David Zuñiga de Jesus
Expediente 1101/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1101/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/09/2019
Partes del expediente
- David Zuñiga de Jesus
- DAVID ZUÑIGA DE JESUS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Dígasele que a la fecha en que se actúa, en el presente asunto no se le ha reconocido el carácter de alguna de las partes que prevee el artículo 5 de la Ley de Amparo, por lo que no es procedente autorizar su consulta. Mediante oficio que derive del presente auto, notifíquese a la autoridad promovente.
- Principal
Acusa recibo del diverso por el que se le remitieron copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, e informa que se admitió el recurso de queja interpuesto.
- Principal
Téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer contra del proveído de quince de agosto de dos mil diecinueve, que desechó de plano su demanda de amparo. En consecuencia, dentro del término legal ríndase informe justificado sobre la materia en el sentido de que este juzgado efectivamente emitió el auto de quince de agosto de dos mil diecinueve; asimismo, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente en que se actúa para apoyar el contenido de dicho informe.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que remite el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado, en funciones e Juez de Control de la Unidad II del Distrito Judicial de Querétaro, mediante el cual manifiesta su imposibilidad para remitir la certificación que acredite la personalidad que ostenta Rosalba Garduño Sánchez, con defensora particular de David Zúñiga de Jesús, pues expone la carpeta judicial de origen fue puesta a disposición de la licenciada Yazmín Maricela Huerta Martínez, Juez en funciones de Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Querétaro. Por otra parte, agréguese el diverso oficio que allega la licenciada Yazmín Maricela Huerta Martínez, Juez del sistema Penal Acusatorio y Oral en el estado de Querétaro, en funciones de Juez de Juicio, mediante el que remite copia certificada de la comparecencia con la que acredita que la licenciada Rosalba Garduño Sánchez, tiene el carácter de defensora particular del quejoso, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo, por lo que al estar satisfecho el presupuesto procesal de mérito, se provee la procedencia de la demanda de amparo en los términos siguientes: PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Precisado lo anterior, se trae a colación que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte el siguiente acto reclamado: El auto de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, dictado en la causa 233/2018 instruida en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro express agraviado, en el que se determinó la no exclusión de diversos medios de prueba y, por vía de consecuencia, la apertura del juicio oral, así como su ejecución. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [...].". En ese sentido, de acuerdo con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Lo anterior es así, ya que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, los cuales se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad. Por ende, dicho principio obliga al quejoso a agotar previamente a la interposición de la demanda de amparo, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se anticipó, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En esa medida, el principio de definitividad consiste en la obligación que tiene el peticionario del amparo de agotar todos los medios ordinarios de defensa y los recursos que tenga a su alcance, por los cuales se pueda revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional, que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa contemplado en el inciso b), de la fracción III, del artículo 107 de la Constitución General de la República. Asimismo, que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, la que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 antes reproducido. Para profundizar más en el tema, es de relevancia atender lo que ha considerado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien al resolver el amparo directo en revisión 669/2015, los identificó a partir de los principios que rigen el sistema penal acusatorio, así como los objetivos de las etapas de investigación o inicial; intermedia y de juicio. En ese contexto, los artículos 212 al 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé los principios y reglas a que ha de sujetarse el desarrollo de la etapa de investigación, cuyo objeto, de acuerdo con el artículo 213, es que el Ministerio Público reúna los indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. En particular, el arábigo 259, párrafo tercero de ese cuerpo normativo, indica que para el dictado de la sentencia definitiva sólo serán valoradas las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio. A su vez, el diverso 334, párrafo primero, dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Y, de cualquier forma, en el caso de las solicitudes relativas a la exclusión probatoria, oportunamente planteadas en cualquier etapa del proceso penal, es posible controvertir su respuesta mediante el recurso de apelación, como se obtiene de la interpretación funcional y teleológica del canon 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite concluir que ese medio de defensa garantiza el derecho a un recurso efectivo, por lo que por regla general, es procedente contra determinaciones que versen sobre exclusión probatoria, con independencia del sentido de las mismas o de que éstas se emitan durante le audiencia intermedia, en tanto que ese precepto establece los supuestos en los que durante la audiencia intermedia, el juez de control tiene obligación de excluir medios de prueba, con el fin de que no sean desahogados ni valorados en la audiencia de juicio oral. Por su parte, el artículo 467, fracción XI, de la misma legislación procesal, establece la procedencia del recurso de apelación contra las determinaciones del juez de control que excluyan algún medio de prueba, sin especificar en qué etapa acontece. AEl acto reclamado no afecta a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan, ya que el quejoso es parte demandada en el juicio de origen, al que se puede incorporar en el momento en que así lo desee, por ser parte material en aquel sumario. En consecuencia, al ser factible el medio de impugnación previsto por el artículo 346, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para revisar el acto reclamado que aquí se impugna, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda en estudio, con base a lo dispuesto por el diverso artículo 113, de la Ley de Amparo.
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