David Santos Lemus Moreno

Expediente 656/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
656/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
17/05/2022

Partes del expediente

  • David Santos Lemus Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    CÚMPLASE.

  2. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible.

  3. Principal

    CERTIFICACIÓN.

  4. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- RECEPCIÓN DE DEMANDA. Téngase por recibido el oficio por el Juez de Ejecución Penal de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, del que se advierte que mediante auto de doce de noviembre del presente año, dentro del cuadernillo 27/2020, ordenó remitir el original de la demanda de amparo que promovió David Santo Lemus Moreno, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este Estado de Guanajuato, con sede en este municipio, para que la turnara al Juzgado de Distrito que corresponda; en tal virtud, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 656/2020-VI y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El dispositivo 113 de la Ley de Amparo, estable que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Por identidad de razones y en atención a los conceptos jurídicos generales de que trata, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia número 128/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803 del Tomo XIV, octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Pues bien, quien esto resuelve estima que en el presente caso se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia que prevé la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En efecto, la fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, que impone como obligación al quejoso, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, se puede establecer que conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá acudir a ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que se regulen en la ley de donde emana el acto reclamado. Atentos a lo anterior, a fin de determinar si se surte o no la causa de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En la especie, en la demanda que ha dado origen al presente expediente, se reclama del Coordinador del Área médica del Centro Federal de Readaptación Social Número 12, en Ocampo, Guanajuato, la falta de atención médica -valoración oftalmológica y la provisión de lentes-. Ahora bien, dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se encuentran los artículos 107 a 115, de los que se obtiene, en lo que aquí interesa, que las peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del centro de reclusión de que se trate, quien, una vez recibida la petición, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; determinación que deberá notificarse personalmente al promovente. El director del centro de reclusión estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas, entre otras, con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, así como con el plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales. Establecido lo anterior y atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, se estima que el quejoso ya sea como procesado o sentenciado, en términos de los artículos 2° y 3°, fracciones XVIII y XIX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a promover demanda de amparo, debió formular la petición administrativa prevista por el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante el Director y del Coordinador del Área Médica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número 12, en Ocampo, Guanajuato, para que reciba la atención médica necesaria de acuerdo al padecimiento que describe en la demanda; ello, por ser éstas las autoridades penitenciarias encargadas de la tramitación del procedimiento establecido en la propia Ley Nacional de Ejecución Penal (petición administrativa). Sin que sea obstáculo para llegar a la conclusión anterior, el hecho de que el impetrante se encuentre interno en un centro penitenciario y reclame violación al derecho que tiene de estancia digna dentro de éste, pues, debe tomarse en consideración que se encuentra sujeto a un proceso penal (en prisión preventiva o en ejecución de la pena), y por tanto, se trata de un acto u omisión que se le atribuye a una autoridad administrativa pero ocurrido dentro de un proceso penal, situación que provoca que el interno deba acudir a los mecanismos que establece la ley ordinaria para resolver cualquier afectación a su esfera de derechos, pues dicho procedimiento se regula principalmente por los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17 Constitucionales, en el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que prevé la petición administrativa como el medio para, en su caso, subsanar la afectación. Tampoco es óbice para concluir lo anterior, que en el caso, se considere que existe una violación directa a la Constitución Federal, en específico, podría tratarse de una transgresión al artículo 18 de nuestra Carta Magna, pues en éste se encuentran establecidos los principios generales que deben regir en materia penitenciaria, mismos que, al ser ampliados o complementados de forma específica en una norma reglamentaria (Ley Nacional de Ejecución Penal), dotaron a las autoridades de la facultad de analizar los derechos de forma armónica y como una unidad para resolver de mejor forma el planteamiento que les formula un particular; por ende, resulta jurídicamente inadmisible que si el legislador ordinario amplió tales derechos humanos -en materia penitenciaria-, en esta Ley Secundaria, la probable transgresión de aquéllos, no debe ser analizada en forma autónoma , sino a través de un procedimiento, en este caso, la petición administrativa prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, conforme a lo establecido por la norma secundaria. Por lo anterior, si el amparista cuenta con un mecanismo de peticiones regulado expresamente por una norma vigente que tiene como finalidad que la autoridad administrativa (como las señaladas como responsables), conozca sus necesidades y pueda, en su caso, satisfacerlas, es esa vía la que tiene que seguir el quejoso a fin de resolver su controversia, al tener regulación expresa en la materia. En tales condiciones, si en contra del acto aquí reclamado procedía la petición administrativa (la cual no exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, ya que de conformidad con el numeral 110 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo único que se requiere es que ésta se formule por escrito), mediante la cual puede ser revocado o modificado, y, la misma no fue interpuesta por el accionante, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto que en su contra se intenta es improcedente por no observarse el principio de definitividad que lo rige. De manera que, como de la demanda de cuenta se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causa de improcedencia en estudio en relación con el acto reclamado, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitida; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Davis Santos Lemus Moreno. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato, las notificaciones personales que se ordenen realizar dentro del juicio de amparo que ahora inicia, deberán hacerse en tal sitio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES para la práctica de las notificaciones ordenadas en este juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO MEDIANTE DEL USO DE SU FIREL O e.firma (ANTES FIEL). Se requiere a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En su caso, podrán solicitar la autorización para el acceso al expediente electrónico, señalando su usuario en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y podrán autorizar de igual forma que las notificaciones subsecuentes se realicen de forma electrónica. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: Medio de Contacto. Horario. Procedimiento. Celular 4775538393 Correo Electrónico 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 a 13:30 hrs. de lunes a viernes. 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, autorizado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. De igual forma, las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquéllas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través del uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos -queja, revisión o inconformidad-, ampliaciones de demanda, incidentes o promociones de término, los cuales deben presentarse por escrito, o bien, a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente correo electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx Del mismo modo, se le requiere a las autoridades para que se incorporen al Directorio de Correos Electrónicos Institucionales o, en su caso, actualicen su registro. Para tal efecto, está disponible el siguiente correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx, para que puedan hacer la solicitud correspondiente. Hecho lo anterior, se les solicita autorizar dicho correo electrónico para recibir las subsecuentes notificaciones mediante la promoción respectiva. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico.

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