Davis Antonio Morgado Contreras

Expediente 386/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
386/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Davis Antonio Morgado Contreras
  • Agente del Ministerio Publico de la Federacion adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data veinticinco de mayo de dos mil veintitrés (fojas 47 a 49) con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por el 1. Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia De Familia en Veracruz, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de prueba que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 386/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data veinticinco de mayo de dos mil veintitrés (fojas 47 a 49) con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por el 1. Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia De Familia en Veracruz, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de prueba que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley."Boca del Río, Veracruz, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data veinticinco de mayo de dos mil veintitrés (fojas 47 a 49) con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por el 1. Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia De Familia en Veracruz, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de prueba que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa y por lista de acuerdos al tercero interesado, por así estar ordenado en autos, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 386/2023, y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, y turnado ese mismo día a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, la parte quejosa, Davis Antonio Morgado Contreras promovió juicio de amparo contra del acto que más adelante se precisará (fojas 1-9). SEGUNDO. Admisión. Por auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó admitir a trámite la citada demanda de amparo en los términos propuestos, solicitar su informe justificado a la autoridad responsable, dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional y se ordenó emplazar a la tercero interesada Reyna Becerra Cruz, misma que fue emplazada el doce de mayo de dos mil veintitrés (fojas 35-39 y 45-46). Asimismo se hace constar que la tercero interesada no se apersonó a juicio. Mediante proveído de fecha dos de junio de dos mil veintitrés se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz (fojas 50-51). Por lo que, una vez que se encontró integrado el juicio de garantías, la audiencia constitucional se celebró en la hora y fecha prevista al efecto (fojas 220-221). Finalmente, hasta el momento no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, constitucionales, 33 fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado a través del diverso Acuerdo General 3/2021, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, al reclamarse una resolución emitida en un proceso civil, susceptible de afectar directa e irreparablemente el derecho fundamental de recibir alimentos, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el mismo consiste en: "La resolución de diez de abril de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil 1669/2022 por el titular del juzgado responsable, en la que se declaró parcialmente fundado el recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada (aquí quejoso) que modificó el porcentaje de la pensión alimenticia provisional decretada a favor de los menores de iniciales D.A.M.B. y D.A.M.B. del 40% (cuarenta) por ciento al 30% (treinta) por ciento del sueldo y prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el deudor alimentario, en el entendido que dicha cantidad quedará distribuida de la siguiente manera: 15% en favor de cada menor de identidad reservada". Acto notificado por lista de acuerdos de dicho órgano jurisdiccional el propio diez de abril de dos mil veintitrés (foja 116 vuelta del Tomo I del cuaderno de prueba). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Existencia de los actos. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la resolución reclamada (foja 50). Lo que se constata en razón que dicha responsable remitió copia certificada de esa determinación (fojas 105-116 Tomo I cuaderno de pruebas) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Definida la certeza del acto reclamado, a continuación es menester examinar si resulta procedente la acción de amparo, dado que en caso de no ser así, las causas de improcedencia son de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto. En esas condiciones, quien esto resuelve advierte, oficiosamente, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa presentó su demanda de garantías de forma extemporánea al no interponerse la misma dentro de los plazos marcados en la propia ley. MARCO NORMATIVO. Los numerales, fracciones y tesis señalados con anterioridad, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación armónica y sistemática de los artículos transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente si éste no se promueve dentro del término que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, según corresponda, y que el término genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, el cual debe contarse a partir del día siguiente al que se actualice cualquiera de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 18 de la mencionada ley, a saber: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Cabe señalar que las reglas de temporalidad señaladas tienen aplicabilidad al caso, pues no se reclama una norma general, no se trata de una sentencia definitiva en un proceso penal, ni de un asunto que pueda afectar derechos agrarios de núcleos de población ejidal, ni comunal. Del mismo modo, el acto señalado como reclamado no se encuentra contemplado en la hipótesis que señala la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor que dispone: "cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Así pues, en aplicación del marco jurídico previamente establecido, el suscrito encuentra que en el caso la demanda se promovió extemporáneamente. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas del juicio ordinario civil 1669/2022 (Tomo I cuaderno de pruebas) que remitió la autoridad responsable: 1). El veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, Reyna Becerra por propio derecho y en representación de sus menores hijos con identidad reservada, a través de las iniciales D.A.M.B. y D.A.M.B. promovió juicio ordinario civil en el cual demandó de Davis Antonio Morgado Contreras entre otras prestaciones, el pago de una pensión alimenticia provisional y, en su oportunidad una definitiva a favor de sus menores hijos (fojas 1-8 del Tomo I cuaderno de pruebas). 2). Demanda turnada el cinco de octubre de dos mil veintidós, al Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz; el cual en auto de esa misma fecha acordó: admitir y radicar la citada demanda con el número de juicio 1669/2022; fijar una pensión alimenticia de carácter provisional del cuarenta por ciento (40 %) del sueldo y prestaciones que percibe el demandado como empleado de la Moral denominada INGENIO LA GLORIA S.A., desglosándose de la siguiente manera: 20% (veinte por ciento) para cada uno de los menores de iniciales D.A.M.B. y D.A.M.B.; asimismo, se ordenó emplazar a juicio al demandado (fojas 11-15 del Tomo I cuaderno de pruebas). 3). El demandado fue emplazado por instructivo de notificación el diez de octubre de dos mil veintidós (fojas 97-98 del Tomo I cuaderno de pruebas). 4) Por escrito acordado el cinco de diciembre de dos mil veintidós, Davis Antonio Morgado Contreras contestó la demanda instaurada en su contra, e hizo valer recurso de reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional fijada y ofreció diversos medios de prueba para sustentar su petición; dejándose a la vista de la parte actora por el plazo de tres días (fojas 25-94 del Tomo I cuaderno de pruebas). 5). El veintidós de marzo de dos mil veintidós, se turnaron los autos para resolver el recurso planteado (fojas 103-104 del Tomo I cuaderno de pruebas). 6). El diez de abril de dos mil veintitrés, el juez instructor resolvió: declarar parcialmente fundada la reclamación, se regraduó el monto de la pensión provisional inicialmente fijada a favor de los menores con identidad reservada, a través de las iniciales D.A.M.B. y D.A.M.B. del 40% (cuarenta por ciento) al 30% (treinta por ciento) en el entendido que dicha cantidad quedará distribuida de la siguiente manera: 15% en favor de cada menor de identidad reservada" (fojas 105-116 del Tomo I de cuaderno de pruebas) determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Ahora, como ya quedó asentado, de las constancias del expediente 1669/2022 del índice del Juzgado responsable se advierte que la resolución de diez de abril de dos mil veintitrés, la cual constituye el acto reclamado, fue notificada a las partes por medio de lista de esa propia fecha (foja 116 del Tomo I de cuaderno de pruebas). Forma de notificación prevista en el numeral 74, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y que resulta aplicable al no tratarse, el citado acuerdo, de alguno de los supuestos previstos en el artículo 81 del citado cuerpo de leyes. Asimismo, con relación a la citada forma de notificación, el código procesal en comento señala en sus dispositivos 77, párrafo segundo y 78, que la notificación podrá hacerse de forma personal a los interesados o sus representante si acuden al local del Juzgado con ese objeto, ya sea el mismo día o al día siguiente que se dictó la resolución correspondiente y en caso de no hacerlo así, se tendrá por hecha la notificación y surtirá todos sus efectos legales al siguiente día de su publicación por lista o estrados en el órgano jurisdiccional. De ahí que, en todo caso, el plazo para interponer el juicio de garantías en contra de dicha resolución comenzó a correr desde el doce de abril de dos mil veintitrés (día hábil siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación por lista) y feneció el día tres de mayo de este mismo año, sin contar los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril y uno de mayo de dos mil veintitrés, ya que son inhábiles por corresponder a sábados y domingos, y el uno de mayo es inhábil conforme a la Ley de Amparo. De ahí que si el quejoso promovió su demanda de garantías el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, resulta evidente que dicha petición de garantías resulta extemporánea. Así se confirma que el plazo de quince días con que contaba el quejoso para presentar la demanda de amparo contra el acto reclamado, transcurrió del doce de abril al tres de mayo de dos mil veintitrés, sin contar los días inhábiles antes señalados; por ende, al cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en que se presentó la demanda de amparo, ya se encontraba vencido dicho plazo, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia P./J. 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." No es óbice para lo antes expuesto, que en el presente asunto se encuentre involucrado una cuestión de alimentos, puesto que ello no implica que por tal circunstancia deban desatenderse las reglas de procedencia del juicio de amparo. Guarda relación por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Lo resaltado es propio de esta resolución. Asimismo, resulta importante señalar, que la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, puesto que las garantías contenidas en dichos numerales, no implican que las partes se encuentren exentas de cumplir con las formalidades y cargas jurídico procesales que les correspondan en cada caso, según la legislación aplicable. Sustenta lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." De ahí que aun cuando en el caso operara en favor del quejoso algún caso de excepción a la causal invocada, el referido proveído no podría ser analizado desde la perspectiva de sus consecuencias de manera desligada de la resolución que le dio origen. CONCLUSIÓN. En mérito de lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 ambos de la Ley de Amparo, en lo que ve al acto reclamado analizado en el presente considerando. QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, así como su publicación a través del SISE para su consulta por cualquier persona, en términos del reformado numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2020. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Davis Antonio Morgado Contreras, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo de esta resolución, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo en términos del considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Juez del Juzgado Décimo Segundo, con residencia en Veracruz, Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como prueba de la responsable de mérito, la documental que anexa a su oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la aludida audiencia que al efecto se celebre. Dado lo voluminoso de las constancias que se anexaron, fórmese un cuaderno de pruebas de dichas constancias. Notifíquese en términos de ley.

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