David Rizo Utrilla y Otros.
Expediente 571/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/05/2019
Partes del expediente
- David Rizo Utrilla y Otros.
- David Rizo Utrilla
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Magistrado Titular de la Ponencia "D" de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. 2. Magistrado Titular de la Ponencia "B" de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. 3. Magistrado Titular de la Ponencia "F" de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 571/2019-1-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "ACTO RECLAMADO: Reclamo de los CC. Magistrados Titulares de la Ponencia "D"; "B" y "F" de la Segunda Sala del H. Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, ya que el dia 14 catorce de Febrero del año 2019 dos mil diecinueve, presente promoción EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NUMERO *** solicitando SE DECLARARA FIRME EL LAUDO DE FECHA 18 DIECIOCHO DE JUNIO DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO Y SE REQUIRIERA POR PRIMERA VEZ A LA TERCERO PERJUDICADA EL PAGO DEL NUMERARIO AL QUE FUE CONDENADO, DEBIENDOSE PARA EL EFECTO ENVIAR EXHORTO AL C. JUEZ COMPETENTE DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, CHIAPAS, sin que a la presente fecha se haya acordado mi promoción en comento en los términos solicitados, por lo que se están vulnerando mis Garantías Individuales de una pronta impartición de justicia, es la razón por la que solicito el Amparo y Protección de la Justicia Federal". En ese sentido, a juicio de esta juzgadora se advierte que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, 6 y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo . Conforme al artículo 61, fracción XXIII, del ordenamiento legal en cita, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho normativo no establece una causa específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar su improcedencia de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Al respecto, es aplicable la tesis 2a. XCI/2015 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO". Correlativo a lo anterior, el artículo 6, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5, fracción I, de la ley de la materia. Luego, el artículo 5, fracción I, párrafo primero, de la ley del ordenamiento legal en cita, prevé que tiene carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1, de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De los numerales invocados, se colige que la existencia de un agravio personal y directo en la esfera jurídica del particular, es uno de los requisitos esenciales a efecto de que proceda el juicio de amparo, y como éste tiene por objeto proteger a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo que afecte de manera directa la esfera jurídica del gobernado. ***
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Magistrado Titular de la Ponencia "D" de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. 2. Magistrado Titular de la Ponencia "B" de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. 3. Magistrado Titular de la Ponencia "F" de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 571/2019-1-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "ACTO RECLAMADO: Reclamo de los CC. Magistrados Titulares de la Ponencia "D"; "B" y "F" de la Segunda Sala del H. Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, ya que el dia 14 catorce de Febrero del año 2019 dos mil diecinueve, presente promoción EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NUMERO 568/D/2015 solicitando SE DECLARARA FIRME EL LAUDO DE FECHA 18 DIECIOCHO DE JUNIO DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO Y SE REQUIRIERA POR PRIMERA VEZ A LA TERCERO PERJUDICADA EL PAGO DEL NUMERARIO AL QUE FUE CONDENADO, DEBIENDOSE PARA EL EFECTO ENVIAR EXHORTO AL C. JUEZ COMPETENTE DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, CHIAPAS, sin que a la presente fecha se haya acordado mi promoción en comento en los términos solicitados, por lo que se están vulnerando mis Garantías Individuales de una pronta impartición de justicia, es la razón por la que solicito el Amparo y Protección de la Justicia Federal". En ese sentido, a juicio de esta juzgadora se advierte que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, 6 y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo . Conforme al artículo 61, fracción XXIII, del ordenamiento legal en cita, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho normativo no establece una causa específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar su improcedencia de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Al respecto, es aplicable la tesis 2a. XCI/2015 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO". Correlativo a lo anterior, el artículo 6, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5, fracción I, de la ley de la materia. Luego, el artículo 5, fracción I, párrafo primero, de la ley del ordenamiento legal en cita, prevé que tiene carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1, de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De los numerales invocados, se colige que la existencia de un agravio personal y directo en la esfera jurídica del particular, es uno de los requisitos esenciales a efecto de que proceda el juicio de amparo, y como éste tiene por objeto proteger a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo que afecte de manera directa la esfera jurídica del gobernado. En efecto, del artículo 6, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, se advierte que sólo a quien perjudique la norma general o el acto reclamado de forma directa y personal, es quien se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo. En ese sentido, es importante precisar que por "agravio" debe entenderse todo menoscabo, o toda ofensa que se infrinja a la persona física o moral, ya sea de naturaleza patrimonial o no, siempre que sea apreciable objetivamente. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Aunado a lo anterior, dicho agravio debe recaer en una persona determinada, no ser abstracto, y ser de realización ya sea pasada, presente o inminente y no simplemente eventual, aleatorio o hipotético; es decir, es menester que se haya producido, se esté efectuando en el momento de la promoción del juicio de amparo, o bien, que sea de carácter inminente. Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 , emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por título "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS". En el caso particular, el promovente de amparo señala como acto reclamado la dilación procesal en la que ha incurrido la autoridad responsable, al no proveer el escrito presentado el catorce de febrero de dos mil diecinueve, por el que solicitó se declarara firme el laudo dictado en el juicio laboral 568/D/2015, y requiriera su cumplimiento. Sin embargo, contrario a lo manifestado por el promovente, debe decirse que de ninguna manera puede concluirse por el momento, que la dilación reclamada, le ocasione un perjuicio en su esfera jurídica, ni que tampoco que le produzca una afectación material a sus derechos sustantivos, aun cuando se aleguen violaciones al derecho de impartición de justicia pronta, completa e imparcial, ya que no constituyen una "omisión" autónoma al procedimiento de ejecución, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de prosecución; resultando improcedente el juicio de amparo en su contra. En efecto, para poder considerar que existe una abierta dilación de la autoridad responsable, es preciso establecer como se deben computar los plazos según la ley que norma el procedimiento burocrático, para ello, es preciso establecer lo que dispone el artículo 156, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas: "Artículo 156.- Se tendrá por desistida de la acción y de la demanda intentada, a toda persona que no haga promoción alguna, en el término de tres meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. el tribunal, de oficio o a petición de parte, una vez transcurrido ese término, declarará la caducidad." Así, de acuerdo a lo antes mencionado, y atendiendo a la temporalidad que dispone el numeral antes transcrito, debemos tener en cuenta cómo se deben de computar los plazos en tratándose de asuntos de esta naturaleza, para ello, se trae a la luz el contenido del artículo 736 de la Ley Federal del Trabajo, misma que como se estableció, se aplica supletoriamente a la legislación del Servicio Civil del Estado y de los Municipios de Chiapas, la cual dispone: "Artículo 736.- Para computar los términos, los meses se regularán por el de treinta días naturales; y los días hábiles se consideraran de veinticuatro horas naturales, contados de las veinticuatro a las veinticuatro horas, salvo disposición contraria en esta Ley". Ahora, para considerar si en el caso en particular ha existido una abierta dilación al no proveer el escrito presentado el catorce de febrero de dos mil diecinueve, es preciso dejar establecido qué plazo es el que se debe atender como parámetro para considerarlo así; para ello, el artículo 156 de la mencionada ley, dispone como el término de tres meses, para que las partes puedan impulsar el procedimiento, y una vez transcurrido ese plazo, el tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá declarar la caducidad. Es decir, en dicho precepto se observa que el legislador estableció en la ley local un lapso preciso (tres meses) para que el Tribunal Burocrático oficiosamente o a petición de parte provea lo necesario en relación con la paralización del procedimiento, y concluyó que la sanción de tal inactividad procesal, caduca la instancia. Periodo de tres meses que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. Por ello, si en el presente asunto, la demanda por la que ocurre en esta instancia, la presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, residente en esta ciudad, el seis de mayo del actual, según el sello estampado que obra en el mismo, es evidente que no ha existido una abierta dilación en proveer el ocurso de mérito, ya que únicamente han transcurrido setenta y siete días naturales, a partir del día siguiente al que tenía la autoridad responsable para proveer el ocurso que le fue presentado (cuarenta y ocho horas), de acuerdo a lo establecido en el artículo 838 de la Ley Federal de Trabajo, aplicada supletoriamente al presente asunto. De ahí que, el acto reclamado no cause un perjuicio ni afecte directa e inmediatamente los derechos sustantivos de la parte quejosa, al no existir una abierta dilación, pues como ha quedado establecido, sólo han transcurrido setenta y siete días naturales en que la autoridad responsable ha dejado de actuar en torno a la petición que le formuló el accionante del juicio constitucional. Por lo tanto, a consideración de quien esto resuelve, dicho plazo no puede considerarse como una abierta dilación del procedimiento. Resulta aplicable por los principios que la rigen, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que lleva por rubro "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". Es importante precisar, que el parámetro que se adopta en el presente acuerdo, es similar al establecido por el alto tribunal, en la jurisprudencia que antecede, pues al resolver la contradicción de tesis que dio lugar a dicho criterio obligatorio, se tomó como plazo máximo para considerar que existe una abierta dilación, el contemplado en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que de no existir una promoción por parte del trabajador dentro de los cuarenta y cinco días naturales, que sea necesaria para continuar el juicio, operará la caducidad del juicio correspondiente, período que se considera indispensable agotar a efecto de que la autoridad laboral, a manera de oficio provea lo propio, y que tiene como propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, resultando un referente útil, para determinar cuándo debe configurarse una dilación excesiva. Ahora, tomando como referente dicho criterio para considerar un determinado tiempo para que exista una dilación en el procedimiento, y atendiendo a que la Ley del Servicio Civil del Estado y de los Municipios de Chiapas, es puntal al establecer un término para que opere la caducidad de la instancia (tres meses), es necesario apegarse a dicho plazo, de modo que, atendiendo a las consideraciones establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tome como base para considerar la referida dilación, el que concluye con la caducidad del juicio. Sin que pase desapercibido para esta juzgadora el hecho de que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión a los artículos 8o. y 17 constitucionales; sin embargo, como se dijo anteriormente, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del juicio laboral de origen, en el que, el quejoso es parte; por lo que resulta inconcuso que en el presente asunto no se actualiza caso de excepción alguno para acudir al juicio de amparo indirecto. Por lo antes expuesto, la suscrita considera que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no media tiempo suficiente para afirmar que exista una abierta dilación del procedimiento de ejecución o su paralización total. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.". Asimismo, no pasa inadvertido para quien esto resuelve, la circunstancia de que el acto reclamado se derive de un juicio laboral burocrático, regido por la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas; ello, en atención a que de conformidad con lo que dispone el artículo 11 de dicha ordenanza, se aplica como norma supletoria la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, 6 y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Sin que pase inadvertido para esta juzgadora, las manifestaciones vertidas por el amparista en el sentido de que, a su consideración, en el diverso juicio constitucional ****, del índice de este juzgado, se estimó que no existía una abierta dilación en la contestación a la solicitud que había realizado a las autoridades responsables, en atención a que no habían transcurrido más de cuarenta y cinco días de la fecha de la presentación del libelo; ello, ya que contrario a lo que alude el promovente, en la resolución que desechó el juicio citado, se dejó establecido como parámetro para considerar la existencia de una abierta dilación, el plazo de tres meses a que se refiere el artículo 156, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, por lo que su apreciación resulta errónea. Lo anterior es así, ya que los argumentos vertidos en la resolución que refiriere, partieron del análisis realizado al antes mencionado precepto, en el que se observó que el legislador estableció en la ley local un lapso preciso (tres meses) para que el Tribunal Burocrático oficiosamente o a petición de parte provea lo necesario en relación con la paralización del procedimiento, y concluyó que la sanción de tal inactividad procesal, caduca la instancia, por lo tanto, el plazo determinado en el ordenamiento legal invocado, trajo como consecuencia que no se considerara como una abierta dilación la omisión de las responsables de dar contestación a la petición que el amparista les formuló. Consideración que además fue sustentada con el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), ya citada. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la ley de amparo, a los profesionista que se indican, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese."
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