de una copia certificada. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA VII Agréguese a estos autos el oficio remitido por el Juez Según do de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, y anexo que acompaña, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con dicho informe, así como con las constancias adjuntas, y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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