David Robles Perez

Expediente 142/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
142/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
18/07/2023

Partes del expediente

  • David Robles Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que con fecha cinco de julio de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo definitivo de este juicio de amparo y atento a lo dispuesto en el artículo 9 del entonces Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se decidió como destino final de este expediente como DESTRUIBLE. Asimismo, que en proveído inicial de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, SE DECRETÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO respecto de los actos consistentes en tortura, incomunicación, aislamiento, malos tratos, y la negativa de proporcionar servicio médico, medicinas y alimentación adecuada reclamados por la parte quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que en el presente asunto se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, este expediente es DEPURABLE. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control respectivos y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad del Actuario de realizar la notificación personal a la parte quejosa de la sentencia pronunciada en este juicio, en virtud de que fue informado por el abogado penitenciario del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán, Oaxaca, que el quejoso********************fue puesto en libertad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer dicha notificación y las subsecuentes que sean de carácter personal por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto la parte promovente señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. INSERCIÓN: "... R E S U L T A N D O: (.) C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, ... SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. La Secretaria de Gobernación, por conducto de la Directora General de Procedimientos Constitucionales, la encargada del despacho de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social y Coordinador General de Centros Federales, así como la encargada de la Dirección General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales en suplencia y por ausencia del titular de la Unidad General de Asuntos jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en sus informes relacionados con el acatamiento a la suspensión de plano decretada en auto inicial, negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados. Lo mismo hizo en su informe justificado el Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS, con sede en Miahuatlán, Oaxaca, respecto de dichos actos que implican actos de tortura, incomunicación, aislamiento y malos tratos. Sin que, contra dichas afirmaciones negativas exista prueba en contrario, menos aún, sospecha o evidencia razonable que incida en el ánimo de quien resuelve, para considerar que los actos son ciertos, pues de la razón asentada por la Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán, Oaxaca, quien actuó en auxilio de este órgano jurisdiccional, se advierte que dicha funcionaria certificó que no observó que el quejoso presentara lesión alguna visible, en la fecha de la diligencia que fue el tres de marzo del año en curso. De manera que bajo esa óptica se hubiera determinado el estudio de los conceptos de violación y, en su caso, la investigación de esos actos. Pero, como no hay -se insiste- esa evidencia razonable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, por inexistencia de los actos reclamados que implican tortura, incomunicación, aislamiento y malos tratos, lo procedente es sobreseer en el juicio. (...) TERCERO.- El Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS, con sede en Miahuatlán de Porfirio Diaz, Oaxaca, negó la existencia de los actos consistentes en la omisión de proporcionar atención médica al peticionario, como suministra medicamentos y proporcionar una dieta alimentaria. Sin embargo, sobre estos puntos, dicha autoridad no aportó pruebas que contribuyan a robustecer la inexistencia de los actos de que se trata en este apartado, al momento de la presentación de la demanda de amparo, en cuya razón, los actos relacionados con la atención médica y suministro alimentario, se tienen por ciertos. CUARTO. Causales de improcedencia. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. improcedente: El juicio de amparo es [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". [.]." Bajo esa premisa legal, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio o recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; con la condicionante de que para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Además, no existe obligación de agotar el medio de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. En el caso, como ya se precisó, el quejoso reclama la omisión de las responsables en proporcionarles atención médica para la atención de sus padecimientos, la falta de suministro de dieta y medicamentos. Esto es, el acto reclamado constituye una omisión inherente a las condiciones de internamiento de los quejosos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece y, por tanto, el acto omisivo recae en las autoridades penitenciarias, al estar dentro de sus atribuciones la administración de esos centros de reclusión, así como el ejecutar la restricción de la libertad impuesta al quejoso. Al respecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un mecanismo de control que otorga la posibilidad de formular peticiones administrativas y que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez de Ejecución respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. En efecto, los artículos 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal disponen: Artículo 30. Condiciones de internamiento Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas. Artículo 34. Atención médica La Autoridad Penitenciaria en coordinación con la Secretaría de Salud Federal o sus homólogas en las entidades federativas y de acuerdo con el régimen interior y las condiciones de seguridad del Centro deberán brindar la atención médica en los términos de la Ley General de Salud. La Autoridad Penitenciaria deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la atención médica de urgencia en los casos en que las personas privadas de la libertad o las hijas e hijos que se encuentren bajo la custodia de las madres en reclusión la requieran. Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, podrán ser trasladados a instituciones públicas del sector salud para su atención médica, observándose las medidas de seguridad que se requieran. La Autoridad Penitenciaria, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud competentes, garantizarán la permanente disponibilidad de medicamentos que correspondan al cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica, y establecerán los procedimientos necesarios para proporcionar oportunamente los servicios e insumos requeridos para otros niveles de atención. Es obligación del personal que preste servicios médicos en los Centros Penitenciarios guardar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso con motivo de los mismos. La Autoridad Penitenciaria sólo podrá conocer dicha información por razones de salud pública. La información clínica no formará parte del expediente de ejecución. Los exámenes para detectar si las personas privadas de la libertad cuentan con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o son portadores del virus de inmunodeficiencia humana sólo podrán aplicarse con su consentimiento. Las intervenciones psicológicas, psiquiátricas o médicas contarán con el consentimiento informado de la persona privada de la libertad, con excepción de los casos en los que, por requerimiento de autoridad judicial, se examine la calidad de inimputable o de incapaz de una persona privada de la libertad. Los servicios de atención psicológica o psiquiátrica se prestarán por personal certificado del Centro, o en su defecto, personal externo a los Centros Penitenciarios que dependa del Sistema Nacional de Salud. Artículo 74. Derecho a la salud La salud es un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y será uno de los servicios fundamentales en el sistema penitenciario y tiene el propósito de garantizar la integridad física y psicológica de las personas privadas de su libertad, como medio para proteger, promover y restaurar su salud. (.) . En cada uno de los Centros Penitenciarios existirá como mínimo atención de primer nivel en todo momento, procurada cuando menos por un médico responsable de cuidar la salud física y mental de las personas internas y vigilar las condiciones de higiene y salubridad. Asimismo, habrá por lo menos un auxiliar técnico-sanitario y un odontólogo. (.) Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. (.) Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido. Artículo 131. Apelación (.) El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste. Artículo 134. Emplazamiento y remisión Interpuesto el recurso, el Juez de Ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y en su caso, ejerciten su derecho de adhesión. Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las actuaciones al tribunal de alzada que corresponda. Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones. Los numerales transcritos regulan el mecanismo de protección denominado "petición administrativa", mediante el cual las personas privadas de la libertad, y aquellas legitimadas en esa ley, pueden realizarlas a su favor, para impugnar hechos, actos u omisiones que tengan relación con las condiciones de internamiento, con la finalidad de que la autoridad penitenciaria, dentro de las veinticuatro horas, y una vez allegada de la información necesaria, declare la existencia de alguna afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a derechos de terceras personas y, si fuera el caso, la subsanación de ésta. Incluso, la normativa prevé que para el caso de que la petición administrativa sea resuelta en sentido contrario a los intereses del promovente, éste puede formular controversia ante el juez de ejecución (o de control en caso de las personas sujetas a prisión preventiva), dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Es así, pues la persona legitimada podrá acudir directamente ante el juez de ejecución (o de control) para plantear su petición, quien decretará de oficio y de inmediato la suspensión del hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva; o bien, tratándose de omisiones, como en el caso, ese juzgador determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria, es decir, puede resolver precautoriamente con efectos de restitución. De ahí que puede afirmarse que la petición administrativa es un medio de defensa que cumple con las características requeridas por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues es claro que en casos como el que ahora pretende impugnar el quejoso colma los lineamientos que en materia de amparo son propios de la suspensión, dado que tiene el alcance de suspender el acto o la omisión reclamada a la autoridad penitenciaria de manera oficiosa hasta en tanto se resuelva el asunto en definitiva. Además, la medida suspensional no exige requisito alguno a cargo de la persona privada de su libertad, más que el hecho de realizar la petición ante el juez correspondiente; y el plazo establecido para decretarla es inmediato, esto es, tan pronto se le haga llegar a la autoridad judicial ésta deberá resolver. Así, la petición administrativa constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual el interno puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Además, ese mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente o la petición administrativa por caso urgente. De ahí que, previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso tiene la obligación de agotar el procedimiento administrativo contra la omisión reclamada, ante la autoridad penitenciaria, director del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca", pues con ese medio ordinario de defensa podría obtener resolución favorable a sus intereses. (.) Sin que se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, para acudir directamente al juicio de amparo, ya que no existe un acto carente de fundamentación y motivación pues se reclamó una omisión; tampoco se alegan violaciones directas a la Constitución, ni se aprecia que la abstención reclamada produzca una violación directa a la Carta Magna, contrariamente, el incumplimiento de los deberes de darle atención médica por parte de la autoridad carcelaria originaría una violación a la norma secundaria de manera directa y a la Constitución Federal en forma indirecta; en tanto que el recurso se encuentra previsto en la ley aplicable que contempla su existencia. (.) Ante ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer el juicio de amparo. CUARTO. Publicación de la sentencia. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por ...contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la Directora de Área en la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos en ausencia del Titular de dicha Unidad, dependiente del Órgano Administrativo Prevención y Readaptación Social, con sede en la ciudad de México; lo anterior, toda vez que el diecinueve abril del año en curso, se dictó la correspondiente resolución respecto de los actos reclamados a las citada autoridad responsable. CÚMPLASE.

  4. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos únicamente para que obren como corresponda los informes justificados que rinden la Encargada de la Dirección General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales en suplencia y por ausencia del Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la ciudad de México; y, el Director Administrativo en ausencia del encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXCA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; lo anterior, toda vez que el diecinueve abril del año en curso, se dictó la correspondiente resolución respecto de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. No obstante lo anterior, con apoyo en los artículos 9 y 28 de la ley de la materia, se tiene a la segunda de dichas autoridades responsables, designando como delegados de su parte a las personas que cita, y señalando el domicilio de su oficina principal el que indican; así también, no obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza para utilizar cámara fotográfica, teléfono celular o scanner, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que haga de ellos la citada responsable, quien estará obligada a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. En el entendido que deberá dejarse constancia en el expediente de los documentos reproducidos. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2021 del mismo pleno, se le tiene señalando el número telefónico y correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones respectivas, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. NOTIFÍQUESE.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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