DAVID ROJAS SANTIAGO y Otros.
Expediente 1480/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1480/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- DAVID ROJAS SANTIAGO y Otros.
- FRANCISCO LEÓN LÓPEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de enero de dos mil veintitrés. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Anotaciones carátula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LIST A LA PARTE QUEJOSA MESA IV A } San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Téngase por recibidas las copias certificadas del juicio de amparo 1415/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, promovido por ********************, -remitidas con motivo de la separación de autos ahí decretada-, por lo que con tales constancias, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1480/2022. Se convalidan las actuaciones realizadas por el Juez declinante. Acto reclamado y autoridad En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que los quejosos reclaman del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en todo lo actuado en el juicio agrario ********************. Desechamiento Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción: en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así consideraría probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás pares hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia e o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas: lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo derecho discutido Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dictan las determinaciones siguientes: En tales condiciones, con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por ********************, porque en relación con el acto reclamado al Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en todo lo actuado en el juicio agrario ******************** se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 del propio ordenamiento, dado que los promoventes carecen de legitimación procesal activa para acudir de manera individual a este juicio de protección de los derechos fundamentales en defensa del patrimonio del núcleo agrario denominado ********************. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de los arábigos 5, fracción I, 6 y 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Articulo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La victima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley [.]" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción del artículo 5° de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por si, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." De normativo transcrito en primer orden se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley de la materia. El quejoso es parte en el juicio de amparo y es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos por el normativo 1 de la ley invocada y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El último normativo señala que el juicio de amparo puede promoverse por persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción del ordinal 5 de la ley de la materia y que el quejoso podrá hacerlo por si, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Ahora, en el caso los justiciables impugnan del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, todo lo actuado en el juicio agrario ******************** porque sostienen que en ese asunto se suscribió un convenio con diversas personas y en dicho acuerdo de voluntades se excluyeron supuestas pequeñas propiedades que se encuentran inmersas en los bienes del núcleo agrario denominado ********************, lo cual implica que acuden a esta vía constitucional en defensa del patrimonio de esa comunidad agraria al aducir que tienen la calidad de comuneros Sin embargo, aun cuando se aceptara que los promoventes son comuneros del núcleo agrario denominado ********************, esa situación no los facultad para ejercer la acción de amparo por sí, porque en realidad tratan de defender el patrimonio de esa comunidad agraria y no un bien propio. En este punto, es necesario traer a contexto el contenido de los preceptos 32 y 33, fracción I, de la Ley Agraria, los cuales establecen lo siguiente: "Articulo 32. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un presidente, un secretario y un tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado, si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionaran conjuntamente." "Articulo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas." [.] De las normas transcritas se obtiene que el comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido; el comisariado ejidal está constituido por un presidente, un secretario y un tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes; es una facultad del comisariado ejidal representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Con base en lo anterior, si lo actuado en el juicio agrario ******************** del índice Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, causa alguna afectación a los bienes o al patrimonio del núcleo agrario denominado ********************, el único legitimado para ejercer la acción de amparo es el Comisariado de Bienes Comunales de dicha comunidad, porque ese órgano colegiado es quien ejerce la representación legal del núcleo de población conforme a lo estatuido por los normativos 32 y 33, fracción I, de la Ley Agraria. En el caso, los promoventes se ostentan como comuneros del núcleo agrario denominado ********************, pero no son integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de esa comunidad ni ejercen la representación legal de esta última, de ahí que carezcan de legitimación procesal activa para ejercer la acción constitucional por si en su calidad de comuneros en defensa del patrimonio del referido núcleo agrario al cual pertenecen; máxime que en la ley de la materia vigente no se prevé la figura de la representación sustituta y esa situación da pauta a sostener que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia examinada. En respaldo de lo anterior se cita la tesis 2a. LII/2020 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. CARECEN DE ELLA LOS COMUNEROS QUE ACUDEN AL JUICIO ANTE LA OMISIÓN DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Hechos: Diversas personas que se ostentaron comuneros de una comunidad indígena promovieron juicio de amparo en defensa de la comunidad ante la omisión del comisariado de bienes comunales de hacerlo, a pesar de que no fueron parte en la controversia en materia agraria entre comuneros y sus órganos de representación, y tampoco en el juicio agrario respectivo cuya sentencia reclaman. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención a que la Ley de Amparo vigente ya no establece la posibilidad de que los ejidatarios o comuneros promuevan juicio de amparo en lo individual cuando el comisariado no lo hace, ello implica que ya no existe la representación sustituta y, en esa medida, los promoventes del juicio, en su calidad de comuneros que acuden a él manifestando que lo hacen precisamente ante la omisión del comisariado de bienes comunales, carecen de legitimación. Justificación: En efecto, de un análisis de lo dispuesto en los artículos 5° fracción I. 6° y 10 de la Ley de Amparo vigente, con relación a los diversos 27, fracción VII, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 99 de la Ley Agraria, estos últimos que reconocen al comisariado de bienes comunales como el órgano de representación de la asamblea de comuneros, se advierte la intención del legislador de acotar la legitimación/para promover el juicio de amparo eliminando la figura de la representación sustituta prevista en la Ley de Amparo abrogada. Con base en ello, los comuneros que no tuvieron intervención en el juicio agrario cuya sentencia constituye el acto reclamado y la impugnan por considerar que en ella fueron violadas las leyes del procedimiento argumentando que se afectan las defensas de la comunidad trascendiendo al resultado del fallo, al acudir en lo individual ante la omisión del comisariado de bienes comunales a promover el juicio de amparo, no obstante que no fueron parte demandada en ese asunto carecen de legitimación y, por esa razón, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 del propio ordenamiento, este órgano jurisdiccional desecha de plano la demanda de amparo presentada por ******************** en contra del acto reclamado al Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en todo lo actuado en el juicio agrario ********************, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos, excepto, cuando en el informe justificado se exhiba información clasificada como reservada o confidencial, lo que de ser el caso, se proveerá en el momento procesal oportuno. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizados para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, porque se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y en cuanto a las restantes personas, únicamente se les tiene por autorizadas para recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente el promovente, y tratarse el presente asunto de naturaleza agraria. Representante común. Por otro lado, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a ********************. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA IV A } San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Téngase por recibidas las copias certificadas del juicio de amparo 1415/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, promovido por ********************, -remitidas con motivo de la separación de autos ahí decretada-, por lo que con tales constancias, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1480/2022. Se convalidan las actuaciones realizadas por el Juez declinante. Acto reclamado y autoridad En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que los quejosos reclaman del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en todo lo actuado en el juicio agrario ********************. Desechamiento Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción: en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así consideraría probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás pares hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia e o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas: lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo derecho discutido Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dictan las determinaciones siguientes: En tales condiciones, con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por ********************, porque en relación con el acto reclamado al Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en todo lo actuado en el juicio agrario ******************** se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 del propio ordenamiento, dado que los promoventes carecen de legitimación procesal activa para acudir de manera individual a este juicio de protección de los derechos fundamentales en defensa del patrimonio del núcleo agrario denominado ********************. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de los arábigos 5, fracción I, 6 y 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Articulo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La victima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley [.]" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción del artículo 5° de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por si, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." De normativo transcrito en primer orden se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley de la materia. El quejoso es parte en el juicio de amparo y es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos por el normativo 1 de la ley invocada y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El último normativo señala que el juicio de amparo puede promoverse por persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción del ordinal 5 de la ley de la materia y que el quejoso podrá hacerlo por si, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Ahora, en el caso los justiciables impugnan del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, todo lo actuado en el juicio agrario ******************** porque sostienen que en ese asunto se suscribió un convenio con diversas personas y en dicho acuerdo de voluntades se excluyeron supuestas pequeñas propiedades que se encuentran inmersas en los bienes del núcleo agrario denominado ********************, lo cual implica que acuden a esta vía constitucional en defensa del patrimonio de esa comunidad agraria al aducir que tienen la calidad de comuneros Sin embargo, aun cuando se aceptara que los promoventes son comuneros del núcleo agrario denominado ********************, esa situación no los facultad para ejercer la acción de amparo por sí, porque en realidad tratan de defender el patrimonio de esa comunidad agraria y no un bien propio. En este punto, es necesario traer a contexto el contenido de los preceptos 32 y 33, fracción I, de la Ley Agraria, los cuales establecen lo siguiente: "Articulo 32. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un presidente, un secretario y un tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado, si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionaran conjuntamente." "Articulo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas." [.] De las normas transcritas se obtiene que el comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido; el comisariado ejidal está constituido por un presidente, un secretario y un tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes; es una facultad del comisariado ejidal representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Con base en lo anterior, si lo actuado en el juicio agrario ******************** del índice Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, causa alguna afectación a los bienes o al patrimonio del núcleo agrario denominado ********************, el único legitimado para ejercer la acción de amparo es el Comisariado de Bienes Comunales de dicha comunidad, porque ese órgano colegiado es quien ejerce la representación legal del núcleo de población conforme a lo estatuido por los normativos 32 y 33, fracción I, de la Ley Agraria. En el caso, los promoventes se ostentan como comuneros del núcleo agrario denominado ********************, pero no son integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de esa comunidad ni ejercen la representación legal de esta última, de ahí que carezcan de legitimación procesal activa para ejercer la acción constitucional por si en su calidad de comuneros en defensa del patrimonio del referido núcleo agrario al cual pertenecen; máxime que en la ley de la materia vigente no se prevé la figura de la representación sustituta y esa situación da pauta a sostener que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia examinada. En respaldo de lo anterior se cita la tesis 2a. LII/2020 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. CARECEN DE ELLA LOS COMUNEROS QUE ACUDEN AL JUICIO ANTE LA OMISIÓN DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Hechos: Diversas personas que se ostentaron comuneros de una comunidad indígena promovieron juicio de amparo en defensa de la comunidad ante la omisión del comisariado de bienes comunales de hacerlo, a pesar de que no fueron parte en la controversia en materia agraria entre comuneros y sus órganos de representación, y tampoco en el juicio agrario respectivo cuya sentencia reclaman. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención a que la Ley de Amparo vigente ya no establece la posibilidad de que los ejidatarios o comuneros promuevan juicio de amparo en lo individual cuando el comisariado no lo hace, ello implica que ya no existe la representación sustituta y, en esa medida, los promoventes del juicio, en su calidad de comuneros que acuden a él manifestando que lo hacen precisamente ante la omisión del comisariado de bienes comunales, carecen de legitimación. Justificación: En efecto, de un análisis de lo dispuesto en los artículos 5° fracción I. 6° y 10 de la Ley de Amparo vigente, con relación a los diversos 27, fracción VII, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 99 de la Ley Agraria, estos últimos que reconocen al comisariado de bienes comunales como el órgano de representación de la asamblea de comuneros, se advierte la intención del legislador de acotar la legitimación/para promover el juicio de amparo eliminando la figura de la representación sustituta prevista en la Ley de Amparo abrogada. Con base en ello, los comuneros que no tuvieron intervención en el juicio agrario cuya sentencia constituye el acto reclamado y la impugnan por considerar que en ella fueron violadas las leyes del procedimiento argumentando que se afectan las defensas de la comunidad trascendiendo al resultado del fallo, al acudir en lo individual ante la omisión del comisariado de bienes comunales a promover el juicio de amparo, no obstante que no fueron parte demandada en ese asunto carecen de legitimación y, por esa razón, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 del propio ordenamiento, este órgano jurisdiccional desecha de plano la demanda de amparo presentada por ******************** en contra del acto reclamado al Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en todo lo actuado en el juicio agrario ********************, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos, excepto, cuando en el informe justificado se exhiba información clasificada como reservada o confidencial, lo que de ser el caso, se proveerá en el momento procesal oportuno. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizados para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, porque se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y en cuanto a las restantes personas, únicamente se les tiene por autorizadas para recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente el promovente, y tratarse el presente asunto de naturaleza agraria. Representante común. Por otro lado, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a ********************. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
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