David Silva Barragán

Expediente 309/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
309/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • David Silva Barragán

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que en el juicio de amparo 461/2022-V del índice de este juzgado, promovido por ********************, se celebró la audiencia constitucional el catorce de junio de dos mil veintidós y se turnaron los autos para dictar sentencia. Ahora, constituye un hecho notorio el oficio SECNO/STCCNO/291/2023 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal y el proveído recaído a su contenido dictado el tres de los actuales en el cuaderno de varios, donde se advierte que el presente expediente está en la lista de asuntos que fueron seleccionados del "Programa para el turno aleatorio de asuntos a los órganos jurisdiccionales auxiliares", a fin de que sean remitidos al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, con el propósito de dictar el fallo correspondiente. En consecuencia, remítanse los autos de este expediente al citado Juzgado auxiliar. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las actuaciones que se generen a partir del presente acuerdo, sin que sea necesario fotocopiar las constancias que obran en el expediente original, toda vez que se encuentran integradas en el expediente electrónico visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, conforme a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la Unión. En el entendido de que acorde con lo dispuesto por el artículo único, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, dicha remisión deberá realizarse de manera directa al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato. Conforme lo dispone el último párrafo del artículo único del citado Acuerdo General, inclúyase el presente asunto en el acta circunstanciada que para efectos de remisión se levante. En caso de que se reciban promociones posteriores a este envío, siempre y cuando impliquen trascendencia para el sentido de fallo, se ordena, desde ahora, acordarlas en este expediente y remitirlas al órgano jurisdiccional de mérito.-

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve David Silva Barragán, por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otra autoridad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 309/2023-III. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Así, una vez hecho un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, lo procedente es desechar la demanda por su manifiesta e indudable improcedencia. Al respecto, conviene traer a glosa el contenido del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: De la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El principio de definitividad del juicio de amparo que consagra la fracción transcrita, consiste en la obligación del quejoso de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Precisión del acto reclamado. En el caso, el acto reclamado es el auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el toca 123/2023 de la estadística de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante el cual desechó el recurso de apelación promovido por el ahora quejoso en contra de la resolución de veintisiete de enero del año en curso, emitida en el expediente F2/2021 del índice del Juzgado de Oralidad Familiar con sede en esta ciudad. El quejoso aduce que el a quo confundió el acto de escrituración y/o donación con la de realizar un testamento, esto es, desde su perspectiva, el juez natural interpretó incorrectamente los alcances del convenio celebrado con su contraparte, específicamente la cláusula quinta donde refiere que se obligó a realizar un testamento en favor de sus hijos respecto al inmueble ubicado en privada principal del árbol número 175 de la colonia Punto Verde, de esta ciudad, en atención a que tiene un crédito hipotecario al que se comprometió liberar una vez transcurridos los años del crédito. Y manifiesta que el acto reclamado lo priva del acceso a la justicia y afecta su derecho de propiedad, toda vez que no fue pactado que tenía que realizar un traslado de dominio de ese inmueble mediante escrituración en forma de donación, sino que se comprometió a otorgar un testamento. Al respecto, opera el principio de definitividad, pues su justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, es decir, resulta imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección constitucional. Ahora, el acto examinado es impugnable a través de un recurso ordinario, pues el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, prevé un medio de defensa con el cual puede revocarse o anularse. Al respecto, los numerales 225, 232, 233, 234, 235, 236 y 245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, los cuales disponen: "Artículo 225. Las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias: decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos, cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio. (.) Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 233. La revocación se interpondrá dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto impugnado. En el escrito en que se interponga deberán expresarse los agravios que le cause la resolución al recurrente. Si se determina que el escrito fue presentado fuera del término, o no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto el recurso y firme el auto o decreto. Artículo 234. Pedida la revocación se dará vista a las demás partes, por término de tres días, y transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolverá, sin más trámite, dentro del tercer día. Artículo 235. Del auto que decida sobre la revocación no habrá ningún recurso. Artículo 236. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. En materia familiar, cuando sea en beneficio de menores o incapacitados, deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de agravio expresados. (.) Artículo 245. Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere le sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos. (.)". Como se aprecia, la legislación en materia civil otorga al gobernado un medio de defensa idóneo para dejar insubsistente el acto reclamado, ya que la revocación es el medio de impugnación para revocar o modificar el auto que el Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato dictó el veintidós de febrero del año en curso, en su toca 123/2023, en el cual desecho el recurso de apelación que promovido el quejoso en contra de la resolución de veintisiete de enero del año en curso, dictada por el Juez de Oralidad Familiar con sede en esta ciudad. Máxime que el código en cita no prevé la procedencia de otro medio de defensa contra esa determinación ni establece que sea irrecurrible. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis I.10º.A.54 A y XII.2o.32 C, con registros digitales 168688 y 160394, visibles en la página 2352 del Tomo XXVIII y en la página 4688 Tomo 5 del Libro IV, respectivamente, de texto y rubros siguientes: "REVOCACIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DECLARA INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 23/99-PS, de la que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 8/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, marzo de 2002, página 11, de rubro: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS).", estableció que contra un auto dictado por un tribunal de alzada que declara desierto el recurso de apelación hecho valer en contra de una sentencia de primera instancia, procede el recurso de reposición, para cuya tramitación se siguen las mismas reglas que para la revocación, conforme a las legislaciones procesales ahí examinadas. Las razones fundamentales que sustentan dicho criterio son aplicables respecto de un auto dictado por el tribunal de alzada que declara inadmisible un recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia definitiva de primer grado, porque este último tiene el mismo efecto procesal y la misma consecuencia jurídica que el acuerdo que declara desierto el recurso de apelación, tales como impedir la tramitación de dicho medio de impugnación y dejar firme la resolución impugnada, lo que lo torna en una determinación que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo y, por ende, en su contra procede el recurso de revocación previsto por el artículo 679 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, conforme al cual las resoluciones que no fueren apelables pueden ser revocadas por el propio Juez o tribunal que las dictó, máxime que del citado contexto normativo no se advierte la procedencia de otro medio de impugnación ni la irrecurribilidad de ese tipo de determinaciones; aunado a que como también lo consideró la Primera Sala del Máximo Tribunal, a través del medio ordinario de impugnación se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento o inadmisión de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal. De negar la procedencia del recurso de revocación, a pesar de que el artículo 679 prevé que las resoluciones del tribunal de alzada pueden ser revocadas, se vulneraría el principio de impugnación, consistente en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben poder impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos, lo que encuentra apoyo, además, en la jurisprudencia 1a./J. 101/2001, publicada en el mismo órgano de difusión y Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 138, de rubro: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO 'APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.').", ya que como se estableció en la ejecutoria que se comenta, si bien es cierto que en esta última la Primera Sala analizó el artículo 1334 del Código de Comercio, la postura tomada en el sentido de que en contra del auto dictado en primera instancia que no admite el recurso de apelación procede el de revocación, también lo es que ello hace posible deducir que implícitamente se determinó la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de dicha resolución, al existir un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada y, por tanto, por identidad de razón, también se concluye que contra el auto que tiene por no admitido el recurso de apelación en segunda instancia, procede el medio ordinario que establece el Código de Procedimientos Civiles para el Estado, esto es, el recurso de revocación a que alude el referido artículo 679, porque si bien es verdad que este numeral no establece expresamente la procedencia del recurso de revocación en contra de un auto del tribunal de segundo grado que desecha la apelación, también lo es que no existe disposición alguna que prevea que tal determinación sea irrecurrible, o bien, la procedencia de diverso recurso que excluya la revocación en el supuesto señalado; así, a través de este medio de impugnación, se insiste, puede lograrse que el tribunal ad quem corrija algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal." "DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE. OBLIGA A AGOTAR EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 227 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, EN CONTRA DEL AUTO QUE DECLARA INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Al resolver la contradicción de tesis número 23/99-PS, de la que derivó la tesis jurisprudencial número 1a./J. 8/2002, de rubro: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS).", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que contra un auto dictado por un tribunal de alzada que declara desierto el recurso de apelación hecho valer en contra de una sentencia de primera instancia, procede el recurso de reposición, para cuya tramitación se siguen las mismas reglas que para la revocación, conforme a las legislaciones procesales ahí examinadas. Las razones fundamentales que sustentan dicho criterio son aplicables respecto de un auto dictado por un Tribunal Unitario de Circuito, que declara inadmisible un recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia definitiva de primer grado, proveído en contra del cual procede el recurso de revocación previsto en el artículo 227 del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque este último tiene el mismo efecto procesal y la misma consecuencia jurídica que el acuerdo que declara desierto el recurso de apelación, tales como impedir la tramitación del recurso de apelación y dejar firme la resolución impugnada; además, conforme a dicho precepto, los autos no apelables y los decretos pueden ser revocados por el propio Juez o tribunal que los dictó, y del contexto normativo correspondiente no se advierte la procedencia de otro medio de impugnación ni la irrecurribilidad de tal tipo de determinaciones, aunado a lo cual, tal como también consideró la Primera Sala del Máximo Tribunal, a través del medio ordinario de impugnación se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento o inadmisión de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal; sin que obste al caso la irrecurribilidad prevista en el artículo 250 del código en mención -en el sentido de que dentro del día siguiente de estar notificadas del decreto referido en el artículo 245 del mismo ordenamiento, pueden las partes manifestar su disconformidad respecto de los efectos en que se haya admitido la apelación y que el tribunal resolverá de plano y sin ulterior recurso, en el mismo auto de que trata el artículo 246 de esa codificación- porque el auto a que se refiere el último precepto señalado, es aquel en que se determina si el recurso fue interpuesto en tiempo o no y si es o no apelable la resolución recurrida, así como si el escrito del apelante fue presentado en tiempo y si contiene la expresión de agravios, mientras que la inadmisibilidad del recurso de apelación por haberse interpuesto de manera extemporánea es impugnable mediante el recurso de revocación porque el pronunciamiento no versa sobre los efectos en que se haya admitido la apelación. Por tanto, en contra de dicho auto debió agotarse el mencionado recurso de revocación, previamente a promover la demanda de amparo, en acatamiento al principio de definitividad." [Énfasis añadidos] Y por similitud jurídica sustancial la jurisprudencia 1a./J. 8/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo XV, con registro digital 187614, de texto y rubro: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS).Conforme a lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sonora y Zacatecas (de idéntica numeración y contenido), procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, de un estudio sistemático de los preceptos invocados se concluye que el medio de impugnación referido es procedente en contra de la determinación que declara desierto el recurso de apelación, pues cumple con los presupuestos de procedencia de dicho recurso, a saber: a) Es un auto, por tratarse de una resolución de carácter definitivo que puede imponer cargas o afectar derechos procesales, dado que provoca que la resolución combatida quede firme y, en su caso, deban cumplirse las obligaciones en ella determinadas, sin que el recurrente sea escuchado en defensa, con la consecuente afectación a su derecho de impugnar la resolución que lo lesiona; b) En las propias legislaciones procesales en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda ser combatida la determinación de referencia; y, c) Tampoco se establece que la resolución en comento sea irrecurrible. Aunado a ello, con la reposición se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal. [Lo resaltado es propio] Similares consideraciones sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 159/2020, en sesión de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en que confirmó la sentencia emitida por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, en la cual sobreseyó en el juicio de amparo respectivo por estimar que la determinación reclamada de segunda instancia que había declarado mal admitido el recurso de apelación, debió combatirse a través del recurso de revocación, previamente a acudir al amparo. En el mismo sentido resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito en el amparo en revisión 169/2019. Consecuentemente, si el quejoso no interpuso el medio de defensa ordinario, no es factible que primeramente acuda al juicio de amparo, ya que debe observar el principio de definitividad, esto es, agotar el referido medio de impugnación. Por tanto, si la legislación que rige el acto de autoridad prevé un medio ordinario de defensa por el cual aquél puede ser confirmado, revocado o modificado, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, no obstante que el quejoso considere que el acto reclamado es de imposible reparación. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro digital 2017117, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Además, en este caso, no operan las excepciones al principio de definitividad: a) No se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como incorporación forzada a las fuerzas armadas. b) No se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte. c) No se trata de un acto en que el quejoso sea tercero extraño a juicio, en virtud de que el promovente es el demandado principal procedimiento de origen, por lo que no tiene esa calidad. d) La procedencia del recurso de revocación está debidamente previsto en la legislación aplicable al caso, por tanto, no existe insuficiencia normativa que precise la procedencia de tal medio de defensa. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 175624, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas.". En tales condiciones, se desprende que, en el caso, como requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, debe agotarse previamente el recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, para cumplir con el principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por ******************** No se soslaya que en el procedimiento de origen estén involucrados infantes; empero, no se advierte que el acto reclamado les genere perjuicio -desechamiento de medio de impugnación, que no requiere alguna ejecución material-, tampoco la determinación asumida en primera instancia, toda vez que fue decretada la escrituración de un inmueble a su favor. Téngase como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en calle ********************. Asimismo, ténganse como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, en virtud de que no cuentan con el registro de su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad con el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales , se exhorta a las partes que de ser posible transiten hacia la actuación del presente asunto desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos excepcionales previstos en el artículo 257, fracción I, del citado acuerdo general. Para tal efecto, requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 22, último párrafo y 23 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, por regla general, las constancias que aporten las partes como pruebas, no se agregarán al expediente impreso ni a su versión electrónica, por lo que deberá formarse cuaderno auxiliar de tomo de prueba por separado, el cual quedará a su disposición para consultarlos en la secretaría del juzgado, lo anterior, dada la carga de trabajo con que cuenta este juzgado.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por Javier Aarón Sánchez Hernández; como lo solicita, glósese a los autos copia del escrito de cuenta y remítase el original, junto con sus anexos, al Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, para la substanciación del juicio en que se actúa.

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