David Rodríguez Luna
Expediente 584/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 584/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- David Rodríguez Luna
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto dictado el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por ***************, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, se advierte que obran el sumario diversos documentos allegados por la parte quejosa, por lo que en virtud de lo aquí proveído, se dejan a disposición de la misma.
- Principal
Visto el estado de autos, así como de la certificación que antecede se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días concedido al quejoso ****************, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que hubiera hecho manifestación alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, y se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones por medio de lista, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, devuelve diligenciado el exhorto 246/2016 de la estadística de este juzgado, que se giró a efecto de notificar a la parte quejosa el proveído dictado el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, dentro de los autos de mérito. Acúsese el recibo de estilo correspondiente y dese de bajo la comunicación oficial. Ahora, del análisis que se efectúa a las constancias atingentes, se advierte que la notificación encomendada se realizó el once de julio de dos mil dieciséis, por tanto, téngase dicha data como fecha de conocimiento del proveído de referencia. Lo anterior, sin perjuicio de la diligencia levantada el doce de los corrientes, toda vez que las documentales que se reciben cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Finalmente, estese a la espera de que la parte quejosa designe domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, dentro del plazo concedido para tal efecto o bien transcurra el mismo a fin de proveer lo conducente.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por **********, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato y otras autoridades; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 584/2016 e intégrese el expediente electrónico respectivo. Ahora bien, el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del análisis integral de la demanda y anexo se advierte que el quejoso impugna la resolución dictada el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, por el Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, dentro del expediente SEDE-14/14-BIS, en la cual se le tiene precluído su derecho a ofrecer pruebas, dando vista a las partes y citando para la audiencia final. En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, mismos que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De lo anterior, se desprende que los actos dictados durante un procedimiento seguido en forma de juicio, como en el reclamado, sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Actos de imposible reparación que han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal -y en el marco constitucional actual también los reconocidos en los tratados internacionales en que México sea parte, como lo prevé la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la vigente la Ley de Amparo-. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página treinta y nueve, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Asimismo, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), del Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página mil novecientos dos, en la que se establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." En esa tesitura, la determinación reclamada que constituye un acto que no deja sin defensa al quejoso, pues no agota recursos administrativos para impugnarlo; asimismo, si bien puede trascender al resultado de la resolución, no puede combatirse, de conformidad con el artículos 107, fracción III, inciso a), de la Ley Reglamentaria, a través del juicio de amparo en la vía indirecta, ya que no es el momento oportuno para impugnar la citada resolución. Así, puesto que la resolución dictada en el expediente SEDE-14/14-BIS, de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, en que el Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, tiene precluído el derecho del quejoso a ofrecer pruebas, da vista a las partes para que se impongan de su contenido y cita a audiencia final; se considera que tal acto procesal no puede combatirse de acuerdo al artículo 107, fracción III, inciso a), ya que no queda sin defensa el quejoso y no se tiene certeza de que el mencionado acto procesal trascienda al resultado de la resolución, sino hasta que la misma sea emitida y cause agravio al quejoso, pues cualquier violación que se hubiera cometido con la determinación reclamada puede disiparse eventualmente en la resolución definitiva que se emita siempre que resulte favorable a los intereses de la parte quejosa, o en caso contrario, en el juicio de amparo directo que en su contra se haga valer. En efecto, no hay una afectación objetiva nacida de la etapa procesal, pues la trascendencia especifica de la imposible reparación depende de que no se asegure el desarrollo del proceso con las debidas formalidades y garantías, lo cual no ocurre en este caso. Consecuentemente, al reclamarse en el particular actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la III, del inciso a), del numeral 107, ambos de la vigente la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Para la determinación anterior no se soslaya que la parte quejosa, en su escrito de demanda refiera que no ha tenido oportunidad de ofrecer pruebas, que se ha vulnerado su derecho de defensa y que además impugna todas y cada una de las actuaciones desplegadas dentro del procedimiento administrativo de origen, pues de las propias documentales por él ofertadas, así como de los antecedentes que esgrime bajo protesta decir verdad, se desprende que se impuso dentro de los autos de origen, teniendo participación dentro de los mismos. Aseveración que además cobra sustento con los autos del juicio de amparo indirecto 479/2016 de la estadística de este Juzgado, promovido también por el aquí quejoso, en el que se señaló como acto reclamado la resolución dictada el tres de marzo de dos mil dieciséis, por el Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, dentro del expediente SEDE-14/14-BIS, en el cual se le tiene compareciendo al procedimiento de expropiación, señalando domicilio y autorizados; asimismo, se apertura el periodo probatorio, dando cinco días hábiles para tal efecto. Es preciso señalar que lo asentado en los párrafos anteriores, constituye un hecho notorio para este juzgador, por tratarse de un asunto radicado en este tribunal, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles Resulta aplicable al caso la jurisprudencia número XXII. J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es como sigue: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento.". En tal virtud, el quejoso no puede aducir un desconocimiento o una falta de intervención dentro del procedimiento de expropiación de origen, pues tal y como se estableció, al momento de impugnar el mismo patenta su comparecencia y participación dentro de éste. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Tomando en consideración que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle San Antonio, número 32, Colonia Puentecillas de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno de esa ciudad, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique a la parte quejosa el presente proveído y además la requiera para que señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibiéndola que de no hacerlo, las ulteriores, aún las de carácter personal se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito. Asimismo, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Oscar Iván Infante Díaz de León, toda vez que cuenta con registro de su cédula profesional en el sistema correspondiente que se lleva dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y respecto a ********** y **********, en términos restringidos del numeral aludido por no contar con dicho registro.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- David Rivera Pacheco664/2015
- David Rodríguez Belman609/2019
- David Rodriguez Gomez673/2019
- David Rodríguez Luna502/2016
- David Rodríguez Luna829/2016
- David Rodríguez Luna479/2016
- David Rojo Cruz326/2015
- David Rojo Cruz778/2015
- David Rojo Cruz35/2015
- David Saavedra Medina939/2023
- David Salinas Venegas1020/2017
- David Sebastián Blanco Lerma (Apoderado Legal)1127/2022