David Saúl Gómez Martínez

Expediente 254/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
254/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • David Saúl Gómez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, seis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda este asunto y la certificación inicial, se visualiza que el expediente físico de este juicio y el electrónico se encuentran debidamente integrados y coinciden en su totalidad. En tal virtud, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Amparo, remítase el original de este expediente, así como original y copia del escrito de presentación y agravios a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, para la sustanciación del recurso de revisión interpuesto por el quejoso ***, a través de su defensor ***, en contra de la sentencia del doce de septiembre de dos mil veintitrés. Sin perjuicio de la forma de remisión indicada, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano" del submódulo "Expedientes", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con éste para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio de impugnación de que se trata. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Berenice Osorio Macedo, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase a *** en su carácter de defensor del quejoso ***, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia del doce de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes y una vez que se encuentre integrado este juicio, acuérdese lo que en derecho corresponda. Fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Macario Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, doce de septiembre de dos mil veintitrés. V i s t o s, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 254/2023-III; y, R e s u l t a n d o I. ****, por conducto de ****, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra un acto del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero. II. Por acuerdo del dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal registró y admitió la demanda; solicitó el informe con justificación al Juez responsable; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito, y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o Primero. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se reclama un acto emitido en un proceso penal federal por una autoridad con sede en esta ciudad. Segundo. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en la resolución del ocho de agosto de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de revocación hecho valer en contra del proveído del veintiséis de junio de este año, en la causa penal **** y sus acumuladas ****, en el que se ordenó la expedición de constancias al procesado a través de su defensor o cualquier persona que autorice para su obtención y su envío a través de estos. Tercero. El Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama, por lo cual se tiene por cierto. Además, su certeza se corrobora con copia certificada del proceso penal *** y sus acumuladas ****; documentales públicas a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Como es de verse el acto reclamado actualiza el supuesto de procedencia previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo porque se emitió dentro de un juicio. Quinto. En virtud de que las partes no hicieron valer causal de improcedencia y no se advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el numeral 61 de la Ley de Amparo, resulta viable entrar al estudio del fondo del asunto, sin que este órgano de control tenga la obligación de analizar todas las que hipotéticamente prevé tal precepto; por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación. No se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia deje a la parte quejosa en estado de indefensión, pues para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudiarán tales planteamientos. Se precisa que en esta instancia constitucional se estudiara si la respuesta emitida por el Juez del proceso penal es constitucional; por lo que se dilucidará si está obligado o no a gestionar las copias de la causa y enviarlas directamente al procesado en su lugar de reclusión. La parte quejosa expone en esencia que el Juez responsable violó sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 8º, 14, 16, 17, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, pues refiere que al declarar infundado el recurso de revocación de mérito desatendió que es el Juez de la causa quien debe remitir las constancias en copia que solicitó al lugar en la que se encuentra recluido el procesado, en el contexto en el que el defensor manifestó no contar con los recursos para hacerle llegar las mismas, lo que lo deja en estado de indefensión. Lo que incluso es contrario al principio de la protección más amplia al gobernado (pro persona) y los derechos fundamentales protegidos en la normativa constitucional referidos al ser obligación del juzgador responsable dar acceso a los datos para poder ejercitar los medios de defensa que considere ante la instancia correspondiente. Concatenado con lo anterior, al condicionar su expedición contraviene el derecho de administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, pues resulta contrario a su derecho de administración de justicia expedita y gratuita, además de que la responsable no fundó ni motivó suficientemente la resolución que se combate. Asimismo, se afecta el referido derecho de administración de justicia al negar el derecho del quejoso de accesar a la totalidad de las constancias que conforman la causa. Lo que robustece con el argumento de que al ser gratuita la expedición de la justicia, el Juez Noveno debió ordenar sin costo las mismas. De igual manera señaló que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en tesis en el estudio de conceptos de violación de amparo, que debe atenderse al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir aquellos que aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive, los que se refieren a constitucionalidad de leyes, criterio que resulta aplicable a este caso, de ahí que se deba estudiar el fondo del asunto, a fin de generar un mayor beneficio que el de otorgar una concesión de amparo para efectos. Resultando aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1.4°.A. J/83 con número de registro 164369, visible en la página 1745, tomo XXXII, julio de 2020, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREFERIR LOS RELACIONADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO." Asimismo, que al confirmar en el recurso ordinario la determinación afecta el derecho humano en la esfera jurídica del procesado de legalidad y seguridad jurídica; al ser carente de fundamentación y motivación; de igual manera, consideró pueden afectarse los diversos contenidos en los preceptos 8 y 17 Constitucionales, de petición y tutela judicial efectiva, al impedir la promoción de los recursos adecuados para su defensa. Por último, consideró aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, publicada en la página 347, del libro 7, junio 2014, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006793, cuyo rubro es: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LAS MISMAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO." Y las tesis aisladas: 1.7º P.21 P (10a), registrada con el número 2006758, cuyo rubro es: "ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. A FIN DE RESPETAR ESE DERECHO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SI AL PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, EL QUEJOSO MANIFIESTA QUE POR ENCONTRARSE PRIVADO DE SU LIBERTAD, ESTÁ IMPEDIDO PARA CUBRIR EL COSTO GENERADO PARA OBTENER LAS COPIAS CORRESPONDIENTES, ÉSTAS DEBEN EXPEDIRSE GRATUITAMENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Y IX.10.7 K (10a.), con registro digital 2007376 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMENTOS CIVILES)." Son infundados los conceptos de violación. Para determinarlo se debe observar el contenido del precepto 16 constitucional, en cual en esencia conculca el deber de las autoridades a fundar y motivar sus actos de acuerdo con la normativa que los rige y los acontecimientos y situaciones correspondientes a cada caso. Por su parte, el diverso 17 constitucional dispone que el servicio que presten los tribunales será gratuito; por tanto, están prohibidas las costas judiciales, lo que se traduce en que el acceso de las partes al servicio de justicia que presta el Estado Mexicano no debe de constituir una carga económica. Es decir, la gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 de la Carta Magna consiste en que las personas no tienen que efectuar erogación alguna a los tribunales, lo que genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. En esa línea, opuesto a lo que refiere el promovente del amparo, el Juez responsable no transgredió los alegados derechos fundamentales del quejoso; para dilucidarlo, se tiene que en la resolución del ocho de agosto de dos mil veintitrés, recaída al recurso de revocación hecho valer en contra del proveído del veintiséis de junio de este año, por el que no se acordó de conformidad su solicitud de otorgar copias de los dictámenes en materia del Protocolo de Estambul de sus coprocesados a costa del juzgado y ordenar su remisión hasta el lugar de su reclusión. Tal determinación, se sostuvo, entre otros, en el artículo 20, apartado A, fracciones VII y IX, constitucionales, previo a su reforma del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en su hipótesis a que todo procesado tiene derecho a una defensa adecuada que consiste en que se le faciliten todos los datos para defenderse. En ese sentido, la resolución reclamada está fundada y motivada pues como lo sostuvo el Juez responsable, el derecho del procesado a una defensa adecuada consiste en que se le faciliten todos los datos que requiera para su preparación, lo que en modo alguno puede significar que le sean entregadas copias de las constancias que solicitó incluso a través del defensor público federal que es el profesional encargado de su defensa jurídica, quien además tiene a su disposición las actuaciones que integran la causa penal **** y sus acumuladas ****, de la que incluso se le ha permitido la toma de fotografías. Además, la fracción del precepto invocado tampoco dispone que para preparar la debida defensa del procesado le deban de ser proporcionadas al mismo o a su defensor copias de las constancias que integran el expediente, dado que este último tiene a su disposición y de manera total las actuaciones de la causa que se sigue a su defendido. Así, se pone en evidencia que el juzgador de la causa no negó propiamente la entrega de las copias solicitadas, sino que dejó su trámite al encargado de la defensa del citado procesado. Por lo anterior, contrario a lo señalado por el solicitante el amparo no se produce vulneración alguna en sus derechos humanos, dado que su defensa no resiente afectación pues el acceso que tiene el defensor a los autos que integran la causa es pleno y por su conducto es precisamente que se ejerce. Sin que resulte obstáculo para señalar lo anterior el hecho de que el promovente del amparo refiera que se encuentra recluido y que no cuenta con recursos para gestionar las copias y envío, dado que no existe fundamento legal alguno que imponga al órgano jurisdiccional responsable la obtención y entrega de las copias solicitadas al procesado. En lo que respecta a la jurisprudencia del Alto Tribunal, es equívoca la manifestación de que el juez de la causa debe gestionar la entrega de las copias, pues en la citada jurisprudencia, estipula que se condicionará al caso concreto; es decir, el cobro por la expedición de las copias y de los materiales necesarios para su defensa será gratuita, sin embargo ello se encuentra condicionado; primeramente, tal decisión queda a criterio del juzgador sobre su conducencia o no y que con claridad se soliciten las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, lo que en el caso a su vez no aconteció pues es no acreditó las constancias que realmente servirán a su defensa ni si hay recurso alguno que promover. Asimismo, se podría conceder la gestión de las mismas, en el caso de que, de acuerdo con el Alto Tribunal, el procesado no tenga designada persona autorizada para las actuaciones judiciales derivadas del proceso, por el impedimento físico con que contaría para allegarse de las constancias de la causa, lo que tampoco pasa, pues como se ha precisado, el encargado de su defensa tiene pleno acceso y es el Defensor Público Federal; es decir, en esa jurisprudencia se condiciona el envío en la forma que el quejoso pretende, a que se especifiquen claramente las copias a que a criterio del juez resulten necesarias y sobre todo a que el procesado no tenga defensa, lo que en el caso concreto no sucede. Por lo que hace a las tesis aisladas que invoca en su demanda de amparo, y las constancias que hizo valer, primeramente, de acuerdo con el artículo 217 de la ley de la materia, no resulta obligatoria su aplicación para quien resuelve y, cobran vigencia cuando se van a aportar copias certificadas de documentos o constancias como pruebas en un juicio de amparo, situación diversa a la que prevalece en la causa penal de origen en que las requiere el procesado para su defensa; es decir, no tienen relación con el caso concreto. Conforme a lo precisado, a su vez resultando infundados los argumentos tocantes a que se debe aplicar el principio de mayor beneficio, puesto que el mismo se materializa cuando el estudio de los motivos de disenso se desprende que se alcanza una concesión para efectos de más benéfico para el quejoso, lo que no aplicaría dado lo infundado de los anteriores. De la misma forma, se desvirtúa que la determinación del Juez de la causa pueda afectar en su esfera jurídica los derechos fundamentales del quejoso de tutela judicial efectiva y petición, pues como se evidenció, a través del defensor está en posibilidad de defenderlos, pues que ello es parte de su una defensa penal adecuada. Además, con relación a los precedentes que adjuntó, es menester evidenciar la situación que en particular se vislumbre, lo que no sucede únicamente con exhibir las constancias pues los precedentes pueden resultar de situación en concreto distintas a las que en este asunto se estudiaron. Por lo que, el hecho de no haber acordado favorablemente su petición no resulta contrario a su derecho de administración de justicia expedita y gratuita por los motivos que con anterioridad se expusieron. Tampoco viola los diversos numerales y tesis que invoca abundantemente, pues ninguna relación guardan con la litis constitucional a resolver en esta instancia, que gira en torno a la violación a la garantía de tutela jurisdiccional en su vertiente de acceso a la justicia, dada la negativa de gestionar unas copias y enviárselas al quejoso al lugar en que se encuentra recluido. Entonces, el fallo que mediante esta vía constitucional se combate no vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, contra el acto que reclamó al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, por los motivos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista electrónica; y personalmente a la parte quejosa. Lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe hasta hoy doce de septiembre de dos mil veintitrés que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que está señalada para hoy la celebración de la audiencia constitucional y está transcurriendo el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan para su verificativo las diez horas con cuarenta minutos del once de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Diana Ceballos Rojas, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho de acuerdo con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con las facultades autorizadas en el oficio CCJ/ST/4846/2023 del veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, expedido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Mariano Villanueva Araujo, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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