David Velasco Graciano
Expediente 1140/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1140/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/02/2023
Partes del expediente
- David Velasco Graciano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. I. Calificación de cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la vista que se le otorgó en relación con las constancias remitidas en atención a la sentencia de amparo, sin que hubiese hecho manifestación al respecto, por lo que, resulta procedente que este juzgado realice la calificación del cumplimiento al fallo protector. Mediante sentencia dictada en audiencia constitucional de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los siguientes efectos: "(.) SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Efectos de la concesión de amparo. Bajo los lineamientos vertidos en la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, y párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se impone necesario conceder el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa ********************, para los efectos siguientes: I. Para que la autoridad que sea vinculada por razón de sus funciones a dar cumplimiento a esta sentencia, lleve a cabo las acciones administrativas necesarias a fin de desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, la aplicación del precepto 90; lo cual no implica que en el futuro se exente a la parte quejosa del pago del derecho registral por ese concepto, pues en todo caso se le cobrará dicho derecho en los términos que se precisarán en el punto dos (II) de este considerando; siendo estos preceptos: El artículo 90 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, que disponen el mecanismo de pago de derechos registrales por la inscripción de compraventa sobre inmuebles. O bien, que no se realice de manera coactiva su cobro, e informe a este juzgado el resultado de tal gestión, pues con independencia de que dichas contribuciones sean de aquellas cuyo entero ocurre de manera voluntaria por el gobernado en forma de autoliquidación y no esté totalmente en manos de la autoridad evitar su pago, es posible que pueda llevar un registro de esta sentencia en los sistemas con que cuente, tales como el electrónico, y lograr de manera efectiva la exención que ahora gozará la parte quejosa con motivo de la presente concesión, pudiendo advertir incluso al gobernado sobre el pago de lo indebido, y en esa medida se observe la jurisprudencia P./J. 112/99, Novena Época, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, página 19, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA". II. Para que se deje insubsistente el acto de aplicación del artículo 90 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, dados los efectos que se han señalado en el párrafo precedente, y se cobre al solicitante del amparo únicamente la cantidad equivalente a tres punto setenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro, debiendo restituirle al agraviado el numerario excedente que le corresponde respecto de las cantidades que haya pagado por servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad por la inscripción de la compraventa sobre inmuebles. Lo anterior, al tener en consideración que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, toda vez que en aras de salvaguardar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Razón por la cual, la restitución en el goce del derecho fundamental trasgredido sólo implica que la parte peticionaria deje de pagar la tarifa tildada de inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar una cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. Máxime que del contenido el artículo 110 de la Ley de la Hacienda del Estado de Querétaro, se advierte que cuando los derechos generados por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se establezcan al millar y la cantidad que resulte a pagar sea inferior a tres punto setenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro, se cobrará esta última cantidad. Encuentra sustento a la anterior determinación la Jurisprudencia 2ª./J.29/2012, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS." En el entendido que, en la etapa de ejecución de sentencia deberá requerirse de la siguiente manera: a) El Titular de la Notaria Pública Treinta y Siete de la demarcación notarial de Querétaro, quien si a la fecha aún no ha efectuado el pago a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, por el pago de los servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (compraventa), éste deberá realizar los trámites correspondientes para efecto de que a la parte quejosa únicamente se le aplique la cantidad mínima que prevé el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, y devuelva a la promovente la cantidad que le corresponde con motivo de la retención por dicho concepto;y, b) En el evento de que el Titular de la Notaria Pública Treinta y Siete de la demarcación notarial de Querétaro, ya hubiere efectuado el pago a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, entonces esta última deberá proceder a la devolución de la cantidad que le corresponde a la parte quejosa por concepto de los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, controvertidos en este sumario (.)" Por auto treinta de noviembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento. Mediante oficios agregados en autos el veintiséis de enero y quince de febrero del año en curso, la Secretaría de Finanzas del Estado, informó la desincorporación del artículo declarado inconstitucional, de la esfera jurídica de la parte quejosa, siempre que no fuera objeto de reforma; y, realizó la transferencias bancarias, por las cantidades de ********************.), y ********************.), como excedente y actualizaciones del pago de los derechos registrales materia de la concesión de amparo. Confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas se observa que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, pues se cumplieron los lineamientos ordenados en la misma. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Lo anterior, encuentra sustento en el contenido de la Jurisprudencia 9/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, Febrero de 2016, página 832 del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." II. Archivo y Destino de Expediente. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en el entendido de que de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de depuración, la cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos que se señalan en el artículo 15 del mencionado Acuerdo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, tres de febrero de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual realizada diversas manifestaciones en torno al requerimiento de las actualizaciones del monto materia de la concesión de amparo que le fueron requeridas. II. Requerimiento a la autoridad exactora. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para que, dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de su legal notificación, remita copia del cheque que ampare la cantidad actualizada respecto de la contribución enterada en forma indebida, lo anterior tomando en consideración la siguiente exposición: Ahora bien, con independencia que en la sentencia definitiva no se haya ordenado tal situación, no obstante, en el caso de normas declaradas inconstitucionales, aun cuando no establezcan la actualización del monto a devolver, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, ya que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada, ya que la actualización constituye una consecuencia lógica de la concesión alcanzada, por lo que no es óbice para que la autoridad observe la referida obligación, el hecho de que no se le ordene expresamente en el fallo constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a. LXXIII/2012 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 871, del Tomo 1, Libro VII, Abril de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 2000567, de rubro y texto siguientes: "DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. LA AUTORIDAD FISCAL DEBE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LAS CANTIDADES ACTUALIZADAS, AUN CUANDO ÉSTE NO LO SOLICITE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17-A, 22, PÁRRAFO OCTAVO, Y 22-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTES EN 2005). Este alto tribunal ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo se manifiesta de manera positiva, sino también de forma negativa, al prohibir a la autoridad recaudar cantidades superiores a las debidas, obligándola a reintegrar al particular las obtenidas injustificadamente; asimismo, que en el caso de normas declaradas inconstitucionales, aun cuando no establezcan la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, ya que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada. Por tanto, no es válido justificar la omisión de actualizar las cantidades enteradas indebidamente con la afirmación de que el contribuyente "no solicitó la actualización", ya que, por una parte, los formatos emitidos por la autoridad fiscal no tienen un espacio para solicitarla, lo cual no puede ser una omisión atribuible al contribuyente, pero además, éste tampoco puede solicitar el monto de la devolución actualizado, pues al presentar la solicitud no puede saber cuándo recibirá por parte de la autoridad la cantidad solicitada, y dado que la actualización del pago indebido debe realizarse desde que éste se efectuó hasta que la devolución se recibe, aquél no cuenta con los elementos necesarios para hacer el cálculo al presentar la solicitud de devolución. Por otra parte, la falta de una solicitud expresa no exime a la autoridad de cumplir con las obligaciones impuestas por la ley, ya que la actualización de las cantidades a su cargo no es optativa, sino que constituye una obligación clara y sin excepción alguna, de reintegrar al contribuyente los pagos de lo indebido actualizados." Igualmente, surte efectos la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 204 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época que dice: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). La declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que rigen un tributo, derivada del juicio de garantías, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la respectiva obligación tributaria, y devolverle el saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Ahora bien, aun cuando la actualización del monto respectivo para este supuesto no esté expresamente previsto en la norma, el derecho del contribuyente a recibirla deviene de la propia naturaleza del sistema que rige las relaciones entre el fisco y el contribuyente, del que deriva que el monto pagado debe efectuarse en valor presente, pues de otra manera no podría restituirse al gobernado en el pleno goce de la garantía violada en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, la actualización constituye una consecuencia lógica de la concesión otorgada, por lo que no es óbice para que la autoridad observe la referida obligación, el hecho de que no se le ordene expresamente en el fallo constitucional. Es pues que, la determinación de la cantidad líquida que las autoridades deben devolver a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria, debe incluir la contribución pagada y su actualización, como consecuencia del perjuicio que le ocasionó a la parte quejosa verse privada de los recursos erogados y de los productos financieros correspondientes, al poner a disposición de la autoridad exactora dinero que a la postre resultó que no le correspondía percibir. Se apercibe a la citada autoridad, de no cumplir con lo anterior sin causa justificada, se le impondrá una multa de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, en relación con los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en turno, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, acorde a lo dispuesto en el párrafo segundo y tercero del numeral 192 en relación con el 194, ambos de la Ley de Amparo en cita. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia número 66/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el doce de junio del dos mil diez, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, agosto de dos mil diez, que a la letra establece lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA FALTA DE PRECISIÓN DE LA CANTIDAD QUE DEBE DEVOLVERSE AL QUEJOSO QUE OBTUVO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, ES EN SEDE JURISDICCIONAL DONDE DEBE SUSTANCIARSE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO PARA PRECISARLA (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 46/2009). Conforme a los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105, 111 y 113 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo que haya dictado un fallo protector debe velar por que éste se acate, sin que pueda ordenar el archivo de expediente alguno si no está cumplida la sentencia relativa. De ahí que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia concesoria de la protección constitucional contra el artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal vigente del 1o. de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2007, es la falta de precisión de la cantidad que la autoridad responsable debe devolver al quejoso, resulta evidente que corresponde al Juez de amparo o a la autoridad que haya conocido del juicio precisarla, para lo cual deberá desarrollar el siguiente procedimiento: 1. En relación con la devolución de la cantidad derivada de los actos de aplicación de la norma inconstitucional, requerirá al quejoso para que con los recibos oficiales correspondientes acredite las cantidades pagadas en cumplimiento de aquélla y, en atención al principio de autoliquidación tributaria que rige a dicha contribución, formule el cálculo del impuesto a su cargo, desaplicando la parte del precepto declarada inconstitucional, precisando la cantidad que debe quedar en poder de la autoridad fiscal como pago del impuesto y la que se le debe devolver; en la inteligencia de que el juzgador no señalará plazo para su desahogo, pero hará saber al quejoso que éste es una condición indispensable para continuar con el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo. 2. Desahogado el requerimiento, el Juez Federal -quien podrá considerar la pertinencia de los elementos aportados por el quejoso, puesto que él ejerce el control de este procedimiento- dará vista con dicho documento a la autoridad responsable o a la competente para ordenar la devolución de mérito, por un plazo de cinco días, para que de manera motivada manifieste lo que a su interés convenga, apercibida en el sentido de que, de no hacerlo, se tendrá como consentida la cantidad a devolver precisada por el quejoso y con base en ésta se formularán los requerimientos de ejecución de sentencia. 3. Si ambas partes coinciden en el monto a devolver, el juzgador de amparo sólo deberá requerir a la autoridad correspondiente su devolución, junto con el que pudiera generarse por su actualización, así como por los intereses de acuerdo con las leyes fiscales aplicables, hasta que sea devuelto, a fin de que dé cumplimiento a la sentencia concesoria. 4. De no coincidir, el juzgador de amparo ordenará la devolución del monto que la autoridad reconoce y dejará a salvo los derechos del interesado en la parte que no se satisfizo su pretensión, para que los haga valer a través del recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo." Notifíquese; y por oficio al Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. I. Finanzas informa desincorporación y pago. Agréguese a los autos el oficio ..., remitido vía correo electrónico, por el Subprocurador Fiscal adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado de Querétaro, por el cual, informa que el artículo declarado inconstitucional ha sido desincorporado de la esfera jurídica de la parte quejosa siempre y cuando no sea objeto de reforma; asimismo, que realizó transferencia bancaria a favor de la parte quejosa, la cual, ampara la suma cuya devolución se ordenó en el fallo protector, sustentando su dicho al tenor de la documental que acompaña. II. Requerimiento a la autoridad exactora. Ahora bien, del estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, se agregó un escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, en el que entre otras cosas, solicitó se realizara la devolución del numerario con las actualizaciones correspondientes; por tanto, para mejor proveer sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para que, dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de su legal notificación, remita el comprobante de la transferencia electrónica efectuada a la parte quejosa, así como las operaciones aritméticas efectuadas. En la inteligencia que el depósito correspondiente deberá efectuarlo al número de cuenta que la parte quejosa proporcionó para tal efecto y al que se depositó el monto constitutivo del fallo protector del cual se le remitió copia certificada. Lo anterior tomando en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la actualización de las cantidades no es optativa, sino que constituye una obligación clara y sin excepción alguna, de reintegrar al contribuyente los pagos de lo indebido actualizados. Bajo apercibimiento que, de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, en relación con los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en turno, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, acorde a lo dispuesto en el párrafo segundo y tercero del numeral 192 en relación con el 194, ambos de la Ley de Amparo en cita. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. LXXIII/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 871, Libro VII, Tomo 1, correspondiente al mes de abril de dos mil doce, materia administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. LA AUTORIDAD FISCAL DEBE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LAS CANTIDADES ACTUALIZADAS, AUN CUANDO ÉSTE NO LO SOLICITE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17-A, 22, PÁRRAFO OCTAVO, Y 22-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTES EN 2005). Este alto tribunal ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo se manifiesta de manera positiva, sino también de forma negativa, al prohibir a la autoridad recaudar cantidades superiores a las debidas, obligándola a reintegrar al particular las obtenidas injustificadamente; asimismo, que en el caso de normas declaradas inconstitucionales, aun cuando no establezcan la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, ya que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada. Por tanto, no es válido justificar la omisión de actualizar las cantidades enteradas indebidamente con la afirmación de que el contribuyente "no solicitó la actualización", ya que, por una parte, los formatos emitidos por la autoridad fiscal no tienen un espacio para solicitarla, lo cual no puede ser una omisión atribuible al contribuyente, pero además, éste tampoco puede solicitar el monto de la devolución actualizado, pues al presentar la solicitud no puede saber cuándo recibirá por parte de la autoridad la cantidad solicitada, y dado que la actualización del pago indebido debe realizarse desde que éste se efectuó hasta que la devolución se recibe, aquél no cuenta con los elementos necesarios para hacer el cálculo al presentar la solicitud de devolución. Por otra parte, la falta de una solicitud expresa no exime a la autoridad de cumplir con las obligaciones impuestas por la ley, ya que la actualización de las cantidades a su cargo no es optativa, sino que constituye una obligación clara y sin excepción alguna, de reintegrar al contribuyente los pagos de lo indebido actualizados." Igualmente, surte efectos la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 204 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época que dice: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). La declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que rigen un tributo, derivada del juicio de garantías, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la respectiva obligación tributaria, y devolverle el saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Ahora bien, aun cuando la actualización del monto respectivo para este supuesto no esté expresamente previsto en la norma, el derecho del contribuyente a recibirla deviene de la propia naturaleza del sistema que rige las relaciones entre el fisco y el contribuyente, del que deriva que el monto pagado debe efectuarse en valor presente, pues de otra manera no podría restituirse al gobernado en el pleno goce de la garantía violada en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, la Jurisprudencia número 66/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el doce de junio del dos mil diez, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, agosto de dos mil diez, que a la letra establece lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA FALTA DE PRECISIÓN DE LA CANTIDAD QUE DEBE DEVOLVERSE AL QUEJOSO QUE OBTUVO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, ES EN SEDE JURISDICCIONAL DONDE DEBE SUSTANCIARSE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO PARA PRECISARLA (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 46/2009). Conforme a los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105, 111 y 113 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo que haya dictado un fallo protector debe velar por que éste se acate, sin que pueda ordenar el archivo de expediente alguno si no está cumplida la sentencia relativa. De ahí que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia concesoria de la protección constitucional contra el artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal vigente del 1o. de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2007, es la falta de precisión de la cantidad que la autoridad responsable debe devolver al quejoso, resulta evidente que corresponde al Juez de amparo o a la autoridad que haya conocido del juicio precisarla, para lo cual deberá desarrollar el siguiente procedimiento: 1. En relación con la devolución de la cantidad derivada de los actos de aplicación de la norma inconstitucional, requerirá al quejoso para que con los recibos oficiales correspondientes acredite las cantidades pagadas en cumplimiento de aquélla y, en atención al principio de autoliquidación tributaria que rige a dicha contribución, formule el cálculo del impuesto a su cargo, desaplicando la parte del precepto declarada inconstitucional, precisando la cantidad que debe quedar en poder de la autoridad fiscal como pago del impuesto y la que se le debe devolver; en la inteligencia de que el juzgador no señalará plazo para su desahogo, pero hará saber al quejoso que éste es una condición indispensable para continuar con el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo. 2. Desahogado el requerimiento, el Juez Federal -quien podrá considerar la pertinencia de los elementos aportados por el quejoso, puesto que él ejerce el control de este procedimiento- dará vista con dicho documento a la autoridad responsable o a la competente para ordenar la devolución de mérito, por un plazo de cinco días, para que de manera motivada manifieste lo que a su interés convenga, apercibida en el sentido de que, de no hacerlo, se tendrá como consentida la cantidad a devolver precisada por el quejoso y con base en ésta se formularán los requerimientos de ejecución de sentencia. 3. Si ambas partes coinciden en el monto a devolver, el juzgador de amparo sólo deberá requerir a la autoridad correspondiente su devolución, junto con el que pudiera generarse por su actualización, así como por los intereses de acuerdo con las leyes fiscales aplicables, hasta que sea devuelto, a fin de que dé cumplimiento a la sentencia concesoria. 4. De no coincidir, el juzgador de amparo ordenará la devolución del monto que la autoridad reconoce y dejará a salvo los derechos del interesado en la parte que no se satisfizo su pretensión, para que los haga valer a través del recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo." III. Reserva vista. En razón de lo anterior, se reserva dar vista a la parte quejosa, hasta en tanto obren las demás constancias relativas al cumplimiento total del fallo protector. otifíquese; y por oficio a la autoridad exactora.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, doce de enero de dos mil veintitrés. I. Prórroga. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en atención a su contenido y con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se concede por única ocasión una prórroga de diez días hábiles, contados a partir de la notificación del presente proveído; lo anterior, para que se encuentre en aptitud de dar cumplimiento a los efectos postulados en el fallo protector. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes
- David Roque Hernández1608/2016
- David Ruiz Flores656/2022
- David Salomon García Leyva1145/2016
- David Soto García1295/2019
- David Suárez Pita815/2018
- David Valencia Arteaga752/2019
- Davinia Valencia Moreno1323/2019
- Davinia Valencia Moreno1184/2019
- Daysi Marisol Cazares Soto1677/2015
- Daza Capital S.A.P.I. de C.V.2631/2015
- Debora Delano de Preisser Valder320/2016
- Debora Delano de Prisser Velder598/2015