David Rosales García
Expediente 906/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 906/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- David Rosales García
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por medio del cual remite diligenciado el exhorto con número de orden 402/2020 y número de origen 402/2020, del índice de este Juzgado Federal, por el cual se encomendó notificar al quejoso ---------, el auto de treinta de noviembre de dos mil veinte. cuatro de marzo de dos mil veintiuno Sin que haya lugar a acusar recibo, toda vez que dicha comunicación se remitió a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), la cual genera el acuse de manera automática. Notifíquese a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de garantías promovida por -----------------, por propio derecho, contra actos de los Integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y otra Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número de juicio de amparo 906/2020-VIII y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, debido a que el acto reclamado tiene ejecución material fuera del ámbito competencial donde este Juzgado ejerce jurisdicción, con base a las siguientes consideraciones: La parte quejosa en su escrito de demanda señala en el apartado de actos reclamados, como tal: a).- DE LAS ORDENADORAS.- 1.- EL ACUERDO DE INCIO DE PROCEDIMIENTO DE FECHA CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE, derivada del oficio 206C02010/02569/2020, de fecha diecinueve de mayo de dos mil veinte suscrito por la Maestra Angelica Arely Navarez, Directora General del Centro de Control y Confianza, mismo que me fue notificado en fecha doce de noviembre de dos mil veinte. 2.- LA CÉDULA DE NOTIFICACION DE FECHA SEIS DE NOVIEMBRE DEL 2020, SIGNADO POR EL LIC MENDOZA RUIZ IGOR, SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA para el inicio del procedimiento por haber incurrido en el incumplimiento a los requisitos de permanencia previstas en las disposiciones reglamentarias como miembro de la Secretaría de Seguridad del Estado de México del cargo que actualmente ocupa el quejoso dentro de la corporación así como la posibilidad de prescindir de mis haberes, sueldo y demás prestaciones que recibo por concepto del cargo como Policía que serían de difícil reparación en mis derechos fundamentales, de consumarse mi conclusión de carrera policial sin que de los medios de prueba ofrecidos por el Centro de Control y Confianza tenga el suscrito certeza en cuál de las evaluaciones no fue supuestamente aprobado, DEJANDOME COMPLETAMENTE EN UN ESTADO DE INDEFENSIÓN, contraviniendo al artículo 1º, 14 y 16 de nuestra carta magna. b) DE LAS EJECUTORAS.- El cumplimiento y ejecución de conclusión de la carrera policial que pretenden cumplir, por la resolución del Consejo de Honor y Justicia y el cual el daño sería de difícil reparación, en virtud que mediante la solicitud e imputación emitida por el Centro de Control y Confianza para ser destituido por supuestamente contravenir a los requisitos de permanencia, sin que en el cúmulo de probanzas que ofreció ante el Consejo de Honor y Justicia, de manera cierta y precisa pruebe las imputaciones en mi contra ya que solo me imputa supuestos actos de corrupción, con los cuales pretende que sea destituido sin comprobar los hechos, con lo que pone en peligro mi instancia en esa institución en donde dignamente presto mis servicios." Ahora bien, se su capítulo de antecedentes del acto reclamado se advierte: "Antecedentes del acto reclamado. 1.- El impetrante de Garantías, soy servidor público en la Secretaría de Seguridad del Estado de México, adscrito al primer agrupamiento de Amecameca, con el grado de Policía, siendo que en fecha 6 de noviembre del dos mil veinte, me presenté a laborar y fui notificado por el policía ----------------------, encargado de la Jefatura de Servicios del Primer Agrupamiento de Amecameca, para que el 12 de Noviembre del año dos mil veinte." De acuerdo a la doctrina, la ley y la jurisprudencia, la competencia al igual que la legitimación, la temporalidad e incluso las causas de improcedencia, son temas de estudio previo, esto es así, pues en el momento en que el órgano jurisdiccional, decide que el acto reclamado es procedente, tal decisión lo obliga a estudiar el fondo del asunto, lo que sólo es lógicamente posible, partiendo en forma expresa o de modo implícito, de la base de que el propio tribunal tiene competencia para el examen del asunto. Sentado lo anterior, esta juzgado considera que en la especie, se actualiza la hipótesis de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. " De la transcripción de este artículo se advierte que existen tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito: a) Por regla general la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un Distrito y continúe ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo que tenemos que si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; de lo contrario, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar en donde tenga verificativo la ejecución del acto reclamado. A este respecto, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él, pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Dadas las características y naturaleza del punto de contradicción que se dilucida, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecutará el acto reclamado. Así, se tiene que si el promovente de amparo, reclama el acuerdo de inicio de procedimiento de fecha cuatro de septiembre del dos mil veinte, derivado del oficio 206C02010/02569/2020, de fecha diecinueve de mayo de dos mil veinte suscrito por la Directora General del Centro de Control y Confianza, así como la cédula de notificación de fecha seis de noviembre del dos mil veinte, procedimiento que culminaría con la conclusión de la carrera policial del quejoso mismo que se encuentra adscrito al Primer Agrupamiento de Amecameca, con el Grado de Policía, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, por tanto, en el caso que nos ocupa, se actualiza la competencia precisada en la primera regla del numeral 37 de la Ley de Amparo, pues es evidente que el acto que aquí se impugna, es competencia del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se está ejecutando. Al respecto resulta puntualmente aplicable la jurisprudencia, cuyos datos de identificación son Tesis: 2a./J. 68/2015 (10a.), Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2009409, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 916, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado. En consecuencia, la competencia para conocer del juicio de amparo corresponde al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN TURNO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ello, de conformidad con el artículo 37, de la Ley de Amparo y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Sétima Parte, página 88, Materia Común, que al tenor dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse el escrito inicial de demanda y sus anexos, al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN TURNO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, toda vez que le recae la figura de autoridad responsable, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dicho precepto determine si acepta o no la competencia que se declina en su favor y, en su caso, se sirva acusar el recibo correspondiente. Con copias simples de la demanda de amparo y copia autógrafa de este auto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en prevención a un conflicto competencial. Ahora bien, toda vez que el domicilio que señala la parte quejosa para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal, con fundamento en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se pública en internet y copia que de la misma se deja en la entrada de acceso del edificio donde se encuentra este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señale uno dentro de la jurisdicción de este juzgado federal. Sin embargo, y dada la naturaleza del presente proveído y toda vez que la parte quejosa señala como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle------------------------------, municipio de Amecameca, Estado de México, domicilio que se encuentra fuera de esta jurisdicción, con fundamento en los artículos 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los diversos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como en lo establecido en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto electrónico-------------- al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO EN TURNO CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al fedatario de su adscripción a efecto de que se constituya en el domicilio anterior, y una vez cerciorado que efectivamente corresponde a la parte quejosa le notifique el presente proveído. Asimismo, deberá requerirlo, para que en el término de tres días computados legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en alguno de los municipios ubicados dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, apercibida que de no hacerlo en el plazo señalado, sin necesidad de posterior acuerdo, de conformidad con el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de le Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal. A fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21 de la ley de la materia, se faculta al homólogo federal para que habilite al Actuario Judicial para que de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo la diligencia que se encomienda. En ese sentido, se hace notar al Juzgado Federal que corresponda conocer de la comunicación oficial que derive del presente acuerdo, que una vez que se practique la diligencia encomendada, únicamente remita la constancia que así lo acredite, sin que sea necesaria la devolución de la totalidad de constancias que integren el exhorto en mención, a fin de hacer un uso óptimo de los recurso materiales con los que cuenta este Órgano Federal. Se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Eduardo Huerta García y Tomás Villavicencio Trejo, quienes cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, respecto a las demás personas que señala se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones recoger documentos y valores, lo anterior, hasta en tanto acrediten que su cédula profesional se encuentra debidamente registrada en el aludido sistema. Por otra parte, la parte quejosa proporcionó el correo electrónico tanio2022@gmail.com; así como el número telefónico 5585655230, para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, a fin de evitar cualquier contratiempo, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, sin que esto implique que tal medio se tenga para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así, en virtud de que para el caso de que la parte quejosa pretenda recibir notificaciones de manera electrónica debe solicitarlo de manera expresa conforme a los artículos 3° y 26, fracción IV, de la ley en cita; parámetros que en el caso que nos ocupa no se encuentran satisfechos por la parte promovente. En términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 221 y cuarto transitorio, se sugiere al quejoso, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales2. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Además de que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente vía exhorto a la parte quejosa.
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