Dayana de Jesús Pérez Cupido

Expediente 134/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
134/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/04/2021

Partes del expediente

  • Dayana de Jesús Pérez Cupido

Actuaciones

  1. Principal

    mesa 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el nueve de abril de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Dayana de Jesús Pérez Cupido; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 8 En Villahermosa, Tabasco, a las doce horas con diez minutos del nueve de abril de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Teo Eleacer Martínez Herrera, Secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referentes al juicio de amparo 134/2021-8, promovido por Dayana de Jesús Pérez Cupido. A continuación, el Secretario certifica que en cumplimiento al proveído de once de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio 3784/2021, se solicitó informe justificado al Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, autoridad señalada como responsable, el cual recibió el cinco de marzo de dos mil veintiuno, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos; por tanto, de conformidad, con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el término para rendir el informe respectivo, le transcurrió del ocho al veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado, sin que lo hiciera. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: Conforme los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes para ofrecer pruebas; no habiendo pruebas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 134/2021-8, promovido por Dayana de Jesús Pérez Cupido, contra el acto del Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1, tercer párrafo, 109 y 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el nueve de febrero de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en esa misma fecha la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el diez siguiente, Dayana de Jesús Pérez Cupido, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O La omisión de legislar una ley en materia de responsabilidad patrimonial de conformidad con el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El once de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 134/2021-8; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte SCJN Decima Primera Sección Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de legislar una ley secundaria en materia de responsabilidad patrimonial, según lo establecido en el artículo 109, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, no rindió su informe justificado, aun estando legalmente notificado del auto por el cual se le requirió; por tanto, se presume cierto el acto que se le reclama, tal como lo estipula el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, que a la letra establece lo siguiente: Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. reclamada a las responsables. Además, debe considerarse que las disposiciones de carácter general no son objeto de prueba de conformidad con lo establecido en los preceptos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2; de ahí que deba tenerse cierta la existencia en relación con la omisión legislativa reclamada. Soporta lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65 Primera Parte, página 15, que expresa: LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas; debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo, que instituye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En la referida hipótesis el legislador establece que el juicio de amparo deviene improcedente cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. El aludido supuesto jurídico se actualiza en el presente asunto, porque del análisis de la demanda de derechos fundamentales, se observa que el quejoso sustancialmente reclama la omisión de legislar una ley secundaria en materia de responsabilidad patrimonial, según lo establecido en el artículo 109, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, aun cuando subsiste la referida omisión legislativa, no puede surtir efectos porque ya fue materia de análisis en diverso juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional solicitada por diversos quejosos, lo que enseguida se evidenciará como hecho notorio, en términos del ordinal 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como el diverso criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: El doce de julio de dos mil dieciocho, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Antonio Sánchez Domínguez y Basilio Sánchez Ruíz, quienes reclamaron del Congreso local, la omisión legislativa de esa autoridad en dictar las normas relativas sobre responsabilidad patrimonial de dicha entidad federativa, previsto en la reforma del numeral 113 de la Carta Magna de catorce de junio de dos mil dos, en el párrafo segundo (actualmente 109 último párrafo), registrada con el expediente 1110/2018. El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección para los efectos siguientes: La protección constitucional se otorga para que el Congreso del Estado de Tabasco: Cumpla con la obligación contenida en la reforma en el artículo 113 Constitucional vigente hasta la reforma de veintisiete de mayo de dos mil quince actualmente 109 último párrafo, y único transitorio del Decreto de reformas en el Diario Oficial de la Federación de catorce de junio de dos mil dos; y proceda a emitir una ley que regule la Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tabasco, lo que deberá realizar de la manera siguiente: Iniciar el proceso legislativo para emitir la referida ley; lo que deberá realizar en el período de sesiones que se encuentre en curso o en el siguiente periodo ordinario. Comunique la anterior determinación a la parte quejosa. Dada la particularidad del caso posibles actos de tortura de conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tutela judicial efectiva, en aptitud de iniciar el proceso para reclamar la responsabilidad de los hechos que refiere, hasta en tanto, se promulga la ley correspondiente, con fundamento en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en su artículo 71, párrafo segundo y su artículo cuarto transitorio de la reforma publicada en el Periódico Oficial de quince de noviembre de dos mil tres, provea o informe, un proceso a fin de determinar la procedencia o no de su reclamo. Lo anterior, con indepedencia de que una vez que esté el marco normativo correspondiente, la parte quejosa esté en aptitud de promover lo relativo, con las adecuaciones correspondientes a su caso. 3 Inconforme con la precitada determinación, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al entonces Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, registrado con el expediente 472/2018, y remitido al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, radicándolo con el diverso 68/2019, que a su vez determinó enviar los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que reasumiera su competencia originaria. El dos de julio de dos mil diecinueve, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, que se registró con el número 428/2019, turnándose el expediente para su estudio a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa; y, el siete de agosto de esa anualidad, el Presidente de la Segunda Sala, se avocó al conocimiento. 5 En sesión de dos de octubre de dos mil diecinueve, la Segunda Sala de ese Alto Tribunal dictó resolución en la que determinó ejercer la facultad de atracción para conocer del amparo en revisión precitado. 6 El quince de noviembre de dos mil diecinueve, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asumió su competencia originaria para conocer del citado recurso y lo registró con el expediente 941/2019, el cual se radicó en la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que en sesión de trece de mayo de dos mil veinte, determinó confirmar la resolución recurrida. 7 Previos los trámites de ley, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, una vez que recibió el testimonio de la ejecutoria del amparo en revisión 941/2019 derivado como se desprende de párrafos que anteceden de su juicio amparo indirecto 1110/2018; requirió al Congreso del Estado de Tabasco, para que diera cumplimiento a la resolución emitida en ese juicio, misma que se encuentra en vías de cumplimiento. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diverso recurso de revisión 343/2020, en la parte resolutiva puntos 76 a 83, sostuvo lo siguiente: 76. Y a partir de las razones transcritas se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado: para el efecto de que el Congreso de la Unión cumpla con la obligación contenida en el parámetro de regularidad constitucional que integran los artículos 1° y 2° de la Constitución Federal, transitorio segundo, de su Decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno, así como 6 y 7 del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y, en consecuencia, regule las reglas y el procedimiento de consulta, previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, antes del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. En el entendido de que la regulación que debe emitir el Congreso de la Unión deberá ser integral y, en lo general, tomando en cuenta los parámetros establecidos por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad que se refieren a la consulta indígena, en especial la 81/2018, resuelta el veinte de abril de dos mil veinte. Para ello, deberá iniciar el proceso legislativo correspondiente a la brevedad posible y de manera prioritaria, por conducto de la Cámara de Diputados y/o la Cámara de Senadores, además de consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que puedan opinar en la elaboración de la regulación respectiva, en la que se tome en cuenta lo establecido por el Pleno de este Tribunal Constitucional, a fin de que la legislación tome en cuenta la opinión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante un ejercicio participativo de los sujetos a los que se dirige y que con ello se garantice la calidad democrática de su decisión. Entonces, si como ha quedado evidenciado, en el amparo en revisión 1144/2019 del índice de esta Segunda Sala se concedió la protección constitucional solicitada a efecto de que el Congreso de la Unión cumpla con la obligación legislativa y regule las reglas y el procedimiento de consulta, previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, antes del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Para lo cual debía iniciar el proceso legislativo correspondiente a la brevedad posible y de manera prioritaria, además de consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que puedan opinar en la elaboración de la regulación respectiva, en la que se tome en cuenta lo establecido por el Pleno de este Tribunal Constitucional, a fin de que la legislación tome en cuenta la opinión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante un ejercicio participativo de los sujetos a los que se dirige y que con ello se garantice la calidad democrática de su decisión. La reparación constitucional se logrará cuando el Congreso de la Unión cumpla con el mandato constitucional a que estaba sujeta, expidiendo la normatividad correspondiente; cumplimiento que indiscutiblemente regirá para todas las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, porque la legislación que al efecto se emita tendrá carácter general. De ahí que en que el presente juicio de amparo se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y Se afirma lo anterior porque si bien hasta el momento subsiste la omisión absoluta que se atribuye al Congreso de la Unión, ya se le ordenó cumplir con la obligación contenida en el parámetro de regularidad constitucional que integran los artículos 1 y 2 de la Constitución Federal, transitorio segundo, de su Decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno, así como 6 y 7 del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y, en consecuencia, regular las reglas y el procedimiento de consulta, previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, antes del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. De manera que a ningún fin practico llevaría proceder al estudio correspondiente en el presente juicio de amparo, donde se reclama la misma omisión legislativa absoluta que ya se ordenó reparar al Congreso de la Unión, porque en su caso resultaría en la concesión de la protección federal en iguales términos y efectos que el precedente, traducidos en constreñir a las autoridades responsables a que actuaran en los mismos términos. Lo cual irremediablemente llevaría a duplicar innecesariamente el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando ha quedado señalado que con el acatamiento de la sentencia de amparo dictada en el amparo en revisión 1144/2019, todas las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en México, serán beneficiadas. Consecuentemente, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio por las razones aquí señaladas, diversas a las invocadas por el juzgador de origen. En ese contexto, se puede establecer que, aun cuando subsista la omisión legislativa reclamada, misma que también fue combatida en el diverso juicio de amparo 1110/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, cuya resolución fue confirmada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso en revisión 941/2019. Ya se ordenó al Congreso de la entidad federativa en cuestión, cumplir con la obligación que se le impuso desde la entrada en vigor de la reforma constitucional de dos mil dos, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, acorde a lo determinado en el juicio de amparo indirecto 1110/2018. Por lo que, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diverso recurso de revisión 343/2020 de su índice, a ningún fin practico llevaría proceder al estudio correspondiente del acto aquí reclamado, donde se combate la misma omisión legislativa. Por tanto, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En las relatadas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en lo dispuesto en el diverso 63 fracción V, del mismo ordenamiento jurídico, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de once de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1o, 73 a 79 y 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Dayana de Jesús Pérez Cupido, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual Dayana de Jesús Pérez Cupido, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco con residencia en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 1°, tercer párrafo, 109 y 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 134/2021-8. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rinda informe, presente promociones o acuse recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintiuno; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable de las penas en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omita el que le conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos con sesenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda. De igual forma, téngasele proponiendo formas especiales de contacto, como es el correo electrónico que proporciona; lo anterior, a fin de poder establecer comunicación no procesal, no así para oír y recibir citas y notificaciones dado que dicho medio carece de eficacia jurídica para tales efectos. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Notifíquese.

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