David Valdés Falcón

Expediente 1048/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1048/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • David Valdés Falcón

Actuaciones

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de seis de septiembre de dos mil veintitrés, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto que desechó la demanda de amparo. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintitrés. En atención a que SE DESECHÓ la demanda que originó el presente juicio de amparo, es de señalarse que, con fundamento en los artículos 14 fracción III y 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es DESTRUIBLE, por lo que de conformidad con lo establecido en el último numeral invocado, consérvese en el archivo de este juzgado federal durante tres años, y después de se lapso, procédase a su destrucción. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no obran documentos originales exhibidos por la parte promovente, se ordena notificar por medio de lista el presente proveído. Notifíquese por lista a la quejosa.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a seis de septiembre de dos mil veintitré Notifíquese por oficio al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    *AVISO.- SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 06/09/2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:"México, Ciudad de México, a seis de septiembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA Agréguese el oficio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual remite el expediente D.C.-646/2023, del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por *****, así como seis copias de traslado, una bolsa con documentos, el toca *****/2023/1 y el expediente *****/2022; lo anterior, en virtud que mediante resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, declaró carecer de competencia legal para conocer de dicha demanda; en consecuencia, acúsese recibo y con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento del presente asunto y se procede a acordar en los siguientes términos: REGISTRO Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1048/2023-III y NEUN 33358339. ...FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En ese sentido, de oficio se advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al 107, fracción V, del mismo ordenamiento, interpretado a contrario sensu, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora bien, el artículo 107 constitucional establece como regla general que, tratándose de amparo directo, éste sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa al quejoso, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio o después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto o biinstancial. Conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquellos por virtud de los cuales se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución definitiva favorable en dicho juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, sin tener que esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses; por lo tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación sobre derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son estrictamente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que, si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y, por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, siempre que se afecten las defensas del quejoso y dicha violación trascienda al resultado del fallo adverso. Así, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesariamente debe producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia Constitucional y Común, página 1086, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 06 de junio de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En esas condiciones, tratándose de una violación procesal en el juicio, que no afecte materialmente alguno de los derechos sustantivos del quejoso, deberá reclamarse en la demanda de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, 172 y 174, todos de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el presente caso el acto reclamado consiste, como ya se dijo, en la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictada por la Sala responsable en el toca 322/2023/1, mediante la cual ordenó reponer el procedimiento en el juicio de origen y, en consecuencia, ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en dicho juicio a partir del emplazamiento practicado a las demandadas, incluyendo la sentencia definitiva. Por lo anterior, dicho acto no es de aquellos que contempla el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que no lesiona materialmente alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, dado que sólo tiene efectos intraprocesales dentro del juicio de origen, al constituir solamente una violación de derechos adjetivos, existiendo la posibilidad obtener un fallo favorable, en cuyo caso esa violación procesal quedaría insubsistente, y si la resolución le fuera desfavorable, podría reclamarla mediante el juicio de amparo que llegare a interponer contra la resolución de la alzada que, en su caso, confirmara la sentencia definitiva. Se cita en apoyo de lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 56, Agosto de 1992, Materia Común, página 11, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Sin que obste a lo anterior lo considerado en la jurisprudencia 1a./J. 106/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXI, Enero de 2005, Materia Civil, página 199, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO"; lo anterior, ya que ese criterio se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender aquellos actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Además, si bien en la tesis invocada se establece que podrían existir consecuencias de imposible reparación, ya que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se pueden nulificar actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo trámite del juicio podría ser imposible que se desahogaran de vuelta, o bien, los requerimientos bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento; no obstante, no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, por lo cual, ya no resulta aplicable, pues aun cuando la determinación de la Sala responsable implique una afectación en grado predominante, ello ya no es determinante para establecer la procedencia del juicio de amparo indirecto, dado que ese criterio se opone a la nueva legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), publicada el viernes dos de mayo de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V d e su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Aunado a lo anterior, al realizar un examen de las actuaciones del juicio de origen, que fueron remitidas por el tribunal oficiante, se advierte que las consecuencias producidas por la resolución reclamada con relación a las partes y a sus derechos, no generan contra la parte quejosa una ejecución de imposible reparación que afecte materialmente sus derechos sustantivos, ya que la responsable dejó sin efectos la sentencia emitida por el Juez Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, en la que se había absuelto a las demandadas de las prestaciones reclamadas, y ordenó reponer el procedimiento a fin de que se realizara debidamente el emplazamiento practicado a dichas enjuiciadas; lo que implica que el juicio se seguirá en todas sus etapas hasta el dictado de la sentencia correspondiente, existiendo la posibilidad, como ya se dijo, de que ésta sea favorable a la parte quejosa, en cuyo caso, la pretendida violación que aduce le produce la resolución reclamada quedaría insubsistente, y si el fallo definitivo le fuera desfavorable, podría reclamar esa violación mediante el juicio de amparo que llegare a interponer contra la resolución de la alzada que, en su caso, confirmara la sentencia definitiva. Se cita de apoyo, la tesis número VI.3o.C.1 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 2827, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, Décima Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A LA VISTA LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO GENERADOR DEL ACTO RECLAMADO, DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIAS QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ACOMPAÑARON A SUS INFORMES JUSTIFICADOS, ESTÁ EN APTITUD DE DETERMINAR SU DESECHAMIENTO [EXCEPCIÓN A LA HIPÓTESIS PREVISTA EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 87/2016 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la jurisprudencia citada, de título y subtítulo: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.", sostuvo que para la procedencia de la demanda de amparo, cuando el acto reclamado sea una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen sobre los efectos concretos que produce, tanto en las personas como en las cosas, sin que esto pueda efectuarse en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento no se cuenta con las constancias necesarias para poder llegar a tal determinación. Sin embargo, existe un caso de excepción que se actualiza cuando el Juez de Distrito tiene a la vista las constancias que obran en el juicio generador del acto reclamado, de primera y segunda instancias que las autoridades responsables hubieran acompañado a sus informes justificados, en virtud de haberse presentado inicialmente la demanda de amparo en la vía directa y ante la incompetencia del Tribunal Colegiado de Circuito, éste remitiera con sus anexos al Juzgado de Distrito en turno; lo que trae como consecuencia que dicho juzgador pueda conocer si la resolución reclamada que ordena reponer el procedimiento, tiene o no efectos meramente procesales que le permitan determinar su desechamiento." Asimismo, la tesis número VII.2o.C.26 K (11a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE ALZADA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO CUENTE CON LOS AUTOS DEL JUICIO DE ORIGEN, PUEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA SI ADVIERTE QUE NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 87/2016 (10a.)]. Hechos: Se reclamó en amparo directo una resolución de alzada que ordenó reponer el procedimiento en primera instancia para llamar a juicio a diversos litisconsortes. La autoridad responsable dio el trámite de ley y remitió su informe justificado ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente; sin embargo, éste se declaró incompetente por razón de la vía y remitió la demanda, anexos e informe al Juzgado de Distrito; dicho órgano radicó la demanda, aceptó la competencia y desechó de plano la demanda de amparo, al estimar que no se afectaban derechos sustantivos, al no haberse anulado ninguna actuación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando se reclame en amparo una resolución de alzada que ordene reponer el procedimiento en primera instancia y ésta se radique en la vía indirecta en la que obren las constancias del proceso, el Juez de Distrito puede desechar de plano la demanda si advierte que no se afectan derechos sustantivos, pues es inaplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación: Lo anterior, porque conforme al artículo 222 de la Ley de Amparo y a la tesis aislada 2a. CXII/2016 (10a.), de la propia Sala para determinar si un precedente obligatorio resulta aplicable a un caso concreto, el órgano jurisdiccional se encuentra vinculado a observar la razón decisoria; esto es, a determinar si las circunstancias de hecho son de una entidad similar o equiparable a las del caso que se juzga y así poder resolver el conflicto a partir de la argumentación del precedente. En ese sentido, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.) citada no es aplicable cuando el tribunal de amparo cuenta con los autos del juicio y del toca de donde deriva la resolución que ordenó reponer el procedimiento en primera instancia, porque la demanda de amparo se tramitó en un primer momento en la vía directa y a la postre se remitió la demanda, anexos e informe justificado de la autoridad responsable para que se siguiera en la vía indirecta e, incluso, el órgano de amparo realiza ese análisis ponderado; lo anterior, porque dicho criterio jurisprudencial parte del hecho de que el examen necesario a efecto de determinar si la reposición del procedimiento ordenada por el tribunal de alzada afecta derechos sustantivos no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito de demanda y, en su caso, los anexos que se exhiban, lo que en ese supuesto no acontece, pues el Juez de Distrito sí cuenta con los elementos para realizar el análisis sobre las consecuencias que proyecta el acto reclamado sobre el proceso, las cosas y las personas." Por otra parte, si bien la resolución reclamada podría implicar una dilación en la decisión definitiva, ello por sí solo no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues el hecho de que se ordene la reposición del procedimiento como en el presente caso, no genera una denegación de impartición de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Común, página 593, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V -interpretado en sentido contrario-, del mismo ordenamiento, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por *****. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PROMOVENTE En términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio del peticionario de amparo el que indica en su escrito de demanda. Se autoriza a los profesionistas que señala en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. SE EXHORTA A LAS PARTES CONTINUAR EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO VÍA ELECTRÓNICA. Debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, de conformidad con lo previsto en los artículo 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia Sanitaria, se exhorta a las partes a que continúe su tramitación vía electrónica, para lo cual deberán realizar el registro correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, crear su usuario y proporcionarlo ante éste órgano jurisdiccional para acceder al expediente electrónico y notificarse por dicho medio. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por oficio al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y personalmente a la parte quejosa.2

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