David Salazar Garay

Expediente 745/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
745/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • David Salazar Garay

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En diez de agosto de dos mil veintidós, el secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos. Conste.Torreón, Coahuila de Zaragoza; diez de agosto de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de destrucción en términos del numeral 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales . Incidente. No se aperturó. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las diez horas con veinte minutos del veintiuno de julio de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, la licenciada Ma Elena Samaniego Carnero, Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, encargada del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada mediante oficio CCJ/ST/2736/2022, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinte de junio de dos mil veintidós, asistida del licenciado Ernesto Rubio Hernández, secretario con quien actúa y da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta a la secretaria encargada del despacho con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito. La secretaria encargada del despacho: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. La secretaria encargada del despacho: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. La secretaria encargada del despacho acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, David Salazar Garay, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra la autoridad y los actos que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos y, señaló que los derechos humanos que en su concepto se vulneraron, son los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 745/2022-VIII, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó los informes justificados correspondientes; y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido el juicio por sus etapas procesales, tuvo verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con sede en la ciudad de Torreón, Coahuila, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que en este caso se reclaman actos emitidos por autoridades residentes en esta localidad, lugar donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio, los cuales son los siguientes: El corte de servicio de agua potable y alcantarillado. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, pues al rendir respectivo informe justificado, negó categóricamente la existencia del mismo, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. En efecto, ante la negativa precisa externada por la autoridad responsable antes mencionada al rendir su respectivo informe justificado, en torno al acto reclamado a ella atribuido, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dicha autoridad se halla en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado, del municipio de Gómez Palacio, Durango, pues al rendir su informe justificado expresamente reconoció su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrado el acto que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Esta confesión, lejos de estar desvirtuada o contradicha en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con las documentales enviadas por la responsable, constancias, que por tener la calidad de documento público y, ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos reclamados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia. Al respecto, se considera que en el caso en estudio, respecto a los actos reclamados por la parte quejosa se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del numeral 5° de la legislación en cita que disponen lo que sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.(.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". De la lectura de los preceptos legales referidos se tiene, que uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, es el interés jurídico. Ello es así, porque si las leyes o los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del quejoso, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional, por lo cual, aquél debe de acreditar fehacientemente, que el acto reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica; o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos. Ello es así, pues si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resultará improcedente, máxime porque el interés jurídico no puede inferirse a base de presunciones. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, registro digital 206338, octubre de 1994, materia común, página 17, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". También se invoca, la jurisprudencia número 3a./J. 28/90, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo V, enero-junio de 1990, materia común, página 230, de la literalidad siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo". En el caso, el quejoso no demostró tener interés jurídico para promover este juicio de amparo. Se afirma lo anterior, porque los actos reclamados, a saber, el corte de servicio de agua potable, en el domicilio ubicado en Miguel Hidalgo Sur número 902, colonia centro, Gómez Palacio, Durango, cuyo número de contrato es 19818, son de naturaleza administrativa, vinculando únicamente a quienes se encuentren sujetos a una relación con la citada institución, con motivo del suministro del vital líquido. En ese contexto, era obligación del quejoso demostrar que es usuario del servicio que otorga Sistema Municipal de Agua y Saneamiento, con residencia en Gómez Palacio, Durango, lo cual no aconteció, por lo cual carece de dicho interés jurídico, toda vez que el contrato se encuentra a nombre de Irene Lara López. Ahora, las documentales adjuntas al escrito inicial de demanda, exhibió como prueba copia simple de un contrato de arrendamiento de fecha de término de febrero 2020, con lo que no demuestra tener alguna relación contractual con la autoridad responsable. De tal manera, que contrario a lo manifestado por el quejoso en su escrito de demanda, no le resulta el carácter de usuario del servicio de agua en el municipio de Gómez Palacio, Durango, máxime que el mismo refiere ser arrendatario del domicilio donde se presta ese servicio, lo que se traduce en la falta de comprobación del interés jurídico para promover el amparo, es decir, el inconforme no demostró la titularidad del derecho, como lo el contrato de prestación de servicios, del quejoso con la responsable. Apoya a lo anterior, la tesis III.1o.A.25 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que se comparte, publicada en la página 401, tomo VI, julio de 1997, Novena época del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción". No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional la jurisprudencia P./J. 92/2001, emitida por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, julio de 2001, página 693, de rubro: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LAS DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR." Sin embargo, el citado criterio jurisprudencial surgió antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de dos mil doce, en la que se consagró el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible, como un derecho fundamental, conforme al cual, en la actualidad, como ya se vio, ese derecho no tiene su origen en un contrato de adhesión o de suministro dentro de una relación de coordinación por un acuerdo de voluntades, como si se tratase de un acto de comercio, sino en el cumplimiento de una obligación constitucional a cargo del Estado frente a los particulares para satisfacer sus necesidades de consumo personal y doméstico, regido por disposiciones de orden público que están fuera del alcance de la voluntad contractual y, por ende, excluido del régimen del derecho privado, de ahí que, en estos casos, el panorama jurídico no sea el mismo en lo referente a los elementos a considerar para determinar si se está o no en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, ante la adición realizada al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y consagrarse el acceso al agua como un derecho fundamental, debe considerarse que existe un marco constitucional distinto al que prevalecía al momento de emitir la jurisprudencia P./J.92/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento jurídico. Así, al actualizarse la citada causa de improcedencia, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación expuestos por la quejosa pues ello constituye el problema de fondo y aquella es de estudio preferente. Como sustento legal a lo anterior, es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable a página cincuenta y siete, del Tomo 70, Octubre de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuya voz y contenido son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Consecuentemente, a fin de que se tenga por cierto lo consignado en las documentales que allegó el quejoso al presente juicio de amparo, era necesario que se robustecieran o perfeccionaran con diversos medios de convicción. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, veintidós de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que aún está transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado agregado en el presente juicio. Diferimiento. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y se señalan las diez horas con veinte minutos del veintiuno de julio de dos mil veintidós, para su celebración. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia setecientos cincuenta y siete, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, trece de junio de dos mil veintidós. Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe justificado remitido por la autoridad responsable, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe que se trata, con el cual, se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas que refiere, las que se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas y tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · 9,893 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano