David Segovia Balcazar
Expediente 1266/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 25 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1266/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 09/12/2020
Partes del expediente
- David Segovia Balcazar
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el veintisiete y veintiocho de febrero, así como trece de marzo y cuatro de agosto del año que transcurre, el Director del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y el Delegado de la autoridad responsable denominada Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de seis de agosto del presente año, se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el veinte de agosto del presente año; por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió en exceso, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, tal como se desprende de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Por sentencia dictada el uno de agosto de dos mil diecinueve, este juzgado determino sobreseer en el presente juicio; sin embargo, inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual se sustancio ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, bajo el número 629/2019 y cuyos integrantes, por ejecutoria de veintitrés de enero de dos mil veinte, lo declararon fundado, por lo que revocaron la sentencia recurrida y concedieron el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, esto es, que no le fueran aplicados en el presente, ni en el futuro, hasta que no se modifiquen. Devolver a la parte quejosa la cantidad correspondiente a las deducciones que le descontaron por la aplicación de la citada porción normativa, desde la fecha del otorgamiento de su pensión. Así, a través de los oficios presentados en la oficialía de partes de este juzgado el veintisiete y veintiocho de febrero, así como trece de marzo y cuatro de agosto del año que transcurre, el Director del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y Delegado de la autoridad responsable denominada Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, se informaron las gestiones que realizaron, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, esto es: Desincorporó de la esfera jurídica del quejoso lo previsto en los artículos 11, fracción II, 13 segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado. El veinticinco de febrero pasado, devolvieron al quejoso, vía transferencia bancaria, la cantidad de $93,288.51 (noventa y tres mil doscientos ochenta y ocho pesos 51/100 moneda nacional), correspondiente a las deducciones que le realizaron con motivo de la aplicación de los preceptos combatidos "concepto 504"-aportación al fondo de pensiones- relativos a la segunda quincena de mayo de dos mil diecisiete a la primera quincena de febrero del presente año. Entre el diez y once de marzo de dos mil veinte, devolvieron al quejoso, vía transferencia bancaria, la cantidad de $3,041.68 (tres mil cuarenta y un pesos 68/100 moneda nacional) correspondiente a las deducciones que le realizaron con motivo de la aplicación de los preceptos combatidos "concepto 504"-aportación al fondo de pensiones- relativos a la segunda quincena de febrero y primera de marzo del presente año. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos humanos trastocados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso a) de la fracción I del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar se concedió, con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el veintisiete y veintiocho de febrero, así como trece de marzo y cuatro de agosto del año que transcurre, el Director del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y el Delegado de la autoridad responsable denominada Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de seis de agosto del presente año, se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el veinte de agosto del presente año; por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió en exceso, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, tal como se desprende de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Por sentencia dictada el uno de agosto de dos mil diecinueve, este juzgado determino sobreseer en el presente juicio; sin embargo, inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual se sustancio ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, bajo el número 629/2019 y cuyos integrantes, por ejecutoria de veintitrés de enero de dos mil veinte, lo declararon fundado, por lo que revocaron la sentencia recurrida y concedieron el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, esto es, que no le fueran aplicados en el presente, ni en el futuro, hasta que no se modifiquen. Devolver a la parte quejosa la cantidad correspondiente a las deducciones que le descontaron por la aplicación de la citada porción normativa, desde la fecha del otorgamiento de su pensión. Así, a través de los oficios presentados en la oficialía de partes de este juzgado el veintisiete y veintiocho de febrero, así como trece de marzo y cuatro de agosto del año que transcurre, el Director del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y Delegado de la autoridad responsable denominada Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, se informaron las gestiones que realizaron, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, esto es: Desincorporó de la esfera jurídica del quejoso lo previsto en los artículos 11, fracción II, 13 segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado. El veinticinco de febrero pasado, devolvieron al quejoso, vía transferencia bancaria, la cantidad de $93,288.51 (noventa y tres mil doscientos ochenta y ocho pesos 51/100 moneda nacional), correspondiente a las deducciones que le realizaron con motivo de la aplicación de los preceptos combatidos "concepto 504"-aportación al fondo de pensiones- relativos a la segunda quincena de mayo de dos mil diecisiete a la primera quincena de febrero del presente año. Entre el diez y once de marzo de dos mil veinte, devolvieron al quejoso, vía transferencia bancaria, la cantidad de $3,041.68 (tres mil cuarenta y un pesos 68/100 moneda nacional) correspondiente a las deducciones que le realizaron con motivo de la aplicación de los preceptos combatidos "concepto 504"-aportación al fondo de pensiones- relativos a la segunda quincena de febrero y primera de marzo del presente año. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos humanos trastocados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso a) de la fracción I del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar se concedió, con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña relativo a la evidencia criptográfica del archivo magnético del líbelo en cuestión, a través del cual comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por Emiliano Zapata Sandoval Blasco, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en contra de la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional el uno de agosto de la presente anualidad, registrándolo bajo el número 629/2019; en tal virtud, agréguese el comunicado de mérito, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que el presente expediente se encuentra debidamente integrado para remitirse al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito que corresponda; entonces, como se ordenó por proveído de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve (foja 172), remítase el presente sumario constitucional, así como el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por Emiliano Zapata Sandoval Blasco, en su carácter de autorizado de la parte quejosa David Segovia Balcazar, contra la sentencia emitida el uno de agosto del presente año (fojas 136 a 153). CÚMPLASE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Octavio Parra García, que autoriza y da fe. OPG/hcr.
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