David Ruiz Bonilla
Expediente 470/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 470/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/05/2023
Partes del expediente
- David Ruiz Bonilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintitrés que sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no se considera de relevancia documental ni conservable, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 17 del mencionado acuerdo general. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se sobreseyó el juicio; consecuentemente, es susceptible de destrucción, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. c) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, indíquese en la carátula del expediente la anotación de destruible. En esas condiciones, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. En consecuencia de lo anterior, con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en el cuaderno incidental correspondiente. Notifíquese.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión. En cumplimiento a lo previsto en los artículos 20, 21 y 24 del ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación y tomando en cuenta que se negó la medida cautelar, se considera susceptible de destrucción el cuaderno original, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir el expediente original; en tanto que, de existir su duplicado, transcurrido el plazo de seis meses, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En esas condiciones, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 470/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, a través del Buzón Judicial de en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco,********************, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y por los actos que indicó en su demanda. SEGUNDO. La demanda se turnó a este Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, la que se registró con el número de juicio de amparo 470/2023 y, por acuerdo de primero de marzo de dos mil veintitrés, se admitió. Tramitado el juicio, en su oportunidad se celebró la audiencia constitucional, con el resultado que se asienta en el acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 1º, fracción I, 37 y 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; así como el numeral 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias de autos, los actos reclamados consisten en: El Decreto por el que se Reforman Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, de manera particular los artículos 1, 2 fracciones VI Bis, 2 fracción VI Ter, 40 fracciones IX, XII y 50 Bis. El acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado trece de enero de dos mil veintitrés. (Actos que se reclaman del Presidente de la República, Secretaría de Salud y Director del Diario Oficial de la Federación). TERCERO. No es cierto el acto reclamado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado trece de enero de dos mil veintitrés, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado Sin que la parte quejosa aportara medio de convicción alguno tendente a desvirtuar dicha negativa, aunado a que de la consulta de dicho acuerdo no se advierte la participación de la autoridad. Por tanto, ante la falta de demostración de la existencia del acto que se les atribuye consistente en el acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista. Por tanto, ante la falta de demostración de la existencia del acto que se le atribuye consistente en el acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado trece de enero de dos mil veintitrés, lo conducente, conforme a la fracción IV, del artículo 64 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de dicho acto reclamado. CUARTO. Es cierto el acto reclamado de las autoridades responsables Presidente de la República, Secretaría de Salud y Director del Diario Oficial de la Federación, consistente en el Decreto por el que se Reforman Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, de manera particular los artículos 1, 2 fracciones VI Bis, 2 fracción VI Ter, 40 fracciones IX, XII y 50 Bis. También es cierto el acto reclamado de las autoridades responsables Secretaría de Salud y Director del Diario Oficial de la Federación, consistente en el acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado trece de enero de dos mil veintitrés, pues así lo manifestaron en sus informe justificados. Además, la existencia de dichos actos no está sujeta a prueba, ya que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, de ahí que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, existe la obligación de tomarlo en cuenta, en virtud de su obligatoriedad. Lo anterior también tiene apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. QUINTO. En el caso, se actualiza el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, esto es, falta de interés jurídico para promover el juicio de amparo. Tal precepto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" De lo transcrito, se obtiene que, el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular. Por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/87, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I. 1o. A. J/17, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. En el juicio de amparo contra normas generales, para estar en condiciones de analizar el aspecto sustantivo de la disposición es indispensable que ésta, efectivamente, haya irrumpido en la individualidad del gobernado, al grado de ocasionarle una alteración a su ámbito de acción; la ley general, abstracta e impersonal debe producir efecto en forma particular, concreta y personal en su destinatario. De modo que, acorde con el artículo transcrito, el juicio constitucional es improcedente contra leyes, tratados y reglamentos que por su sola vigencia no causen un perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para originar tal perjuicio. En efecto, el interés jurídico para reclamar una ley con motivo de su vigencia, está relacionado con la afectación que el propio mandato origina al quejoso desde su entrada en vigor; por ende, de acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada que rige el ejercicio de la acción constitucional, consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, conforme con el cual, el juicio de amparo solo puede promoverse cuando se afecte el interés jurídico del particular, para legitimar el ejercicio de la acción constitucional es necesario que el promovente del juicio demuestre que se encuentra en los supuestos de las normas impugnadas y, además, que las disposiciones combatidas lesionen sus derechos fundamentales desde ese momento (sin que se requiera de un acto concreto de aplicación). Resulta aplicable la jurisprudencia de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en término de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico." Así como la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERES JURIDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma." Dicho lo anterior, es necesario explicar cuál es la diferencia entre las normas de acuerdo con su naturaleza, basada en el concepto de individualización condicionada. Dicho principio sirve de referencia para determinar la procedencia de la acción constitucional, pues permite conocer en cada caso si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; es decir, si se trata de una norma que por su sola entrada en vigor causa un perjuicio (autoaplicativa), o bien, si requiere de un acto de autoridad o de alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativa). De esta manera, las normas autoaplicativas vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, de ahí que por su sola expedición y entrada en vigor causan perjuicio al particular; en el supuesto de una ley heteroaplicativa, en cambio, se requiere la realización de un acto concreto de aplicación para que se actualice ese perjuicio. Sostiene lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". De lo expuesto se colige que son presupuestos para considerar que una norma es de naturaleza autoaplicativa: a) Que con su simple entrada en vigor cree, modifique o extinga una situación concreta de derecho, o se genere una obligación de hacer, de no hacer o de dejar de hacer. b) Que esa nueva situación jurídica u obligación creada por la sola vigencia, vincule a personas determinadas por circunstancias concretas. c) Que el cumplimiento de esa obligación no esté condicionada por la realización del algún acto de individualización de la norma, es decir, que sea suficiente que el gobernado reúna las condiciones y circunstancias que aquella regula. De lo anteriormente reseñado, se puede concluir que para que el juicio de amparo sea procedente, los actos que se reclamen deben causar perjuicio al gobernado, ocasionándole un agravio personal y directo en su esfera de derechos, siendo éste el perjuicio a que se refiere la Ley de Amparo para que pueda prosperar la acción constitucional y para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos, correspondiendo a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. Además, tal institución jurídica debe acreditarse fehacientemente para efectos del juicio de amparo, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda la protección federal, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En el caso, la parte quejosa reclama el Decreto por el que se Reforman Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, de manera particular los artículos 1, 2 fracciones VI Bis, 2 fracción VI Ter, 40 fracciones IX, XII y 50 Bis y el acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado trece de enero de dos mil veintitrés, que establecen: "Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer el control, fomento y vigilancia sanitaria de los productos del tabaco, su elaboración, fabricación, importación y prohibiciones en toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los mismos, así como la regulación para la protección contra la exposición al humo de tabaco y sus emisiones. Este Reglamento es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden público e interés social. Artículo 2.- ... ( ...) VI Bis. EXHIBICIÓN DIRECTA, es la colocación de los productos de tabaco a través de estantes, mostradores, exhibidores, entre otros, al interior de los establecimientos y puntos de venta, que permitan al consumidor observar directamente dichos productos y, en su caso, tomarlos directamente, con el fin de promover y alentar la compra para su consumo, lo cual se considera una acción comercial de publicidad y promoción, en términos del artículo 6, fracción XXII, de la Ley; VI Ter. EXHIBICIÓN INDIRECTA, es la colocación o almacenamiento de los productos de tabaco en recipientes cerrados o cajas que se encuentren encima o debajo del mostrador, en armarios o cajones cerrados que le permitan al consumidor observar indirectamente dichos productos, con el fin de promover y alentar la compra para su consumo, lo cual se considera una acción comercial de publicidad y promoción, en términos del artículo 6, fracción XXII, de la Ley; (.)". Artículo 40.- Queda prohibido realizar toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de comunicación y difusión en términos del artículo 23 de la Ley, por lo que quedan comprendidas, en otras acciones, las siguientes: (.) IX La exhibición directa o indirecta de los productos de tabaco en términos de las fracciones VI Bis y VI Ter del artículo 2 del presente Reglamento; (.) XII. La exhibición directa o indirecta de productos de tabaco en términos de las fracciones VI Bis y VI Ter del artículo 2 del presente Reglamento en espacios de concurrencia colectiva, instituciones educativas públicas y privadas, así como la mera colocación de productos de tabaco o elementos de la marca que los identifiquen en dichos espacios para fomentar directa o indirectamente su venta, consumo y suministro; (.)". "Artículo 50 Bis. En los puntos de venta y demás lugares en los que se comercialicen, vendan, distribuyan, suministren o expendan productos de tabaco queda prohibida la exhibición directa o indirecta de dichos productos en términos del artículo 2, fracciones VI Bis y VI Ter, de este Reglamento, lo cual es conforme al artículo 23 de la Ley. Para la comercialización de los productos de tabaco deberá realizarse a través de una lista textual y escrita de estos productos con sus precios, sin logotipos, sellos o marcas. Dicha lista de comercialización deberá cumplir con los requisitos y características que establezca la Secretaría mediante disposiciones generales que al efecto emita, y deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.". "ACUERDO por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta. Las normas reclamadas establecen, el objeto, control, fomento y vigilancia sanitaria de los productos del tabaco, su elaboración, fabricación, importación y prohibiciones en toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los mismos, así como la regulación para la protección contra la exposición al humo de tabaco y sus emisiones. Refiere que la exhibición directa e indirecta, que permitan al consumidor observar directa o indirecta los productos del tabaco y la prohibición de realizar toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de comunicación y difusión en términos del artículo 23 de la Ley . También que en los puntos de venta y demás lugares en los que se comercialicen, vendan, distribuyan, suministren o expendan productos de tabaco queda prohibida la exhibición directa o indirecta de dichos productos en términos del artículo 2, fracciones VI Bis y VI Ter, de este Reglamento, lo cual es conforme al artículo 23 de la Ley. Y, finalmente el acuerdo que hace alusión el artículo 50 bis, que dispone que para la comercialización de los productos de tabaco deberá realizarse a través de una lista textual donde se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta. En ese sentido, si la parte quejosa reclama las normas generales señaladas con motivo de su sola emisión (autoaplicativas), se estima que resulta esencial que demuestre que se encuentra en el supuesto de la norma impugnada y con ello, la afectación a su esfera jurídica de derechos, esto es, en su caso, que se dedica a la comercialización de productos del tabaco y que depende de la exhibición normal y reglada de los productos del tabaco y que previamente a la entrada en vigor de éstas, cuenta con la licencia, autorización o permiso para ello. Sin embargo, el quejoso no exhibió documento alguno que con el que acreditara el supuesto que antecede y como se dijo, el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente, no con base en presunciones ni indicios, y por ello, se considera actualizada la causa de improcedencia en estudio, pues la quejosa omitió demostrar con prueba idónea que se encuentra bajo los supuestos que la norma reclamada contempla, esto es, que cuenta con el permiso o licencia para su funcionamiento. Ello es así, pues la demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento, requiere que la parte quejosa pruebe estar colocada, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que prevé (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien, que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); lo que, en el caso, no está acreditado. De ahí que, si la quejosa no justifica fehacientemente que es destinataria de las normas reclamadas, debe concluirse que no cuenta con interés jurídico para reclamarlas. Además, es inconcuso que la simple manifestación bajo protesta de decir verdad realizada por la parte quejosa en el escrito de demanda de amparo, resulta insuficiente para acreditar la afectación a su esfera jurídica. Sostiene lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 27/90, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "INTERES JURIDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACION DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento, se decreta el sobreseimiento del presente juicio. La causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". De ahí que exista una imposibilidad técnica para el análisis de constitucionalidad de los preceptos normativos reclamados. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73 a 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Oscar Alvarado Mendoza, Juez Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido de Oscar Martínez Cuevas, Secretario quien autoriza y da fe.
- Incidental
NOTIFIQUESE, PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA. Visto el estado de autos se advierte que mediante acuerdos de veinticuatro y veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se reservó acordar lo conducente respecto a los escritos mediante los cuales los autorizados en amplios términos de la parte tercero interesada y quejosa, respectivamente, realizan diversas manifestaciones respeto al cumplimiento a la sentencia de amparo, hasta en tanto se estuviera en posibilidad de proveer al respecto, situación que ya aconteció. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a dictar resolución en la que se declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla Por tanto, este órgano jurisdiccional declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, sin excesos ni defectos. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. En consecuencia de lo anterior, con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.
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