David Vitte Viveros
Expediente 696/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- David Vitte Viveros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, once de septiembre de dos mil veintitrés. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, téngase por recibido el testimonio de cuenta, el cual al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente electrónico de este juicio. Por recibido el testimonio remitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, del que se advierte que en sesión de veintitrés de agosto del año en curso, se resolvió recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de desechamiento de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, declarándolo infundado. Acúsese recibo de estilo a la Superioridad. Glósese a los autos el testimonio de mérito, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así como en la carátula del expediente y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo y previa visita de inspección que corresponda, deberá destruirse y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
"Xalapa de Enríquez, Veracruz, quince de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, por medio del cual devuelve sin diligenciar el despacho 254/2023 (orden 435/2023), con el que se ordenó notificar a la parte quejosa el auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, dese de baja el despacho de referencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, toda vez que no se pudo notificar a la parte quejosa el auto señalado anteriormente, pues el domicilio que señaló resulto inexacto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista de acuerdos el proveído de diecinueve de julio pasado, así como los subsecuentes acuerdos, aún los de carácter personal, hasta en tanto señale un domicilio en esta ciudad donde pueda ser notificada. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo." Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo que antecede, notifico a la parte quejosa el contenido integro del acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz; por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 696/2023 que le corresponde. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. HIPOTÉSIS NORMATIVA En el caso, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V y 172 fracción XII del propio ordenamiento legal, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. (.)" El primero de los artículos transcritos, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio, procede limitativamente respecto de aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, lo que implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material de derechos sustantivos. Como se ve, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Adicionalmente, del último artículo transcrito se infiere un listado de violaciones procesales que afectan las defensas del quejoso y trascienden al resultado del fallo, lo que significa que si no son factor en la resolución final contra la que proceda el amparo, no se tendrán como violaciones al procedimiento aun cuando se encuentren dentro de las hipótesis que enmarca el precepto en cuestión, puesto que es necesario que tengan injerencia en el resultado del juicio, para estar en aptitud de reclamarlas. Por lo tanto, si el acto reclamado no afecta en forma directa e inmediata derechos sustantivos, los efectos jurídicos producidos por éste son meramente intraprocesales, y aun cuando no se obtenga una sentencia favorable, queda expedito el derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio. HECHOS En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que lo reclamado por la parte quejosa consisten en: ? El proveído de veinte de junio de dos mil veintitrés, únicamente lo relacionado a que da cuenta la negativa de dar curso a la precisión de la demanda dentro del juicio laboral *********. Refiere que acudió ante el Tribunal responsable a subsanar lo requerido; no obstante ello, la autoridad lo tuvo por no aclarado. Ahora bien, del escrito de demanda y de las constancias que anexa se advierte que mediante acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, el Tribunal responsable admitió a trámite la demanda presentada por el aquí quejoso, y lo requirió para que aclarara las circunstancias de modo, tiempo y lugar, esto es, para que precisara quién le entregó el dictamen en el que se le hace saber el cese de los efectos de su nombramiento, lugar y día en que sucedieron los hechos y lugar en donde labora actualmente; asimismo, mediante diverso de veinte de junio actual, la autoridad responsable hizo contar que no se hizo la aclaración solicitada, por tanto, se continuó con la secuela procesal, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. CONCLUSIÓN Precisado lo anterior, se concluye que el acto reclamado no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino únicamente derechos adjetivos que pueden ser reparados si la parte quejosa, al dictarse el laudo en el expediente laboral ******** del índice de la Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, obtiene una resolución favorable a sus intereses, y en caso que la violación trascienda, podrá impugnarla conjuntamente al promover amparo directo contra dicha resolución, en términos de los artículos 171 y 172, fracción XII de la Ley de Amparo. En efecto, los actos que combate la parte quejosa en esta instancia constituye meras transgresiones a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V esta última interpretada en sentido contrario, en virtud que no se afectan los derechos sustantivos de la parte quejosa que impidan su participación procesal en el juicio, ni implica necesariamente que se dicte una resolución desfavorable a sus intereses; y la afectación procesal que en todo caso llegue a sufrir, puede subsanarse con la obtención de una resolución favorable en el expediente de origen; en caso contrario, tiene la posibilidad de impugnar tal violación en vía de amparo directo junto con el laudo, lo que en modo alguno le privaría de su derecho a la defensa; toda vez que incluso en el acto reclamado la responsable ordenó continuar con la secuela procesal "quedando la parte actora para precisar su demanda". De ahí que, en el caso, no se actualizan las condiciones para la procedencia del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, pues el derecho que reclama la parte quejosa no reviste la categoría de sustantivo, por no constituir el acto que reclama una afectación actual, sino que depende del hecho que llegue o no a trascender al desenlace del juicio laboral de origen. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa aduce que el juicio de amparo es procedente porque reclama violaciones directas a la Constitución y que el acto reclamado adolece de fundamentación y motivación; sin embargo, del contenido del mismo, se puede apreciar que la autoridad responsable sí fundó y motivó el acto reclamado, tan es así que el propio quejoso se duele que se fundamentó, entre otros, en un artículo derogado. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios que enseguida se citan. La jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que se invoca: "Registro digital: 2006338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: IV.2o.C. J/2 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 1539 Tipo: Jurisprudencia ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." La jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que señala: "Registro digital: 184249 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.2o.C. J/231 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Mayo de 2003, página 1186 Tipo: Jurisprudencia VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2006548 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. L/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 1095 Tipo: Aislada "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO INTRAPROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE AL QUEJOSO." Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA origen de este juicio. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Y DATO DE CONTACTO Por otro lado, toda vez que señaló domicilio fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el diverso 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique el presente proveído al quejoso *********, en el domicilio ubicado en *********. Asimismo, deberá requerirlo para que dentro del término de tres días, computado legalmente, señale un nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que, de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que para la práctica de la diligencia encomendada podrán constituirse en diversos horarios, pudiendo ser éstos en días y horas inhábiles, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 282 y 300 del Código Federal invocado en aplicación supletoria al de la materia, se faculta al titular del órgano jurisdiccional para que ordene cualquier tipo de diligencia que tienda a cumplimentarla, entre ellos acordar promociones, girar oficios, despachos, habilitar días y horas inhábiles, así como imponer sanciones. Se solicita al citado juzgador, para que una vez diligenciado en sus términos el aludido despacho, se sirva remitir las constancias respectivas y lo devuelva a la brevedad posible a este órgano jurisdiccional. En otro aspecto, se tiene como dato de contacto el número telefónico que proporciona para el caso que se necesite entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe judicial del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. EXHORTACIÓN A TRANSITAR AL JUICIO EN LINEA Con fundamento en el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual deberán informar a este Juzgado mediante escrito en el que expresen su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se les notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo y el diverso 22 del Acuerdo General 12/2022 antes invocado, digitalícense las promociones que se reciban en forma física en la oficialía de partes de este Juzgado, para su integración al expediente electrónico de este expediente. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, téngase por recibido el oficio de cuenta, el cual al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente electrónico de este juicio. Ahora bien, en atención a su contenido, se tiene al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, informando que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de desechamiento; por lo tanto, estese en espera que el mencionado Tribunal remita el testimonio de la resolución que pronuncie en el toca *********** de su índice. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, en términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente electrónico de este juicio. Ahora bien, téngase por recibido el escrito de ******** (quien aduce venir en representación de *******) signado electrónicamente por el quejoso, a través del cual interpone recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda origen de este juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100, 101, de la Ley de Amparo, y 38, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese trámite al citado medio de impugnación. En ese sentido, ríndase el informe respectivo, en el sentido que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO, cuya legalidad se sostiene por sus propias consideraciones y fundamentos. Por lo tanto, acorde con el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, póngase a disposición del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en turno, con sede esta ciudad, la versión electrónica del expediente en que se actúa a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, para la substanciación de tal medio de defensa. Instrúyase al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que realice los trámites necesarios en el aludido sistema, a fin de hacer disponible el expediente electrónico para el Tribunal Colegiado que corresponda conocer del citado recurso. En la inteligencia que para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondía Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. No es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa, la parte recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada deben remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver del recurso, y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación interpuesto, debe otorgárseles el término de tres días para que, igualmente, indiquen las constancias que, en copia certificada, consideren deben remitirse al Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, atendiendo al auto que se combate por el recurso de queja, en el caso es el desechamiento de la demanda, se considera que tal tramitación resulta innecesaria. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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