David Vazquez Hernandez y Otros.
Expediente 1046/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1046/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/10/2017
Partes del expediente
- David Vazquez Hernandez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 150/2017, orden 384/2017 del índice de este órgano de control constitucional, que se envió para notificar personalmente a los quejosos ***, el auto de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones oficiales, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se deja sin efecto el envío del oficio 27113/2017, de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, toda vez que en esta fecha, se está recibiendo el exhorto 150/2017, orden 384/2017, del índice de este órgano de control constitucional. Resulta innecesario enviar el acuse de recibo de la comunicación oficial de cuenta, tomando en consideración que el propio Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al momento de enviar un documento de manera electrónica, genera el acuse correspondiente. Finalmente, como se encuentra ordenado en autos, devuélvase el presente asunto al archivo definitivo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de octubre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez. Atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante acusando recibo de los autos originales del juicio de amparo 1046/2017, que dio origen a este cuaderno de antecedentes, e informa que se avocó al conocimiento del presente asunto, registrándolo con el número 1576/2017. Por tanto, al no existir acuerdo pendiente que proveer, ni diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente en que se actúa, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de agosto de dos mil diecisiete.Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante el cual remite el escrito de demanda de ***, ya que que mediante auto de veintitrés de agosto del año en curso, el citado órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la referida demanda de derechos fundamentales. Remítase el acuse de recibo correspondiente. ANOTACIONESSe ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1046/2017-4-C.INCOMPETENCIADe igual manera, agréguese a los autos la demanda de amparo que promueven ***, contra el acto que atribuyen a las siguientes autoridades responsables:1. El Director General del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número Catorce "El Amate" con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas.2. Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número Catorce "El Amate" con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; y,3. Titular del Área Jurídica del centro de reclusión citado en los párrafos anteriores.Del análisis integral del libelo de demanda, este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, advierte que es legalmente incompetente para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por los quejosos; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura FederalPara demostrar lo anterior, es conveniente citar los artículos 107, fracción VII, de la Constitución y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo que establecen lo siguiente:"107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;"37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación:a) La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución.b) La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será elcompetente para conocer de la demanda de amparo.c)En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo.Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 3a. XLIX/93 , sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:"COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión 'a prevención' que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto."Así, para determinar la competencia en el caso concreto, hay que atender estos aspectos:i. Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material.ii. Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.iii. Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda.El acto reclamado se hace consistir en la dilación de las autoridades señaladas como responsables al no remitir los estudios técnicos requeridos dentro del incidente que se tramita para al otorgamiento del beneficio pre-liberacional en el expediente de ejecución de penas radicado ante el Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad de México; conformado en razón de la sentencia emitida en la causa penal 93/2011 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.Los quejosos aducen que la dilación que reclaman incide en el otorgamiento a su favor de algún beneficio pre-liberacional que pudieran otorgarse respecto a la sanción privativa de la libertad que actualmente se encuentran compurgando, en particular, respecto a la libertad preparatoria.Y, del análisis pormenorizado de la demanda de amparo se aprecia que los quejosos actualmente compurgan la sanción privativa de la libertad -respecto de la cual solicitan el otorgamiento de los beneficios pre-liberacionales- en el Centro Federal de Readaptación Social número quince, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, dado que se encuentran recluidos en ese centro carcelario.En ese tenor, atendiendo a la naturaleza del acto que reclaman los solicitantes de amparo, se advierte que la dilación que se atribuye a las autoridades responsables en rendir los informes y dictámenes requeridos por el Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad de México, se obtiene que el acto reclamado incide de forma directa en la ejecución de la sanción privativa de la libertad impuesta en la causa penal 93/2011 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la cual, se ejecuta en el centro de readaptación social en el que se encuentran compurgando la condena los aquí quejosos, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social número quince, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas.En efecto, la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse.En estas condiciones, cuando se ha solicitado por el reo alguno de los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad que le ha sido impuesta y la autoridad correspondiente incurre en dilación cumplir con los requerimientos que la norma establece o bien, que le han sido impuestos por la autoridad judicial del conocimiento, ello implica que, su libertad personal continuará restringida no sólo en virtud de la sentencia que lo condenó, sino por el retraso que se reclama.Lo anterior, ya que la ejecución de la pena que compurgan los solicitantes de amparo, es un acto positivo cuyos efectos persisten hasta en tanto concluye la temporalidad por la que fue impuesta y, si se toma en consideración que los efectos de la dilación atinente a rendir los informes y documentos solicitados al Director General, Consejo Técnico Interdisciplinario; y, Titular del Área Jurídica, todos del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número Catorce "El Amate" con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; en su caso, podría incidir en la resolución del otorgamiento del beneficio de libertad y, con ello provocar que continúen privados de ella en el lugar donde actualmente están recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número quince, con sede en Villa Comaltitlán, de esta entidad federativa.De ahí que, este juzgado de Distrito estima que la dilación reclamada reviste efectos positivos en el expediente de ejecución de la ejecución de pena del cual emanan los requerimientos dirigidos a las autoridades responsables y que los quejosos aducen incumplidos, por tanto, la competencia para conocer de la demanda de derechos fundamentales se actualiza conforme a la hipótesis que establece el artículo 37, párrafo primero de la ley de la materia, esto es, en el lugar donde actualmente se compurga la sanción privativa de la libertad decretada contra los justiciables.Sirve de aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 54/2005 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala:"COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia en amparo de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en consideración que el reo, estando privado de su libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al solicitar el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada continuará privado de ella, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando la autoridad administrativa omite proveer sobre la mencionada solicitud, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario."Por tanto, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para seguir conociendo del presente asunto y resolverlo, se surte a favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, habida cuenta que es dentro del territorio en el que ejercen competencia dichos órganos de control constitucional en donde el acto reclamado se está ejecutando.Sin que pase desapercibido para quien esto resuelve, que el presente asunto haya sido presentado inicialmente ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, correspondiendo conocer al Juzgado Primero de Distrito de la materia y fuero indicados, órgano que mediante auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, pronunciado en el expediente 438/2016-III, antes 93/2011 de su índice, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda, ordenando remitirla al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, en turno.Sin embargo, dicho pronunciamiento no impide a esta juzgadora declinar su competencia a favor de otro juzgador de la misma jerarquía que se estime legalmente competente por razón de territorio.En tales condiciones, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa al Juez Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno; a quien se considera competente para conocer del asunto.Asimismo, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada; fórmese cuaderno de antecedentes.Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno.REPRESENTANTE COMÚNCon fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a ***, sin perjuicio de que durante el trámite del presente juicio, designen a uno de entre ellos.DOMICILIOSe tiene a los quejosos señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social, número quince, "C.P.S". Chiapas, con residencia en la carretera Federal número doscientos carretera Tapachula-Arriaga, kilómetro doscientos veintinueve, municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas, lugar en donde se encuentran recluidos.En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, para que se sirva ordenar a quien corresponda, se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social, número quince, "C.P.S". Chiapas, con residencia en la carretera Federal número doscientos carretera Tapachula-Arriaga, kilómetro doscientos veintinueve, municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas, a efecto de notificar personalmente a los quejosos David y Rogelio, ambos de apellidos Vazquez Hernandez, el presente proveído. De igual modo, con fundamento en el artículo 300 del Código Federal invocado, se faculta al titular del Juzgado exhortado que corresponda diligenciar esta comunicación oficial, para que ordene cualquier tipo de diligencias que tiendan a cumplimentarla, entre ellos acordar promociones, girar oficios, habilitar días y horas inhábiles, así como para imponer sanciones. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de su adscripción, para que lleve a cabo la diligencia encomendada. Hecho que sea, se sirva devolver a la brevedad la comunicación oficial que se le envía. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente.En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa.
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