David Salvador Carmona Buere
Expediente 853/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 853/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- David Salvador Carmona Buere
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a once de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. En relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción III, del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero, cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Javier Olea de la Rosa, autorizado de la pate quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase las copias simples que solicita, por conducto de las personas que señala para tal efecto, previa razón de recibido que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción.
- Principal
SÍNTESIS: VISTOS los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo número 853/2016. se R E S U E L V E : ÚNICO.- Se sobresee en el juicio promovido 853/2016. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
AVISOS: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DAVID SALVADOR CARMONA BUERE, EN SU CARÁCTER DE HIJO Y PRESUNTO HEREDERO DE SU FINADO PADRE SALVADOR CARMONA SÁNCHEZ, ASÍ COMO AL TERCERO INTERESADO ÁNGEL ALEJANDRO PÉREZ FIGUEROA BATANI, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ".....: VISTOS los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo número 853/2016. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno al Juzgado Sexto, el David Salvador Carmona Baure, en su calidad de hijo y presunto heredero de su finado padre Salvador Carmona Sánchez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "Proveído de cuatro de agosto del presente año, publicado mediante lista en estrados, el día cinco del mes y año citados, en el cual textualmente refiere lo siguiente: "Visto el escrito de DAVID SALVADOR CARMONA BUERE, atento a su contenido con fundamento en el artículo 9 fracción VI y 122 del Código Procesal Civil del Estado, dígasele al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo peticionado en razón de que no es parte en el presente juicio y quien deberá acudir a deducir los derechos de la parte actora, es el albacea de la sucesión a bienes de SALVADOR CARMONA SÁNCHEZ". SEGUNDO. Mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, este juzgado de Distrito, admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 853/2016; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se comisionó a la Actuaria de la adscripción la notificación al tercero interesado del inicio de este juicio de amparo; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, CONSIDERANDO PRIMERO. El suscrito, Titular del Juzgado Octavo de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, III, inciso b) de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: El acuerdo de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, que no le dio entrada al recurso de reconsideración promovido en contra del diverso de doce de julio pasado, por el cual no se acordó favorable la suspensión del procedimiento en el juicio especial hipotecario 362/2015-III, con motivo del deceso de la parte actora Salvador Carmona Sánchez al encontrarse éste representado por Luis Mendoza Bandín, quien continuará con el procedimiento hasta en tanto los herederos se apersonen a juicio. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, por así haberlo aceptado al rendir su informe justificado, lo que basta para tenerlo por plenamente evidenciado. Aunado a que se robustece con la copia certificada de las actuaciones que integran el juicio de origen que exhibió como justificación a su informe, de la cual se advierte la existencia de los autos referidos en el considerando anterior; los cuales dada su naturaleza de documento público se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Previo al estudio de fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, de oficio se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso ordinal 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la ley de la materia pues no es un acto cuyos efectos sean de imposible reparación. Los numerales en cita son del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Respecto de los actos emitidos dentro de juicio, el artículo 107, fracción V, establece que el amparo indirecto únicamente será procedente cuando estos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales. De ahí que no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía el criterio ya mencionado. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. La comprensión y modificación de lo que debe entenderse por "imposible reparación" para calificar la procedencia de la demanda de amparo indirecto contra un acto emitido dentro de juicio, en los términos mencionados, de acuerdo con el texto de la nueva Ley de Amparo, ya lo explicó el Pleno de la Suprema Corte en la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo". Para justificar lo anterior, es pertinente precisar lo siguiente: I. A esta instancia constitucional acude David Carmona Buere, en su calidad de hijo y presunto heredero de Salvador Carmona Sánchez, quien es parte actora en el juicio especial hipotecario 362-3/2015. II. El juicio natural del que deriva el acto reclamado lo promueve Salvador Carmona Sánchez en contra de Ángel Alejandro Pérez Figueroa Batani, el cual se radicó el cinco de noviembre de dos mil quince (foja cuarenta y cuatro); sumario en el cual seguido en sus etapas, el veinte de junio de dos mil dieciséis se dictó sentencia definitiva bajo los puntos resolutivos: "PRIMERO.- Este juzgado es competente para conocer y resolver la controversia planteada. SEGUNDO.- Es procedente la vía especial hipotecaria. TERCERO.- El actor SALVADOR CARMONA SÁNCHEZ, probó los elementos de la acción hipotecaria y el demandado ÁNGEL ALEJANDRO PÉREZ FIGUEROA BATANI, se le tuvo por no opuesta las excepciones y defensas en término del numeral 609 del Código Procesal Civil en el Estado. CUARTO.- Se condena al mencionado demandado al pago de $500,000 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal, que deberá ser liquidado al valor actual en ejecución de sentencia, en los términos pactados el día veintitrés de febrero de dos mil doce. QUINTO.- Se condena al demandado, al pago de moratorios convencional y los que se sigan generando a partir de la fecha en que se constituyó en mora hasta la total liquidación del adeudo, en los términos pactados en el documento accionado; conceptos que deberán calcularse y cuantificarse en ejecución de sentencia. SEXTO.- Se condena al demandado, al pago de gastos y costas causados en esta instancia. SÉPTIMO.- Se concede al enjuiciado un término de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del requerimiento personal que se realice una vez que esta resolución cause ejecutoria, para que haga pago de las prestaciones a que es condenado, apercibido que de no hacerlo, se procederá al remate del bien inmueble hipotecado, y con su producto se hará el pago a la parte actora" (fojas setenta y cinco a noventa y cinco). Inconforme con esa determinación la parte demandada interpuso recurso de apelación (fojas ciento tres a ciento nueve); el cual se tuvo por interpuesto el tres de agosto de dos mil dieciséis (foja ciento diez); y, por acuerdo de veinticuatro siguiente se remitió al Tribunal de Alzada para su substanciación (foja ciento diecinueve). III. El peticionario de amparo, mediante escrito presentado el siete de julio de esta anualidad solicitó la interrupción del procedimiento hasta en tanto se designara albacea de la sucesión de la parte actora (fojas noventa y nueve a ciento uno); el doce siguiente la juez responsable acordó: ". no ha lugar a decretar la suspensión del presente procedimiento, en razón de que, se advierte de autos, el actor de referencia, se encuentra representado por el licenciado Luis Mendoza Bandín, por lo que, en términos del citado precepto legal 171 del Ordenamiento Legal invocado, el procedimiento continuará con éste, entre tanto los herederos se apersonen al juicio.". (foja ciento dos). IV. El quejoso inconforme con ese acuerdo, promovió recurso de reconsideración (fojas ciento once ciento catorce); y por auto de cuatro de agosto pasado, la responsable acordó: ". dígasele al promovente que no ha lugar acordar de conformidad lo peticionario en razón que no es parte en el presente juicio y quien deberá deducir los derechos de la parte actora, es el albacea de la sucesión a bienes de Salvador Carmona Sánchez." (foja ciento quince). De lo expuesto se advierte que: 1. El acto reclamado deriva de un juicio especial hipotecario que se encuentra en trámite, pues si bien existe sentencia definitiva ésta aun no es firme, por estar pendiente de resolverse el recurso de apelación promovido por la parte demandada. 2. La interrupción del procedimiento en el juicio natural no se acordó favorable, puesto que existe en autos designada una persona como representante del actor, a quien éste le confió la defensa de sus derechos, con lo que no se deja inaudita a dicha parte procesal, hasta en tanto la sucesión se apersone. 3. Este juicio de amparo, como se adelantó, se insta por quien afirma es hijo y presunto heredero de la parte actora, sin que de autos se advierte tenga reconocido este último carácter. Por tanto, se concluye que el acto reclamado no produce una afectación material a un derecho sustantivo del peticionario de amparo, porque éste acudió al juicio natural con el carácter de aspirante a un derecho (heredero) respecto de aquellos que se dilucidan en dicho procedimiento; en el cual si bien, existe sentencia definitiva que condena a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas por el de cujus, esa determinación aun no es firme al estar pendiente de resolverse un medio ordinario de defensa a la fecha en que se emite esta sentencia. Lo anterior, porque no es factible sostener que el quejoso haya adquirido un derecho sobre aquél reconocido a su padre en el juicio natural, que pueda ser vulnerado al no interrumpir ese procedimiento; aunado a que en el juicio de origen existe una persona designada a quien se le encomendó la defensa de los derechos hechos valer por el de cujus, quien procurara la prosecución del juicio por el mandato conferido hasta en tanto los herederos se apersonen. De ahí que no exista una afectación material a un derecho fundamental del quejoso, puesto que acude a esta instancia constitucional como detentador de una expectativa de derecho al estar pendiente por dilucidarse aquel en el juicio natural, puesto que no existe resolución firme que así lo declare, circunstancia que por sí sola no adjudica de manera inmediata y automatiza los derechos relativos ni se tiene evidencia de que el peticionario de amparo hubiese instado algún juicio sucesorio. Por esos motivos, se actualiza la causa de improcedencia en estudio ya que el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto cuya ejecución sea irreparable; por tanto, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Finalmente, se precisa que el sobreseimiento, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de garantías, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 509 aparece publicada en la página 335, del Apéndice 1995, del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Materia Común, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO.- Se sobresee en el juicio promovido 853/2016. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe...."; LO QUE S ENOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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