David Torres Cruz
Expediente 285/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 285/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- David Torres Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
En la Ciudad de México, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del presente asunto, la certificación de cuenta y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera de relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 3, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se negó, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En Ciudad de México, a las DIEZ HORAS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 285/2021-I, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni legítimo representante. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran la demanda de garantías que dio origen al presente asunto, auto aclaratorio y escrito de desahogo, auto admisorio de nueve de abril de dos mil, constancias de notificación, informe justificado rendido de manera conjunta por las autoridades responsables, las pruebas, y proveídos en que se acordó lo conducente. Asimismo, da cuenta con el estado procesal que guardan los presentes autos y certifica que feneció el plazo de quince días concedido a la parte quejosa, mediante auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en razón de que el mismo le fue notificado por lista el veinticuatro siguiente, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 31, fracción II, de la citada Ley, dicha notificación surtió sus efectos el veinticinco posterior, y el término aludido transcurrió del veintiséis de agosto al veinte de septiembre del año en curso, previo descuento de los días veintiocho y veintinueve de agosto, así como cuatro, cinco, once, doce, catorce, quince, dieciséis, dieciocho y diecinueve de septiembre, por ser días inhábiles en términos del artículo 19 de la ley de la materia y de conformidad con lo resuelto en sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal celebrada el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de constancias, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, en relación con lo certificado por el Secretario y advirtiéndose que la parte quejosa omitió desahogar el requerimiento ordenado en auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que únicamente se tiene como acto reclamado y autoridades responsables los señalados de manera destacada en su escrito de demanda y aclaratorio. En período probatorio: El Secretario da cuenta con las ofrecidas por las partes. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos, abierto éste, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: se declara desierto el periodo de alegatos. JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 AMPARO INDIRECTO. 285/2021-I 3 JUICIO DE AMPARO P- 285/2021-I Sin existir pruebas, diligencias pendientes por desahogar, ni pedimento del Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de la presente acta. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 285/2021-I, promovido por David Torres Cruz, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O . PRIMERO. Por escrito recibido el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido a este Juzgado de Distrito por razón de turno, David Torres Cruz, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: III. AUTORIDAD RESPONSABLE. 1. Oficial Policía Segundo, de nombre Fernando Romero Alejandro con número de placa 917197 de la Ciudad de México, a bordo de la patrulla de tránsito de la subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de laCIudad de México, con número de matrícula vehícular e identificación MX-245-C1. 2. Elemento a bordo, en operación y ejecución de la grua e arrastre de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con número de identificación MX-237D-1. 3. Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 4. Secretaría de Seguridad Ciudadana. V. ACTO RECLMADO: Se reclama el acto administrativo de facto y arbitrario de detensión, retención y depósito o traslado JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 4 desplegado tanto por el oficial policpía segundo, de nombre Alejandro Fernández Romero con número de placa 917197, como por el elemento a bordo y en operación de la grua de arrastre de vehículo de la subsecretaría de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con número de identificación vehícular MX-237D-1, del vehículo propiedad del quejoso marca Chevrolet, submarca spark, modelo 2016, color verde, con placas de circulación NPZ-94-69 del Estado de México. SEGUNDO. Por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se registró la demanda con el número 285/2021- I, y se previno al promovente para que la aclarara, lo cual atendió por escrito registrado con el número de promoción 3778, cuya parte que interesa es del tenor siguiente: Toda vez que se requiere precisar el acto concreto que se reclama de la subtesorería de control de tránsito y a la secretaría de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, se puntualiza como acto reclamado el mismo que se atribuye al elemento de dicha autoridad, en el entendido que los oficiales son representantes de dichas autoridades mencionadas; . TERCERO. Por acuerdo de nueve de abril de dos mil veintiuno, se admitió la demanda registrada con el número 285/2021-I, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente compete al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. CUARTO. Mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se requirió al quejoso para que manifestara si a su interés legal convenía ampliar su demanda en relación con el 'REGISTRO DE INGRESO Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS', folio 3883896, y la boleta de infracción folio 71742957, ambas de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, y señalar como autoridades responsables a quienes los emitieron, apercibido que de no desahogar lo requerido, se seguiría el JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 AMPARO INDIRECTO. 285/2021-I 5 JUICIO DE AMPARO P- 285/2021-I juicio en los términos planteados en su demanda y escrito aclaratorio. QUINTO. En ese tenor, ante la omisión del quejoso en desahogar tal requerimiento, mediante acuerdo dictado en el acta de audiencia que antecede, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el proveído citado, por lo que procede resolver el presente juicio en términos de lo planteado en el escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio; y, C O N S I D E R A N D O . PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 52, fracciones II y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclaman actos de autoridades administrativas distintas de las judiciales, con residencia en la jurisdicción que corresponde a este juzgado. SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 6 jurisprudencia P./J. 40/2000, aplicada por analogía, estableció la obligación de que el juez de amparo analice la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional; criterio que es del rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Novena Época, Registro: 192097, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de dos mil (2000), Materia Común, Página: 32) La jurisprudencia citada señala que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Por lo anterior, del análisis integral que al efecto se realiza de la demanda, se colige que los acto reclamados por el quejoso son los siguientes: - La orden de detención, arrastre y resguardo del vehículo marca Chevrolet, submarca spark, modelo 2016, color verde, con placas de circulación NPZ-94-69 del Estado de México, y su ejecución. TERCERO. No es cierto el acto reclamado al Secretario y Subsecretario de Control de Tránsito, ambos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, descritos en el considerando anterior, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Inexistencia que se corrobora con las documentales que como prueba exhibieron dichas autoridades, en específico, el JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 AMPARO INDIRECTO. 285/2021-I 7 JUICIO DE AMPARO P- 285/2021-I 'REGISTRO DE INGRESO Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS', folio 3883896, y la boleta de infracción folio 71742957, ambas de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, de las que se advierte que los actos reclamados estuvieron a cargo de diversas autoridades. Documentos que fueron exhibidos de manera digitalizada, los cuales tienen valor probatorio pleno en términos de la tesis de rubro y contenido siguientes: DOCUMENTOS DIGITALIZADOS QUE SE INGRESAN COMO PRUEBAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE CONSIDERARLOS COMO SI SE HUBIERAN PRESENTADO EN SU VERSIÓN FÍSICA, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDAN SER OBJETADOS POR LAS PARTES, Y SÓLO EXCEPCIONALMENTE, ANTES DE DEMERITAR SU VALOR PROBATORIO, REQUERIR AL OFERENTE EL DOCUMENTO FUENTE. Hechos: En un juicio de amparo indirecto tramitado en vía electrónica, la parte quejosa, para acreditar su interés jurídico, ofreció como pruebas diversos documentos digitalizados, que se estimaron como copias simples del documento original, dando lugar al sobreseimiento en el juicio, ya que se determinó que no se trataba de documentos electrónicos a los que se refiere el artículo 12, inciso f), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, por no haberse generado, modificado o procesado por medios electrónicos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los documentos digitalizados de su original, ofrecidos como prueba de manera electrónica en el juicio de amparo, no perderán su valor probatorio y deberán recibir el mismo tratamiento que si se hubieren presentado en su versión física, sin perjuicio de que: 1) puedan ser objetados por las partes; o, 2) cuando el órgano jurisdiccional carezca de seguridad JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 8 respecto a la viabilidad y coincidencia del documento digital frente al documento fuente, esté en aptitud de requerir excepcionalmente este último, antes de demeritar su valor probatorio. Justificación: Se arriba a esta conclusión, toda vez que de la interpretación del contenido de los Acuerdos Generales Conjuntos celebrados entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respectivamente, en los que se materializó el nuevo sistema de juicio de amparo, se tiene que la prueba documental digitalizada no perderá su valor probatorio por el simple hecho de provenir de un proceso de digitalización, sino que en aras de tutelar los principios que caracterizan al nuevo sistema de expediente electrónico y al juicio de amparo, el juzgador deberá otorgar el mismo tratamiento que a su documento físico, lo anterior sin perjuicio de que dichas probanzas puedan ser objetadas por las partes. De manera excepcional, y antes de calificar su valor probatorio, puede ocurrir que el órgano jurisdiccional se encuentre con situaciones dudosas o insuficientes respecto al documento probatorio digital, en cuyo caso está facultado para tomar las medidas necesarias y acordar lo conveniente para dar oportunidad a las partes de presentar el documento fuente y hacerlo coincidente con el documento ingresado. (Registro digital: 2022826, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: 1a. VIII/2021 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, página 1227, Tipo: Aislada) Por ende, si de autos no se advierte prueba alguna aportada por el quejoso tendente a desvirtuar la inexistencia evidenciada, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que hace a las autoridades referidas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 310, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. (No registro 394,266, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página: 209) JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 AMPARO INDIRECTO. 285/2021-I 9 JUICIO DE AMPARO P- 285/2021-I CUARTO. Son ciertos los actos reclamados a los Policías Segundos Alejandro Fernández Romero y Santiago Cruz Salvador, este último operador de la grúa con número de identificación vehicular MX-237D-1, descritos en el considerando segundo de esta sentencia, pues no obstante al rendir su informe justificado los negaron, del contendio de las documentales descritas en el consideradno anterior, a las cuales se les ha otorgado valor probaotrio pleno, se advierte que fueron ellos quienes los llevaron a cabo. QUINTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 62. Las causes de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Al respecto, conviene precisar que el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecte la esfera jurídica del quejoso; esto es, cuando no se acredite la titularidad de un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo y, tratándose de normas generales, el juicio será improcedente cuando éstas requieran de un acto de aplicación con posterioridad a su entrada en vigor y no esté acreditado en autos. Dicho precepto es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 10 XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en su primera hipótesis, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la Ley. Dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo. En relación con lo expuesto, es conveniente poner de manifiesto que en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal se establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un interés legítimo, como puede verse en la transcripción siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 AMPARO INDIRECTO. 285/2021-I 11 JUICIO DE AMPARO P- 285/2021-I En relación con dicho numeral, deben citarse, además, los diversos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que prevén: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. ARTÍCULO 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. De los preceptos transcritos se desprende que en el juicio de amparo constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 12 reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Entonces, de acuerdo con la reforma se amplía el campo de posibilidades para acudir al juicio de amparo porque podrá acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal quien alegue tener un interés legítimo o jurídico, que son instituciones diferentes, como se explicará enseguida. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una persona o colectividad, identificada e identificable y supone que la parte quejosa pertenece a ella. Lo anterior se aprecia del siguiente criterio: INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto 'interés legítimo individual o colectivo', ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 AMPARO INDIRECTO. 285/2021-I 13 JUICIO DE AMPARO P- 285/2021-I promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su 'especial situación frente al orden jurídico', lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." ([TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2; Pág. 1736). Por otra parte, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al respecto, estableció que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Lo cual se podría considerar como un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Esto es, el interés legítimo puede definirse como aquél interés personal (individual o colectivo), cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 14 concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso. Además, la sala referida aseveró que ese interés debe estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; por lo que debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Dicha Sala al respecto emitió el siguiente criterio: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." ([TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1; Pág. 822.). En razón de lo anterior, debe precisarse que el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos y que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 AMPARO INDIRECTO. 285/2021-I 15 JUICIO DE AMPARO P- 285/2021-I ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Por otra parte, el interés jurídico, en cambio, sí precisa la afectación a un derecho subjetivo, como lo definió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª/J.168/2007, que señala: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, Materia Común, enero de 2008, página 225). De acuerdo con el criterio anterior, debe decirse que el interés jurídico para acreditarse en el juicio de amparo, debe derivar de un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, esto es, del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, o sea, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 16 apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. Por tanto, la diferencia entre el interés jurídico y el legítimo consiste en que en el primero, el quejoso debe acreditar fehacientemente que es titular del derecho subjetivo público que es violado por un acto de autoridad, en cambio, en el segundo, se pueden combatir actos que se estiman lesivos de derechos humanos, sin la necesidad de que la parte quejosa demuestre se titular de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, el quejoso no acreditó que los actos de autoridad afecten sus derechos para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues no exhibió documento idóneo para demostrar ser el legítimo poseedor o propietario del vehículo marca Chevrolet, submarca spark, modelo 2016, color verde, con placas de circulación NPZ-94-69 del Estado de México, que defiende, y respecto del cual se ejecutaron los actos que reclama. Sin que sea óbice el video que contiene la memoria USB que exhibió como prueba a través de su escrito aclaratorio, pues de tal grabación solo se advierten diversas imágenes que de las cuales se desconoce las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en los que se generaron, además de que ello no constituye título de propiedad alguno respecto del vehículo que defiende el quejoso. Por lo que, si se considera que el extremo que constituiría el interés jurídico legítimamente protegido a través de las garantías de legalidad y seguridad contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo es acreditar el extremo referido, esto es, ser propietario, poseedor o tenedor de los derechos del vehículo respecto del cual se impuso la detención, arrastre y resguardo reclamados; lo cual no fue acreditado en el presente juicio de garantías, es claro que el quejoso carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo, al no demostrar ser afectado jurídicamente con el acto reclamado. Por lo tanto, toda vez que el peticionario del amparo no acreditó su interés jurídico con documento fehaciente que demuestre que es el propietario, poseedor o tenedor del vehículo Chevrolet, submarca spark, modelo 2016, color verde, con placas de circulación NPZ-94-69 del Estado de México, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por ende, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la mencionada ley. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 73, 74, 75, 76 y 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio 285/2021-I. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, dos de julio de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio recibido vía electrónica, en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, signado criptográficamente por el Apoderado General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en representación del Titular, Subsecretario de Control de Tránsito, Policía Segundo Alejandro Fernández Romero con número de placa 917197 y Elemento a Bordo de la Grúa de Arrastre, todos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por medio del cual rinden conjuntamente su informe justificado. Se agrega el oficio de cuenta y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido conjuntamente el informe justificado de las autoridades citadas en el párrafo precedente, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional, con este se da vista a las partes a fin de que manifiesten y puedan hacer valer lo que a su interés y derecho convenga. Con apoyo en los artículos 9 y 28, fracción I, de la ley de la materia, se reconocen como delegados de su parte a las personas que menciona y se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. De igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, al usuario "EMMANUELSY", que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, exhibidas y admitidas las pruebas documentales que exhibe, la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana que menciona, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrar la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 66, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés y derecho convenga respecto de las constancias que se agregan, sin perjuicio de hacer nueva relación de éstas en la audiencia constitucional. Sirve de apoyo la tesis: I.5o.C.2 K, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES." (No. Registro: 204616, Tesis, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Agosto de 1995, Página: 594) Asimismo, en relación al uso de medios electrónicos, dígase al oficiante que deberá estarse a lo acordado en proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual se autorizó a las partes el uso de los mismos. En estas circunstancias, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese por lista a la parte quejosa de conformidad con lo ordenado en proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad de México, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Se agrega a los autos el oficio signado por la Directora de Operación y Control de Pago de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, en atención al proveído de nueve de abril del año que transcurre, informa que se encuentra realizando los trámites correspondientes para la actualización de la planilla de liquidación, para así remitirlo a la Dirección General de Recursos Humanos de dicha dependencia y continuar con el procedimiento de pago a la parte quejosa, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; tomando conocimiento de su contenido. En ese sentido, tomando en consideración que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del supletorio código adjetivo federal, REQUIÉRASE POR SEGUNDA OCASIÓN al Director de Operación y Control de Pago de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído: ? Remita copia certificada de la planilla de liquidación actualizada al ejercicio dos mil veintiuno, a nombre de la hoy quejosa María de los Ángeles Martínez Rojas, por la cantidad de $56,513.34 (cincuenta y seis mil quinientos trece pesos 34/100 moneda nacional), por concepto de diferencias de aguinaldo aplicados en los ejercicios de dos mil trece a dos mil diecisiete, en razón del amparo concedido a la quejosa, monto sobre el cual se ha requerido el cumplimiento del fallo protector, en el entendido que deberá acompañar copia certificada, completa y legible de las constancias que le permitan determinar los montos correspondientes. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y del artículo 84, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y en el tercero transitorio, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, REQUIÉRASE POR SEGUNDA OCASIÓN al Director General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico de la vinculada responsable, la conmine a dar cumplimiento al fallo protector y remita a éste órgano jurisdiccional, dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la vinculada responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se impondrá a las personas físicas que ostenten el cargo respectivo, una multa por cien veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, y tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
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