David Rivera Sanchez

Expediente 1015/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1015/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • David Rivera Sanchez
  • Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla (Por Conducto de la Asesora Jurídica)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se aprecia que en este controvertido 1015/2023, el quejoso David Rivera Sánchez, reclama del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente, sede Teziutlán (José Álvaro Sarmiento Márquez), la determinación tomada en audiencia de revisión de medida cautelar, celebrada el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en la causa penal 85/2023/TEZIUTLÁN, donde la responsable negó modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a él impuesta en audiencia inicial de treinta de junio de dos mil veintitrés. En ese sentido, de los antecedentes que derivan del diverso juicio de amparo 762/2023 y su acumulado 777/2023, del índice de este órgano jurisdiccional y que se invocan como hecho notorio, sin necesidad de agregar copia certificada de ellas, se obtiene que en ese controvertido, se tuvieron como actos reclamados al aludido Juez de Control de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla (José Álvaro Sarmiento Márquez), las determinaciones emitidas en la audiencia inicial de treinta de junio de dos mil veintitrés y en su continuación de cinco de julio de ese mes y año, en la causa penal 85/2023/TEZIUTLÁN, donde -respectivamente- se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a David Rivera Sánchez, y se le vinculó a proceso por su probable participación en el hecho con apariencia del delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por los artículos 419, fracción VI y 420, en relación con los diversos 13 y 21 del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. Y, que en sentencia dictada en audiencia constitucional de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se concedió el amparo a David Rivera Sánchez, a fin de que el multicitado juzgador de control: "(.) 1. Deje insubsistente las resoluciones pronunciadas en la audiencia inicial y su continuación celebradas-en su orden- el treinta de junio y cinco de julio de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial administrativa 85/2023/TEZIUTLÁN, de su índice, única y exclusivamente en lo concerniente a David Rivera Sánchez. 2. Ordene la reposición del procedimiento, hasta el auto en el que señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial. 3. Señale fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial en todas sus etapas. 4. Ordene que la referida audiencia inicial se desarrolle ante un juez de control diverso a José Álvaro Sarmiento Márquez, a fin de tomar en cuenta el principio de objetividad del juzgador que corresponda resolver, en términos de lo establecido en la fracción IV del apartado A, del artículo 20 de la Constitución. En el entendido, que no está permitido que la audiencia inicial sea presidida por un juzgador y de ser el caso, su continuación sea llevada a cabo por uno diverso, salvo que ocurra una excepción justificada y legal. Tiene sustento lo anterior, la jurisprudencia 29/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el principio de inmediación, el que comprende que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. A través de este principio se pretende que el juez esté en contacto permanente con las partes durante el desarrollo de su intervención en cualquier audiencia, puesto que dicha máxima no tiene aplicación únicamente durante la etapa de enjuiciamiento, sino que debe regir en las audiencias preliminares al juicio. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal, regula bajo la nueva lógica del proceso penal el denominado auto de vinculación a proceso, el que se sitúa en la llamada audiencia inicial, mediante la cual el juzgador establece que hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, pues en él se expresará el delito que se le impute, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, el hecho de que la audiencia en la que el fiscal formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso, sea suspendida a solicitud del imputado cuando se acoja al plazo constitucional del artículo 19 constitucional, no justifica que en su continuación sea un juez distinto al que presenció la imputación y el ejercicio de motivación de los datos de prueba que realizó la fiscalía, quien resuelva la situación jurídica del imputado, porque si a través de sus sentidos el juzgador conoció la formulación de la imputación y los datos de prueba, no sería dable que sea un diverso juez quien resuelva la situación jurídica del imputado, ya que éste no percibió de viva voz las acciones u omisiones que se atribuyen, la declaración del imputado -en su caso- así como la referencia o recepción de los datos de prueba a cargo de la representación social, porque no estuvo en contacto directo con la fuente de la que emanaron. Además, la circunstancia de que sea un mismo juzgador el que conozca de la imputación, los datos de prueba y resuelva la vinculación, al tratarse de actos procesales íntimamente relacionados, implica transparentar la toma de decisiones, en la medida en que ese juez será quien conozca totalmente la información sobre la que tomará la determinación de vincular o no a proceso, lo que reducirá el riesgo del error judicial. Actuar en contrario, podría trastocar los principios de continuidad y concentración, pues el objetivo es que la audiencia inicial tenga una secuencia lógica y se verifique en el menor tiempo posible, a fin de que el resolutor, por el poco tiempo transcurrido, tenga presente la totalidad de los argumentos de las partes y los datos de prueba, porque serán precisamente éstos los que le sirvan para fundar y motivar adecuadamente su determinación." Ahora bien, es menester precisar que conforme a los elementos rectores del nuevo sistema procesal penal, con la decisión de que la reposición del procedimiento la efectúe un diverso juez de control, se pretende evitar que el juez de control que ya tiene formada una convicción sobre el asunto deba decidir nuevamente sobre el mismo. De ahí que para este órgano jurisdiccional es claro que la reposición debe ser cumplimentada por diverso juez de control al que originalmente conoció del asunto; esto es así, pues estimar lo contrario produciría una infracción al derecho de un juzgador imparcial. Lo expuesto, pues si se dictó el auto de vinculación a proceso, con la referencia del fiscal de los datos de prueba de esa representación social y de los datos de prueba de la defensa en la prórroga del plazo constitucional, el mismo juzgador cuenta con una preconcepción del caso y, quizá resulte muy difícil que, de ser procedente, los datos de prueba del imputado le aporten una visión diferente del caso. Así, es preferible que quien tenga que cumplimentar la presente resolución, sea absolutamente ajeno al procedimiento, conociendo de éste por primera vez. De manera que las actuaciones que se practiquen para ese efecto supongan el primer contacto de quien va a decidir sobre el asunto, siendo el caso que ante éste se desahoguen los datos de prueba del fiscal y de la defensa (en el caso de que sea procedente), con lo cual, además, se haría prevalecer el principio de contradicción, mediante la imparcialidad judicial. Por otro lado, cabe precisar que, el presente fallo no prejuzga sobre los datos que derivan de los antecedentes de la investigación para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, ni sobre la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, ya que la reposición de las etapas del procedimiento implica un obstáculo para emprender dicho análisis de fondo, por lo que quedan expeditas las facultades del juez de control que presida la audiencia para decidir lo que en derecho corresponda. 5. En dicha audiencia, el juzgador designado para conducirla, se cerciorará que quienes asistan como defensores al quejoso, sean licenciados en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que el juez cuestione al encargado de sala, si verificó que los datos que proporcione la defensa, corresponden con las cédulas profesionales que detentan, cuya copia debe obrar en la carpeta judicial administrativa de origen. 6. Comunicará al imputado los derechos que le asisten conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en forma oral, directa y completa, previo a continuar con cada uno de los temas que deben abordarse en dicha audiencia. 7. Realizado lo anterior y después de que se cerciore que el imputado cuenta con una defensa técnica, el juez designado, deberá continuar con la secuela procesal de la audiencia inicial, en todas sus etapas y, en el momento procesal oportuno, con libertad de jurisdicción de manera fundada y motivada, resuelva lo que en derecho corresponda. También deberá observar lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 120/2017 (10a.), en lo que respecta al momento en que debe solicitarse la vinculación a proceso, a saber, después de formulada la imputación y de que el imputado tenga oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que éste decida acogerse o no al plazo establecido en el artículo 19 Constitucional, para que se resuelva su situación jurídica. En la inteligencia de que la reposición no implica que se permita a la fiscalía modificar el hecho con apariencia del delito que tomó como base para formular imputación en la audiencia inicial que se ha ordenado dejar sin efectos, esto es, el de abuso de autoridad, previsto y sancionado por los artículos 419, fracción VI y 420, en relación con los diversos 11, 12, 13, 18 y 21 del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio del correcto desempeño de la función pública del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, ello en observancia a los principios de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes. Debiendo quedar, desde luego, registro de audio y video de lo acontecido en cumplimiento a este fallo, en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos humanos del imputado. 8. Remitirá las constancias y registros escritos y audiovisuales que acrediten el cumplimiento a lo ordenado. (.)" Sentencia que -no sobra apuntar- fue recurrida por la autoridad tercera interesada, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y por el defensor particular del quejoso David Rivera Sánchez, de ahí que en acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintitrés, se remitieran los autos el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, para que conociera y resolviera el recurso de revisión interpuesto. Recurso que fue radicado con el número 322/2023, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el cual se encuentra pendiente de resolver. Así de lo narrado con anterioridad, se pone de manifiesto que en el citado juicio de amparo -762/2023 y su acumulado 777/2023- se concedió la protección de la justicia federal -en lo que al caso interesa- a fin de que el juez responsable dejara sin efectos la determinación de treinta de junio de dos mil veintitrés, donde se impuso la medida de prisión preventiva justificada a David Rivera Sánchez, en la causa penal 85/2023/TEZIUTLÁN. Medida cuya revisión instó David Rivera Sánchez, y su resultado desfavorable pretende ahora combatir en este juicio de amparo 1015/2023. Esto es, la determinación que por esta vía impugna David Rivera Sánchez, fue emitida a partir de la revisión de una medida que, en sentencia amparadora de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio de amparo 762/2023 y su acumulado 777/2023, se ordenó dejar sin efectos y que, además, será materia de un nuevo análisis por un juez diverso al que la emitió. Sin soslayar, desde luego que tal determinación se encuentra subjudice a lo que resuelva la Alzada, con motivo de la revisión interpuesta. Luego, se estima que es posible que esta última circunstancia, impacte directamente en el análisis del acto aquí reclamado, en primer término, porque es inconcuso que de ser confirmada la sentencia emitida en el diverso juicio de garantías (762/2023 y su acumulado 777/2023), no sería ya factible abordar el examen del aquí acto reclamado, en tanto que su emisión devendría de una determinación que ya no afectaría más la esfera jurídica del quejoso por haber quedado sin efectos y sustituida por la que, de ser el caso, dictara el nuevo juez de control al que correspondiera el estudio de su procedencia. Sin soslayar, desde luego, que existe la posibilidad de que el tribuna revisor modifique los efectos de la sentencia en cita y, en el particular, lo atinente a la legalidad de la medida en cita, dejándola sin efectos u ordenando un análisis diverso; cuestión que, evidentemente, daría igualmente como resultado que tampoco se pudiera estudiar el fondo de la determinación que hoy se combate, pues se insiste, devendría de la revisión de otra que fue sustituida, a raíz de los efectos modificatorios de la ejecutoria de la alzada. Y, sólo en el caso de ser revocada (la sentencia) por la superioridad y, además, confirmada la prisión preventiva impuesta en audiencia de treinta de junio del año en curso, es que podría abordarse la legalidad de la determinación emitida con base en su revisión. Así se estima que por el momento no es posible emprender el estudio del acto reclamado en este juicio debido a que la determinación tomada en audiencia de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en la carpeta judicial administrativa 85/2023/TEZIUTLÁN, en la que el juez de control responsable confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, impuesta en audiencia de treinta de junio de dos mil veintitrés y en su continuación de cinco de julio de ese mismo año, se encuentra subjudice a lo que resulte de la verificación que la superioridad haga de la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 762/2023 y su acumulado 777/2023. Lo que propicia que este juzgador considere que a fin de garantizar un real acceso a la justicia y evitar el dictado de una sentencia que -se reitera- en caso de conceder el amparo y al mismo tiempo ser confirmada la emitida en el diverso controvertido, sus efectos podrían no concretarse, lo conducente es diferir la celebración de la audiencia constitucional hasta en tanto sea resuelta la revisión interpuesta en el multicitado juicio 762/2023 y su acumulado, de este índice. En consecuencia de lo expuesto, la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dos minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, se difiere anticipadamente y se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para su celebración. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues genera impulso procesal al presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de sus autorizados, electrónicamente al Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla y, por lista a las demás partes.

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se aprecia que en este controvertido 1015/2023, el quejoso David Rivera Sánchez, reclama del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente, sede Teziutlán (José Álvaro Sarmiento Márquez), la determinación tomada en audiencia de revisión de medida cautelar, celebrada el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en la causa penal 85/2023/TEZIUTLÁN, donde la responsable negó modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a él impuesta en audiencia inicial de treinta de junio de dos mil veintitrés. En ese sentido, de los antecedentes que derivan del diverso juicio de amparo 762/2023 y su acumulado 777/2023, del índice de este órgano jurisdiccional y que se invocan como hecho notorio, sin necesidad de agregar copia certificada de ellas, se obtiene que en ese controvertido, se tuvieron como actos reclamados al aludido Juez de Control de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla (José Álvaro Sarmiento Márquez), las determinaciones emitidas en la audiencia inicial de treinta de junio de dos mil veintitrés y en su continuación de cinco de julio de ese mes y año, en la causa penal 85/2023/TEZIUTLÁN, donde -respectivamente- se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a David Rivera Sánchez, y se le vinculó a proceso por su probable participación en el hecho con apariencia del delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por los artículos 419, fracción VI y 420, en relación con los diversos 13 y 21 del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. Y, que en sentencia dictada en audiencia constitucional de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se concedió el amparo a David Rivera Sánchez, a fin de que el multicitado juzgador de control: "(.) 1. Deje insubsistente las resoluciones pronunciadas en la audiencia inicial y su continuación celebradas-en su orden- el treinta de junio y cinco de julio de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial administrativa 85/2023/TEZIUTLÁN, de su índice, única y exclusivamente en lo concerniente a David Rivera Sánchez. 2. Ordene la reposición del procedimiento, hasta el auto en el que señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial. 3. Señale fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial en todas sus etapas. 4. Ordene que la referida audiencia inicial se desarrolle ante un juez de control diverso a José Álvaro Sarmiento Márquez, a fin de tomar en cuenta el principio de objetividad del juzgador que corresponda resolver, en términos de lo establecido en la fracción IV del apartado A, del artículo 20 de la Constitución. En el entendido, que no está permitido que la audiencia inicial sea presidida por un juzgador y de ser el caso, su continuación sea llevada a cabo por uno diverso, salvo que ocurra una excepción justificada y legal. Tiene sustento lo anterior, la jurisprudencia 29/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el principio de inmediación, el que comprende que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. A través de este principio se pretende que el juez esté en contacto permanente con las partes durante el desarrollo de su intervención en cualquier audiencia, puesto que dicha máxima no tiene aplicación únicamente durante la etapa de enjuiciamiento, sino que debe regir en las audiencias preliminares al juicio. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal, regula bajo la nueva lógica del proceso penal el denominado auto de vinculación a proceso, el que se sitúa en la llamada audiencia inicial, mediante la cual el juzgador establece que hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, pues en él se expresará el delito que se le impute, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, el hecho de que la audiencia en la que el fiscal formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso, sea suspendida a solicitud del imputado cuando se acoja al plazo constitucional del artículo 19 constitucional, no justifica que en su continuación sea un juez distinto al que presenció la imputación y el ejercicio de motivación de los datos de prueba que realizó la fiscalía, quien resuelva la situación jurídica del imputado, porque si a través de sus sentidos el juzgador conoció la formulación de la imputación y los datos de prueba, no sería dable que sea un diverso juez quien resuelva la situación jurídica del imputado, ya que éste no percibió de viva voz las acciones u omisiones que se atribuyen, la declaración del imputado -en su caso- así como la referencia o recepción de los datos de prueba a cargo de la representación social, porque no estuvo en contacto directo con la fuente de la que emanaron. Además, la circunstancia de que sea un mismo juzgador el que conozca de la imputación, los datos de prueba y resuelva la vinculación, al tratarse de actos procesales íntimamente relacionados, implica transparentar la toma de decisiones, en la medida en que ese juez será quien conozca totalmente la información sobre la que tomará la determinación de vincular o no a proceso, lo que reducirá el riesgo del error judicial. Actuar en contrario, podría trastocar los principios de continuidad y concentración, pues el objetivo es que la audiencia inicial tenga una secuencia lógica y se verifique en el menor tiempo posible, a fin de que el resolutor, por el poco tiempo transcurrido, tenga presente la totalidad de los argumentos de las partes y los datos de prueba, porque serán precisamente éstos los que le sirvan para fundar y motivar adecuadamente su determinación." Ahora bien, es menester precisar que conforme a los elementos rectores del nuevo sistema procesal penal, con la decisión de que la reposición del procedimiento la efectúe un diverso juez de control, se pretende evitar que el juez de control que ya tiene formada una convicción sobre el asunto deba decidir nuevamente sobre el mismo. De ahí que para este órgano jurisdiccional es claro que la reposición debe ser cumplimentada por diverso juez de control al que originalmente conoció del asunto; esto es así, pues estimar lo contrario produciría una infracción al derecho de un juzgador imparcial. Lo expuesto, pues si se dictó el auto de vinculación a proceso, con la referencia del fiscal de los datos de prueba de esa representación social y de los datos de prueba de la defensa en la prórroga del plazo constitucional, el mismo juzgador cuenta con una preconcepción del caso y, quizá resulte muy difícil que, de ser procedente, los datos de prueba del imputado le aporten una visión diferente del caso. Así, es preferible que quien tenga que cumplimentar la presente resolución, sea absolutamente ajeno al procedimiento, conociendo de éste por primera vez. De manera que las actuaciones que se practiquen para ese efecto supongan el primer contacto de quien va a decidir sobre el asunto, siendo el caso que ante éste se desahoguen los datos de prueba del fiscal y de la defensa (en el caso de que sea procedente), con lo cual, además, se haría prevalecer el principio de contradicción, mediante la imparcialidad judicial. Por otro lado, cabe precisar que, el presente fallo no prejuzga sobre los datos que derivan de los antecedentes de la investigación para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, ni sobre la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, ya que la reposición de las etapas del procedimiento implica un obstáculo para emprender dicho análisis de fondo, por lo que quedan expeditas las facultades del juez de control que presida la audiencia para decidir lo que en derecho corresponda. 5. En dicha audiencia, el juzgador designado para conducirla, se cerciorará que quienes asistan como defensores al quejoso, sean licenciados en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que el juez cuestione al encargado de sala, si verificó que los datos que proporcione la defensa, corresponden con las cédulas profesionales que detentan, cuya copia debe obrar en la carpeta judicial administrativa de origen. 6. Comunicará al imputado los derechos que le asisten conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en forma oral, directa y completa, previo a continuar con cada uno de los temas que deben abordarse en dicha audiencia. 7. Realizado lo anterior y después de que se cerciore que el imputado cuenta con una defensa técnica, el juez designado, deberá continuar con la secuela procesal de la audiencia inicial, en todas sus etapas y, en el momento procesal oportuno, con libertad de jurisdicción de manera fundada y motivada, resuelva lo que en derecho corresponda. También deberá observar lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 120/2017 (10a.), en lo que respecta al momento en que debe solicitarse la vinculación a proceso, a saber, después de formulada la imputación y de que el imputado tenga oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que éste decida acogerse o no al plazo establecido en el artículo 19 Constitucional, para que se resuelva su situación jurídica. En la inteligencia de que la reposición no implica que se permita a la fiscalía modificar el hecho con apariencia del delito que tomó como base para formular imputación en la audiencia inicial que se ha ordenado dejar sin efectos, esto es, el de abuso de autoridad, previsto y sancionado por los artículos 419, fracción VI y 420, en relación con los diversos 11, 12, 13, 18 y 21 del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio del correcto desempeño de la función pública del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, ello en observancia a los principios de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes. Debiendo quedar, desde luego, registro de audio y video de lo acontecido en cumplimiento a este fallo, en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos humanos del imputado. 8. Remitirá las constancias y registros escritos y audiovisuales que acrediten el cumplimiento a lo ordenado. (.)" Sentencia que -no sobra apuntar- fue recurrida por la autoridad tercera interesada, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y por el defensor particular del quejoso David Rivera Sánchez, de ahí que en acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintitrés, se remitieran los autos el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, para que conociera y resolviera el recurso de revisión interpuesto. Recurso que fue radicado con el número 322/2023, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el cual se encuentra pendiente de resolver. Así de lo narrado con anterioridad, se pone de manifiesto que en el citado juicio de amparo -762/2023 y su acumulado 777/2023- se concedió la protección de la justicia federal -en lo que al caso interesa- a fin de que el juez responsable dejara sin efectos la determinación de treinta de junio de dos mil veintitrés, donde se impuso la medida de prisión preventiva justificada a David Rivera Sánchez, en la causa penal 85/2023/TEZIUTLÁN. Medida cuya revisión instó David Rivera Sánchez, y su resultado desfavorable pretende ahora combatir en este juicio de amparo 1015/2023. Esto es, la determinación que por esta vía impugna David Rivera Sánchez, fue emitida a partir de la revisión de una medida que, en sentencia amparadora de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio de amparo 762/2023 y su acumulado 777/2023, se ordenó dejar sin efectos y que, además, será materia de un nuevo análisis por un juez diverso al que la emitió. Sin soslayar, desde luego que tal determinación se encuentra subjudice a lo que resuelva la Alzada, con motivo de la revisión interpuesta. Luego, se estima que es posible que esta última circunstancia, impacte directamente en el análisis del acto aquí reclamado, en primer término, porque es inconcuso que de ser confirmada la sentencia emitida en el diverso juicio de garantías (762/2023 y su acumulado 777/2023), no sería ya factible abordar el examen del aquí acto reclamado, en tanto que su emisión devendría de una determinación que ya no afectaría más la esfera jurídica del quejoso por haber quedado sin efectos y sustituida por la que, de ser el caso, dictara el nuevo juez de control al que correspondiera el estudio de su procedencia. Sin soslayar, desde luego, que existe la posibilidad de que el tribuna revisor modifique los efectos de la sentencia en cita y, en el particular, lo atinente a la legalidad de la medida en cita, dejándola sin efectos u ordenando un análisis diverso; cuestión que, evidentemente, daría igualmente como resultado que tampoco se pudiera estudiar el fondo de la determinación que hoy se combate, pues se insiste, devendría de la revisión de otra que fue sustituida, a raíz de los efectos modificatorios de la ejecutoria de la alzada. Y, sólo en el caso de ser revocada (la sentencia) por la superioridad y, además, confirmada la prisión preventiva impuesta en audiencia de treinta de junio del año en curso, es que podría abordarse la legalidad de la determinación emitida con base en su revisión. Así se estima que por el momento no es posible emprender el estudio del acto reclamado en este juicio debido a que la determinación tomada en audiencia de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en la carpeta judicial administrativa 85/2023/TEZIUTLÁN, en la que el juez de control responsable confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, impuesta en audiencia de treinta de junio de dos mil veintitrés y en su continuación de cinco de julio de ese mismo año, se encuentra subjudice a lo que resulte de la verificación que la superioridad haga de la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 762/2023 y su acumulado 777/2023. Lo que propicia que este juzgador considere que a fin de garantizar un real acceso a la justicia y evitar el dictado de una sentencia que -se reitera- en caso de conceder el amparo y al mismo tiempo ser confirmada la emitida en el diverso controvertido, sus efectos podrían no concretarse, lo conducente es diferir la celebración de la audiencia constitucional hasta en tanto sea resuelta la revisión interpuesta en el multicitado juicio 762/2023 y su acumulado, de este índice. En consecuencia de lo expuesto, la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dos minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, se difiere anticipadamente y se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para su celebración. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues genera impulso procesal al presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de sus autorizados, electrónicamente al Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla y, por lista a las demás partes.

  3. Principal

    treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE OFICIO. Intégrese a sus autos el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al que adjunta copia certificada de la resolución dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el expediente Q-146/2023, relativo al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del acuerdo dictado el seis de junio de dos mil veintitrés, dentro del presente juicio de amparo. RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA. Comuníquese a las partes la llegada de dicha ejecutoria, en la que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en su único punto resolutivo, determinó lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja interpuesto por José Eduardo Muñoz Sibaja, por su propio derecho, en contra del auto de seis de junio de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, dentro del juicio de amparo indirecto 575/2023, de su índice." ANOTACIONES DE RIGOR Y ARCHIVO En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención a los artículos 15 y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, el expediente es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión; y, mediante oficio a la superioridad.

  4. Incidental

    AVISO-Con fundamento en el artículo 26, fracción III, artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de 18 DE OCTUBRE de dos mil veintitrés: dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por David Rivera Sánchez, por conducto de quien se ostenta como su defensor particular Eduardo Jair Márquez López, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por la autoridad responsable identificada en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR CONDUCTO DE SU DEFENSOR PARTICULAR; POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE; Y, AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.

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