David Sánchez De la Cruz y Otros.

Expediente 118/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
118/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • David Sánchez De la Cruz y Otros.
  • David Sánchez De la Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por David Sánchez De la Cruz y Gerardo Ruiz Gamboa; en tales condiciones, se declara que el mismo causó estado. Por ende, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese el presente juicio como asunto concluido y en su oportunidad, remítase al área correspondiente de este juzgado para su resguardo.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Por recibida la demanda de garantías promovida por David Sánchez De la Cruz y Gerardo Ruiz Gamboa, a través de su defensor particular Juan Pablo González Rangel, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 118/2021-I y fórmese expediente electrónico e impreso. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, el artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre causa de improcedencia del juicio constitucional; además que esta causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Previo a cualquier otra cuestión se estima necesario señalar, que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que transgredan las garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo, obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de amparo se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese sentido, previo análisis del contenido integral de la demanda de amparo y anexos que se acompañan, se considera que se actualiza causa manifiesta e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En efecto, esa norma contempla la improcedencia del juicio de amparo, cuando se reclaman actos susceptibles de impugnarse dentro del procedimiento, a través de algún recurso o medio de defensa, capaz de modificarlos, revocarlos o nulificarlos; con las excepciones ahí indicadas. Por su parte, el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda". "Artículo 466. Trámite. El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o". Los dispositivos legales transcritos, prevén en términos claros y precisos, que el recurso de revocación procede contra determinaciones en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que no son apelables. En efecto, en el caso concreto el defensor particular de los ahora quejosos David Sánchez De la Cruz y Gerardo Ruiz Gamboa, debió hacer valer el medio de defensa de que se viene mencionando, ya que es el recurso ordinario que expresamente establece la legislación aplicable al caso, por el que pudo revocar, modificar o anular la determinación emitida en audiencia celebrada el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, en la causa penal 1340/2020, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en esta ciudad, en la que se controló la decisión tomada por el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-3, de Ciudad Juárez, en la que acordó de no ha lugar a la petición de los imputados ahora quejosos de realizar los actos de investigación de los que solicitaron auxilio a esa representación social y que en audiencia el juez del proceso penal, negó instruir al agente del Ministerio Público, recabar los datos de prueba requerido, en razón de que aún no era el momento oportuno de conformidad con lo dispuesto en el numeral 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Determinación que al ser de mero trámite, pues en él no se analiza el fondo de la cuestión planteada, hace evidente que en su contra procede el recurso de revocación, cuyo efecto sería modificar, revocar o nulificar dicho acto de autoridad, motivo por el que debió agotarse dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, página 902, que dispone lo siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Máxime, que de acuerdo a la naturaleza jurídica del acto reclamado en estudio, el mismo no encuadra en ninguna de las excepciones del principio de definitividad establecidas en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, de la Ley de Amparo; que los exima de la obligación de agotar el recurso ordinario antes de acudir al juicio de amparo; por tanto, al no haber agotado el defensor de los justiciables el recurso de revocación, debe considerarse que el principio de definitividad no quedó colmado. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo, promovida por David Sánchez De la Cruz y Gerardo Ruiz Gamboa, a través de su defensor particular. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en el despacho ubicado en Abraham Lincoln número 1170-11, colonia La Playa, en esta ciudad y autorizados para tales efectos a los profesionistas que menciona, toda vez que así lo solicitó, proporcionando el correo electrónico que refiere y un número de teléfono celular, para los efectos a que haya lugar. Por otra parte, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de que haga las gestiones correspondientes, para la consulta del expediente electrónico con el nombre de usuario "PABLO1". Por tanto, se autoriza se realicen las notificaciones correspondientes e incluso las de carácter personal, por esa vía y a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo y 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Con apoyo en los artículos 22 y 28, del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a los justiciables para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); para el caso de no contar con la misma podrá realizar su trámite de firma electrónica y continuar siguiendo las directrices del manual de uso que se encuentra disponible en la liga del propio portal de servicios en línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda o https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales; por ende, se requiere a los promoventes para que faciliten un correo electrónico y en su caso el usuario registrado para la consulta de expedientes electrónicos a través del Portal de Servicios en Línea. De igual forma, para privilegiar el distanciamiento social y trabajo a distancia se autoriza para que los fedatarios de la adscripción, en la medida de lo posible lleven a cabo las diligencias vía telefónica, por videollamada, por fax o por cualquier medio electrónico, sin perjuicio de levantar acta pormenorizada de ello para ser agregada al expediente. Lo anterior, con excepción de las notificaciones que a juicio de este órgano jurisdiccional se requieran hacer personalmente dada su trascendental naturaleza, en términos del en términos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo privilegiarse en todo momento las referidas en el párrafo que antecede, y en su caso el actuario deberá realizarlos acatando los lineamientos sanitaras existentes respecto al virus COVID-19, siguiendo las medidas de sana distancia y cubre bocas. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los Actuarios deberán digitalizar todos aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el Secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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