David Rophie Shrem
Expediente 190/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 33 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 190/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 07/11/2022
Partes del expediente
- David Rophie Shrem
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Ciudad de México, siete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio registrado con folio 24211, remitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, mediante el cual acusa recibo de los autos del Toca 382/2017 de su índice, de lo que se toma conocimiento. Asimismo, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio registrado con folio 24212, por ser de idéntico contenido al señalado en el párrafo que antecede, sin que sea procedente acordar en relación con el testimonio adjuntado, en razón de que ya se proveyó lo conducente en proveído de dieciocho de octubre de la presente anualidad. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, once de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal convenga en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo informado por las autoridades responsables, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En ese sentido, del análisis de las constancias de autos se advierte que en la sentencia de amparo este juzgado concedió la protección constitucional a David Rophie Shrem, para los efectos siguientes: "En razón de lo anterior, las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán dejar sin efectos [1] la resolución de dictamen y resolución administrativa de responsabilidad solidaria 115, de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho y [2] todo lo actuado con posterioridad a dicha resolución, consiste en: (i) la notificación por estrados que se le realizó respecto de dicha determinación, así como el procedimiento administrativo de ejecución que se llevó a cabo en su contra, el cual se comprende del (ii) mandamiento de ejecución de dos de enero de dos mil diecinueve, en contra de la parte quejosa, mediante el cual se determinó exigir el pago de los créditos fiscales identificados con los números 129049756, 129049757, 129049755, 129049754, 129049753 y 129049752, por los periodos de julio a diciembre de dos mil diez, respectivamente, determinados en contra de *****; (iii) citatorio para llevar a cabo el procedimiento ejecutivo de ejecución de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve; (iv) el requerimiento de pago y embargo de veinticinco de enero de dos mil diecinueve; (v) la emisión del oficio SIARA IMSSCC3916/2019/000182, de uno de febrero de dos mil diecinueve, por el que se solicitó la inmovilización de las cuentas bancarias del quejoso y (vi) la ejecución de dicho oficio, que consistió en la inmovilización de las cuentas 0132193337 y 1000102810 abiertas a nombre de la parte quejosa en las instituciones bancarias BBVA Bancomer y Banca MIFEL, respectivamente. De igual manera, se dejan a salvo las facultades discrecionales de la autoridad responsable para emitir de nueva cuenta una determinación de responsabilidad solidaria en contra del quejoso como socio de la empresa ***** o bien, diversa persona, si así lo estima pertinente, sin que ello deba entenderse como un acto que debe realizar necesariamente al ser una facultad discrecional de la autoridad responsable, precisándose que para emitir dicha determinación, como se dijo, debe respetarse el derecho de audiencia del posible responsable solidario, esto es, debe hacerle de su conocimiento la determinación del crédito fiscal ya determinado y las causas o motivos por los cuales dicha persona es considerado posible responsable solidario a fin de que alegue lo que a su derecho e interés convenga, para posteriormente emitir dicha resolución de responsabilidad solidaria. Lo anterior, como se dijo, debe ocurrir de dicha manera a fin de que sea respetado el derecho de audiencia del posible responsable solidario, cumpliéndose así que sea con posterioridad a la emisión del crédito fiscal, por ser una excepción a la regla, y antes de la emisión de la determinación de responsabilidad solidaria, lo anterior, en términos de la ejecutoria citada." 1.- Por auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión R.A. 124/2021, del índice del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el cual determinó confirmar la sentencia dictada en autos en la cual se concedió la protección constitucional. 2.- En la misma pieza de autos se requirió el cumplimiento al Titular de la Delegación Norte del Distrito Federal (Ciudad de México) del Instituto Mexicano del Seguro Social. 3.- Asimismo; por auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio registrado con el número de correspondencia 23302, a través del cual el Titular de la Delegación Norte del Distrito Federal (Ciudad de México) del Instituto Mexicano del Seguro Social, exhibió: a) Original del acuse de recibo con su respectiva constancia de notificación del oficio 39-16-62/1000-/COB/OC/1176 de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual informó al quejoso que resolvió lo siguiente: "Segundo: Se deja sin efectos todo lo actuado en cuanto al Procedimiento de Ejecución derivado de la Resolución de Responsabilidad administrativa 115/2018, determinada al C. David Rophie Shrem, consistente en: Mandamiento de Ejecución de 02/01/2019, mediante el cual se determinó exigir el pago de los créditos fiscales identificados con los números 129049756, 129049757, 129049755, 129049754, 129049753, y 129049752; citatorio para llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución de fecha 24 de enero del 2019, el requerimiento de pago y embargo de 25/01/2019, la emisión del oficio SIARAIMSSCC3916/2019/000182 de 01 de Febrero del 2019, por el que se solicitó la inmovilización de las cuentas bancarias del quejoso." b) Copia certificada del oficio de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno que contiene el "INFORME QUE RINDE LA SUDELEGACIÓN 03 POLANCO", dirigido a la Jefa de Oficina de Asuntos Fiscales, a través del cual adjunta el requerimiento 39 16 62 1000/COB/REG/NL/1179, folio SIARAIMSSCC3916/2020/001179, de siete de octubre de dos mil veinte, con el cual se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se deje sin efectos la solicitud de inmovilización de las cuentas bancarias del quejoso. c) Original del oficio 39-16-62/1000/COB/ORCC/LOC/2481/2021 de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual el Titular de la Delegación Norte del Distrito Federal (Ciudad de México) del Instituto Mexicano del Seguro Social informó al quejoso que resolvió lo siguiente: "Único: En cumplimiento a lo resuelto en la resolución de fecha 19 de Noviembre del 2021 en la revisión de amparo 124/2021, dictado por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, en el juicio de Amparo 190/2019, y del oficio de misma fecha dictado por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, SE DEJA SIN EFECTOS EL DICTAMEN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA NUMERO 115/2018 de fecha 21 de agosto de 2018, a cargo del C. DAVID ROPHIE SHREM." Constancias con las cuales se ordenó dar vista a la parte quejosa. 4.- Por acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el oficio signado en representación de la autoridad Coordinador de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el diverso signado por el Titular de la Subdelegación 03 Polanco de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de los cuales exhibieron, entre otras constancias, las siguientes: a) Oficio digitalizado de la respuesta emitida por la institución financiera BBVA BANCOMER, sociedad anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer, a través del cual, en lo que interesa, informa que la cuenta 0132193337 de la cual es titular el quejoso, se encuentra activa. b) Oficio digitalizado de la respuesta emitida por la institución financiera BANCA MIFEL, sociedad anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Mifel, a través del cual, en lo que interesa, informa que la cuenta 01000102810 de la cual es titular el quejoso, se encuentra activa. c) Original del acuse de recibo con su respectiva constancia de notificación del oficio 39-16-62/1000/OEPO/0575/2022 de catorce de junio de dos mil veintidós, mediante el cual informó al quejoso que resolvió lo siguiente: "Segundo: Se deja sin efectos Acta Circunstanciada de hechos de fecha 26 de Noviembre de 2018, así como Acuerdo para la Notificación por Estrados de fecha 29 de noviembre de 2018." Constancias con las cuales se ordenó dar vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara lo que a su interés legal convenga, sin que a la fecha en que se actúa haya manifestado nada al respecto, no obstante estar debidamente notificada. Así las cosas, tomando en consideración los elementos anteriores, este juzgador considera que la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Lo anterior, ya que los efectos de la sentencia de amparo consistieron en que las autoridades responsables dejaran si efectos lo siguiente: [1] La resolución de dictamen y resolución administrativa de responsabilidad solidaria 115, de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. [2] Todo lo actuado con posterioridad a dicha resolución, consiste en: (i) La notificación por estrados que se le realizó respecto de dicha determinación, así como el procedimiento administrativo de ejecución que se llevó a cabo en su contra, el cual se comprende del (ii) Mandamiento de ejecución de dos de enero de dos mil diecinueve, en contra de la parte quejosa, mediante el cual se determinó exigir el pago de los créditos fiscales identificados con los números 129049756, 129049757, 129049755, 129049754, 129049753 y 129049752, por los periodos de julio a diciembre de dos mil diez, respectivamente, determinados en contra de *****; (iii) Citatorio para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve; (iv) El requerimiento de pago y embargo de veinticinco de enero de dos mil diecinueve; (v) La emisión del oficio SIARA IMSSCC3916/2019/000182, de uno de febrero de dos mil diecinueve, por el que se solicitó la inmovilización de las cuentas bancarias del quejoso y (vi) La ejecución de dicho oficio, que consistió en la inmovilización de las cuentas 0132193337 y 1000102810 abiertas a nombre de la parte quejosa en las instituciones bancarias BBVA Bancomer y Banca MIFEL, respectivamente. Y de las constancias que allegaron las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento; se advierte que efectivamente se colmaron los efectos de la protección constitucional al acreditar que; se dejó sin efectos la resolución de dictamen y resolución administrativa de responsabilidad solidaria 115, de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, así como todo lo actuado con posterioridad a dicha resolución, incluyendo el desbloqueo de las cuentas 0132193337 y 1000102810 abiertas a nombre de la parte quejosa en las instituciones bancarias BBVA Bancomer y Banca MIFEL, respectivamente. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la actuación de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se ajusta de manera integral a los efectos establecidos en la sentencia de amparo, por lo cual se estima que el fallo protector se encuentra cumplido, sin exceso o defecto alguno. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado en representación de la autoridad Coordinador de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el diverso signado por el Titular de la Subdelegación 03 Polanco de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de los cuales realizan diversas manifestaciones en relación al cumplimiento del fallo protector, informan las gestiones realizadas para tal efecto y exhiben en versión ordinaria y digitalizada, diversas constancias con las cuales afirman dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 3, fracción V, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, dado que se trata de documentos digitalizados, los cuales fueron ingresados por una de las partes a través del correo electrónico institucional, se tiene como si fueran presentados en original con el propósito de que produzcan los mismos efectos. No obstante lo anterior, el suscrito se reserva la posibilidad de requerir a la autoridad responsable el documento fuente, en caso de estimarlo pertinente durante la secuela del juicio de amparo en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis a. VIII/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Marzo 2021, que a la letra establece: "DOCUMENTOS DIGITALIZADOS QUE SE INGRESAN COMO PRUEBAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE CONSIDERARLOS COMO SI SE HUBIERAN PRESENTADO EN SU VERSIÓN FÍSICA, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDAN SER OBJETADOS POR LAS PARTES, Y SÓLO EXCEPCIONALMENTE, ANTES DE DEMERITAR SU VALOR PROBATORIO, REQUERIR AL OFERENTE EL DOCUMENTO FUENTE. Hechos: En un juicio de amparo indirecto tramitado en vía electrónica, la parte quejosa, para acreditar su interés jurídico, ofreció como pruebas diversos documentos digitalizados, que se estimaron como copias simples del documento original, dando lugar al sobreseimiento en el juicio, ya que se determinó que no se trataba de documentos electrónicos a los que se refiere el artículo 12, inciso f), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, por no haberse generado, modificado o procesado por medios electrónicos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los documentos digitalizados de su original, ofrecidos como prueba de manera electrónica en el juicio de amparo, no perderán su valor probatorio y deberán recibir el mismo tratamiento que si se hubieren presentado en su versión física, sin perjuicio de que: 1) puedan ser objetados por las partes; o, 2) cuando el órgano jurisdiccional carezca de seguridad respecto a la viabilidad y coincidencia del documento digital frente al documento fuente, esté en aptitud de requerir excepcionalmente este último, antes de demeritar su valor probatorio. Justificación: Se arriba a esta conclusión, toda vez que de la interpretación del contenido de los Acuerdos Generales Conjuntos celebrados entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respectivamente, en los que se materializó el nuevo sistema de juicio de amparo, se tiene que la prueba documental digitalizada no perderá su valor probatorio por el simple hecho de provenir de un proceso de digitalización, sino que en aras de tutelar los principios que caracterizan al nuevo sistema de expediente electrónico y al juicio de amparo, el juzgador deberá otorgar el mismo tratamiento que a su documento físico, lo anterior sin perjuicio de que dichas probanzas puedan ser objetadas por las partes. De manera excepcional, y antes de calificar su valor probatorio, puede ocurrir que el órgano jurisdiccional se encuentre con situaciones dudosas o insuficientes respecto al documento probatorio digital, en cuyo caso está facultado para tomar las medidas necesarias y acordar lo conveniente para dar oportunidad a las partes de presentar el documento fuente y hacerlo coincidente con el documento ingresado." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.1o.A.48 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 72, noviembre de 2019, Tomo III, página 2379, que a la letra establece: "DOCUMENTALES PÚBLICAS REMITIDAS VÍA ELECTRÓNICA PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PARA QUE SE LES RECONOZCA PLENO VALOR PROBATORIO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE, AL MOMENTO DE SU ENVÍO, SU OFERENTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SON COPIA ÍNTEGRA E INALTERADA DEL DOCUMENTO IMPRESO" De conformidad con el actual artículo 3o. de la Ley de Amparo, es optativo para las partes presentar sus promociones en forma impresa o electrónica, siendo que, en el segundo supuesto, el escrito deberá presentarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica, en términos de la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Al desarrollar las atribuciones que sobre el particular le fueron conferidas por la ley de la materia y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el citado órgano expidió, conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General Número 1/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2013, de cuyo artículo 12, primer y segundo párrafos, e inciso f), se desprende que la presentación de documentos, para ser agregados al expediente electrónico, requiere, primero, que sean enviados a través de los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica y, segundo, que, para su envío, se utilice, precisamente, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, lo que será suficiente para que produzcan los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Sin embargo, tratándose de las documentales públicas, el acuerdo de referencia prevé que no perderán su valor probatorio, siempre y cuando se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el documento electrónico relativo es copia íntegra e inalterada del impreso, es decir, respecto de esa clase de documentos se estableció una condición especial para que produzcan pleno valor probatorio en el juicio de amparo, consistente en la indicada protesta, sin la cual, el único valor probatorio que tendrán será el de copias simples". Atento a ello, con fundamento en el artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, con copia de los oficios de las autoridades oficiantes y los documentos que anexan, se ordena dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga. Lo anterior, en el entendido de que, una vez transcurrido el término otorgado, con desahogo de la vista o sin él, este órgano judicial dictará resolución en la que se pronuncie sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción I, de la presente ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan y de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia se tiene como delegados a las personas que para tal efecto designan. Asimismo; en relación a las cuentas de correo electrónico que proporcionan, como herramienta alterna a efecto de poder entablar comunicación no procesal; en consecuencia, tómese en consideración lo anterior, en los casos en los que este juzgador lo estime necesario, a efecto de establecer el contacto respectivo con las autoridades oficiantes. En otro aspecto; atento a la certificación de cuenta de la que se advierte que la clave de usuario ********************, está debidamente registrada; por tanto con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35 y 55 de los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al Titular de la Subdelegación 03 Polanco de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, la consulta vía electrónica de las constancias que integran el expediente en que se actúa a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. En atención a ello, se instruye a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), así como al área de actuaría, a fin de que realicen los movimientos informáticos necesarios para tales efectos. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite los originales del juicio de amparo 190/2019, así como copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión 124/2021de su índice. Acúsese recibo y tómese conocimiento que el tribunal en comento resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, por los motivos expuestos en la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ******* por las razones y para los efectos precisados en la sentencia recurrida." Glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, toda vez que el citado cuaderno es copia fiel de las constancias que obran agregadas en el juicio en que se actúa.Del análisis del último considerando de la ejecutoria dictada por este Juzgador, se desprende que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos:"En razón de lo anterior y dado lo expuesto en párrafos que anteceden, es dable concluir que la resolución de dictamen y resolución administrativa de responsabilidad solidaria 115, de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, emitida por el Titular de la Delegación Norte del Distrito (Ciudad de México) Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social en contra del quejoso, resulta carente de derecho, puesto que la misma se emitió sin respetar el derecho de audiencia de la parte quejosa, por lo que resulta procedente conceder la protección constitucional solicitada respecto de dicha determinación, concesión de amparo que debe hacerse extensiva a todos los actos realizados con posterioridad, al derivar de algo carente de derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia con número de registro 252103, de rubro siguiente: "ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE."En razón de lo anterior, las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán dejar sin efectos [1] la resolución de dictámen y resolución administrativa de responsabilidad solidaria 115, de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho y [2] todo lo actuado con posterioridad a dicha resolución, consiste en: (i) la notificación por estrados que se le realizó respecto de dicha determinación, así como el procedimiento administrativo de ejecución que se llevó a cabo en su contra, el cual se comprende del mandamiento de ejecución de dos de enero de dos mil diecinueve, en contra de la parte quejosa, mediante el cual se determinó exigir el pago de los créditos fiscales identificados con los números ********, por los periodos de julio a diciembre de dos mil diez, respectivamente, determinados en contra de *********citatorio para llevar a cabo el procedimiento ejecutivo de ejecución de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve; (iv) el requerimiento de pago y embargo de veinticinco de enero de dos mil diecinueve; (v) la emisión del oficio ********, de uno de febrero de dos mil diecinueve, por el que se solicitó la inmovilización de las cuentas bancarias del quejoso y (vi) la ejecución de dicho oficio, que consistió en la inmovilización de las cuentas *********abiertas a nombre de la parte quejosa en las instituciones bancarias *********, respectivamente. De igual manera, se dejan a salvo las facultades discrecionales de la autoridad responsable para emitir de nueva cuenta una determinación de responsabilidad solidaria en contra del quejoso como socio de la empresa **********o bien, diversa persona, si así lo estima pertinente, sin que ello deba entenderse como un acto que debe realizar necesariamente al ser una facultad discrecional de la autoridad responsable, precisándose que para emitir dicha determinación, como se dijo, debe respetarse el derecho de audiencia del posible responsable solidario, esto es, debe hacerle de su conocimiento la determinación del crédito fiscal ya determinado y las causas o motivos por los cuales dicha persona es considerado posible responsable solidario a fin de que alegue lo que a su derecho e interés convenga, para posteriormente emitir dicha resolución de responsabilidad solidaria. Lo anterior, como se dijo, debe ocurrir de dicha manera a fin de que sea respetado el derecho de audiencia del posible responsable solidario, cumpliéndose así que sea con posterioridad a la emisión del crédito fiscal, por ser una excepción a la regla, y antes de la emisión de la determinación de responsabilidad solidaria, lo anterior, en términos de la ejecutoria citada.". En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a las siguientes autoridades Titular de la Delegación Norte del Distrito (Ciudad de México) Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, autoridad responsable para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita copia certificada de las constancias que lo acrediten. En el entendido de que: Las autoridades responsables y sus superiores jerárquicos deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad.Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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