David Sánchez Huerta
Expediente 528/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 528/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 17/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- David Sánchez Huerta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de garantías, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por xxxcontra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito de CCCC, visto su contenido, y toda vez que el promovente pretende ampliar su demanda respecto a: "1.- El auto de fecha trece de mayo de dos mil dieciséis emitido por el Ministerio Público de Tepeaca en la averiguación previa 1040/2016/SACHO/TEPEACA, mediante el cual ordena la presentación de mis menores hijos sin fundamentación ni motivación para un acto incierto. 2.- El acto de molestia sin la suficiente fundamentación y motivación y sin la información necesaria, emanado del citatorio sin número proveniente de la averiguación previa 1040/2016SACHO/TEPEACA, de fecha trece de mayo de dos mil dieciséis, toda vez que el citatorio de mérito no indica la causa por la cual se investiga, los derechos que me asisten, si tengo que estar acompañado de un abogado o cualquier otro derecho fundamental que me asista". Señalando como responsable ordenadora y ejecutora al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE TEPEACA, PUEBLA LIC. XX, por lo anterior se acuerda: AMPLIACIÓN IMPROCEDENTE No ha lugar a tener por ampliado el escrito inicial de demanda respecto a la autoridad responsable, ni por los actos que precesa; ello, en razón de que del análisis integral del expediente en que se actúa, no se advierte la participación de tales autoridades en la emisión, ejecución o comisión de los actos reclamados en el escrito inicial de demanda, ni el quejoso proporciona dato alguno del que se desprenda su participación por lo que no se satisface el requisito de "estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial" previsto en la fracción II del artículo 111 de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: En el artículo transcrito, el legislador prevé la posibilidad de ampliar la demanda de amparo que haya dado origen al juicio constitucional cuando: 1.- No hayan transcurrido los plazos para su presentación, es decir, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. 2.- Con independencia de lo anterior, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. 3.- La demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. Aunado a lo anterior, el conocimiento de los nuevos actos o la participación de nuevas autoridad en su emisión, ejecución o comisión, debe revelarse de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, es decir, cuando de los informes aparezcan datos no conocidos por el quejoso que dejen ver acciones u omisiones distintas a los reclamados inicialmente en la demanda de amparo y éstos causen perjuicio en la esfera jurídica del gobernado; datos que el quejoso no conocía hasta el momento de imponerse de los citados informes, lo que constituye un cuarto requisito sine qua non. Todo esto tiene lugar al momento de que el quejoso se le da vista con los informes que contengan éstos datos y, por ende a partir de esa fecha le empieza a correr el término para ejercer la acción constitucional de amparo, ya promoviendo un nuevo juicio de amparo o a través de la ampliación de la demanda en trámite. En ese orden de ideas, dicha ampliación es improcedente cuando los actos reclamados inicialmente no existen, pues en este supuesto, no concurre posibilidad de relacionar actos inexistente con nuevos o, cuando pretenden impugnarse nuevos actos por considerarlos directamente vinculados con el señalado inicialmente, pero se reclaman por vicios propios -verbigracia, por encontrarse indebidamente fundados y motivados-, pues es claro que se trata del planteamiento de nuevos conceptos vinculados con actos distintos a los reclamados inicialmente que no pueden formar parte de la litis constitucional pues, aceptar lo contrario, facilitaría innumerables ampliaciones, en perjuicio del derecho de acceso a una administración de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al desnaturalizar el proceso sumario del juicio de amparo. Similar consideración opera cuando de las constancias de autos apareciere acreditada la existencia del acto reclamado en el escrito inicial de demanda atribuido a una autoridad responsable inicialmente señalada como tal, empero, el quejoso, sin sustento alguno pretenda señalar una nueva autoridad aduciendo participación (en su emisión, ejecución o comisión), o nuevos actos, sin que de autos se acredite tal participación pues, aceptar lo contrario, facilitaría innumerables ampliaciones, otorgando al impetrante de amparo la posibilidad de designar innumerables autoridades con posibles fines dilatorios, en perjuicio del derecho de acceso a una administración de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al desnaturalizar el proceso sumario del juicio de amparo. Ahora, del informe justificado emitido por la autoridad responsable de la que pretende ampliar la demanda, se desprende que fue categórico en negar la existencia de los actos que se le atribuyen. En mérito de lo anterior, es claro que los actos por los que se pretende ampliar la demanda no guardan estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, pues aun cuando dichos actos tiene por objeto restringir la libertad del aquí quejoso, fueron emitidos con posterioridad a la presentación de la demanda, resultando diferentes e independientes uno de otro, por lo que es claro que de existir tales actos, éstos derivan de averiguación previa que no existían al presentar la demanda. No pasa desapercibido para el suscrito que el referido citatorio del que se duele el quejoso, de fecha trece de mayo de dos mil dieciséis, expedido dentro de la averiguación previa 1040/2016SACHO/TEPEACA, es posterior a la fecha de presentación de la presente demanda de amparo, esto es, la demanda fue presentada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, fecha en que el referido citatorio aún era inexistente. Bajo esa tesitura, resulta indudable que en el caso no se actualiza el segundo de los requisitos previsto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, esto es, actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. Conforme a lo anterior, toda vez que del análisis integral del escrito de cuenta, se advierte que éste no cumple con los requisitos antes mencionados para que se actualice la figura jurídica de "ampliación de demanda", en virtud de que las consideraciones vertidas en dicho escrito, no corresponden a actos o hechos ajenos o de reciente conocimiento a la litis constitucional planteada originalmente, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la ampliación de demanda intentada por el quejoso; ello, al no satisfacerse el requisito previsto en la fracción II del artículo 111 de la Ley de Amparo. Haciéndole saber que en su caso, quedan expeditos sus derechos para hacerlos valer a través de diverso juicio de amparo
- Principal
Agréguese a sus autos, únicamente para que obre como en derecho corresponda, el oficio de cuenta del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR, SEGUNDO TURNO, DE TEPEACA, PUEBLA, en virtud de que por proveído de diez de mayo de dos mil dieciséis se tuvo rindiendo su informe justificado. Por otra parte, agréguese a sus autos el escrito de XXXXXvisto su contenido, se acuerda: Respecto a su solicitud de requerir al agente del Ministerio Público Investigador, Segundo Turno, de Tepeaca, Puebla, a fin de que rinda nuevamente su informe justificado, y se le haga efectivo el apercibimiento decretado en auto admisorio por negar la integración de una averiguación previa, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad a su petición, toda vez que en proveído de diez de mayo de los corrientes y en el párrafo anterior, se recibió el informe justificado de la autoridad que particulariza. Sin que sea obstáculo su manifestación en el sentido de que dicha autoridad haya negado la integración de la averiguación previa 1067/2016/TEPEA, pues del contenido de la demanda, en específico del capítulo de acto reclamado, se desprende que señala: [...] De lo anterior se tiene que contrario a lo señalado por el quejoso en el ocurso de cuenta, no se reclamó la integración de alguna averiguación previa, por lo que no ha lugar a proveer de conformidad a su petición. AMPLIACIÓN IMPROCEDENTE Ahora bien, respecto a su solicitud de ampliación de demanda por cuanto hace a actos que pudieran afectar la esfera jurídica de los menores de edad Darea Isabella y David, ambos de apellidos Sánchez Campos, de quienes refiere ejerce la patria potestad y guardia y custodia, con la integración de la averiguación previa 1067/2016/TEPEA, no ha lugar a tener por ampliado el escrito inicial de demanda. Ello, en razón de que la figura de ampliación de demanda se encuentra prevista en el artículo 111 de la Ley de Amparo en el que se señala: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando:. I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación;. II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley.. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." En el artículo transcrito, el legislador prevé la posibilidad de ampliar la demanda de amparo que haya dado origen al juicio constitucional cuando: 1.- No hayan transcurrido los plazos para su presentación, es decir, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. 2.- Con independencia de lo anterior, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. 3.- La demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. Aunado a lo anterior, el conocimiento de los nuevos actos o la participación de nuevas autoridad en su emisión, ejecución o comisión, debe revelarse de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, es decir, cuando de los informes aparezcan datos no conocidos por el quejoso que dejen ver acciones u omisiones distintas a los reclamados inicialmente en la demanda de amparo y éstos causen perjuicio en la esfera jurídica del gobernado; datos que el quejoso no conocía hasta el momento de imponerse de los citados informes, lo que constituye un cuarto requisito sine qua non. Todo esto tiene lugar al momento de que el quejoso se le da vista con los informes que contengan éstos datos y, por ende a partir de esa fecha le empieza a correr el término para ejercer la acción constitucional de amparo, ya promoviendo un nuevo juicio de amparo o a través de la ampliación de la demanda en trámite. En ese orden de ideas, dicha ampliación es improcedente cuando los actos reclamados inicialmente no existen, pues en este supuesto, no concurre posibilidad de relacionar actos inexistente con nuevos o, cuando pretenden impugnarse nuevos actos por considerarlos directamente vinculados con el señalado inicialmente, pero se reclaman por vicios propios -verbigracia, por encontrarse indebidamente fundados y motivados-, pues es claro que se trata del planteamiento de nuevos conceptos vinculados con actos distintos a los reclamados inicialmente que no pueden formar parte de la litis constitucional pues, aceptar lo contrario, facilitaría innumerables ampliaciones, en perjuicio del derecho de acceso a una administración de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al desnaturalizar el proceso sumario del juicio de amparo. Similar consideración opera cuando de las constancias de autos apareciere acreditada la existencia del acto reclamado en el escrito inicial de demanda atribuido a una autoridad responsable inicialmente señalada como tal, empero, el quejoso, sin sustento alguno pretenda señalar una nueva autoridad aduciendo participación (en su emisión, ejecución o comisión), sin que de autos se acredite tal participación pues, aceptar lo contrario, facilitaría innumerables ampliaciones, otorgando al impetrante de amparo la posibilidad de designar innumerables autoridades con posibles fines dilatorios, en perjuicio del derecho de acceso a una administración de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al desnaturalizar el proceso sumario del juicio de amparo. Ahora, del informe justificado emitido por las autoridades responsables se desprende que fueron categóricos en negar la existencia de los actos reclamados. De lo anterior se tiene que, contrario a lo señalado por el inconforme, el legislador tampoco estableció la hipótesis en la que se ubique la situación de los menores de edad Darea Isabella y David, ambos de apellidos Sánchez Campos, esto es, ampliación de demanda respecto de nuevas personas, puesto que únicamente se limitó a integrar en una ampliación actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, circunstancia que no aconteció. Bajo esa tesitura, resulta indudable que en el caso no se actualiza el segundo de los requisitos previsto en el artículo 111 de la Ley de Amparo citado en el párrafo que antecede. Conforme a lo anterior, toda vez que del análisis integral del escrito de cuenta, se advierte que éste no cumple con los requisitos antes mencionados para que se actualice la figura jurídica de "ampliación de demanda", en virtud de que las consideraciones vertidas en dicho escrito, no corresponden a actos o hechos ajenos o de reciente conocimiento a la litis constitucional planteada originalmente, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la ampliación de demanda intentada por el quejoso; ello, al no satisfacerse el requisito previsto en la fracción II del artículo 111 de la Ley de Amparo. Haciéndole saber que en su caso, quedan expeditos sus derechos para hacerlos valer a través de diverso juicio de amparo o dentro de la citada averiguación, en virtud que el presente juicio constitucional fue iniciado por DAVID SÁNCHEZ HUERTA, por derecho propio, por las autoridades responsables y los actos precisados dentro del escrito de demanda presentada, no en relación a derechos de los menores dentro de una averiguación en específica, ni a favor de estos. En relación a su solicitud de suspensión del acto reclamado para el efecto de que la averiguación previa se mantenga estado de integración y no se consigne hasta que se resuelva el presente juicio, así como le permita declarar y ofrecer pruebas dentro de la misma, y tener por ofrecida la instrumental que anexa al libelo de cuenta, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad en virtud de que se desechó la ampliación de demanda. Aunado que la prueba que ofrece se encuentra encaminada a demostrar que ejerce la patria potestad, guarda y custodia de los menores de edad Darea Isabella y David, ambos de apellidos Sánchez Campos, lo cual no guarda relación con el acto que aquí se reclama. No obstante lo anterior, requiérase mediante telegrama oficial urgente que al efecto se gire al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR, SEGUNDO TURNO, DE TEPEACA, PUEBLA, XXXX, para que dentro de los tres días hábiles siguientes al en que le surtan los efectos la notificación del presente acuerdo, informe todas y cada una de las partes que forman de la averiguación previa 1067/2016/TEPEA, así como el o los delitos por el que se integra, y el estado en que actualmente se encuentra; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en auto admisorio
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