David Villalobos Dionisio
Expediente 113/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 113/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- David Villalobos Dionisio
- Ivan Aguilar García
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE ASUNTO, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Téngase por recibido el Oficio 1553/2021, signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdoba y Ordoñez, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto... librado en el presente asunto en el presente asunto a fin de notificar a los quejosos David Villalobos Dionicio e Iván Aguilar García el proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno; por tanto, dese de baja en el libro de gobierno relativo esa comunicación oficial, así como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes... y téngase por notificados a los quejosos de dicho proveído. Sin que sea necesario acusar de recibo de dicha comunicación oficial, atendiéndose a que es generado por el propio sistema.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Téngase por recibido el Oficio 1436/2021, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula, por medio del cual acusa recibo del oficio mediante el cual se remitió el original del juicio de amparo 113/2021 e informa que aceptó la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto siendo registrado bajo el número 75/2021. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo... este expediente debe considerarse DESTRUIBLE... pues se trata de un cuaderno auxiliar derivado de una incompetencia. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda, promovido por David Villalobos Dionicio e Iván Aguilar García, contra actos de los Jueces de Control y Enjuiciamiento del Décimo Séptimo Distrito Judicial, Salas A, B, C, D y E de Veracruz, Veracruz y otras autoridades. RADICACIÓN Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 107, fracción V, 108 y 112 de la Ley de Amparo; fórmese juicio de amparo y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 113/2021-V, que es el que le correspondió. INCOMPETENCIA El suscrito juzgador federal estima que, en el particular, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, por razón de territorio, no es legalmente competente para conocer de la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo; y además en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención de lo que a continuación se expondrá. El estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto, preferentes, porque avocarse al conocimiento de un asunto y a la postre resolver sin tener competencia legal por razón de territorio, podría generar en su momento la reposición del procedimiento por parte del órgano revisor (Tribunal Colegiado de Circuito, Salas o Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con la consecuente, declaratoria de nulidad de la sentencia que en un momento dado se llegara a dictar, no obstante carecer de aptitud legal para hacerlo. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece en su primer párrafo: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado." Con base al anterior ordinal, para fijar la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando los actos reclamados requieran de ejecución material, debe atenderse al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se hayan ejecutado tal acto.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda, promovido por David Villalobos Dionicio e Iván Aguilar García, contra actos de los Jueces de Control y Enjuiciamiento del Décimo Séptimo Distrito Judicial, Salas A, B, C, D y E de Veracruz, Veracruz y otras autoridades. RADICACIÓN Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 107, fracción V, 108 y 112 de la Ley de Amparo; fórmese juicio de amparo y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 113/2021-V, que es el que le correspondió. INCOMPETENCIA El suscrito juzgador federal estima que, en el particular, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, por razón de territorio, no es legalmente competente para conocer de la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo; y además en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención de lo que a continuación se expondrá. El estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto, preferentes, porque avocarse al conocimiento de un asunto y a la postre resolver sin tener competencia legal por razón de territorio, podría generar en su momento la reposición del procedimiento por parte del órgano revisor (Tribunal Colegiado de Circuito, Salas o Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con la consecuente, declaratoria de nulidad de la sentencia que en un momento dado se llegara a dictar, no obstante carecer de aptitud legal para hacerlo. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece en su primer párrafo: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado." Con base al anterior ordinal, para fijar la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando los actos reclamados requieran de ejecución material, debe atenderse al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se hayan ejecutado tal acto. Ahora, de la lectura integral de la demanda constitucional, se obtiene que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: Los jueces de Control y Enjuiciamiento del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, Salas A, B, C, D y E;. Comisario Delegado Regional de la Policía Ministerial zona Centro, en Veracruz, Veracruz; Coordinación de División de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro, con residencia en Veracruz, Veracruz Actos reclamados: La orden de aprehensión o detención dictada contra los quejosos y su ejecución Asimismo, señalan los quejosos, bajo protesta de decir verdad, que se encuentran detenidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 15-CPS-CHIAPAS, en el Estado de Chiapas. De lo antes descrito se advierte que los quejosos señalan como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución; asimismo, se advierte que se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 15, ubicado en Villa Comaltitlán, estado de Chiapas. Por tanto, si los quejosos se encuentran internos en un centro de readaptación social en aquella localidad (Villa Comaltitlán, Chiapas); lugar en el que, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción, sino los Juzgados de Distritos en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. En ese contexto, resulta claro que el Juez de Distrito competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo lo es cualquiera de los Jueces de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con residencia en Tapachula, toda vez que, como se estableció en líneas precedentes, los quejosos David Villalobos Dionicio e Iván Aguilar García, se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social 15, ubicado en Villa Comaltitlán, Chiapas. Resulta aplicable, por su idea jurídica, la tesis II.3o.P.82 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 902, Libro 76, Tomo 1, Marzo de 2020, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: COMPETENCIA. LA TIENE EL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL QUEJOSO ESTÁ INTERNO, SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. El artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución. En ese sentido, si en el juicio constitucional se reclama una orden de aprehensión que por su naturaleza requiere ejecución material y los antecedentes que bajo protesta de decir verdad se relatan en la demanda o las constancias que obran en autos demuestran que el quejoso está recluido en un centro preventivo y de reinserción social; entonces la competencia para conocer del asunto la tiene el Juez de Distrito en cuya jurisdicción esté interno. Sin que obste cualquier manifestación de que se pretendió cumplir el mandato de captura en otro sitio, porque esa expresión por sí misma no hace viable la posibilidad de que dicho mandamiento se ejecute en lugar diverso a donde se encuentre, por ser el único dato objetivo con que se cuenta. Además, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 97, Informe 1972, Parte II, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2011, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En las anteriores circunstancias, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, POR RAZÓN DE TERRITORIO, SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y además en el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al estimar que lo son los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, quienes ejercen jurisdicción donde se encuentran recluidos los quejosos; de ahí que deban remitirse los autos originales que conforman este sumario, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Tapachula, Chiapas, de inmediato y en aras de una justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 constitucional. En ese tenor, en términos de la Circular DGGJ/0012/2020 emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, de diez de julio de dos mil veinte, y se ordena remitir los presentes autos de forma inmediata a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado Chiapas, con sede en Tapachula; por tanto, en acatamiento al punto "1" de la citada Circular se proporciona la información necesaria para su turno. QUEJOSOS: David Villalobos Dionicio e Iván Aguilar García. TERCERO INTERESADO: No existe. AUTORIDADES RESPONSABLES: Jueces de Control y Enjuiciamiento del Décimo Séptimo Distrito Judicial, Salas A, B, C, D y E en Veracruz, Veracruz; Comisario Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro de Veracruz, Veracruz; Coordinación de División de Detectives de la Policía Ministerial, Zona Centro Veracruz, Veracruz ACTO RECLAMADO: La orden de aprehensión y su ejecución. Asimismo, toda vez que se remite el original del juicio de amparo 113/2021-V; por tanto, recábense las copias de las constancias que resulten necesarias de este expediente, y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado, cerrado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte quejosa, se realizarán las notificaciones que tengan el carácter de personales, por lista, previo acuerdo que al efecto se emita, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; y como sus autorizados para recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rafael Gómez Casas por tener registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que se lleva en los Órganos del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, toda vez que los quejosos manifestaron en su demanda de amparo que actualmente se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social 15, ubicado en Villa Comaltitlán, estado de Chiapas, en consecuencia, líbrese atento exhorto al Juez de Distrito en turno, en la ciudad de Tapachula, Chiapas a fin de que, en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, ordene a quien corresponda, notifique el presente proveído a los quejosos David Villalobos Dionicio e Iván Aguilar García, en el lugar en el que se encuentran recluidos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias. LINEAMIENTOS PARA EFECTUAR LAS NOTIFICACIONES Se instruye a los actuarios que las notificaciones que hagan en el presente asunto, se ajusten a lo previsto en los artículos 21 y 23 del referido Acuerdo General 21/2020; en el entendido de que las notificaciones personales, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno. Solicítese el acuse de recibo de estilo al Juez de Distrito que le corresponda conocer del presente asunto, y en el que comunique si acepta o no la competencia declinada a su favor. Finalmente, se autoriza a los Secretarios del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar oficios a las autoridades responsables en este asunto. Notifíquese personalmente a los quejosos en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, así como por exhorto, en el lugar en que se encuentran recluidos; y cúmplase.
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