David Robles Hernández

Expediente 1980/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 1 actuación registrada, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1980/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • David Robles Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve David Robles Hernández contra actos del Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, ambos en el Estado de Hidalgo; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 1980/2023-1-B. Estudio de la demanda. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a lo anterior, se impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis conducente. Al respecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que el juzgador, al analizar la demanda de amparo, deberá interpretar el escrito en su integridad en un sentido amplio y no restringido, para determinar con exactitud la intención del promovente y los actos reclamados por éste, se advierte que la parte quejosa comparece a instar el presente juicio de amparo señalando como acto reclamados el siguiente: La resolución de trece de octubre de dos mil veintitrés dictada en el toca civil número 376/2023-II del índice de la Segunda Sala Civil y Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, interpuesto contra la interlocutoria de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés que resolvió el recurso de nulidad de actuaciones hecho valer contra la audiencia mediante la cual se desahogó una prueba testimonial. Este juzgador considera que en el caso se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, cuyos preceptos disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos legales reproducidos se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como aquellos que deben afectar materialmente derechos sustantivos. En relación a lo anterior, es menester precisar que actualmente el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios orientadores a la luz de la Ley de Amparo para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación. Ciertamente, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, que dio origen a la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013), el Alto Tribunal sostuvo que los actos dictados en juicio, para ser calificados de irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Criterio que reiteró el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 14/2015, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 1/2016, de rubro "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". También estableció que, de la interpretación del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se deducen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: 1. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, 2. La segunda, que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ante ese panorama normativo, es evidente que en el presente asunto no se actualizan las condiciones establecidas por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para considerar que nos encontramos ante un acto de imposible reparación, pues no se advierte que con su emisión se afecten materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, al grado que se le impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. En vía de orientación, se invoca la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. Sobre los actos de ejecución de imposible reparación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer como tales en el recurso que promueva o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. En ese orden de ideas, este juzgador considera que el acto reclamado precisado en el inciso b) no afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que sólo tiene efectos intraprocesales. En efecto, la promovente reclama la resolución de trece de octubre de dos mil veintitrés dictada en el toca civil número 376/2023-II del índice de la Segunda Sala Civil y Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, interpuesto contra la interlocutoria de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés que resolvió el recurso de nulidad de actuaciones hecho valer contra la audiencia mediante la cual se desahogó una prueba testimonial. Es decir, dicho acto no incide en la esfera jurídica de la parte quejosa a tal grado de impedir al impetrante el ejercicio de algún derecho fundamental, pues únicamente tiene como finalidad que el juicio natural continúe su sustanciación, y en su momento se pronunciará al respecto en la sentencia que dicte. En ese sentido, tales actos reclamados, no son de aquellos que se consideran de imposible reparación, ya que no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la parte justiciable, pues versa sobre un derecho adjetivo o procesal. Lo anterior en razón de que, como se explicó, para ser calificado como irreparable, es necesario que dicho acto produzca una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, por haberse consumado la violación al derecho fundamental de que se trate, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá al resultado del fallo, al ser esa afectación susceptible de repararse; además, de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetiva. Por todo ello, como se precisó con antelación, es inconcuso que los actos que aquí se reclaman, por su especial naturaleza y por las consecuencias que provoca, incide sobre aspectos de pruebas en el juicio, por lo que únicamente afectan, en su caso, derechos procesales o adjetivos, pues no se sabe si las determinaciones procesales trasciendan al resultado del fallo o no, y, más aún si se emitiere un fallo adverso, la parte peticionaria de la Justicia Federal está en posibilidad de impugnar la sentencia definitiva a través del amparo directo, en el que podrá plantear la posible violación procesal que refiere en la demanda de amparo que nos ocupa, en términos de las aludidas fracciones XI y XII del artículo 172 de la Ley de la materia. Lo anterior, puede inconformarse con dicho fallo a través de los medios de impugnación que la ley otorga, ya que las consecuencias que producen no son de imposible reparación, pues no ocasionan una afectación material a un derecho sustantivo en forma presente. Bajo este contexto, es razonable considerar que si bien los actos aquí reclamados pudieran afectar derechos, éstos son únicamente de naturaleza adjetiva o procesal, es decir, tal afectación no se configura materialmente, dado que con ello no se le impide a la parte quejosa el libre ejercicio de algún derecho sustantivo en forma presente, ni menos aún se le priva de alguno de ellos -como la vida, libertad, propiedades o posesiones-, sino que dicha afectación dependerá de que llegue o no a trascender en el juicio en el que es parte, y que en su caso podrá combatirla a través del amparo directo de conformidad con el artículo 172 de la ley de la materia. Circunstancia que desde luego es suficiente para considerar que en el caso deviene improcedente el juicio de amparo intentado, al no surtirse las condiciones que enmarca el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia para su procedencia, a saber, que los actos reclamados afecten materialmente derechos sustantivos de la accionante de amparo. Por tanto, aun cuando el promovente del amparo considere contrario a derecho el acto impugnado, éste no tiene el carácter de irreparable, pues como se precisó, puede recaer una sentencia benéfica a sus intereses; de ahí que, en términos de lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, al no afectar de manera actual, real e inmediata algún derecho fundamental, no es susceptible de analizarse en la vía de amparo indirecto, al afectar sólo derechos adjetivos, los cuales, en todo caso, se insiste, de llegar a producir alguna violación, la misma reviste el carácter de meramente intraprocesal. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia de la Octava Época, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Tesis: 61, consultable en el Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 39, del rubro y texto siguiente: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto. Desechamiento de la demanda. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de derechos que nos ocupa, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento invocado. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Domicilio. Se tiene como tal el señalado en el escrito de demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Autorizados. De conformidad con el artículo 12 de la ley de amparo se tiene por autorizado en términos amplios a José Ignacio Pacheco Rodríguez e Ignacio Domínguez Romero, toda vez que se encontró registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito a fin de que notifique el presente proveído y los subsecuentes en días y horas inhábiles. Autorización de medios electrónicos. En otro orden de ideas, con fundamento en la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a la parte quejosa así como a sus autorizados para que se impongan del contenido de los acuerdos, mediante el uso de aparatos electrónicos. Expediente electrónico. En cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a la secretaria encargada de la mesa de trámite, a los oficiales judiciales correspondientes, demás encargados de la digitalización de constancias, y a los actuarios judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Por otra parte, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico y número telefónico. De conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se le tiene por señalado el correo electrónico que señala la parte quejosa, asimismo, se le requiere a las partes para que los proporcione para que se entablen comunicaciones no procesales...M-I

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