David Santiago Sanchez

Expediente 341/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
341/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • David Santiago Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que el auto de treinta de septiembre de este año, ha causado estado. Se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido; se determina que carece de relevancia documental y que es susceptible su destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto.

  2. Principal

    Se tiene por no presentada la demanda.

  3. Principal

    Se hacen efectivos apercibimientos decretados en citatorio de tres de octubre de dos mil veintidós, es decir, se notifica por lista auto de treinta de septiembre d dos mil veintidós, que en lo sustancial dice: Se tiene por no presentada la demanda.

  4. Principal

    Se hacen efectivos apercibimientos decretados en citatorio de trece de septiembre del año en curso, es decir, se notifica por lista a la parte quejosa, auto doce de septiembre de dos mil veintidós, que en lo sustancial dice: En la especie, el quejoso señala como única autoridad responsable a la Secretaria de la Defensa Nacional, con domicilio en Nogales, Sonora, y como acto reclamado lo siguiente: "A la Autoridad señalada como responsable, le reclamo la Ilegal e Inconstitucional omisión de fijarme caución para gozar de la Baja definitiva, tomando en cuenta que es un derecho que me confiere la Ley, ya que el delito por el cual fui consignado no es considerado como grave por la Ley Procesal Penal Local." De lo anterior se advierte que el acto del que se duele es la omisión de la autoridad señalada como responsable de fijarle caución para gozar de la "baja definitiva"; luego, menciona que fue consignado por un delito que no es considerado como grave por la Ley Procesal Penal Local. Ahora, del capítulo de "Antecedentes", se advierte que la parte quejosa señala que la autoridad responsable no se pronunció en fijarle una garantía para gozar de la libertad provisional bajo caución, ya que el delito por el cual esta privado de su libertad no es considerado como grave por la Ley, en términos del artículo 20 Constitucional y solicita a este juzgado le fije dicha caución, que sea asequible para poder gozar de su "permanencia" Por otro lado, menciona que anteriormente había presentado demanda de amparo ante este órgano jurisdiccional, en la cual no se le fijó "caución provisional" del acto reclamado, en virtud de que no se solicitó la suspensión provisional. Finalmente, el numeral 110 de la Ley de Amparo, establece que debe exhibirse una copia de la demanda para correr traslado a cada una de las partes y en el caso, la parte quejosa no exhibió fotocopia de la demanda de garantías, cuando debió haber presentado cuatro, a fin de repartirlas entre la autoridad señalada como responsable y la fiscal federal adscrita, así como dos más para aperturar el incidente de suspensión. Por tanto, se requiere a la parte quejosa para que, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en el improrrogable término de cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído: a) Que precise el acto o actos reclamados, ya que en el escrito de mérito señala, por una parte, una baja definitiva; por otra, un delito; y en una más, hace mención a la omisión de fijarle caución para gozar de la libertad provisional. En ese sentido, la precisión que se solicita, deviene toda vez que el término "baja", corresponde a situaciones relacionadas con la terminación o recisión de una relación, por lo regular, laboral o administrativa; así también, el término "caución" abarca varios tópicos del índole jurídico, como pueden ser, cauciones en medidas cautelares en materia procesal penal, de la propia Ley de Amparo, cuando se conceden suspensiones de actos reclamados, y de leyes mercantiles o civiles, cuando se aplican medios de apremio o incluso en materias administrativas. Asimismo, debe precisar a qué delito se refiere, como también de qué tipo de procedimiento proviene el delito, esto es, adversarial o inquisitorio, y qué especie de hecho o delito se trata. b) La autoridad o autoridades que participan en la promulgación, creación o ejecución del acto reclamado, toda vez que señala de manera imprecisa a la "Secretaría de la Defensa Nacional", empero, a ésta no le corresponde judicialmente procedimiento penal en la etapa de judicialización o juicio. c) A la luz de las precisiones anteriores (acto reclamado), deberá relatar los antecedentes, bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo. d) Hacer la narración de los antecedentes de manera clara, de forma que esta juzgadora tenga oportunidad de advertir si el acto reclamado proviene de una situación laboral, infracción administrativa o algún procedimiento procesal penal, y la etapa en que éste se encuentra; en su caso, proporcionar el número de expediente de que se trata; precisar si solicitó la caución a que hace referencia y si se le negó, así como la fecha en que esto aconteció y cuando tuvo conocimiento de este. e) De igual manera deberá precisar el número de expediente del juicio de amparo que previamente promovió y del cual refiere conoció este juzgado. f) Exhiba cuatro fotocopias de la demanda de garantías, a fin de repartirlas entre la autoridad señalada como responsable y la fiscal federal adscrita, partes en el juicio constitucional en términos del artículo 5º, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo; en la inteligencia que, en el caso de que señale nuevas autoridades, deberá exhibir un tanto más del escrito inicial de demanda para distribuirlas entre ellas, así como dos juegos más para aperturar el incidente de suspensión. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que la manifestación, bajo protesta de decir verdad de hechos falsos puede configurar el delito de falsedad establecido en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que se castiga con pena de dos a seis años de prisión.

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