David Sánchez Barragán

Expediente 353/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
353/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
29/05/2019

Partes del expediente

  • David Sánchez Barragán

Actuaciones

  1. Principal

    VII...Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso David Sánchez Barragán, a través del cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Manuel Gutiérrez Barrios, número cincuenta y uno, entre Boulevard Sección 16 y Obrero Mundial, fraccionamiento Don Fidel Velázquez II, en esta ciudad; por tanto, se instruye a la actuaria adscrita, para que las subsecuentes notificaciones personales a la parte quejosa de mérito, sean realizadas en el sitio que indica. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    VII...Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de garantías promovida por David Sánchez Barragán; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, como existen documentos exhibidos por la parte quejosa en este asunto (fojas 17 a 51), de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo primero, párrafo último, Capítulo Tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, dese vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger dichas constancias; apercibida de que en caso de no hacerlo en el plazo que ahora se concede, dichos documentos en su momento podrán ser destruidos junto con el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa con efectos de notificación personal el presente proveído. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    VII...Heroica Matamoros, Tamaulipas, nueve de mayo de dos mil diecinueve. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio número 6905-III con anexo, por medio del cual el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, devuelve bajo vinculación electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin diligenciar el exhorto 193/2019-VII, con número de orden 223/2019, del índice de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, acúsese recibo a la autoridad oficiante vía interconexión. Ahora bien, de las constancias que integran la comunicación oficial que se recibe, se aprecia que no fue posible notificar personalmente al quejoso David Sánchez Barragán, el proveído de veintinueve de abril del año actual (fojas 69 a 81), dictado por este órgano jurisdiccional en el asunto que nos ocupa, ya que al constituirse la fedataria judicial adscrita al órgano jurisdiccional exhortado, en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones ubicado en calle Agua Dulce, de la colonia Graciano Sánchez, en Boca del Río, Veracruz, no fue posible ubicar el inmueble marcado con el número doscientos setenta y nueve, además de que al entrevistarse con vecinos del lugar manifestaron desconocer al agraviado de mérito. En consecuencia, con base en lo expuesto, además de que al examinarse las constancias de autos, no se advierte distinto sitio donde pueda llevarse a cabo dicha encomienda, se ordena que la notificación del proveído dictado por este órgano jurisdiccional el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en el cual se desechó de plano su demanda de garantías, así como las subsecuentes, aún las que revistan el carácter de personales, se realicen al impetrante de garantías David Sánchez Barragán, por medio de lista de acuerdos; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable, por las consideraciones que la conforman, la tesis II.T.28 K sostenida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, de la Novena Época, visible en la página 1058 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, correspondiente a Abril de 2006, registro 175287, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIÓN PERSONAL. CUANDO DE LA RAZÓN ACTUARIAL SE DESPRENDA QUE NO EXISTE EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, PROCEDE ORDENAR QUE SE HAGA POR LISTA. La fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo dispone que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de la casa o despacho, la notificación personal se hará por lista, lo cual obedece a la imposibilidad de realizarla ante la inexistencia de un domicilio; consecuentemente, atendiendo al principio de derecho ubi eadem ratio, idem ius, que establece que donde existe la misma razón, debe existir el mismo derecho, se concluye que dicho dispositivo también resulta aplicable en los casos en que de la razón actuarial se advierta que fue imposible realizar la notificación personal ordenada por no existir el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones; y, en tal virtud, lo procedente es ordenar que dicha notificación se efectúe por lista." Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa con efectos de notificación personal el proveído de veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido el oficio número 12153 con anexo, enviado por el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, que contiene inserto el proveído de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de amparo II-332/2019-1, de su índice, formado con motivo del escrito de demanda promovida David Sánchez Barragán, contra actos del Honorable Consejo de Honor Ordinario del Batallón de Infantería Número Uno, Primera Región Naval, Primera Zona Naval, Sector Naval, Matamoros, Tamaulipas, y otra autoridad, por el que se declaró territorialmente incompetente para conocer del asunto y declinó competencia a favor de este órgano jurisdiccional. Regístrese en el libro respectivo con el número 353/2019-VII, que es el que cronológicamente le corresponde. Ahora bien, habrá de establecerse lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo: "ARTÍCULO. 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como puede verse del dispositivo legal acabado de transcribir, son varios los supuestos que pueden actualizarse y que deben ser considerados para establecer a qué órgano jurisdiccional le compete conocer sobre un asunto. Así entonces, el primer párrafo hace alusión a los actos que tienen ejecución material, caso en el cual es competente para conocer del asunto, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En el segundo párrafo se encuentra el supuesto en el cual, el acto reclamado comienza a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro. Y, por último, en el tercer párrafo se contempla la hipótesis de aquéllos casos en que el acto reclamado no requiere ejecución material. Para el caso concreto, atendiendo principalmente que los actos reclamados se trasladan directamente al proceso se colma el supuesto contemplado en el primer párrafo del citado artículo 37 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, este Tribunal hace suyos los argumentos que esgrimió el órgano jurisdiccional oficiante; pero sobre todo, para el caso concreto acatando el contenido de la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, Junio de 2015, visible en la página 916 que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo , si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado." Por tanto, lo procedente es aceptar la competencia planteada; hágase lo anterior del conocimiento del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, vía fax por conducto de la actuaria adscrita. Por contener consideraciones inherentes, se cita la tesis 1a./J. 27/2007, emitida por la Primera Sala, visible en la página 30, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, correspondiente al mes de Marzo de 2007, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de esta Ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica se encuentra el denominado fax, que es un medio de transmisión de datos que emplea la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática; de ahí que las constancias transmitidas por este medio, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si están certificadas por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el mensaje, sobre la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fueron comunicadas dichas constancias, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del fax recibido." DESECHAMIENTO En primer lugar, es oportuno señalar que la demanda de amparo, debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto, sirve de apoyo por analogía a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Examinada dicha demanda en términos de lo establecido en el artículo 145, de la Ley de Amparo, este órgano de control de legalidad, estima que debe desecharse. En efecto, el suscrito determina que en el presente asunto y por lo que hace al acto reclamado consistente en la resolución de tres de octubre de dos mil diecisiete, dictada por el Consejo de Honor Ordinario del Batallón de Infantería de Marina Número Uno, Primera Región Naval, Primera Zona Naval, Sector Naval Matamoros, Tamaulipas, en contra del aquí quejoso, consistente en la baja del servicio activo de la Armada de México, adscrito al Batallón de Infantería de Marina Número Uno en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los preceptos 17 y 18, todos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Acto del cual manifiesta la parte promovente tuvo conocimiento el tres de octubre de dos mil diecisiete, fecha en que dice bajo protesta de decir verdad fue notificado de la resolución por la que causó baja del servicio activo de la Armada de México; razón por la cual el acto que ahora se reclama debe considerarse consentido tácitamente, al no haberse promovido la acción constitucional dentro del término legal que para ello concede la ley de la materia, según se pasa a exponer. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." El precepto transcrito prevé como causal de improcedencia del juicio de amparo aquél que se intente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de garantías dentro del término que señala el artículo 17 de la ley de la materia, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De igual forma, resulta necesario citar el diverso numeral 18 de la propia Ley de la Materia, el cual textualmente dice: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte, los citados preceptos legales, adminiculados entre sí, claramente establecen que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el promovente se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al inconforme de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. De lo anterior, se advierte que la parte promovente se encuentra en el caso del inciso a), en razón de que tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que el solicitante del amparo tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de garantías se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos que considera le causan agravios, por lo que, en el caso, es claro que la parte promovente consintió tácitamente la resolución de tres de octubre de dos mil diecisiete reclamada, al no haber promovido el juicio de amparo dentro del plazo legal de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página doscientos noventa y uno, tomo II, Agosto de mil novecientos noventa y cinco, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Lo anterior es así, toda vez que la parte promovente en su demanda de garantías manifiesta que ".SIENDO LAS DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS Y DOS MINUTOS DEL DÍA TRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE PRESENTE EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CLUB NAVAL "LA FRAGATA" EL SUSCRITO TENIENTE DE NAVIO DE INFANTERÍA DE MARINA PARACAIDISTA, AGUSTÍN HERRERA ARIAS SEGUNDO VOCAL (SECRETARIO) DE HONORABLE CONSEJO DE HONOR ORDINARIO PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA NÚMERO NO, HACE CONSTAR QUE EN ESTE ACTO SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CIUDADANO MARINERO DEL CUERPO GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA DAVID SÁNCHEZ BARRAGÁN QUIEN COMPARECIÓ EL DÍA DE LA FECHA ANTE ESTE ORGANISMO DISCIPLINARIO, Y FUE ENCONTRADO CULPABLE DE INFRINGIR CON SU CONDUCTA LOS ARTÍCULOS 9 Y 45 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE DISCIPLINA PARA EL PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 26 DEL APARTADO DE FALAS GRAVES DEL CATALOGO DE FALTAS DE LA SECRETARÍA DE MARINA -ARMADA DE MÉXICO POR EL SIGUIENTE MOTIVO "HABER RESULTADO CON EL DIAGNOSTICO REACTIVO MARIHUANA (THC) EN MUESTRA DE ORINA MEDIANTE EXAMEN QUÍMICO TOXICOLÓGICO NÚMERO 337/17, EXPEDIDO POR EL HOSPITAL NAVAL DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, PRACTICADO EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2017" POR LO QUE SE IMPUSO COMO SANCIÓN ESTIPULADA EN EL ARTÍCULO 50 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE DISCIPLINA PARA EL PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO, CONSISTENTE EN BAJA DE SERVICIO ACTIVO DE LA ARMADA DE MÉXICO, ASIMISMO LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE CUENTA CON EL TÉRMINO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE FIRME EL PRESENTE DOCUMENTO PARA MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA CONFORME AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DISCIPLINARIA PARA EL PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO, ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL PLENO DE ESTE ORGANISMO DISCIPLINARIO, EN LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, QUEDANDO DEBIDAMENTE ASENTADO EN EL LIBRO DE ACTAS DE ESTE ORGANISMO EN PODER DEL SEGUNDO VOCAL DAMOS FE." Constancia de notificación donde se observa claramente que la parte quejosa tuvo conocimiento de la resolución de baja del servicio activo de la Armada de México, que por esta vía constitucional combate desde el tres de octubre de dos mil diecisiete, por lo que es dable concluir que a la fecha ha fenecido en exceso el plazo que concede la ley de la materia para promover la demanda de garantías que ahora se intenta, misma que no se advierte que haya sido impugnada de ilegal en esta instancia constitucional. En efecto, en el caso particular, se observa lo siguiente: a). Que desde el tres de octubre de dos mil diecisiete, la parte promovente tuvo conocimiento de la resolución reclamada, pues según su propio dicho en esa data queda debidamente enterado de la misma. b). Que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para instar la acción constitucional, ha transcurrido en exceso, pues desde el tres de octubre de dos mil diecisiete (fecha en que tuvo conocimiento de la resolución reclamada), al veintitrés de abril de dos mil diecinueve (fecha en que se presentó la demanda de garantías en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río), transcurrió en exceso el término de quince días previsto en el invocado numeral 17 para combatir la resolución que ahora reclama el impetrante. Así las cosas, si de la propia demanda de amparo se advierte que el inconforme tuvo conocimiento del precitado acto reclamado desde el tres de octubre de dos mil diecisiete, luego, es inconcuso que si el ocurso de demanda de amparo se presentó hasta el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, tal como se observa del sello del reloj marcador impreso en su primera foja por la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es inconcusa la extemporaneidad de la demanda que se analiza en relación con tal acto, dado que entre la fecha en que comenzó a correr el término de quince días al impetrante de garantías y la data en que presentó su demanda, transcurrió en exceso el plazo legal a que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis LXXXIX/90, sostenida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ciento sesenta y siete, tomo V, Primera Parte, Enero a Junio de mil novecientos noventa, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL TERMINO PARA SU PRESENTACIÓN DEBE CONTARSE CONFORME AL SEGUNDO SUPUESTO PREVISTO POR EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, SI NO EXISTE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE SE RECLAME. Cuando no existe notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, el término para la presentación de la demanda de amparo deberá contarse, conforme al segundo supuesto previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo reclamado o de su ejecución." De igual forma, es aplicable al caso, el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asequible en la página seiscientos cincuenta y ocho, Tomo XLI, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORÁNEA. Si la demanda se presenta después de quince días de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio." Con independencia de lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con tal acto, que literalmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". La causa de improcedencia se actualiza cuando se reclaman resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aún cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Ahora bien, en el presente caso debe decirse que el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la resolución de tres de octubre de dos mil diecisiete, dictada por el Consejo de Honor Ordinario del Batallón de Infantería de Marina Número Uno, Primera Región Naval, Primera Zona Naval, Sector Naval Matamoros, Tamaulipas, en contra del aquí quejoso, consistente en la baja del servicio activo de la Armada de México, adscrito al Batallón de Infantería de Marina número Uno, Matamoros, Tamaulipas, no constituye un acto definitivo para los efectos del amparo, en atención a que previamente a su interposición, el promovente, como parte en el procedimiento de disciplina del que derivan los actos que reclama, previo a promover esta demanda de garantías debió haber agotado el recurso de inconformidad que establece el artículo 77, de la Ley de Disciplina para el personal de la Armada de México, mediante el cual pudo ser revocado el acto impugnado, pues el indicado numeral literalmente dispone lo siguiente: "ARTICULO 77. Cuando un miembro de la Armada no esté conforme con las resoluciones del organismo disciplinario que lo juzgó, podrá recurrir ante el organismo disciplinario superior al que emitió el fallo, siendo ésta la única instancia de inconformarse. En el caso de las resoluciones emitidas por la Junta de Almirantes, serán analizadas por el Consejo del Almirantazgo Reducido". Por tanto, resulta jurídicamente válido afirmar que la determinación pronunciada por el Consejo responsable el tres de octubre de dos mil diecisiete, constituye un auto del que derivan cargas o efectos en los derechos del aquí quejoso, y, consecuentemente, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Disciplina para el personal de la Armada de México, puede ser recurrido mediante el recurso de inconformidad, dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia de dicho medio de impugnación en contra de las resoluciones del organismo disciplinario, sin exclusión alguna. Así las cosas, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, por sus características y cualidades no puede ser utilizado por los gobernados de manera caprichosa o aleatoria con el fin de combatir los actos emanados de diversas autoridades; pues, si el ordenamiento legal que regula y donde se hace emanar el acto reclamado, contempla recursos o medios de defensa por los cuales éstos, pueden ser modificados, revocados o nulificados, es obligación del agraviado agotar dichos recursos o medios, para estar en la posibilidad de promover el juicio de garantías, más aun cuando la parte quejosa resulta ser parte dentro del procedimiento natural, calidad que se actualiza en el asunto que nos ocupa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.8°.C.15K, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página quinientos trece, Tomo XV-II, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN RECLAMADA." De igual forma resulta aplicable a lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia establecida por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el semanario judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo a2, Sexta Parte, visible a página 37, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por consiguiente, en el caso, este Juzgado estima que se actualiza también la causal de improcedencia invocada tomando en consideración que la resolución de tres de octubre de dos mil diecisiete, dictada por el Consejo de Honor Ordinario del Batallón de Infantería de Marina Número Uno, Primera Región Naval, Primera Zona Naval, Sector Naval Matamoros, Tamaulipas, en contra del aquí quejoso, consistente en la baja del servicio activo de la Armada de México, no constituye acto definitivo para los efectos del amparo, toda vez que previamente a su interposición, atento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el promovente, en su carácter de parte procesal dentro del proceso disciplinario del que deriva el acto combatido, debió haber agotado el recurso de inconformidad, para obtener, en su caso, la reparación de las violaciones que alega en esta vía, medio de defensa previsto en el artículo 77 de la Ley de Disciplina para el personal de la Armada de México, por lo que al no haberlo hecho la acción constitucional que endereza en el presente juicio de garantías, resulta improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tal virtud, si el promovente estimó que le afectaba la resolución de tres de octubre de dos mil diecisiete, la cual tilda de ilegal, éste se encontraba obligado a agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías mediante el recurso de inconformidad, a través del cual pudo obtener su invalidación, ya que no se le pude equiparar a un tercero extraño al procedimiento de origen al ser parte y por ende, con tal carácter se integró a la litis. Sólo resta decir que el acto que reclama el promovente, no se ubica dentro del capítulo de excepciones que prevé la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues: No son actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, ni resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. No se trata de persona extraña al procedimiento. No deriva de un procedimiento de restitución internacional de menores. Además que la ley que rige el acto que reclama, establece el medio de defensa y recurso ordinario para combatirlo, teniendo así, la posibilidad de obtener la reparación de las violaciones que aduce a través del recurso de inconformidad el cual debió agotar previamente a solicitar la protección constitucional, atento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, y al no haberlo hecho así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. Asimismo, no se soslayan los motivos de inconformidad que expone la parte quejosa, pues en relación a ello, debe precisarse que la hipótesis de excepción al principio de definitividad que al efecto se contiene en el diverso 171, segundo párrafo, de la ley de la materia, relativa a cuando se trate de actos que versen sobre acciones del estado civil, que afecten al orden y estabilidad de la familia, o derechos de menores, entre otros; únicamente es aplicable contra actos materia del juicio de amparo directo. Ello en razón de que sólo en ese supuesto el promovente queda relevado de preparar el juicio de amparo, dado que tal excepción no puede hacerse extensiva a los casos en los que por la vía del amparo indirecto, se impugnen actuaciones de tribunales civiles ejecutados dentro de juicio que sean de imposible reparación; máxime cuando del contenido e interpretación del consabido artículo 171, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y del diverso 107, fracción III, inciso a), último párrafo, de la Constitución Federal, se concluye que fue voluntad del Poder Constituyente y del legislador ordinario, que tal supuesto fuere procedente únicamente en vía de amparo directo. Consideraciones que además, quedaron plasmadas en la jurisprudencia emanada de la contradicción de tesis 80/99-PS, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; cuyo rubro es el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES." Criterio que se robustece, en la parte que interesa, con la jurisprudencia de la mencionada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materia Común, página 729, Registro 2001155, donde se precisa que no obstante que el acto reclamado genere algún perjuicio que sea de imposible reparación, resulta indiscutible que debe observarse el principio de definitividad que rige en materia de amparo; criterio cuyo rubro establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL." Aunado a lo anteriormente considerado, no se soslaya el criterio emanado de la contradicción de tesis 265/2013, resuelta por la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". También, por las consideraciones que la informa la tesis aislada número XXI.2o.C.T.7 C, visible en la página 1499 del Tomo II, del mes de Febrero de 2013, Décima Época, Materia Común, que dice: "RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. DEBE AGOTARSE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, TRATÁNDOSE DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN DICTADOS EN CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN O ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, y de acuerdo con la interpretación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado, el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y que, además, sean eficaces para repararlo en un plazo razonable. Luego, si los artículos 381 y 382 en relación con los diversos 140 y 143, fracción II, todos del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, establecen que el recurso de reconsideración procede contra los decretos y los autos que no fueren apelables, y mediante el mismo el Juez común puede analizar si en la resolución impugnada se violó algún derecho y, en su caso, modificarla, revocarla o anularla dentro del plazo de tres días, es inconcuso que tratándose de actos de imposible reparación dictados en controversias que afecten al estado civil, al orden o estabilidad de la familia o a menores o incapaces, debe agotarse dicho medio ordinario de defensa, previo a la promoción del juicio de garantías, pues los únicos casos de excepción son los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Además, la referida Primera Sala ha establecido que es inaplicable al amparo indirecto la excepción al principio de definitividad que opera en materia de amparo directo en las controversias citadas." En ese mismo orden de ideas, se invoca la tesis aislada 1a. LVIII/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página quinientos ochenta y dos, Libro Cuarenta y tres, Tomo I, junio de dos mil diecisiuete, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN PROCEDIMIENTO DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. Es propósito de la Convención de la Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, garantizar que el menor trasladado o retenido de manera ilícita en cualquiera de los Estados contratantes, sea restituido de manera inmediata al país en donde residía, en tanto que existe la presunción de que el interés del menor se ve mayormente protegido y beneficiado mediante el restablecimiento inmediato de la situación previa al acto de sustracción o retención, por ser él quien resiente en mayor medida los perjuicios de la sustracción o la retención ilegal, por tanto el tiempo para resolver la petición de resticución por la sustracción o retención ilegal de un menor es fundamental para cumplir con el propósito o finalidad de la Convención, y si bien no se establece un procedimiento especial para el trámite de la petición, en su artículo 2, se ordena que el procedimiento que en su caso se siga, sea urgente. En razón de lo anterior se justifica que en contra de la sentencia o resolución dictada en los procedimientos seguidos en las diversas entidades federativas, se pueda acudir de manera inmediata al juicio de amparo, sin necesidad de agotar el recurso ordinario que la ley respectiva aplicada al procedimiento señale, pues es evidente que el trámite de ese recurso puede representar un retraso en la resolución final del asunto; lo que no contribuye al fin que persigue la Convención. Atendiendo a ello, donde el compromiso internacional radica en tramitar de manera urgente la petición de restitución, a fin de resolver lo más pronto posible la misma, se justifica que de manera inmediata se acuda al amparo sin necesidad de agotar el recurso ordinario correspondiente, por lo anterior, y en términos de lo previsto en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo cuando el acto reclamado deriva de un asunto de restitución internacional." Lo anterior, tomando en cuenta que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, son presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en que un menor de edad se encuentre involucrado. En efecto, en el criterio en comento, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que cuando la contienda del juicio de amparo verse sobre actos de ejecución irreparable, deben observarse las reglas de procedencia establecidas en la propia ley de amparo, por lo que el principio de definitividad al constituir un presupuesto distinto y autónomo al de la irreparabilidad del acto, debe colmarse para atender la procedencia del juicio constitucional, aún cuando se vea afectada la esfera jurídica de un menor de edad, pues esto no genera una excepción a la regla de la definitividad, ya que esta se refiere al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. En las relatadas circunstancias, al haber quedado plenamente demostrado que en el caso particular se actualizan de manera indudable y manifiestas las causales de improcedencia del juicio de garantías antes analizada, lo procedente es, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA promovida por DAVID SÁNCHEZ BARRAGÁN. El presente pronunciamiento se hace extensivo en relación con el diverso acto consistente en el oficio número 1809/17, por el que se le comunicó a Sánchez Barragán, que con fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, causó baja del servicio activo de la Armada de México y del Batallón de Infantería de Marina Número Uno, reclamado a la Secretaría de Marina Armada de México, Primera Región Naval, Primera Zona Naval, Comandancia Estado Mayor, Sección de Personal, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas; ello en atención a que tal acto es una consecuencia de la resolución aquí combatida. En virtud de que el impetrante de garantías señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Agua Dulce, número doscientos setenta y nueve, colonia Graciano Sánchez, en Boca del Río, Veracruz, es decir, fuera del lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el estado de Veracruz que por razón de turno corresponda, con sede en Boca del Río, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito y por su conducto, notifique personalmente el presente auto a David Sánchez Barragán; de igual forma, lo requiera para que dentro del término de tres días legalmente computado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibido que de no hacerlo así las subsecuentes, se le realizarán por medio de lista que se publica en este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo previsto con la fracción II, del artículo 27 de la ley de la materia. Asimismo, se faculta ampliamente al titular del Juzgado Mixto, para dictar todos los acuerdos necesarios y habilitar días y horas hábiles para lograr la diligencia encomendada; debiendo remitir a la brevedad posible el acuse de recibo correspondiente. Téngase a la parte quejosa autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Sergio Barreiro González, cuya cédula se encuentra capturada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, bajo el número de registro único 133209, del cual se anexa copia simple para los efectos legales a que haya lugar, en cuanto a Mariela Zaragoza Gómez, únicamente se le autoriza para efectos de oír y recibir notificaciones, hasta en tanto demuestre ante este juzgado contar con cédula profesional que la acredite como licenciado en derecho y encontrarse debidamente registrada en el sistema a que se ha hecho alusión. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa vía exhorto. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano