David Salomon Nava Moreno

Expediente 1828/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1828/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • David Salomon Nava Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    L.- Se ordena remitir al archivo como asunto definitivamente concluido

  2. Principal

    L.- Toluca, Estado de México; veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Y REGISTRO Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****************, por propio derecho; regístrese bajo el número 1828/2022-I-D. Al respecto, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Las disposiciones constitucionales y legales transcritas establecen el principio de definitividad en el juicio de amparo, el cual consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad cuyo fin directo consiste en proteger la regularidad de la constitución y la supremacía constitucional, lo que indirectamente tiene por efecto proteger los derechos humanos y fundamentales de las personas, así como las garantías instrumentales para su protección; en ese sentido, antes de instar el juicio de amparo, resulta indispensable que los justiciables agoten en la vía ordinaria procedente, los recursos o medios de defensa que legalmente procedan contra aquéllos actos que estimen, afectan su esfera de derechos. En otras palabras, la vía constitucional de amparo no consiste en un juicio de instancia que las personas puedan incoar de manera directa al considerar que se afectan sus intereses legales independientemente de su naturaleza; sino que se trata de un medio de control de constitucionalidad previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de conservar la preeminencia de su contenido, mismo que en su artículo 133 considera también el contenido de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que el Estado mexicano haya celebrado con arreglo a la propia Constitución. Por tanto, la regla operacional del juicio de amparo en comento, a saber, el llamado principio de definitividad, debe observarse aun cuando los actos reclamados impliquen una afectación a derechos sustantivos, es decir, cuando se trate de actos reclamados de imposible reparación, al tratarse de pautas de operatividad del juicio de amparo distintas entre sí. Luego, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado se emitido por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa, y; c) Que ese recurso o medio resulte idóneo para revocar, nulificar o modificar el acto reclamado. Ahora bien, de las porciones normativas antes transcritas, se advierte que, tratándose de actos atribuidos a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, existen excepciones al principio de definitividad, y no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados antes de acudir al juicio constitucional, cuando concurran las hipótesis de estricta aplicación siguientes: a) Si el acto reclamado carece de fundamentación (fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo); b) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución (fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo); c) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo); d) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo), y; e) Cuando el quejoso es tercero extraño al procedimiento del cual emana el acto reclamado (la excepción de referencia no se encuentra contenida en la Ley de Amparo, así como tampoco en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sino en la jurisprudencia 2a./J. 57/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 191503, de rubro "RECURSOS ORDINARIOS QUE PROCEDEN EN CONTRA DE ACTOS DE AUTORIDADES DISTINTAS DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. EL TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO DEL CUAL EMANA EL ACTO RECLAMADO, NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTARLOS PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS." Luego, el texto del precepto anteriormente transcrito (61 fracción XX de la Ley de Amparo), establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o odificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, para conceder la suspensión definitiva o provisional, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y por consecuencia, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. Así, del análisis de los artículos anteriormente reproducidos, es factible concluir que el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; no exige mayores requisitos que los que establece la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En efecto, el contenido de los artículos 125, 128, 129 y 132 de la Ley de Amparo, no exige mayores requisitos que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en sus artículos 254 a 260, para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En ese tenor, es de sostenerse la materialización de la mencionada causa de improcedencia respecto del acto reclamado consistente en la omisión en que han incurrido las responsables al no efectuar el pago de pensión por jubilación, conforme al dictamen ***************, emitido el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, desde la fecha de la baja del servicio (con sello de recibido de veintidós de septiembre de dos mil veintidós). En efecto, si bien es cierto que conforme a lo establecido en el artículo 186 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; frente a los actos de las autoridades administrativas, los particulares afectados tienen la opción de instar el juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (razón por la cual en ese sentido resulta innecesario agotar el recurso administrativo de inconformidad, previamente a la promoción del juicio constitucional), toda vez que dada la naturaleza del acto reclamado, se estima que éste es susceptible de afectar en forma directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no menos verídico resulta que la parte quejosa se encuentra obligada a promover dicho juicio al constituir un medio ordinario de defens dóneo, previo a acudir al juicio de amparo, en atención al principio de definitividad que lo rige. En el caso, respecto del acto reclamado procede el juicio de nulidad conforme a la fracción II, del diverso precepto 229, del citado ordenamiento legal. Por tal motivo, el contenido de los artículos 186, 187, 194, 229, 254, 255, 256, 257, 258 y 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, al cual se encuentra sujeto el acto de autoridad que se reclama en esta vía constitucional, previene el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, como medio de defensa a través del cual, la impetrante puede obtener los pagos reclamados y con ello, el cumplimiento del dictamen de pensión emitido a su favor. Lo anterior, sin que obste la naturaleza de los efectos derivados del acto reclamado, pues si bien se estima que estos podrían ser susceptibles de afectar en forma directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no menos verídico resulta que la parte quejosa se encuentra obligada a promover dicho medio de defensa ordinario, previo a acudir al juicio de amparo, en atención al principio de definitividad que lo rige. Máxime que la omisión que reclama la parte quejosa no se generó dentro de un juicio y/o procedimiento seguido en forma de juicio para estar en posibilidad de aducir una violación al artículo 17 de la Constitución Federal, esto es, como si se tratase de una dilación y/o paralización de algún procedimiento; por el contrario, su pretensión constitucional subyace del impago de las pensiones que se adeudan a la peticionaria, derivadas del dictamen emitido en su favor. De ahí que aquélla pretensión deba necesariamente dilucidarse a través del juicio de nulidad respectivo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, pues solo mediante la sentencia emitida en el juicio de instancia de referencia, puede vencerse dicha omisión y condenarse a la autoridad a efectuar los pagos respectivos. Lo anterior, pues el derecho subjetivo de la parte quejosa deriva precisamente del dictamen de pensión ya emitido en su favor, por lo que la exigencia del pago correlativo debe dirimirse en la instancia ordinaria respectiva. Sin que este órgano de control deba asumir alguna otra conducta respecto del desechamiento que se declara, esto es, encausando la pretensión constitucional equívoca de la quejosa mediante la vía ordinaria respectiva, pues ello implicaría extralimitarse en la protección de la tutela judicial efectiva en perjuicio de terceras personas y de los derechos que les corresponden, inobservando la jurisprudencia 2a./J. 125/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1583 del Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, materia constitucional-común, con número de registro 2002215, de rubro "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA." De lo anterior, claramente se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto el tema de procedencia del juicio contencioso administrativo, conforme al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de De lo anterior, claramente se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto el tema de procedencia del juicio contencioso administrativo, conforme al Código de Procedimientos Administrativos del Estado deMéxico; de ahí la improcedencia del juicio de amparo contra los actos impugnables a través de ese medio ordinario de defensa. Además, del estudio de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no planteó en sus conceptos de violación, la falta total de fundamentación de los actos reclamados, así como tampoco de manera exclusiva violaciones directas a la Constitución Federal, sino la ilegalidad de la omisión reclamada, por supuestamente trastocar, incumplir e inobservar múltiples disposiciones de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, en específico, los que cita como 11, fracción II inciso b), 67, 73, 89 de dicha Ley. Sostener el criterio contrario propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que establece el 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer procedente el juicio de amparo obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en la vía correspondiente. Por ende, si la parte quejosa no reclama exclusivamente violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también múltiples aspectos de mera legalidad por el supuesto incumplimiento e inobservancia de diversa normatividad administrativa; es inconcusa la obligatoriedad de la impugnación del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, tal como se explicitó ampliamente en supralíneas. Máxime si la quejosa, como ya se adelantó, no resulta extraña a algún procedimiento seguido en forma de juicio. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el diverso precepto legal 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por David Salomón Nava Moreno, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y otras autoridades; por notoriamente improcedente. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 29 de la Ley de Amparo se señala la lista que se publica en este órgano jurisdiccional para que la parte quejosa oiga y reciba notificaciones, aún las de carácter personal por así solicitarlo. Asimismo, se autoriza la consulta del expediente electrónico con nombre de usuario "avocatgi"; en virtud de que el mismo, se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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