David Rodrígues Parra
Expediente 308/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/06/2021
Partes del expediente
- David Rodrígues Parra
- Juez del Juzgado 1 de lo Penal del Poder Judicial, Tijuana, Baja California
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, uno de junio de dos mil veintiuno.Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por el promovente recurso de queja, en contra del proveído de cuatro de mayo de dos mil veintiuno; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo general, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda intentada, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el cuatro de junio de dos mil veintiséis. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico que corresponda, el cuatro de junio de dos mil veinticuatro. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve David Rodríguez Parra, de propio derecho, contra actos del Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y de otra autoridad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17, 18, 20 y 21 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 308/2021-D. Se desecha demanda de amparo Es preciso apuntar, que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama medularmente el traslado realizado en su contra el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, del Centro de Reinserción Social Tijuana, al diverso centro penitenciario El Hongo II, con sede en Tecate, Baja California. Acto contra el cual procede medio ordinario de defensa, por lo que se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior [.]." Así, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previo a su promoción, agotar los recursos ordinarios de defensa que se encuentren previstos en la ley. En la especie, se estima que tal motivo de improcedencia se encuentra actualizado, pues el impetrante reclama a través del juicio de amparo el traslado realizado en su contra el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, pero fue omiso en instar el mecanismo de control denominado "controversia judicial" previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que sea el juez de control o de ejecución de sentencia quien resuelva respecto de la posible afectación de alguno de sus derechos fundamentales, lo cual constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz a través del cual una persona privada de su libertad, puede reclamar cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Máxime, que la "controversia judicial" es un medio de defensa legal que prevé la posibilidad de que el juez de control o de ejecución, ordene la suspensión inmediata de la orden de traslado presumiblemente emitida por autoridad administrativa, sin la autorización judicial previa, la cual no exige mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para tal efecto, incluso la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de la dicha medida cautelar. En tal tenor, al haber promovido la acción constitucional respecto de cuestiones inherentes a condiciones de internamiento -traslado efectuado el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve-, sin agotar previamente el citado mecanismo de control, se acredita la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Al respecto, se observa la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 448/2019, aprobada en sesión de veinticuatro de marzo del año en curso, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -pendiente de publicación-, en la que establece que: "CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, DEBE PROMOVERSE EL RECURSO PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL ANTES DE INTERPONER JUICIO DE AMPARO." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal invocado, se desecha de plano la demanda promovida por David Rodríguez Parra. Notificaciones Con motivo de que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo II", con sede en Tecate, Baja California, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción que las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto se realicen personalmente al impetrante en dicho centro penitenciario. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
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