Dayami Cabrera Ceballos
Expediente 1750/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1750/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Dayami Cabrera Ceballos
- Miriam de las Salas Formigo
- Manuel Eduardo Becerra Martin
Actuaciones
- Principal
MESA IX......se declara que ha causado estado el proveído....que tuvo por no presentada la demanda de amparo....archivando el presente juicio.....
- Principal
MESA IX...En Villahermosa, Tabasco, a cinco de noviembre de dos mil diecinueve, la suscrita actuaria judicial del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, Patricia Vidal Vidal, hago constar que notifico el proveído de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio amparo arriba indicado a 1.....y la menor de identidad reservada .....parte quejosa, por medio de lista que fijo en los estrados de este Juzgado y publicado en la página de internet del Poder Judicial de la Federación a las nueve horas del día de hoy, con fundamento en el artículo 27 fracción II, de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintidós de octubre de dos mil diecinueve.......acuerdo que en su parte conducente dice......se advierte de autos...que transcurrió el termino....para que....la parte quejosa diera cumplimiento al proveído de veintidós de octubre del año actual....se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído, por lo que se tiene por no presentada la presente demanda.....
- Principal
MESA IX....en cumplimiento al acuerdo de esta fecha notifico por lista a la parte quejosa el citado proveído......acuerdo que en su parte conducente dice......previo a la tramitación de la demanda, el juzgador de amparo está obligado a analizar el contenido del escrito inicial y verificar que se hayan cumplido los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, como son los previstos en el artículo 114, que establece lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; (.) Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. (.)" Como se advierte, es obligación del promovente subsanar las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda; en caso de no hacerlo, debe requerírsele para que los precise, según lo dispone el precepto 114, fracción I de la Ley de Amparo. En el caso, tomando en consideración que la firma que aparentemente estamparon los quejosos 1. Manuel Eduardo Becerra Martín, 2. Mariam de las Salas Formigo y 3. Dayami Cabrera Ceballos , en la demanda que se provee, difieren de las que obran plasmadas en las copias simples de los Pasaportes de la República de Cuba, expedidas a su favor (las cuales se valoran como indicios en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo), que adjuntaron al libelo constitucional de cuenta; circunstancias que generan incertidumbre para este juzgador, si es voluntad o no de los directos quejosos instaurar la demanda en que se provee. Por otra parte, tomando en consideración que también acude al presente juicio de amparo, Dayami Cabrera Ceballos, en representación de su menor hija de identidad reservada A.D.B.C., la cual cuenta con trece años y ocho meses de edad, según se aprecia de la copia simple de su pasaporte que adjuntó a su demanda inicial; y toda vez que el artículo 8 de la Ley de Amparo, establece que el menor de edad podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legitimo representante, cuando éste se halle ausente, se ignore quien sea, este impedido o se negare a promoverla, el órgano jurisdiccional se encuentra obligado a dictar las providencias que sean urgentes para su intervención en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano. En ese contexto, se advierte que Dayami Cabrera Ceballos, aduce acudir en representación de la citada menor de edad, sin que se advierta algún conflicto de intereses; sin embargo, no adjuntó a la demanda inicial ningún documento que acredite tener tal representación; y como la menor de edad se encuentra próxima a cumplir los catorce años de edad, como lo señala el segundo párrafo del artículo 8° de la Ley de Amparo, en el que se le faculta para promover juicio de amparo por sí, es que deberá comparecer ante este órgano de control constitucional a manifestar si es su deseo ratificar el escrito inicial de demanda promovido a su favor, y si designa como su representante a Dayami Cabrera Ceballos. En consecuencia, con fundamento en los numerales 26, fracción I, inciso c), 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes 1. Manuel Eduardo Becerra Martín, 2. Mariam de las Salas Formigo, 3. Dayami Cabrera Ceballos y a la menor de identidad reservada A.D.B.C., para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan ante este juzgado en día y hora hábil con identificación oficial vigente en las cuales se aprecie sus firmas y copias de éstas, los tres primeros a ratificar el contenido y firma de su ocurso de demanda, y a la citada menor para que ratifique el escrito inicial de demanda promovido a su favor, y si designa como su representante a Dayami Cabrera Ceballos, a fin de acordar lo conducente. Tiene aplicación al caso, la Tesis número I.8º.A.10 K, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página dos mil novecientos sesenta y nueve, del Tomo IV, Materia Común, del Libro treinta y uno, Junio de dos mil diecinueve, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y sinopsis siguientes: "REPRESENTACIÓN DE UN MENOR EN EL AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE VERIFICAR LA DEBIDA LEGITIMACIÓN DE QUIEN PROMOVIÓ EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. De conformidad con la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo, el órgano revisor deberá revocar la resolución recurrida cuando por acción u omisión se hayan violado las reglas fundamentales que norman el procedimiento, siempre que las violaciones hayan trascendido al resultado del fallo. Entre esas reglas se encuentra la relativa a verificar la debida legitimación de quien promueve el juicio de amparo en representación de un menor de edad, a fin de garantizar una representación adecuada del infante y concretar la igualdad en el acceso a la justicia en todo proceso judicial, en observancia al principio de interés superior del niño. En ese sentido, constituye una violación procesal en los términos descritos, que el Juez de Distrito deseche una demanda de amparo indirecto respecto de un menor, con motivo de que quien se ostentó como su representante incumplió con la carga procesal de acreditar su personalidad, la cual afirmó tener reconocida ante la autoridad responsable, sin que lo hubiera requerido para hacerlo y, en su caso, recabar de la autoridad responsable la constancia respectiva, pues ello implica que soslayó la normativa legal, constitucional e internacional, así como los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para proteger el interés superior del menor y permitirle integrarse a la relación jurídica procesal, a fin de que tenga una participación efectiva, que asegure el ejercicio pleno de sus derechos. Por tanto, si se advierte que durante la secuela del amparo no se verificó la debida legitimación de la persona que promovió el juicio en representación del menor quejoso, debe reponerse el procedimiento". APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el término concedido, de acuerdo a lo previsto en el artículo 114 de la Ley de la Materia, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia número 202, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento sesenta y cinco, del Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y sinopsis siguientes: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Se hace del conocimiento de 1. Manuel Eduardo Becerra Martín, 2. Mariam de las Salas Formigo y 3. Dayami Cabrera Ceballos, que en caso de reconocer la firma mencionada y posteriormente se llegara a comprobar su falsedad, se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción para los efectos legales correspondientes de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, precepto que a la letra indica: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." En apoyo a lo anterior, es aplicable en este caso, la jurisprudencia número 2014917, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, del Tomo I, Materia Común, Libro 45, Agosto de 2017, Décima Época, de rubro siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Así como la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2014436, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Pág. 1234, de rubro y texto, siguientes: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." De igual modo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/10, Décima Época, Registro: 2002739, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1195, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA RATIFICACIÓN DE LA FIRMA QUE LA CALZA, NO IMPIDE LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE EN QUE SE CUESTIONA SU AUTENTICIDAD. La facultad de la autoridad jurisdiccional de prevenir al quejoso para que se presente a ratificar la firma que calza el escrito de amparo tiene como finalidad que el juzgador tenga la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue el quejoso, máxime si ésta discrepa con alguna de las firmas que obran en autos. Sin embargo, el hecho de que se hubiere reconocido ante la presencia judicial la mencionada firma, no proscribe la posibilidad de que se cuestione su autenticidad a través del incidente respectivo, ya que precisamente el motivo de la impugnación incidental recae en su autenticidad, de manera que de llegarse a la conclusión de que tal grafismo es apócrifo, no es factible otorgar efectos jurídicos a un reconocimiento respecto de una firma que no fue puesta por el puño y letra del recognocente, pues ello sería tanto como volver verdadero lo que es falso, además de que desvirtuaría la materia propia de la impugnación incidental, rompiendo así el equilibrio procesal entre las partes." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones los estrados de este juzgado; autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Ricardo Gagstatter Moreno, debido a que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y de conformidad con la última parte del segundo párrafo del artículo antes citado a Luis Reyes Barraza, debido a que no tiene registrada su cédula profesional en el citado sistema. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.11o.A.4.A, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de dos mil seis, visible en la página 1188, que es del tenor literal siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles, para que el actuario adscrito a este juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a su función, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto.
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