David Ricardo Cortes Martínez
Expediente 846/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 846/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/09/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- David Ricardo Cortes Martínez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el proveído de veintiséis de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se ordenó desechar de plano la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido... Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por *, por su propio derecho; contra actos del Director General de Servicios Especiales de la Guardia Nacional y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmense los expedientes físico y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el consecutivo 846/2020. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por David Ricardo Cortes Martínez, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta... Actos reclamados. *pretende que a través del juicio de amparo, este Juzgado de Distrito ejerza control de constitucionalidad sobre el acto siguiente:... Razones de la improcedencia. En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el artículo 1o, fracción I, de la referida ley se prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5o, fracción II, se establece la definición de autoridad responsable. Bajo ese orden de ideas, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamados no se relacione con una vulneración a derechos humanos por parte de una autoridad que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto. En el caso, el hecho de que el quejoso sea integrante de la Guardia Nacional no implica que todos los actos de esa dependencia vinculados con la prestación de servicios se conviertan automáticamente en actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es preciso recordar que existen dos regímenes jurídicos de relaciones laborales previstos a nivel constitucional, a saber: (i) las reguladas por el artículo 123, Apartado A, entre los patrones y los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todos los obligados por un contrato de trabajo, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo; y, (ii) las reguladas por el apartado B, que se refieren el régimen jurídico de las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es fundamental precisar que aunque en dichas relaciones intervienen distintas partes, ambas tienen la misma naturaleza jurídica; esto es, ambos tipos de relaciones laborales constituyen relaciones de coordinación. Si bien las relaciones laborales que regula el apartado A se suscitan entre particulares, y las relaciones laborales que regula el apartado B se suscitan entre particulares y órganos públicos, lo cierto es que, con independencia de las partes que las configuran, ambos tipos de relaciones laborales tienen la misma naturaleza: relaciones de coordinación. Ahora bien, el hecho de que las relaciones laborales que regula el apartado B se susciten entre particulares y entidades públicas, no incide en forma alguna en la naturaleza de la relación; es decir, el hecho de que el patrón sea un ente público no significa que automáticamente la relación laboral se convierta en una relación de supra subordinación. Lo anterior es así, pues más allá de la subordinación jerárquica estrictamente laboral derivada de una relación de trabajo, entre las partes de ésta (patrón y trabajador) no existe una relación de supra a subordinación, sino de mera coordinación en la que ambas partes se encuentran en un mismo plano. Así, tratándose de las relaciones laborales que el Estado establece con sus trabajadores, se obliga como cualquier patrón lo podría hacer, por lo que en dichas relaciones no ejerce su imperio propio del derecho público, sino los derechos y obligaciones que ahí surgen deben entenderse en un plano de coordinación; de ahí que ambos tipos de relaciones, tanto las relaciones que se rigen por el apartado A, como las que se rigen por el apartado B, constituyan en ambos casos relaciones de coordinación. Ya desde la octava época, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el cese de los trabajadores al servicio del estado no puede estimarse como un acto de autoridad estatal, ya que en términos del artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley reglamentaria, el Estado se ubica en una posición jurídica similar a la de un patrón; lo que evidencia que en las relaciones que entabla con sus trabajadores no actúa con su poder de imperio -característica distintiva de los actos de autoridad-... Si bien, en el artículo 123, Apartado B, de la Constitución se regulan las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores; lo cierto es que en la fracción XIII, se establece que las relaciones de trabajo de los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Lo anterior, implica que los miembros de las instituciones policiales tienen una relación administrativa con el Estado, esto es, que no se trata de una relación de índole laboral en sentido estricto [que se rija por el derecho del trabajo], sino que dichos servidores públicos están excluidos, por disposición constitucional, de la aplicación de las normas de trabajo para los demás servidores públicos del Estado. Esto quiere decir que los miembros de las instituciones policiales siguen siendo empleados públicos, solo que son designados mediante actos condición y no mediante contratos de trabajo y, por ende, no tienen derecho a reclamar estabilidad en el empleo ni a la inmutabilidad en las condiciones de permanencia. Por esa razón, en oposición a los demás empleados públicos, los miembros de las instituciones policiales no pueden acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para resolver sus conflictos individuales, en términos del artículo 123, Apartado B, fracción XII, de la Constitución; sin embargo, ello no implica que no exista una vía ordinaria para ello, pues por afinidad, pueden acudir al Tribunal Contencioso Administrativo correspondiente. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los conflictos suscitados entre los elementos de seguridad pública estatales y sus dependencias, con motivo de la prestación de servicios públicos deben resolverse en el Tribunal Contencioso del Estado por ser dicho órgano el más afín dada su relación jurídica de naturaleza administrativa. .. En el caso, el quejoso se duele de que sus superiores lo obligan a presentarse para tomar lista, no respetando su resguardo domiciliario por motivos de la pandemia. Lo anterior pone de manifiesto que el problema jurídico aquí planteado únicamente se relaciona con cuestiones derivadas de la prestación de sus servicios, pero no tiene que ver con la suspensión, remoción o cese del quejoso. En efecto, tratándose del procedimiento que puede culminar con la remoción o cese de los policías, la Segunda Sala del Alto Tribunal ha sostenido que el acuerdo de inicio constituye un acto de imposible reparación, porque puede culminar en la separación del servicio activo y, aun cuando con posterioridad se demuestre la ilegalidad de esa actuación, no podrán ser reinstalados, por la prohibición establecida en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución, por lo que el juicio de amparo es procedente... Entonces, en el juicio de amparo no se puede analizar esas controversias, pues deben ventilarse en las vías ordinarias, en este caso, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por ser el órgano competente por afinidad, atendiendo a la relación administrativa que une al quejoso con la dependencia para la que labora y en sustitución de un tribunal burocrático... Dicho de otra manera, el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre integrantes de la Guardia Nacional y la dependencia para la que presta sus servicios, con motivo del desarrollo de éstos, si no se vinculan con su suspensión, remoción o con el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo. Lo anterior es así, ya que el control de constitucionalidad que se puede ejercer a través del juicio de amparo, no puede abarcar actos que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria [de supra a subordinación]; sobre todo si existen vías ordinarias para resolver esa clase de conflictos. Inclusive, de sostener lo contrario, implicaría afirmar que uno de los objetos del juicio de amparo es fungir como un "juicio laboral" para los elementos policiales, lo que es inadmisible desde un punto de vista constitucional. Se insiste, la procedencia de una vía ordinaria ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México se da porque es el órgano jurisdiccional afín para resolver las controversias entre los servidores públicos que tienen una relación administrativa con el Estado y sus dependencias [en substitución de un tribunal laboral], más no por un tema de definitividad en el que implícitamente se reconozca la existencia de un acto de autoridad. Es dable sostener que si el acto reclamado consistente en la omisión de otorgarle el permiso correspondiente para ausentarse de sus labores en virtud que se encuentra dentro de un grupo vulnerable y obligarlo a pasar lista, y se resguarde en su domicilio, no tienen la naturaleza de actos de autoridad para efectos del amparo. Lo anterior no implica desconocer que el resguardo domiciliario de aquéllas personas que se encuentren en alguno de los grupos considerados como vulnerables para que dejen de asistir a sus centros de trabajo, constituye una medida derivaba de una política de salud pública dirigida a minimizar el contagio de la enfermedad que produce del virus SARS-CoV2 durante la etapa de emergencia que se vive actualmente; sin embargo, los efectos de esas medidas repercuten en el ámbito laboral o coordinación al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de los empleados públicos, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. Bajo ese panorama, el cumplimiento o no de los empleadores del Estado o de carácter privado de las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de los empleados en sus centros de trabajo se desenvuelven bajo un esquema de coordinación por virtud de la interacción ocasionada por la relación que mantienen con el estado. Por ello, las responsables en la demanda de amparo a quienes la parte quejosa atribuye en especificó la negativa de conceder el permiso solicitado y el resguardo domiciliario, derivado del punto de coordinación existente como patrón (autoridad señalada como responsable) y de empleado (parte quejosa). Ello debido a que si bien la orden de presentarse a pasar lista y por ende la negativa a resguardarse permanentemente que se atribuye a las instituciones señaladas como responsables para otorgar el permiso para que la parte quejosa se ausente de sus labores, constituyen acciones de carácter unilateral atribuidas a una institución del Estado que formalmente tiene el carácter de autoridad, lo cierto es que subyacen o se producen dentro de una relación que la quejosa y las mencionadas instituciones mantienen a nivel de coordinación. De esta manera se colige que las instituciones públicas, por el solo hecho de la naturaleza formal no adquieren por esa sola razón el carácter de autoridades cuando realizan actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus empleados y, por tanto, el acto reclamado, no constituye actos de autoridad para efectos del amparo. Por ende, como en el caso ocurre, cuando los funcionarios pertenecientes a una institución del Estado realizan actos positivos, negativos u omisivos que tengan su origen en una relación jurídica, están desprovistos de su carácter de autoridades, ya que se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano y cuyas controversias deben dilucidarse ante una autoridad laboral. Además, se le da el carácter de particulares a los mencionados funcionarios, ya que pueden ser demandados como tal ante la autoridad competente y, por ello, no podría sujetársele al juicio de amparo, al reclamarles actos que podrían ser enjuiciados ante otra instancia. En ese sentido, si lo que se pretende reclamar en esta instancia constitucional se trata de circunstancias inherentes a la relación que existe, regulada por el artículo 123 Constitucional, cuyo propósito es que se le conceda el permiso de resguardo con motivo de la pandemia generada por el virus COVID-19; ello conlleva a determinar que lo reclamado no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional. En ese sentido, es pertinente reiterar que lo reclamado por la parte quejosa frente a las autoridades señaladas como responsables deriva de la relación de coordinación que existe, es decir, a través de la vía constitucional impugna acciones u omisiones que atribuye a su empleador y que desde su perspectiva ponen en riesgo su salud. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) encuentra sustento en el problema jurídico planteado [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos; (iii) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Por tanto, este Juez de Distrito considera que la existencia de una vía ordinaria requiere un análisis jurídico que se puede hacer desde el acuerdo inicial, pues no depende de prueba alguna, ya que las conclusiones a las que se lleguen son cuestiones de derecho no desvirtuables con medios probatorios... Finalmente, es importante hacer énfasis en que la presente determinación no implica desatender lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en materia de administración de justicia, pues la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, ya que los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a analizar previamente los supuestos de procedencia previstos tanto en la Constitución Federal como en la propia Ley de Amparo. Aunado a ello, el hecho de que desde este momento procesal se determine que el quejoso debe promover una vía ordinaria, constituye una circunstancia que le permite promoverlos dentro de los plazos y conforme a las formalidades previstas para ello. De lo contrario, esto es, de admitir a trámite la demanda de amparo, se dejaría en estado de indefensión al promovente, pues en el supuesto de que en sentencia se sobresea el juicio, el quejoso ya no tendría a su alcance la vía ordinaria para controvertir los actos que le agravien, por encontrarse fuera de plazo. Por esas razones, no resulta conveniente iniciar la tramitación del juicio de amparo, si desde el primer auto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se ha analizado, pues de esta manera el quejoso, si lo estima conveniente, aún se encuentra en posibilidad de promover la vía ordinaria aplicables. Conclusión. En mérito de lo hasta aquí expuesto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por David Ricardo Cortes Martínez. Precedente aplicable. 1. Consideraciones similares fueron confirmadas por el Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja Q.A. 374/2019, en sesión de veintitrés de enero de dos mil veinte, en donde sostuvo lo siguiente: "Por tanto, el estudio realizado por el Juez Federal, no es propio de la sentencia definitiva, toda vez que la determinación que alcanzó relativa a que, por afinidad, el juicio contencioso administrativo es la vía idónea para controvertir el acto reclamado, sí constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debido a que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes". Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y por autorizado en términos amplios únicamente a Fernando Gómez Guzman, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte de la Ley de Amparo. Por cuanto a Porfirio Pascual Camacho García, dígasele que una vez que registren su cédula profesional en el citado sistema, se acordará respecto de dicha autorización, en la inteligencia que de no hacerlo ésta es única y exclusivamente para oír y recibir notificaciones, como lo dispone el precepto en comento. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese; personalmente de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo.
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