David Zaga Vaca
Expediente 627/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- David Zaga Vaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por medio del cual, hace del conocimiento de este juzgado de distrito que el veintiuno de julio del año que transcurre, aceptó la competencia planteada dentro del presente juicio de amparo y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovido por David Zaga Vaca, por propio derecho y en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la moral denominada Panteones Verticales de México, S.A. Téngase por informado lo anterior, para los efectos legales conducentes. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico; en virtud de que se remitió por incompetencia a diverso órgano. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte en el presente expediente que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que lo integran, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver; en consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa, coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y en su oportunidad realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.A
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular; por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto número de orden 278/2022, número de origen E-212/2022 del índice de éste Juzgado, relativo al presente juicio de amparo, el cual se libró con la finalidad de notificar a la quejosa el auto dictado el veintisiete de junio del año en curso. Atento al contenido del exhorto devuelto, se tiene por legalmente notificada a la parte quejosa de referencia del auto en cita, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, en términos del artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, el auto de que se trata, por medio de la lista que se fije en los estrados de este Juzgado; en el entendido que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por este medio. Notifíquese: por lista a las partes.A Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, con el que remite los autos del juicio de amparo 627/2022-III, del índice de este juzgado, promovido por ******************************, por propio derecho y ostentándose ******************************., contra los actos y autoridades que enseguida se precisan: Actos reclamados El auto de dos de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente 64/1999, del índice de la hoy Quinta Sala Regional en Nezahualcóyotl, en el que la autoridad responsable se niega a dar cumplimiento a la sentencia de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve en dicho expediente. Autoridades responsables Quinta Sala Regional en Nezahualcóyotl, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Municipio de Juchitepec, Estado de México. Lo anterior, en razón de que por auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, el titular de dicho órgano jurisdiccional, resolvió no aceptar el conocimiento previo planteado por este órgano de control constitucional, para conocer de la demanda de amparo descrita; por los siguientes argumentos: "Como se dijo, no se actualiza el criterio de relación previsto en la Fracción IV del artículo 46 Quáter del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, porque el juicio de amparo 970/2001 del índice de este juzgado, señalado como antecedente, excede la temporalidad de cinco años requerida para su vinculación en relación con el amparo 627/2022-III de la estadística del Juzgado Primero como lo indica la fracción II del artículo 45 del citado Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil veintidós, vigente a partir del quince siguiente." Acúsese el recibo de estilo, asimismo, visto lo anterior, se provee lo relativo: Este órgano de control constitucional, no insiste en plantear el conocimiento previo dentro del presente juicio de amparo, promovido ********************************, contra actos de la Quinta Sala Regional en Nezahualcóyotl, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y otra autoridad. Incompetencia Ahora bien, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para arribar a esta determinación debe partirse de lo dispuesto en el artículo 107, fracción VII, constitucional; y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro; entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material. Lo cual, se traduce en una competencia por territorio, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Así, para determinar la competencia del caso, hay que atender estos aspectos: Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Tercero, si el acto no requiere ejecución material, el lugar donde se haya presentado la demanda. Ahora bien, en la especie, el acto reclamado la parte quejosa lo hace consistir en: El auto de dos de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente 64/1999, del índice de la hoy Quinta Sala Regional en Nezahualcóyotl, en el que la autoridad responsable se niega a dar cumplimiento a la sentencia de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve en dicho expediente. De la demanda de amparo se advierte que señaló como autoridades responsables las siguientes: Quinta Sala Regional en Nezahualcóyotl, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Municipio de Juchitepec, Estado de México. Luego, del capítulo correspondiente a los antecedentes, bajo protesta de decir verdad, refirió lo siguiente: "(.) Después de haberse ventilado el procedimiento correspondiente, el día 21 de junio de 1999 se dictó sentencia definitiva en la cual se condenó a las autoridades demandadas a lo siguiente: (.) CUARTO.- Se condena a las autoridades demandadas a restituir el pleno goce de sus derechos a PANTEONES VERTICALES DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, se ordena al SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL Y AL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE JUCHITEPEC, ESTADO DE MÉXICO, devuelvan a la empresa actora todos y cada uno de los bienes que se encuentran inventariados en el acta circunstanciada del catorce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y que constituye el acto impugnado en el presente juicio sin que dicha restitución implique la suspensión del servicio público de panteón que viene prestando el Ayuntamiento, ya que ello ocasionaría perjuicio a la sociedad, por ser el servicio de orden público e interés general; lo que deberán cumplir en un término de tres días hábiles posteriores a aquel en que cause ejecutoria la presente resolución; previniéndoles para que informen sobre el cumplimiento en un término inmediato posterior de tres días, apercibidos que en caso de no informar oportunamente se harán acreedores a un medio de apremio consistente en multa por equivalente a diez días de salario mínimo vigente en este Municipio, de conformidad con lo previsto por los artículos 19 fracción II, 227 fracción IV y 279 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Las autoridades Demandadas por escrito el día ocho de julio de 1999, promovieron RECURSO DE REVISIÓN, en contra de la Sentencia Definitiva de fecha 21 de Junio de 1999. En dicho Recurso de Revisión se dictó Sentencia el día 24 de agosto de 1999, sentencia que confirmó en todos sus términos la dictada por ésta H. Quinta Sala, motivo por el cual la sentencia definitiva recurrida, causó EJECUTORIA, según se desprende del acuerdo del día 27 de agosto de 1999. Mediante diversos Acuerdos de fechas siete, catorce y veintisiete de octubre todos de mil novecientos noventa y nueve la Quinta Sala Regional de Nezahualcóyotl, señaló fechas para que se llevaran a cabo las diligencias en las que se debió haber dado cumplimiento a la sentencia definitiva, sin que esto ocurriera en la especie, Por lo que las autoridades demandadas se hicieron acreedoras a una multa por falta de acatamiento. El suscrito inició el Procedimiento de Cumplimiento de Sentencia número 32/1999, dentro del cual tuvieron verificativo diversas actuaciones judiciales ante la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, y con fecha seis de octubre del año dos mil, las demandadas solicitaron señalamiento de día y hora a efecto de que en compañía de Actuario adscrito a la Sala Superior, se diera cumplimiento a la Sentencia Primigenia de fecha 21 de junio de 1999. Posteriormente el día dieciocho de octubre de dos mil, se llevó a cabo una diligencia sin la presencia de la actora, Panteones Verticales de México, S.A., en donde se asentó que quedaban a disposición de la empresa demandante los bienes motivo de la controversia, haciendo la aclaración de que faltaban algunos "utensilios", mismos que fueron reemplazados por las responsables. (.) Siguiendo ese hilo conductor, mediante acuerdo de fecha 05 de julio de 2004, el Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior, impuso una multa a la empresa que represento, en virtud de que la parte actora hoy quejosa se negó a recibir los bienes faltantes, toda vez que la supuesta devolución se llevó a cabo sin que hubiera fedatario público que hubiera presenciado los hechos. Mediante acuerdo de fecha 05 de enero de 2005, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, solicitó a la Segunda Sección de la Sala Superior que exhibiera las constancias con las que se corrobora que el asunto a estudio se encontraba cumplido, es decir, la Sentencia de fecha 12 de Diciembre de 2002, por la que se tuvo por cumplida. Bajo ese orden de ideas, y dando el notable dolo con el que actuaron los órganos jurisdiccionales, el suscrito interpuso Incidente de inconformidad, ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, declarándolo infundado, por lo que a través de sentencia de fecha 28 de junio de 2006, la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Se tiene por cumplida por parte del Síndico, Procurador Municipal y del Contralor Interno Municipal, ambos del Ayuntamiento de Juchitepec, la sentencia de fecha veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, dictada por el Magistrado de la Quinta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el expediente del juicio administrativo número 64/1999 por los razonamientos vertidos en el Considerando II de esta determinación." (.)" En ese orden de ideas, de los hechos que bajo protesta de decir verdad manifiesta la parte quejosa, existen datos o elementos que permiten advertir que el acto reclamado se ejecutó y se seguirá ejecutando únicamente en el municipio de Juchitepec, Estado de México, pues fue ahí, donde se llevaron a cabo todas las diligencias relacionadas con el Procedimiento de Cumplimiento de Sentencia número 32/1999; por tanto, debe aplicarse la regla de competencia prevista por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En ese sentido, si el acto se ejecutó en el municipio de Juchitepec, Estado de México, es decir, fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, significa que es competencia de un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl. Por ello, de conformidad con lo que dispone el primer párrafo del numeral en cita, es competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es uno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, dado que los actos que combate la parte quejosa, se ejecutaron en el lugar donde ejerce jurisdicción dicho Juzgado de Distrito, aunado a que las autoridades responsables que señala la impetrante de amparo ejercen jurisdicción en esa Ciudad (Nezahualcóyotl). Sirve de apoyo el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro textualmente dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCION EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." Asimismo, la tesis 2a./J. 17/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido y rubro: " COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo." Así las cosas y no existiendo acto de ejecución material en esta jurisdicción, que daría competencia legal a este Juzgado de Distrito para conocer de la controversia constitucional que se le plantea, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, remítase la demanda de amparo y anexos al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl; para los efectos que señala el segundo de los preceptos legales invocados. Notificación a la parte quejosa. Ahora bien, dada la trascendencia esta determinación, por única ocasión, con fundamento en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, líbrese atento exhorto vía interconexión al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente auto al promovente David Zaga Vaca, en el domicilio ubicado en calle José Antonio Torres número 753, interior 2, colonia Asturias, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Asimismo, deberá requerirle para que en el momento de la diligencia o dentro del plazo de tres días legalmente computado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Con el apercibimiento, que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicaran por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, con fundamento en los artículos 305, 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se faculta al juez exhortado para que provea todas aquellas diligencias que sean necesarias para dar cumplimiento a lo solicitado en este proveído y en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles al fedatario judicial adscrito a su juzgado. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A", para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese: por exhorto a la parte quejosa; por oficio ordinario al Juzgado Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno; y vía interconexión al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 242/2022, número de origen E-186/2022, del índice de este juzgado, librado con la finalidad de notificar al quejoso ********************el proveído de tres de junio del año en curso. Atento al contenido del exhorto devuelto, se tiene por legalmente notificado al citado quejoso del referido auto. Sin que sea el caso acusar recibo, toda vez que éste se genera automáticamente al momento del envío electrónico del propio exhorto y anexos, el cual produce efectos de certeza, en cuanto a su recepción. Notifíquese; por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, con el que remite los autos del juicio de amparo 627/2022-III, del índice de este juzgado, promovido por ******************************, por propio derecho y ostentándose ******************************., contra los actos y autoridades que enseguida se precisan: Actos reclamados El auto de dos de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente 64/1999, del índice de la hoy Quinta Sala Regional en Nezahualcóyotl, en el que la autoridad responsable se niega a dar cumplimiento a la sentencia de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve en dicho expediente. Autoridades responsables Quinta Sala Regional en Nezahualcóyotl, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Municipio de Juchitepec, Estado de México. Lo anterior, en razón de que por auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, el titular de dicho órgano jurisdiccional, resolvió no aceptar el conocimiento previo planteado por este órgano de control constitucional, para conocer de la demanda de amparo descrita; por los siguientes argumentos: "Como se dijo, no se actualiza el criterio de relación previsto en la Fracción IV del artículo 46 Quáter del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, porque el juicio de amparo 970/2001 del índice de este juzgado, señalado como antecedente, excede la temporalidad de cinco años requerida para su vinculación en relación con el amparo 627/2022-III de la estadística del Juzgado Primero como lo indica la fracción II del artículo 45 del citado Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil veintidós, vigente a partir del quince siguiente." Acúsese el recibo de estilo, asimismo, visto lo anterior, se provee lo relativo: Este órgano de control constitucional, no insiste en plantear el conocimiento previo dentro del presente juicio de amparo, promovido ********************************, contra actos de la Quinta Sala Regional en Nezahualcóyotl, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y otra autoridad. Incompetencia Ahora bien, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para arribar a esta determinación debe partirse de lo dispuesto en el artículo 107, fracción VII, constitucional; y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro; entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material. Lo cual, se traduce en una competencia por territorio, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Así, para determinar la competencia del caso, hay que atender estos aspectos: Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Tercero, si el acto no requiere ejecución material, el lugar donde se haya presentado la demanda. Ahora bien, en la especie, el acto reclamado la parte quejosa lo hace consistir en: El auto de dos de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente 64/1999, del índice de la hoy Quinta Sala Regional en Nezahualcóyotl, en el que la autoridad responsable se niega a dar cumplimiento a la sentencia de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve en dicho expediente. De la demanda de amparo se advierte que señaló como autoridades responsables las siguientes: Quinta Sala Regional en Nezahualcóyotl, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Municipio de Juchitepec, Estado de México. Luego, del capítulo correspondiente a los antecedentes, bajo protesta de decir verdad, refirió lo siguiente: "(.) Después de haberse ventilado el procedimiento correspondiente, el día 21 de junio de 1999 se dictó sentencia definitiva en la cual se condenó a las autoridades demandadas a lo siguiente: (.) CUARTO.- Se condena a las autoridades demandadas a restituir el pleno goce de sus derechos a PANTEONES VERTICALES DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, se ordena al SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL Y AL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE JUCHITEPEC, ESTADO DE MÉXICO, devuelvan a la empresa actora todos y cada uno de los bienes que se encuentran inventariados en el acta circunstanciada del catorce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y que constituye el acto impugnado en el presente juicio sin que dicha restitución implique la suspensión del servicio público de panteón que viene prestando el Ayuntamiento, ya que ello ocasionaría perjuicio a la sociedad, por ser el servicio de orden público e interés general; lo que deberán cumplir en un término de tres días hábiles posteriores a aquel en que cause ejecutoria la presente resolución; previniéndoles para que informen sobre el cumplimiento en un término inmediato posterior de tres días, apercibidos que en caso de no informar oportunamente se harán acreedores a un medio de apremio consistente en multa por equivalente a diez días de salario mínimo vigente en este Municipio, de conformidad con lo previsto por los artículos 19 fracción II, 227 fracción IV y 279 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Las autoridades Demandadas por escrito el día ocho de julio de 1999, promovieron RECURSO DE REVISIÓN, en contra de la Sentencia Definitiva de fecha 21 de Junio de 1999. En dicho Recurso de Revisión se dictó Sentencia el día 24 de agosto de 1999, sentencia que confirmó en todos sus términos la dictada por ésta H. Quinta Sala, motivo por el cual la sentencia definitiva recurrida, causó EJECUTORIA, según se desprende del acuerdo del día 27 de agosto de 1999. Mediante diversos Acuerdos de fechas siete, catorce y veintisiete de octubre todos de mil novecientos noventa y nueve la Quinta Sala Regional de Nezahualcóyotl, señaló fechas para que se llevaran a cabo las diligencias en las que se debió haber dado cumplimiento a la sentencia definitiva, sin que esto ocurriera en la especie, Por lo que las autoridades demandadas se hicieron acreedoras a una multa por falta de acatamiento. El suscrito inició el Procedimiento de Cumplimiento de Sentencia número 32/1999, dentro del cual tuvieron verificativo diversas actuaciones judiciales ante la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, y con fecha seis de octubre del año dos mil, las demandadas solicitaron señalamiento de día y hora a efecto de que en compañía de Actuario adscrito a la Sala Superior, se diera cumplimiento a la Sentencia Primigenia de fecha 21 de junio de 1999. Posteriormente el día dieciocho de octubre de dos mil, se llevó a cabo una diligencia sin la presencia de la actora, Panteones Verticales de México, S.A., en donde se asentó que quedaban a disposición de la empresa demandante los bienes motivo de la controversia, haciendo la aclaración de que faltaban algunos "utensilios", mismos que fueron reemplazados por las responsables. (.) Siguiendo ese hilo conductor, mediante acuerdo de fecha 05 de julio de 2004, el Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior, impuso una multa a la empresa que represento, en virtud de que la parte actora hoy quejosa se negó a recibir los bienes faltantes, toda vez que la supuesta devolución se llevó a cabo sin que hubiera fedatario público que hubiera presenciado los hechos. Mediante acuerdo de fecha 05 de enero de 2005, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, solicitó a la Segunda Sección de la Sala Superior que exhibiera las constancias con las que se corrobora que el asunto a estudio se encontraba cumplido, es decir, la Sentencia de fecha 12 de Diciembre de 2002, por la que se tuvo por cumplida. Bajo ese orden de ideas, y dando el notable dolo con el que actuaron los órganos jurisdiccionales, el suscrito interpuso Incidente de inconformidad, ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, declarándolo infundado, por lo que a través de sentencia de fecha 28 de junio de 2006, la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Se tiene por cumplida por parte del Síndico, Procurador Municipal y del Contralor Interno Municipal, ambos del Ayuntamiento de Juchitepec, la sentencia de fecha veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, dictada por el Magistrado de la Quinta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el expediente del juicio administrativo número 64/1999 por los razonamientos vertidos en el Considerando II de esta determinación." (.)" En ese orden de ideas, de los hechos que bajo protesta de decir verdad manifiesta la parte quejosa, existen datos o elementos que permiten advertir que el acto reclamado se ejecutó y se seguirá ejecutando únicamente en el municipio de Juchitepec, Estado de México, pues fue ahí, donde se llevaron a cabo todas las diligencias relacionadas con el Procedimiento de Cumplimiento de Sentencia número 32/1999; por tanto, debe aplicarse la regla de competencia prevista por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En ese sentido, si el acto se ejecutó en el municipio de Juchitepec, Estado de México, es decir, fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, significa que es competencia de un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl. Por ello, de conformidad con lo que dispone el primer párrafo del numeral en cita, es competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es uno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, dado que los actos que combate la parte quejosa, se ejecutaron en el lugar donde ejerce jurisdicción dicho Juzgado de Distrito, aunado a que las autoridades responsables que señala la impetrante de amparo ejercen jurisdicción en esa Ciudad (Nezahualcóyotl). Sirve de apoyo el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro textualmente dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCION EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." Asimismo, la tesis 2a./J. 17/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido y rubro: " COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo." Así las cosas y no existiendo acto de ejecución material en esta jurisdicción, que daría competencia legal a este Juzgado de Distrito para conocer de la controversia constitucional que se le plantea, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, remítase la demanda de amparo y anexos al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl; para los efectos que señala el segundo de los preceptos legales invocados. Notificación a la parte quejosa. Ahora bien, dada la trascendencia esta determinación, por única ocasión, con fundamento en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, líbrese atento exhorto vía interconexión al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente auto al promovente David Zaga Vaca, en el domicilio ubicado en calle José Antonio Torres número 753, interior 2, colonia Asturias, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Asimismo, deberá requerirle para que en el momento de la diligencia o dentro del plazo de tres días legalmente computado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Con el apercibimiento, que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicaran por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, con fundamento en los artículos 305, 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se faculta al juez exhortado para que provea todas aquellas diligencias que sean necesarias para dar cumplimiento a lo solicitado en este proveído y en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles al fedatario judicial adscrito a su juzgado. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A", para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese: por exhorto a la parte quejosa; por oficio ordinario al Juzgado Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno; y vía interconexión al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez.
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