Dayana Mishelle Uc Reyes
Expediente 841/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/11/2022
Partes del expediente
- Dayana Mishelle Uc Reyes
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, tres de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual, se desechó de plano la demanda de amparo, transcurrió del veintiuno al veintisiete de octubre de dos mil veintidós, con exclusión de los días veintidós y veintitrés de octubre de dos mil veintidós, por ser inhábiles (sábado y domingo), en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, que tuvo por desechada de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso d), y 24 del referido Acuerdo General. En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad del Carmen Campeche, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Dayana Mishelle Uc Reyes y Gendri del Jesús Uc Reyes, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen y otra autoridad, radíquese con el número de expediente 841/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Ahora bien, la lectura integral de la demanda de amparo revela que la parte quejosa se duele del auto de catorce de septiembre de dos mil veintidós, dictado en cumplimiento a la ejecución de la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, emitida en el juicio ordinario civil de acción plenaria de posesión 609/13-14/1C-II, del Juzgado Primero del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. Asimismo, en los capítulos de antecedentes del acto reclamado y conceptos de violación, realiza argumentos relacionados al emplazamiento en el juicio ordinario civil de acción plenaria de posesión 609/13-14/1C-II, del Juzgado Primero del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, pues refiere que no fueron oídos ni vencidos en juicio. Derivado de lo anterior, se tiene que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: 1. El auto de catorce de septiembre de dos mil veintidós, dictado en cumplimiento a la ejecución de la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, emitida en el juicio ordinario civil de acción plenaria de posesión 609/13-14/1C-II, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, se desechó de plano el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia promovido por los quejosos, en razón de que se determinó que si fueron oídos y vencidos en el juicio de origen, por tanto, no les revestía el carácter de terceros perjudicados. 2. La falta de emplazamiento en el juicio ordinario civil de acción plenaria de posesión 609/13-14/1C-II, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, respecto del acto reclamado consistente en el auto de catorce de septiembre de dos mil veintidós, dictado en cumplimiento a la ejecución de la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, emitida en el juicio ordinario civil de acción plenaria de posesión 609/13-14/1C-II, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, se desechó de plano el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia promovido por los quejosos, en razón de que se determinó que si fueron oídos y vencidos en el juicio de origen, por tanto, no les revestía el carácter de terceros perjudicados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto legal transcrito establece el principio de definitividad, que consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. En ese tenor, el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, establece: "Artículo 88. Las resoluciones son: I. Determinaciones de mero trámite, que se llaman decretos; II. Decisiones que determinan sobre materia que no sea de puro trámite, y se llaman autos; III. Decisiones que resuelvan un incidente, y se llaman sentencias interlocutorias; IV. Sentencias definitivas, que resuelven el asunto principal." El precepto legal transcrito prevé los diferentes tipos de resoluciones que pueden emitirse en un juicio civil, a saber, decretos, autos, interlocutorias y sentencias definitivas. Asimismo, el ordenamiento legal en comento, prevé la existencia de tres recursos para impugnar las determinaciones, decisiones y sentencias definitivas que se emitan en los juicios civiles, a saber, revocación, apelación y reclamación. En esa medida, el artículo 794 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, regula la procedencia del recurso de revocación, a saber: "Artículo 794. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta." Mientras que los artículos 805, 806, 807 y 836 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, regulan la procedencia del recurso de apelación, a saber: "Artículo 805. Las sentencias definitivas son apelables en ambos efectos, salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley. Artículo 806. Los autos y resoluciones interlocutorias son apelables cuando tienen fuerza de definitivos o causan gravamen irreparable, y cuando la ley lo dispone. Artículo 807. Es gravamen irreparable el daño que no puede repararse en la sentencia definitiva o en la resolución interlocutoria que decida un incidente. En este caso se dice que la resolución que causa el gravamen tiene fuerza de definitiva. Artículo 836. Son aplicables a las apelaciones las reglas del juicio ordinario, en lo que no esté previsto por las disposiciones de este Capítulo". Finalmente, el artículo 837 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, regula la procedencia del recurso de reclamación, a saber: "Artículo 837. Se llama reclamación el recurso que se interpone para que la Sala Civil confirme, reforme o revoque, las resoluciones dictadas por su presidente." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, contra los autos que no sean apelables, procede el recurso de revocación. Asimismo, que los autos y resoluciones interlocutorias son apelables cuando tienen fuerza de definitivos o causan gravamen irreparable; y cuando la ley lo dispone De igual forma, que el "gravamen irreparable" se presenta cuando el daño no puede repararse en la sentencia definitiva o en la resolución interlocutoria que decida un incidente. En este caso se dice que la resolución que causa el gravamen tiene fuerza de definitiva. En el caso que nos ocupa, del análisis integral de la demanda se advierte que el acto reclamado es el auto de catorce de septiembre de dos mil veintidós, dictado en cumplimiento a la ejecución de la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, emitida en el juicio ordinario civil de acción plenaria de posesión 609/13-14/1C-II, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, se desechó de plano el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia promovido por los quejosos, en razón de que se determinó que si fueron oídos y vencidos en el juicio de origen, por tanto, no les revestía el carácter de terceros perjudicados. Sentado lo anterior, para este juzgador el acuerdo impugnado por los quejosos, es un auto de los previstos en la fracción II del artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, esto es, se trata de una resolución que determina sobre la materia que no es de mero trámite, por lo que puede apelarse, situación que relacionada con el artículo 806 del propio ordenamiento, podrá apelarse siempre y cuando tenga fuerza de definitivos o causen gravamen irreparable, y cuando así lo dispone la ley. Por otro lado, el artículo 807 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, prevé el concepto de gravamen irreparable, estableciendo que es el daño que no puede repararse en la sentencia definitiva o en la resolución interlocutoria que decida un incidente; por lo que sostiene que la resolución que causa el gravamen tiene fuerza de definitiva. Bajo ese contexto, el acuerdo reclamado tiene fuerza definitiva y causa un gravamen irreparable, en razón de que el daño que provoca la determinación que desechó de plano el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia promovido por los quejosos, no podrá ser resarcido dado que ya se dictó sentencia definitiva en el juicio de origen y esta se encuentra en vías de ejecución. Por ende, el acuerdo reclamado es susceptible de ser impugnado a través del recurso de apelación previsto en el artículo 806 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche. Bajo ese contexto, en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 806 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, contra el auto de desechó de plano el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia promovido por los quejosos, en razón de que se determinó que si fueron oídos y vencidos en el juicio de origen, por tanto, no les revestía el carácter de terceros perjudicados. Es así, porque la interposición del aludido medio de impugnación tiene como finalidad que el tribunal de segunda instancia confirme, reforme o modifique la determinación del juez de origen, en términos del artículo 800, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche. No pasa inadvertido, que en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), de la Ley de Amparo, se establecen los casos de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo; sin embargo, el acto reclamado por los quejosos, no es de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. De igual forma, los directos quejosos no tienen el carácter de persona extraña a este procedimiento civil, por el contrario, tienen la calidad de parte. Asimismo, no se trata de un auto de vinculación a proceso. Finalmente, la procedencia del recurso de apelación no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamentación es insuficiente para determinarla, pues basta atender a la literalidad del artículo 806 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, para establecer con claridad su procedencia. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Dayana Mishelle Uc Reyes y Gendri del Jesús Uc Reyes, en contra del auto de catorce de septiembre de dos mil veintidós, dictado en cumplimiento a la ejecución de la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, emitida en el juicio ordinario civil de acción plenaria de posesión 609/13-14/1C-II, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, se desechó de plano el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia promovido por los quejosos, en razón de que se determinó que si fueron oídos y vencidos en el juicio de origen Respecto del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento en el juicio ordinario civil de acción plenaria de posesión 609/13-14/1C-II, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". De conformidad con el precepto legal transcrito, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo genérico para presentar una demanda de amparo es de quince días, salvo que se esté en presencia de alguno de los casos de excepción previstos en dicho precepto. Ahora, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar una demanda de amparo, se computa conforme a las reglas siguientes: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día de la entrada en vigor de la norma general autoaplicativa. Sentada la premisa de que para la procedencia del ejercicio de la acción constitucional, se requiere que ésta se promueva dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se concluye que el amparo pedido contra el acto reclamado señalado en su demanda de amparo, resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, por haberse promovido la demanda de amparo fuera del plazo de quince días, siguiente a aquél en que surtió, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. En la especie, los quejosos manifestaron, bajo protesta de decir verdad, que por auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil de acción plenaria de posesión 609/13-14/1C-II el Juez Primero del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, desechó diverso incidente de oposición a la ejecución de la sentencia que hicieron valer, por no adjuntar el documento que legitimara su derecho para promover el incidente en mención. En esa medida, si los quejosos Dayana Mishelle Uc Reyes y Gendri del Jesús Uc Reyes, bajo protesta de decir verdad, se ostentaron sabedores de la sentencia dictada en el expediente 609/13-14/1C-II, desde el diecinueve de abril de dos mil veintidós, desde esa fecha se encontraron en posibilidad de promover amparo indirecto contra la falta de emplazamiento el juicio ordinario civil de acción plenaria de posesión 609/13-14/1C-II. Por tanto, el plazo de quince días con que contaba la quejosa para promover su demanda de amparo contra el acto reclamado; transcurrió del veinte de abril al doce de mayo de dos mil veintidós, con exclusión de los días veintitrés, veinticuatro, treinta de abril, uno, cinco, siete y ocho de mayo de ese año, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el seis de mayo del año en curso, por haber sido declarado no laborable mediante CIRCULAR 5/2022 de treinta de marzo de dos mil veintidós, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, si la demanda de amparo se promovió el trece de octubre de dos mil veintidós, resulta evidente que se realizó de forma extemporánea. Por consiguiente, en razón de que la demanda de amparo contra el acto reclamado, no se promovió dentro del plazo de quince días, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Dayana Mishelle Uc Reyes y Gendri del Jesús Uc Reyes, contra la falta de emplazamiento en el juicio ordinario civil de acción plenaria de posesión 609/13-14/1C-II, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 27/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Junio de 1996, página 57, Novena Época, de la voz: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. REPRESENTANTE COMÚN DE LOS QUEJOSOS. De la demanda de amparo se desprende que los quejosos señalaron como representante común a , en consecuencia, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Dayana Mishelle Uc Reyes. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en la Avenida los Pinos, número 7, esquina con Andador de la 38, colonia Playa Norte, Ciudad del Carmen, Campeche. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022, 16/2022 y 22/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la representante común de la parte quejosa.
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