David Serrano de Regil
Expediente 70/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- David Serrano de Regil y Otros.
- David Serrano de Regil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintinueve de marzo del año en curso, se dio vista a las partes con lo informado por la autoridad responsable Encargado del Registro Civil del Estado Yucatán, con sede en esta ciudad, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito, se efectuó a la parte quejosa por la vía electrónica el día dos de abril del presente año; sin embargo, dado que mediante Circular 3/2021, de la Secretaría Ejecutiva del Pleno, se hizo del conocimiento que en sesión ordinaria celebrada el veinticuatro de marzo del presente año, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó declarar como días no laborables los días treinta y uno de marzo, uno y dos de abril del año en curso, para las áreas administrativas del propio Consejo, para los órganos auxiliares, así como para los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, tribunales laborales federales, juzgados de Distrito, incluidos los Centros Auxiliares, los de Justicia Penal Federal y los del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con motivo de la "Semana Santa", por lo que en esas fechas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo, no corrieron los términos de Ley. Por tal motivo, debe tenerse por efectuada la notificación el día cinco de abril del presente año, para los efectos legales correspondientes; sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a David Serrano de Rejil y Arturo Alberto Euán Loría, en contra de los actos atribuidos al Congreso del Estado, Gobernador del Estado, Directora y Oficial Número Uno ambos del Registro Civil del Estado, todos con sede en esta ciudad; por lo que, con apoyo en el artículo 78, segundo párrafo de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión del amparo consistieron en que la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, debía: a) No aplicar a los quejosos el párrafo segundo del artículo 94, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, así como el artículo 49 del Código de Familia del Estado de Yucatán, en el presente ni en el futuro, en la porción normativa declarada inconstitucional, y también para que se les aplique la parte restante de los preceptos interpretados de conformidad con el principio constitucional de igualdad, de tal suerte que se entienda que el matrimonio puede celebrarse y/o constituirse "por dos personas" con igualdad de derechos, deberes y obligaciones; y, b) Atender la solicitud para contraer matrimonio formulada por los quejosos, para lo cual deberá dejar insubsistente el acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, consistente en la negativa a formalizar el matrimonio homoparental que solicitaron por escrito presentado el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, ante dicha autoridad y emitir un nuevo acto en el que deberá darle trámite a la solicitud de matrimonio y verificar si los quejosos cumplieron con los demás requisitos que establece el Código de Familia para contraerlo, prescindiendo del hecho de que sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer. Por otra parte, se reiteró que atento al principio de relatividad de las sentencias, la concesión de amparo beneficiaba únicamente a los quejosos David Serrano de Rejil y Arturo Alberto Euán Loría. Asimismo, se precisó que el cumplimiento de la resolución no implicaba anular las normas tildadas de inconstitucionales, por lo cual, el Congreso y Gobernador, ambos del Estado, señalados como autoridades responsables, quedaban exentos de cumplimiento alguno del fallo. Posteriormente, por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa, y se requirió a las autoridades responsables Directora y Oficial Número ambos del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el cumplimiento de la misma. Mediante oficio número CJ-DRC-JUR-1211-1081-0324-2021, el Encargado del Registro Civil del Estado Yucatán, con sede en esta ciudad, informó y acreditó sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, del cual se advierte que los aquí quejosos David Serrano de Rejil y Arturo Alberto Euán Loría, agendaron su registro de unión matrimonial ante las autoridades responsables registrales el día cinco de marzo de dos mil veintidós. Consecuentemente, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulneradas, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en donde se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los mismos el oficio CJ-DRC-JUR-1211-1081-0324-2021 signado por el Encargado del Registro Civil del Estado Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexos que acompaña, que remite en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en este asunto. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, éste Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se realizó a la parte quejosa por la vía electrónica, el día uno de marzo siguiente. En mérito de lo anterior, ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con apoyo en los numerales 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquella, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo se AMPARÓ Y PROTEGIÓ a los quejosos David Serrano de Rejil y Arturo Alberto Euán Loría, en contra de los actos reclamados al Congreso del Estado, Gobernador del Estado, Directora y Oficial Número Uno ambos del Registro Civil del Estado, todos con sede en esta ciudad, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a las autoridades responsables Directora y Oficial Número ambos del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, restituyendo al agraviado en el goce de los derechos fundamentales violados como lo dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, sin centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido que las diversas autoridades responsables Congreso y Gobernador ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, no tienen que ejecutar acto alguno, pues se les reclamó la promulgación, aprobación, expedición y orden de publicación de la norma impugnada, la cual no puede quedar insubsistente por tratarse de una disposición de orden público, de carácter general y por lo mismo impersonal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo VI, Octubre de 1997, tesis 2a. CXV/97, en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina. Doy fe.
- Principal
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***y ***, contra los actos reclamados al Congreso del Estado, Gobernador del Estado, Directora y Oficial Número Uno ambos del Registro Civil del Estado, todos con sede en esta ciudad; por las razones y para los efectos precisados en la consideración quinta de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
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