Dayami González Espinosa

Expediente 654/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 36 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
654/2021
Año
2021
Actuaciones
36
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • Dayami González Espinosa
  • Dayami González Espinosa y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, tres de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de siete de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo....

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...Vistos, para dictar sentencia...TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Sub Comisión Jurídica del Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación jurídica del 1. Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México; 2. Sub representante Federal Zona Sur de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con residencia en Tapachula; 3. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula; 4. y 19. Representante local, encargada de la Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Villahermosa, Tabasco; 5. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con sede Veracruz; 6. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Puebla, Puebla; 7. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas; 8. Sub Representante Local Piedras Negras y encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila; Sub Representante Federal en suplencia por ausencia del 9. Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua; 10. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México; 11. Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México; 12. Titular del Instituto Nacional de Migración (Titular de Oficina de Representación del Instituto Nacional en el Estado de Hidalgo), con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo; 13. Jefe del departamento de asuntos jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en San Luis Potosí; 14. Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Querétaro, con sede en Querétaro; 15. Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, Nuevo León; 16. Titular de la Oficina de Representación en Guanajuato del Instituto Nacional de Migración, con sede en León, Guanajuato; y 17. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas; al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. Los quejosos ofrecieron como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin embargo dichas probanzas no desvirtúan la negativa de las autoridades responsables, toda vez que de las constancias que obran en autos no se desprende elemento alguno que acredite la existencia de los actos reclamados. En tales condiciones, si los peticionarios de amparo no aportaron medio de convicción que desvirtuara la negativa pronunciada por las autoridades responsables en torno a los actos reclamados, en la especie es claro que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, por lo que ante tal circunstancia procede, sobreseer en el presente juicio. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". ... Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por 1. Elvis Antonio Romero Muñoz, 2. Dayami González Espinosa, 3. Jorge Luis Rodirguez Cuevas, 4. Yainier Rodríguez Veliz, 5. Raúl Santiesteban Portales, 6. Zailenis Companioni Morell, 7. Naraly Denisse Contreras Rosa, 8. Walter Elías Conteras Martínez, 9. Reina Isabel Rosa Ortega, 10. Leandro Joel Martínez Somoza, 11. Joel Areli Martínez Espinal, 12. Cindy Paola Somoza García, 13. Donis Edgardo Licona López, 14. Grettel Monserrath Padilla Varela, 15. Yenifer Icel Varela Bonilla, 16. Lisandra de la Caridad Suárez Samuel, 17. Rafael Fernández Aguilera, 18. Stephanie Isabel Fugon Ponce, y 19. Walding Duban Fungon Castillo, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando tercero de este fallo y por los motivos ahí expuestos.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, siete de julio de dos mil veintidós. Vista la pieza devuelta por el Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, que contiene el oficio 9583/2022, dirigido a la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado, con sede en Monterrey, Nuevo León, por el cual se ordenó notificar el del acuerdo de once de abril de dos mil veintidós; y que devuelve con motivo de la leyenda suscrita al anverso que dice: "Cambio Domicilio"; en tales condiciones, mediante oficio que al efecto se libre, se ordena reenviar en su domicilio correcto, esto es: - Calle Cuba 101 (ciento uno), Colonia Josefa Zozaya, Código Postal 67110, Guadalupe, Nuevo León. Cúmplase

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable 15. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey; aún no ha aclarado su informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificada del oficio que se le giró para tal efecto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la citada autoridad para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en términos de su artículo 2o, respecto del acto consistente en la orden de detención y su ejecución, así como sus antecedentes, remita copias certificadas, completas, legibles y ordenadas, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para dar cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, Tomo V, correspondiente al mes de febrero de 1997, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término concedido, o de no informar por escrito el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida de Actualización, conforme a su valor diario, de conformidad con lo previsto por los artículo 237 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y objetivamente atendiendo a la carga de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración, la que se fija objetivamente, atendiendo a las cargas de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias; la cual se llevará a cabo por videoconferencia. Por tanto, se requiere a las partes para que, hasta cinco días antes de la fecha para la audiencia constitucional, por una parte, proporcionen un correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo, y por otra, remitan copia de la identificación oficial vigente de la persona que comparecerá a la misma. En el entendido que, de no cumplir con lo anterior, la audiencia se celebrará sin su comparecencia.

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