David Velázquez Ramírez
Expediente 155/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 155/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- David Velázquez Ramírez
- Raudel Valadez Flores
- Sandra Ledezma Rodríguez
- Juez de Control del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que, al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, de conformidad con lo que establece el artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incapacidad médica del titular, ante la Secretaria de Juzgado, licenciada Iría Cardenas Lozano, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del tres de febrero de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, se procedió a celebrar la correspondiente a este juicio de amparo número 155/2020-V-A, promovido por David Velázquez Ramírez, por conducto de su defensor público licenciado Edgar Barrientos Pérez, sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia, la Secretaría procede a la lectura de la demanda de garantías y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1157, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Acto continuo, se abre el periodo probatorio, y con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales que obran en autos, por así permitirlo su propia y especial naturaleza, sin que existan otros elementos de prueba pendientes de desahogo, se cierra dicha etapa; enseguida, se apertura la fase de alegatos, sin que obre escrito alguno que los contenga, por lo que se declara cerrada; habiéndose dado a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, la cual no presentó pedimento. Con lo anterior, se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se procede a dictar la siguiente resolución: Visto para resolver el juicio de amparo 155/2020-V-A, promovido por David Velázquez Ramírez, por conducto de su defensor público licenciado Edgar Barrientos Pérez, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en la localidad y otra autoridad; y, R e s u l t a n d o: Primero. Que mediante escrito recibido en Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito, el seis de marzo de dos mil veinte, y turnado al a este Juzgado en la misma fecha, David Velázquez Ramírez, por conducto de su defensor público licenciado Edgar Barrientos Pérez, promovió juicio de amparo, contra los actos de la autoridad, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, a quienes reclamó: "IV.- (1) Actos reclamados: De la señalada como responsable, se le reclama el auto que niega la incompetencia por declinatoria de fecha 21 de febrero de 2020, en contra de David Velázquez Ramírez, a quien se le incoo proceso por el delito de Homicidio Calificado. Por sucesos acaecidos en el exterior del domicilio ubicado en calle Oasis de Qatar número 9860 de la Colonia Pradera de los Oasis, en esta ciudad." Segundo. Por auto de trece de marzo de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, quedando registrado como expediente 155/2020-V-A; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó emplazar a los terceros interesados; así como a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se realizó al tenor del acta que antecede; por lo que, C o n s i d e r a n d o: Primero. Este juzgado es legalmente competente para resolver esta controversia, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que es en el lugar en que ejerce Jurisdicción este Juzgado Federal, donde puede tener ejecución el acto reclamado. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revelan que el acto reclamado por el promovente consiste en: El auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, emitido en la causa penal 370/2018, por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual desechó la excepción de incompetencia planteada por el defensor del quejoso David Velázquez Ramírez. Tercero. La autoridad responsable, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, pues indicó que el veintiuno de febrero de dos mil veinte, al celebrarse la audiencia intermedia en la causa penal 370/2018, instruida en contra del quejoso, por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de los occisos Héctor Manuel Montañez Ríos y Pedro Valadez Rodríguez, así como por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en perjuicio de la víctima de iniciales B.A.M.M., se desechó la excepción de incompetencia planteada por el defensor del quejoso. Para apoyar su aserto, la autoridad responsable remitió copia autorizada de las constancias conducentes. Pruebas documentales a las cuales, se les otorga pleno valor probatorio al tenor de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2º. Asimismo, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza, para efectos del juicio de amparo, adquiere el carácter de prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de realizar una audiencia especial de reproducción de su contenido e incluso, durante el trámite de este juico se dio vista a las partes a fin de brindarles certeza jurídica; en tanto que las documentales, fueron expedidas por autoridad en ejercicio y con motivo de sus funciones, por lo que se tiene por cierto el acto que se impugna de inconstitucional. Tal consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Cuarto. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." El suscrito advierte oficiosamente la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." El análisis de la disposición legal pretranscrita, implica que la acción constitucional es improcedente, cuando se está en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de suerte tal que no es posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo, se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio; y por ello resultan irreparablemente consumadas las violaciones alegadas en el acto reclamado. El quejoso reclama el auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, en la causa penal 370/2018, mediante el cual la autoridad responsable le desechó la excepción de incompetencia planteada por el defensor público del aquí queso David Velázquez Ramírez. Ahora bien, en auto doce de enero de dos mil veintiuno, se recibió el oficio remitido mediante correo electrónico por el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, a través del cual comunicó que el treinta de diciembre del dos mil veinte, se dictó en el juicio oral 40/2020, fallo condenatorio en contra de David Velázquez Ramírez, por el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 123, 124, 127, 136, fracciones I, IV y VIII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, en perjuicio de los occisos Héctor Manuel Montañez Ríos y Pedro Valadez Rodríguez, así como por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 123, 127 y 136, fracciones I, IV y VIII, con relación con los artículos 19 y 75 del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en agravio de la víctima de iniciales B.A.M.M.; que en la misma fecha se resolvió que el sentenciado aquí quejoso debería continuar sujeto a la medida cautelar prevista en la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en prisión preventiva y continuar interno hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia, en términos del artículo 180 del Código adjetivo en la materia. Asimismo, indica la responsable que se señalaron las trece horas del día siete de enero del dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Documental que constituye un medio de convicción y la que actualiza una causal de improcedencia en el presente juicio, que impide a este Juzgado de Distrito pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Bajo este contexto, es claro que no puede analizarse el auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, sin afectar la nueva situación jurídica creada en la esfera jurídica del quejoso con motivo de la sentencia dictada en el juicio oral 40/2020. Consecuentemente, lo anterior, permite concluir que, ha operado un cambio de situación jurídica, que trajo como consecuencia que las violaciones cometidas en el auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, aquí reclamado queden irreparablemente consumadas por no estar en posibilidad jurídica de analizarlas, sin afectar la situación creada con motivo del fallo condenatorio dictado en contra del quejoso en el juicio oral 40/2020, seguido en su contra por el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 123, 124, 127, 136, fracciones I, IV y VIII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, en perjuicio de los occisos Héctor Manuel Montañez Ríos y Pedro Valadez Rodríguez, así como por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 123, 127 y 136, fracciones I, IV y VIII, con relación con los artículos 19 y 75 del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en agravio de la víctima de iniciales B.A.M.M. Apoya lo anterior, por las razones que la contienen, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la página 2675, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla." Ante esa tesitura, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por David Velázquez Ramírez, por conducto de su defensor público licenciado Edgar Barrientos Pérez. Notifíquese, personalmente al quejoso. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe. tres de febrero de dos mil veintiuno
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. En principio, cabe precisar que mediante la circular CAP/3/2020, aprobada por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del veinte de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Ahora bien, mediante circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se tiene a su Titular informando que en sesión del ocho de enero del año en curso, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", determinando las medidas especiales que deben adoptarse del doce al dieciocho de enero del año en curso, en la que respecto al Decimoséptimo Circuito, en el que reside este órgano jurisdiccional, el ordenamiento aplicable para su operación es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, reanudándose así los plazos y términos que se encontraban suspendidos por la circular mencionada en el párrafo que antecede. Asimismo, determinó que como ocurrió con la entrada en vigor del referido Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno; debiendo los órganos jurisdiccionales hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mismos que a continuación se transcriben: "Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. III. La notificación de los asuntos resueltos y engrosados durante la contingencia sanitaria, que no se hubiese podido practicar antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, se realizará de manera escalonada, debiendo concluirse a más tardar el 1 de octubre de 2020. Dentro de este mismo plazo deberá regularizarse la devolución de expedientes a los tribunales y órganos jurisdiccionales de origen, salvo que la falta de reactivación en las labores de éstos obstaculice el cumplimiento a la presente medida. IV. El emplazamiento en los juicios nuevos que no se hubiese podido practicar antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, se realizará de manera escalonada, debiendo concluirse a más tardar el 1 de octubre de 2020. V. Con independencia de la fecha en que se hubieren emitido las sentencias o resoluciones correspondientes, el plazo de 60 días naturales para la elaboración de los engroses respectivos y la emisión de votos iniciará el 3 de agosto para los resueltos hasta el 15 de junio, y el 17 de agosto para los resueltos entre el 16 de junio y el 31 de julio, todos de 2020. VI. Las y los titulares de órganos jurisdiccionales, incluidas las personas encargadas de despacho o en funciones de titular (en adelante "titulares"), deberán instruir y supervisar la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, la cual deberá quedar regularizada a más tardar el 15 de octubre de 2020. VII. Aunque a partir del lunes 3 de agosto podrán programarse citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales, éstas iniciarán a partir del lunes 10 de agosto de 2020, para permitir que el personal jurisdiccional retorne a las labores presenciales antes de que deba atender a las personas justiciables que acudan físicamente. Se exceptúan de esta ampliación de plazos los recursos de queja en amparo cuya resolución deba emitirse en 48 horas y las apelaciones urgentes en materia penal, que deben de resolverse dentro del plazo de 12 horas. VIII. En el caso de que, por la reanudación de los plazos procesales, los órganos jurisdiccionales reciban una cantidad de asuntos que sobrepase su capacidad productiva, de modo que dicha circunstancia dificulte el cumplimiento de los plazos procesales, sólo durante el mes de agosto y de manera excepcional, los juzgados y tribunales contarán con un plazo de hasta diez días hábiles contados a partir de su recepción, para realizar todas las acciones pertinentes para radicar los expedientes. De la misma forma, para el dictado de resoluciones en las que el plazo para resolver sea menor a cinco días, éste se duplicará a fin de evitar sobrecargas de trabajo." De igual manera, atendiendo a lo previsto en el artículo 20 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se provee lo siguiente: Dado que el juicio de amparo en que se actúa, se encuentra en trámite, hágase del conocimiento de las partes que se reanuda el procedimiento en el presente juicio, para los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, y advirtiéndose de autos que la audiencia constitucional se encontraba señalada para su celebración a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil veinte; sin embargo, esta no se llevó a cabo por virtud del regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Consecuentemente, se señalan las TRECE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, la que podrá llevarse a cabo en términos de lo dispuesto por el artículo 26, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Finalmente, vista la comunicación oficial de la autoridad, Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, con sede en la localidad, se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así púes, atento a su contenido, se tiene a la responsable de mérito informando que en audiencia de treinta de diciembre de dos mil veinte, se dictó fallo condenatorio en contra del quejoso, por el delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, así como que él mismo continuara en prisión preventiva hasta que cause ejecutoria la sentencia de referencia y que la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño se llevará a cabo a las trece horas del siete de los corrientes; con lo que se da vista a la parte quejosa por el término de tres días para que se entere de su contenido y manifieste lo que a su interés legal convenga. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como lealmente corresponda el oficio de cuenta. En atención a su contenido, se tiene a la Jueza del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, informando que el veintiocho de noviembre de dos mil veinte, se dio inicio a la audiencia de debate en el juicio oral relativo a la causa penal 370/2018, instruida en contra del aquí quejoso. N o t i f í q u e s e.
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