David Venegas Reyes

Expediente 1826/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1826/2015
Año
2015
Actuaciones
22
Última actuación
12/08/2016

Partes del expediente

  • David Venegas Reyes
  • David Venegas Reyes y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, doce de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, como de la misma se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que las partes hubieren hecho valer recurso alguno en contra del auto de catorce de julio pasado, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable.

  2. Principal

    MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de julio de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se advierte que el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa y tercero interesada en auto de trece de junio de dos mil dieciséis, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, ha fenecido, teniendo únicamente manifestaciones de la parte quejosa, motivo por el cual, de oficio, se procede a realizar el análisis del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad judicial en comento. Así, cabe destacar que por sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa ... , para el efecto de que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente la resolución de veintiséis de octubre de dos mil quince, dictada en contra del quejoso de mérito en la causa penal 209/2015 de su índice; Hecho lo anterior, dictara una nueva resolución, la cual podría ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, fundando y motivando legalmente su determinación. Bajo los siguientes lineamientos: No obstante lo anterior, en lo que respecta a la probable responsabilidad del aquí quejoso, el suscrito considera que no se encuentra debidamente acreditada en atención a lo que se explica. En principio, debe decirse que el cuerpo del delito y la probable responsabilidad son apartados totalmente diferentes, que si bien es cierto que se analizan en una misma resolución, también cierto es que su estudio y acreditamiento se deberá de realizar por separado, fundando y motivando las razones en virtud de las cuales el juzgador responsable estima se acredita la probable responsabilidad del o los indiciados, debiendo exponer de una forma clara y precisa las pruebas por medio de las cuales se acredita su forma de participación, es decir, en la probable responsabilidad se examina la actividad delictiva desplegada por el inculpado, autoría (forma de intervención), el dolo o culpa y si no existe a su favor alguna excluyente de delito. Ahora, la autoridad responsable tuvo por acreditada la probable responsabilidad del ahora quejoso, con las mismas probanzas con que tuvo acreditado el cuerpo de dicho delito; sin embargo, el juez del conocimiento en este apartado violentó lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución General de la República, ya que era necesario que citara y valorara las pruebas de las que se desprenda la participación del quejoso - de manera individual y no conjuntamente- en el hecho delictivo denunciado. Así las cosas, no basta que haya referido el material probatorio citado, ya que no precisó de qué forma éstas sirven para demostrar que el impetrante de amparo haya desplegado la conducta que se le atribuye, pues perdió de vista que fueron varios inculpados en la comisión del delito. Por tanto, debió ponderar los medios probatorios que acreditan precisamente que el ahora quejoso es la persona que en forma probable llevó a cabo la conducta típica y antijurídica, respecto de los cuales debe emitir juicios valorativos, atendiendo a las reglas que para ello establece el código de proceder de la materia. Ello, ya que la probable responsabilidad es la individualización y señalamiento de las circunstancias por las que se considera que determinada persona es quien, en forma probable, llevó a cabo una actividad que culminó con la lesión del bien jurídicamente tutelado. Esto es, la responsable omitió precisar la intervención del quejoso de forma individual, en la comisión del ilícito, es decir, si le resulta el carácter de autor material o partícipe, del hecho por el cual se le sigue la causa penal. Por ende, al no advertir lo anterior, la responsable omitió exponer de una forma razonada, como fue la forma de intervención del quejoso en la comisión del delito que se le imputa (autor material o intelectual o participe de los delitos), razón por la cual, deberá explicar de manera fundada y motivada cómo fue su participación en la comisión del delito citado, al no ser suficiente que la clasifique como coautor material, ya que debe de explicar la forma en que tuvo participación en el delito. Al respecto, resulta conveniente reiterar que se configura la coautoría, cuando: a) existe un común acuerdo, sin subordinación, b) la aportación de cada partícipe es esencial y necesaria, c) cuando existe un codominio del hecho, y d) cuando se ejecuta un hecho común. En ese sentido, en la coautoría, la participación de los autores puede ser ejecutada en forma directa o ejecutada en forma parcial; en el primer caso, todos los autores realizan los actos ejecutivos y, en el segundo caso, se da un reparto de las tareas ejecutivas o el llamado reparto de papeles, es así que, unos se encuentran en el momento de la ejecución y otros no, siendo éstos últimos los denominados autores intelectuales. El dominio del hecho, se realiza pues, a través de la acción (el autor realiza la acción típica de propia mano), o del dominio de la voluntad (el autor domina los acontecimientos, sin estar presente en la realización de la acción típica, tiene dominio sobre el ejecutante). Es decir, en el dominio funcional del hecho, son coautores todos los que intervienen desde el acuerdo común hasta la ejecución común del hecho punible. En esa tesitura, la responsable al emitir la resolución contra el cual el quejoso pide amparo, no expresó en particular cuál fue su aporte conductual para la consecución de la conducta que se le imputa, por ello, tal omisión se traduce en la imposibilidad de que se pueda fijar concretamente su probable responsabilidad en la actualización del delito reprochado, dado que, la finalidad del artículo 16 Constitucional es precisamente determinar con toda precisión, el delito o delitos que se imputan a un reo, para que éste tenga una base fija para su adecuada defensa, toda vez que, de no hacerlo así, el acto reclamado no acreditaría los extremos requeridos por tal dispositivo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia en materia penal, número I.1º.P.J/5, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y siete, tomo VI, del mes de agosto de mil novecientos noventa y siete, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 197915 que establece: "COAUTORÍA MATERIAL. SE GENERA CUANDO EXISTE ENTRE LOS AGENTES CODOMINIO FUNCIONAL DEL HECHO" Por otra parte, el juez del conocimiento también omitió analizar de una manera motivada si la conducta que se le atribuye al peticionario de garantías fue realizada de forma dolosa o culposa y, para el caso de que determine que su actuar fue de manera dolosa, deberá explicar cómo es que llegó a esa conclusión, además, deberá exponer si el aquí quejoso conocía los alcances y repercusiones de su proceder, ya que no es suficiente que afirme que la conducta fue realizada de manera dolosa de una manera genérica. Es necesario enfatizar que, el dolo como elemento de tipicidad de naturaleza subjetiva, a no ser que exista una confesión en la que el sujeto acepte tener conocimiento de la existencia del objeto materia del delito, difícilmente podría acreditarse mediante una prueba directa, de modo que, dicho elemento como cualquier otro, válidamente puede justificarse mediante pruebas indirectas o indicios suficientes que pongan de relieve el aspecto de la voluntad y del saber. Así, dado que el dolo reside en el plano intelectual y volitivo, es a través del análisis de los medios de prueba, como puede probarse en forma plena su existencia. Es de citarse la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Primera Sala, tomo XXVII, página setecientos diez, con número de registro digital 314941, cuyo rubro es del tenor siguiente: "DOLO." Así como la tesis aislada de la Novena Época 1a. CVI/2005, de la Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIII, Marzo de dos mil seis, consultable en la página doscientos seis, con número de registro digital 175605, cuyo rubro es del tenor siguiente: "DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS". Ante las omisiones formales resultantes de la lectura integral de la resolución combatida, el suscrito se encuentra impedido para analizar el fondo del acto reclamado, dado que la verificación de los requisitos formales es preferente, pues su ausencia o deficiencia, como ocurre en la especie, impide analizar el fondo de acto reclamado por el desconocimiento de los elementos que sustentan sus consideraciones, las cuales, consecuentemente, no pueden ser objeto de apreciación jurídica alguna. En razón de lo anterior, se considera que la resolución reclamada dejó en estado de indefensión y en incertidumbre jurídica al quejoso, pues carece de la debida motivación que debe prevalecer en los autos de autoridad; de ahí que dicha determinación se considere violatoria de los derechos de legalidad y seguridad jurídica protegidos por la Constitución. Concesión del amparo que se hizo extensiva a los diversos actos de ejecución atribuidos a las autoridades ejecutoras, lo anterior en virtud de que dichos actos se combatieron en vía de consecuencia y no por vicios propios. Inconforme con esa determinación, la parte tercero interesada Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, interpuso el correspondiente recurso de revisión; el cual le correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, bajo el toca 168/2016; órgano colegiado, que mediante ejecutoria emitida el doce de mayo de dos mil dieciséis, confirmó el fallo recurrido. En ese orden de ideas, por proveído de uno de junio de dos mil dieciséis, se tuvo por recibida la resolución dictada por la superioridad, y se requirió el cumplimiento correspondiente a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, por auto de trece de junio de esta anualidad, se tuvo por recibido el oficio suscrito por la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro al que anexó, copia certificada de la resolución emitida el ocho de junio de dos mil dieciséis; además, por diverso proveído de ocho de junio pasado, se recibió el oficio signado por la Jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial por orden del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones., del que se desprende acató el fallo constitucional. En consecuencia, este Juzgado procede al estudio sobre el cumplimiento de la sentencia de lo que se desprende que por una parte la autoridad del conocimiento dejó insubsistente la resolución de veintiséis de octubre de dos mil quince; y el ocho de junio de dos mil dieciséis, dictó una nueva de la que se aprecia precisó que existen datos suficientes para acreditar los elementos que acreditan el cuerpo del delito de robo calificado con violencia a las cosas, previsto por el artículo 349, en relación con el diverso 361, fracción I, 10, fracción I y sancionado por el diverso 355 en relación el numeral 359 primera parte y 361, todos del Código Penal; pues una vez relacionados los medios de convicción que obran en el proceso penal, tuvo por acreditada la acción típica consistente en que el día domingo siete de junio de dos mil quince siendo aproximadamente las diez horas se encontraba desarrollándose una marcha-manifestación por parte de los integrantes de la sección veintidós del magisterio oaxaqueño, la cual denominaron "pies cansados" misma que inició en las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, hasta el zócalo de esta ciudad capital, siendo un grupo de aproximadamente un mil a un mil quinientas personas entre mentores y simpatizantes del magisterio oaxaqueño y comandada por el hoy quejoso David Venegas Reyes, alias "El alebrije" y otras personas más, esencialmente en diferentes calles donde existían postes elevados los cuales a la punta sostenían cámaras de video-vigilancia pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca, siendo que un grupo de personas cubiertas del rostro se dirigieron hacia una de las cajas, las aperturaron de forma violenta utilizando objetos pesados con lo que golpearon la puerta hasta dañar los candados que aseguran las cajas hasta abrirlas y una vez aperturadas las cajas de registro hicieron actos de apoderamiento de diversos objetos muebles. Ahora, tocante a lo precisado en la ejecutoria de amparo, se precisa que por lo que se refiere a la probable responsabilidad del ahora quejoso, en la comisión del delito de robo calificado con violencia a las cosas, cometido en perjuicio patrimonial del Gobierno del Estado de Oaxaca, en términos del ordinal 11, fracción III del Código Penal, en relación con el 25, último párrafo del código adjetivo de la materia, estableció que el inculpado en comento tiene la calidad de coautor material de los hechos analizados pues hubo un reparto de tareas ejecutivas o un reparto de papeles para la comisión de delito, pues para ello el activo y otras personas más el día seis de junio de dos mil quince acordaron accionar el siete de junio siguiente con la finalidad de boicotear las elecciones federales y a manera de protesta echar abajo las reformas estructurales y la reforma educativa y determinaron que para ello iniciarían una marcha multitudinaria, la cual saldría desde dos puntos estratégicos, es decir, de las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y otro de la fuente de las ocho regiones para culminar dicha marcha en el zócalo capitalino, acordando también que recogerían urnas para impedir las elecciones y sugirieron también esas personas entre ellos David Venegas Reyes, alias "el alebrije", que quienes realizaran estas acciones deberían tener cuidado de no ser captados por las cámaras de seguridad del Gobierno del Estado y que se cubrieran el rostro al momento de que retiraran las cámaras de seguridad y por ello el día siete de junio de dos mil quince dio comienzo la marcha siendo liderados por el activo, y otros quienes insistían en llevar a cabo en la forma acordada y preparada en la asamblea del día anterior el boicot electoral, robo de urnas, desprendimiento y apoderamiento de las cámaras del gobierno que hubiera en el paso de la marcha, por ello desde el acuerdo común hasta la ejecución común del hecho punible que se le atribuye en la causa penal de origen hubo un reparto de tareas ejecutivas o un reparto de papeles para la comisión del delito; dicha circunstancia se tuvo por acreditada con el señalamiento directo y categórico que hizo la denunciante Adriana Maritza Aquino Galicia, apoderada legal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; luego existe el informe de investigación de quince de junio de dos mil quince firmado por los Agentes Estatal de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado; obra la diligencia de inspección ocular de trece de junio de dos mil quince realizada por la autoridad ministerial, concatenado con el dictamen de extracción de daños emitido por la perito Sagrario de Jesús Terrones García, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado; medios de convicción que debidamente valorados sirvieron a la a quo para determinar que el ahora quejoso tuvo la calidad de coautor material de los hechos constitutivos del delito, de conformidad con el ordinal 11, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado, por haber realizado conjuntamente con otras personas la conducta de apoderamiento, esto es, desde el acuerdo común hasta la ejecución común del hecho punible que se le atribuye en la causa penal, pues como ya se ha dicho hubo un reparto de tareas ejecutivas o un reparto de papeles para la comisión del delito, ya que se tiene evidencia que el ahora quejoso dio la indicación junto con otras personas de borrar el registro de las cámaras de seguridad que se encontraran en ese punto y que sustrajeran de la caja del poste los dispositivos electrónicos, motivo por el cual dos personas del sexo masculino que vestían pantalón de mezclilla, sudadera con capucha y cubiertos del rostro llevando consigo objetos tipo varilla y/o marro, comenzaron a destrozar la base del poste que sostenía las cámaras de video-vigilancia, específicamente la caja que se encuentra casi al nivel de la base hasta lograr su apertura y de la misma sustraer y arrancar diversos dispositivos electrónicos de su interior, por lo que el sujeto activo tuvo una aportación en el hecho delictivo, necesaria, adecuada y esencial, pues junto con sus acompañantes incitaban y daban órdenes al grupo de personas que encabezaban para que estas personas se apoderaran de las cajas de video-vigilancia, de lo que se evidencia el codominio funcional del hecho. Luego, la juez del conocimiento indicó que el proceder del activo fue realizado de forma dolosa, ya que conocía los alcances y repercusiones de su proceder, pues previamente a los hechos, el activo y otras personas acordaron entre otras cosas apoderarse de las cámaras de video-vigilancia del gobierno que se encontraran en el paso de la marcha, por lo que es manifiesto que quiso la realización de los hechos y la obtención del resultado, lo que permite encuadrar su conducta en la hipótesis contenida en la fracción I del ordinal 8º del Código Penal vigente. Por tanto, se evidencia que la autoridad responsable acató el fallo protector, pues del análisis que se ha realizado es factible establecer que ha colmado los extremos de la sentencia concesoria de amparo, motivo por el cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Lo anterior, no obstante las manifestaciones que vertió el autorizado del peticionario del amparo al desahogar la vista que se le dio con el cumplimiento que estimó haber dado la responsable, pues como se precisó y a diferencia de lo ahí alegado, el juez responsable si analizó y precisó la conducta que se le imputa al quejoso de manera individual, ya que precisó cuál fue directamente su intervención en la conducta delictuosa y el grado de participación legal en el que estimó se ubicaba por lo que independientemente de lo jurídicamente correcto o no de tales razonamientos, la ejecutoria sólo lo obligó a precisar esas circunstancias a fin de cumplir con los aspectos formales de fundamentación y motivación, pero no la constriñe a resolver en un sentido determinado, ya que en ese sentido se le dejó en plenitud de jurisdicción. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Incidental

    MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 1826/2015, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  4. Principal

    MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticuatro de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, mediante el cual hace diversas manifestaciones en relación al cumplimiento hecho por la autoridad responsable a la sentencia dictada en éste asunto; en su atención, resérvese acordar lo respectivo, hasta en tanto se provea respecto de dicho cumplimiento.

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