David Soto Ruiz
Expediente 810/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 810/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- David Soto Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
"... Vistos los autos y la certificación de cuenta, de los mismos se aprecia que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran el recurso de revisión contra la determinación que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, .... se declara que dicha resolución ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, .....archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, así como el original del incidente de suspensión, serán conservados en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirán al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción y depuración correspondiente, .... Hágase las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Dedúzcase copia autorizada de la presente determinación y agréguese al original del incidente de suspensión, para los efectos conducentes. Por último, devuélvase a la autoridad responsable Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia el toca penal ****** que remitió en apoyo a su informe justificado...."
- Principal
"... Agréguese el escrito electrónico de Luis Roberto Bolaños Merlos, autorizado legal del tercero interesado Héctor López Aké; visto su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas, vía alegatos. Por otra parte, visto el estado de autos, en particular los informes rendidos por las autoridades responsables y constancias anexas a estos, a las cuales se confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°, se desprende que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda fue promovida de forma extemporánea. En efecto, el citado ordinal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". El artículo transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito de los actos reclamados, traducida en la promoción extemporánea de la demanda de amparo, lo que tiene su explicación y fundamento racional en la siguiente presunción: cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de reclamarlo en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, pero a pesar de ello deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela conformidad con el acto. Ahora, a efecto de evidenciar la existencia de la causa de improcedencia invocada, es necesario traer a contexto lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por la importancia que reviste, cabe destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17, del cuerpo normativo en cita, para promover el juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente: a) A que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) A que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Como se observa, el inicio del plazo para la presentación de la demanda de amparo, tendrá lugar a partir de que la parte quejosa es notificada; tiene conocimiento del acto reclamado; o se hace sabedor de él; motivo por el cual, será a partir de ese momento en que está en aptitud de ocurrir en la vía constitucional en defensa de sus intereses. En el caso, el quejoso David Soto Ruiz reclama la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte, dictada en el toca penal JOPT/60/2019, del índice de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; donde se revocó el auto de vinculación a proceso de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, pronunciado por el Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, en la causa penal 701/2018. Ahora, de las constancias del toca penal JOPT/60/2019, se aprecia lo siguiente: - En proveído de dos de mayo de dos mil diecinueve, la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, tuvo por admitido el recurso de apelación interpuesto por el imputado Héctor López Aké, en contra del auto de vinculación a proceso de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, pronunciado por el Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, en la causa penal 701/2018, por el delito de fraude genérico; asimismo, en dicho proveído el Tribunal de Alzada determinó que las notificaciones a la víctima David Soto Ruiz, aquí quejoso, se le realizaran por lista, en términos del artículo 82, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales; ello, al no haber señalado domicilio para recibir notificaciones. - Mediante resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte, el Tribunal de Alzada revocó el auto de vinculación a proceso de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve y dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Héctor López Aké. - Dicha resolución le fue notificada a la víctima David Soto Ruiz, por lista de acuerdos, el veintisiete de agosto de dos mil veinte. En ese contexto, tomando en consideración que el juicio del cual deriva el acto reclamado se trata de un proceso penal acusatorio, es aplicable para su instrumentación el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual en su numeral 82, fracción II y último párrafo, establece que las notificaciones que se efectúen por lista surtirán efectos al día siguiente de su publicación. Por tanto, si la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte, dictada en el toca penal JOPT/60/2019, se notificó a la parte quejosa por lista de acuerdos el veintisiete de agosto de dos mil veinte, esto al no haber señalado domicilio en segunda instancia para recibir notificaciones, surtió efectos el veintiocho de agosto siguiente; por consiguiente, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el primer día del plazo legal para la instauración del juicio de amparo fue al día hábil siguiente en que surtió efectos la notificación del acto reclamado, esto es, el treinta y uno de agosto de dos mil veinte. De ahí que, el plazo de quince días transcurrió del treinta y uno de agosto al veintitrés de septiembre de dos mil veinte, sin contar los días sábados y domingos, así como catorce, quince y dieciséis de septiembre por haber sido legalmente inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo, 74 de la Ley Federal del Trabajo y Circular 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Abunda a lo anterior que de la consulta del Acuerdo General 01/2020 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que establece el calendario judicial de periodos vacacionales y de suspensión de labores para el año dos mil dos mil veinte, no se advierten diversos días inhábiles en el periodo señalado; tampoco se advierte suspensión de labores en dicho periodo para las Salas con motivo de la contingencia mundial por el virus SARS-CoV-2 toda vez que mediante diverso Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, se ordenó la reanudación parcial de las actividades laborales en todos los órganos jurisdiccionales y administrativos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a partir del tres de agosto de dos mil veinte. De manera que, si la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, el nueve de diciembre de dos mil veinte, es evidente que el juicio de amparo se promovió de manera extemporánea, en virtud de que se hizo fuera del término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. No obsta a lo anterior, que la autoridad responsable Jueza de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Tanivet, mediante auto de trece de noviembre de dos mil veinte, dictado en la causa penal 701/2018 ordenó notificar a las partes la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte, dictada por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, lo que en el caso del hoy quejoso ocurrió el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, según se advierte de las constancias remitidas por dicha responsable; sin embargo, debe imperar la primera notificación que le fue realizada por la Sala responsable; ello, pues mediante ésta se hizo del conocimiento de la parte ofendida, aquí quejosa, el contenido íntegro de la resolución reclamada. Máxime, que este Órgano Jurisdiccional no está facultado para examinar la validez de las notificaciones realizadas en el juicio de origen a la víctima, aquí quejoso. En apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, se cita el siguiente criterio: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen". (Época: Décima Época, Registro: 2013077 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 125/2016 (10a.) Página: 1249. Sin que se actualice alguna de las causas de excepción previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, relativas a normas generales autoaplicativas; sentencias definitivas condenatorias en un proceso penal que imponga pena de prisión; algún acto que tenga por efecto privar total o parcialmente de forma parcial temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios de un núcleo de población ejidal o comunal; alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas nacionales. De lo antes expuesto, se demuestra que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado, y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la citada ley. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional..."
- Principal
"... Agréguese a los autos el oficio de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante el cual, en atención al requerimiento de dieciséis de febrero de dos mi veintiuno, informa que recibió copia simple de la demanda de amparo. Asimismo, ... se le tiene apersonándose al presente juicio como autoridad tercera interesada, designando delegado en términos del numeral 9º de la propia ley y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora, tomando en consideración que el espíritu del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, es privilegiar el uso de medios electrónicos dada la contingencia sanitaria que atraviesa el país; se tiene a la autoridad oficiante señalando el correo electrónico salaspgje@hotmail.com, para oír y recibir notificaciones. Finalmente, dése vista a dicha parte procesal con la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo...."
- Principal
"... Agréguese a los autos el escrito de ****, visto su contenido, ..... se le tiene por apersonado al presente juicio en su carácter de tercero interesado y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Roberto Bolaños Merlos, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas restantes, por así solicitarlo. Por otra parte, .... se concede al promovente autorización para que desde el Portal de Servicios en Línea: 1) tenga acceso a la consulta del expediente electrónico; 2) se le practiquen sus notificaciones por vía electrónica; y, aunque no solo solicita expresamente, 3) presente sus promociones vía electrónica, todo ello mediante el usuario MERLOS7706 que señala. Realícese el trámite de autorización relativo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE]. De igual manera, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno citado determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos, se autoriza a la parte tercera interesada el uso de dichos medios electrónicos en los términos descritos con antelación. En el mismo orden de ideas, hágase saber a la parte tercera interesada que las reproducciones que se obtengan a través de los medios electrónicos mencionados no tendrán validez de documento público .... Por último, en cuanto a su solicitud que se le expidan copias simples de todo lo actuado dentro de presente expediente, así como del cuaderno incidental, hágase de su conocimiento que a través del usuario autorizado en párrafos que anteceden, tendrá acceso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y podrá descargar en su equipo de cómputo copia de las constancias solicitadas. Lo anterior, en términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo...."
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