David Reyes Hernández
Expediente 1376/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 24 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1376/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 28/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- David Reyes Hernández
- Actuario Adscrito A la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Respecto a la prueba confesional a cargo de David Reyes Hernández, testimonial a cargo de Miguel Ángel Salgado Sotelo, Felipe Fuentes Salgado y Rosalio López Valle, y la diversa a cargo de Rosario Ávalos Villasana y Natalia Valdés Gallego, las inspecciones, y la ratificación de contenido y firma, deberá realizar las gestiones necesarias, y en su caso, hacer efectivos los apercibimientos para lograr su debido desahogo, o en su caso, provea sobre la imposibilidad para tal efecto.." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. Así, el nueve de noviembre del año en curso, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que si bien atendió lo correspondiente al desahogo de las pruebas ofertadas en el juicio laboral 01/385/18, empero, la autoridad no informó que medio de pruebas faltaban por desahogar ni el estado procesal que guardaba dicho juicio, por lo que se requirió de nueva cuenta el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través de la misiva número 658/2020, de siete de septiembre de dos mil veinte, informó que el cuatro de septiembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la prueba de inspección; por oficio 758/2020, de siete de octubre de dos mil veinte, informó que veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se desahogó la prueba testimonial a cargo de Miguel Ángel Salgado Sotelo, Felipe Fuentes Salgado y Rosalio López Valle; asimismo, por oficio 755/2020, de seis de octubre de dos mil veinte, se tuvo por desierta la prueba testimonial a cargo de Rosario Ávalos Villasana y Natalia Valdés Gallego; de igual forma, por misiva 795/2020, de dieciséis de octubre de dos mil veinte, comunicó que el doce de octubre de dos mil veinte, se llevó a cabo la prueba confesional y ratificación de contenido y firma a cargo de David Reyes Hernández, y por oficio 510/2021-JE3, informó que el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se desahogó la pericial en materia de grafoscopía y finalmente por oficio 1692/2021- JE3, de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, comunicó que por auto de ocho de noviembre de la presente anualidad, declaró cerrada la instrucción y turno los autos para el dictado del laudo respectivo; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber llevado a cabo las gestiones para el desahogo de la prueba confesional a cargo de David Reyes Hernández, la testimonial a cargo de Miguel Ángel Salgado Sotelo, Felipe Fuentes Salgado y Rosalio López Valle, y la diversa a cargo de Rosario Ávalos Villasana y Natalia Valdés Gallego, las inspecciones, así como la ratificación de contenido y firma cargo de David Reyes Hernández, tan es así que el ocho de noviembre de la presente anualidad declaró cerrada la instrucción. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable, procediera a llevar a cabo las gestiones para el desahogo de la prueba confesional a cargo de David Reyes Hernández, la testimonial a cargo de Miguel Ángel Salgado Sotelo, Felipe Fuentes Salgado y Rosalio López Valle, y la diversa a cargo de Rosario Ávalos Villasana y Natalia Valdés Gallego, las inspecciones, así como la ratificación de contenido y firma cargo de David Reyes Hernández, tan es así que el ocho de noviembre de la presente anualidad declaró cerrada la instrucción. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acredita haber llevado a cabo las gestiones para el desahogo de la prueba confesional a cargo de David Reyes Hernández, la testimonial a cargo de Miguel Ángel Salgado Sotelo, Felipe Fuentes Salgado y Rosalio López Valle, y la diversa a cargo de Rosario Ávalos Villasana y Natalia Valdés Gallego, las inspecciones, así como la ratificación de contenido y firma cargo de David Reyes Hernández, tal como se desprende las constancias que adjuntó la autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Se notar que en el presente juicio de amparo, no se tramitó el incidente de suspensión. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído y/o resolución en cuestión; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Respecto a la prueba confesional a cargo de David Reyes Hernández, testimonial a cargo de Miguel Ángel Salgado Sotelo, Felipe Fuentes Salgado y Rosalio López Valle, y la diversa a cargo de Rosario Ávalos Villasana y Natalia Valdés Gallego, las inspecciones, y la ratificación de contenido y firma, deberá realizar las gestiones necesarias, y en su caso, hacer efectivos los apercibimientos para lograr su debido desahogo, o en su caso, provea sobre la imposibilidad para tal efecto.." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. Así, el nueve de noviembre del año en curso, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que si bien atendió lo correspondiente al desahogo de las pruebas ofertadas en el juicio laboral 01/385/18, empero, la autoridad no informó que medio de pruebas faltaban por desahogar ni el estado procesal que guardaba dicho juicio, por lo que se requirió de nueva cuenta el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través de la misiva número 658/2020, de siete de septiembre de dos mil veinte, informó que el cuatro de septiembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la prueba de inspección; por oficio 758/2020, de siete de octubre de dos mil veinte, informó que veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se desahogó la prueba testimonial a cargo de Miguel Ángel Salgado Sotelo, Felipe Fuentes Salgado y Rosalio López Valle; asimismo, por oficio 755/2020, de seis de octubre de dos mil veinte, se tuvo por desierta la prueba testimonial a cargo de Rosario Ávalos Villasana y Natalia Valdés Gallego; de igual forma, por misiva 795/2020, de dieciséis de octubre de dos mil veinte, comunicó que el doce de octubre de dos mil veinte, se llevó a cabo la prueba confesional y ratificación de contenido y firma a cargo de David Reyes Hernández, y por oficio 510/2021-JE3, informó que el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se desahogó la pericial en materia de grafoscopía y finalmente por oficio 1692/2021- JE3, de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, comunicó que por auto de ocho de noviembre de la presente anualidad, declaró cerrada la instrucción y turno los autos para el dictado del laudo respectivo; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber llevado a cabo las gestiones para el desahogo de la prueba confesional a cargo de David Reyes Hernández, la testimonial a cargo de Miguel Ángel Salgado Sotelo, Felipe Fuentes Salgado y Rosalio López Valle, y la diversa a cargo de Rosario Ávalos Villasana y Natalia Valdés Gallego, las inspecciones, así como la ratificación de contenido y firma cargo de David Reyes Hernández, tan es así que el ocho de noviembre de la presente anualidad declaró cerrada la instrucción. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable, procediera a llevar a cabo las gestiones para el desahogo de la prueba confesional a cargo de David Reyes Hernández, la testimonial a cargo de Miguel Ángel Salgado Sotelo, Felipe Fuentes Salgado y Rosalio López Valle, y la diversa a cargo de Rosario Ávalos Villasana y Natalia Valdés Gallego, las inspecciones, así como la ratificación de contenido y firma cargo de David Reyes Hernández, tan es así que el ocho de noviembre de la presente anualidad declaró cerrada la instrucción. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2, acredita haber llevado a cabo las gestiones para el desahogo de la prueba confesional a cargo de David Reyes Hernández, la testimonial a cargo de Miguel Ángel Salgado Sotelo, Felipe Fuentes Salgado y Rosalio López Valle, y la diversa a cargo de Rosario Ávalos Villasana y Natalia Valdés Gallego, las inspecciones, así como la ratificación de contenido y firma cargo de David Reyes Hernández, tal como se desprende las constancias que adjuntó la autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Se notar que en el presente juicio de amparo, no se tramitó el incidente de suspensión. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Al haber transcurrido el término de dos días concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Yuridia Ibarra Rojas, Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa que por auto de ocho de noviembre del año en curso, decretó el cierre de instrucción y en consecuencia ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo y remite copia certificada para acreditar su dicho. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Yuridia Ibarra Rojas, Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa que por auto de ocho de noviembre del año en curso, decretó el cierre de instrucción y en consecuencia ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo y remite copia certificada para acreditar su dicho. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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