David Valentin Moreno del Toro

Expediente 1435/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1435/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • David Valentin Moreno del Toro

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo, el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, que sobreseyó en el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    MESA I. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, con sede en esta ciudad, con anexo que adjunta. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte, que el quejoso David Valentín Moreno del Toro señala como actos reclamados, los siguientes: ".1.- La negativa que se me proporcione el expediente para debida consulta de auto publicado en nueve de octubre del año en curso, transgrediendo el artículo 3, y 5, del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Yucatán, y el 8° constitucional. 2.- EL TÉRMINO QUE EXCEDE DEL ESTABLECIMIENTO POR EL ARTÍCULO 387 del Código de Procedimiento Familiares DENTRO DEL QUE SE FIJO LA NUEVA FECHA PARA LECTURA DE SENTENCIA, con el que se transgrede el término de CINCO DÍAS, establecido por dicho numeral. 3.- Que se dicte de inmediato la sentencia que corresponde en el presente asunto, en virtud de la omisión de dar respuesta al INCIDENTE que interpuse en primero de octubre en el que reclamo y me opongo a la NUEVA fecha de lectura de sentencia, que el C. Juez del conocimiento dictó en auto publicado en Treinta de septiembre de año en curso; pues han transcurrido hasta hoy OCHO DIAS hábiles, desde que fue interpuesto." En razón de lo anterior, este Juzgador Federal, de oficio, considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo". La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita obedece a la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que aun cuando subsiste, ya no está surtiendo sus efectos y que por consecuencia haría ociosa la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. En efecto, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo del goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegara a emitirse pudiera concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Ahora, de las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe con justificación de cuenta, a las que se concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentales expedidas por funcionarios públicos, se advierte como antecedentes del acto reclamado los siguientes: 1.- El veintiséis de septiembre del dos mil diecinueve, se citó a las partes a la reanudación de la Audiencia Principal, para que esta tenga verificativo el dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, a las trece horas. 2.- El ocho de octubre del dos mil diecinueve, se hizo del conocimiento al Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, la notificación y emplazamiento del Juicio Ordinario Civil promovido por David Valentín Moreno del Toro, en contra del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, quedando dicha autoridad como parte demanda el Juicio Ordinario Civil. Con motivo de lo anterior, en esa fecha, el aludido Juez se inhibió del conocimiento del Procedimiento Ordinario Familiar 735/2018, ordenando la remisión del expediente original del Procedimiento Ordinario Familiar 735/2018, así como los memoriales de fecha de presentación uno y tres de octubre de dos mil diecinueve. 3.- El nueve de octubre del dos mil diecinueve, se notificó a los interesados el mencionado auto, mediante publicación treinta y cuatro mil dos del Diario Oficial del Gobierno del Estado. 4.- El quince de octubre de dos mil diecinueve, el Coordinador de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, informó acerca de la correcta asignación del expediento 735/2018, quedando éste en el Juzgado Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino, bajo el número 643/2019. En tal tesitura, si bien en el referida auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, el Juez Segundo de Oralidad Familiar del primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, se inhibió del conocimiento del Procedimiento Ordinario Familiar 735/2018, lo cierto es, que tal autoridad ordenó la remisión del expediente original del Procedimiento Ordinario Familiar 735/2018, así como los memoriales de fecha de presentación uno y tres de octubre de dos mil diecinueve a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, por lo que es evidente se impone concluir que aun cuando los actos reclamados subsistan, el objeto o materia de éste ha dejado de existir, pues la autoridad responsable ha decretado su impedimento para seguir conociendo el juicio de origen, por ende no surte efecto alguno, ni lo surtirá. En esa tesitura, es incuestionable que este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se ha actualizado una causal notoria y manifiesta de improcedencia pues el objeto o materia del acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos. Por ello, aunque subsistan los actos reclamados, no puede surtir efecto legal o material alguno, pues ha dejado de existir el objeto o materia de aquél, ante el pronunciamiento del Juez natural al declararse impedido del conocimiento del Procedimiento Ordinario Familiar 735/2018. Por tanto, en caso de concluirse que los actos reclamados son inconstitucionales, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de su derecho humano que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió. Apoya a lo anterior, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así como, por identidad jurídica, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 241, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En consecuencia, es incuestionable que en el caso en particular se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    MESA I.Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio del quejoso ... mediante el cual desahoga la prevención efectuada en proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, y manifiesta que únicamente reclama los tres actos que señala en su demanda de amparo, específicamente en el apartado de "actos reclamados"; asimismo, remitió cuatro copias de su escrito aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes en este asunto. En mérito a lo anterior, téngase por aclarada la demanda de amparo de cuenta y vista nuevamente la misma, promovida por la citada parte quejosa, contra un acto que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase su informe justificado a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual la responsable deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientos unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de la Materia vigente. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Ahora, en cuanto a VALENTINA MORENO CARRILLO, señalada como tercero interesada por la parte quejosa, resérvese acordar lo relativo, esto, en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que adjuntó a su demanda de amparo, para que sean relacionadas y tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Ahora, en relación a las diversas documentales públicas y privadas que ofrece como pruebas; dígasele que no ha lugar a tenerlas por ofrecida, toda vez que dichas documentales aun no obran agregadas en estos autos ni tampoco las exhibe. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias inherentes a este asunto. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó.

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